Ignacio Eduardo Alejandro Navarro

Expediente 457/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
457/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Eduardo Alejandro Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de veintiocho de junio actual, el tribunal de alzada admitió el recurso de revisión interpuesto, el cual registró con el número de amparo en revisión 211/2023. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese copia del escrito de ********************, apoderada jurídica de las autoridades responsables Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, del Titular de la Jefatura de Servicios Prestaciones Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, y del Director de la Unidad de Medicina Familiar No. 75, todos ellos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, con residencia en esta ciudad, carácter que tiene reconocido dentro del presente juicio, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de mayo del año en curso; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Isela Estefania Bueno Gallegos, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 457/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta la Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó la autoridad responsable. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la referida legislación, y tomando en consideración que las partes no los formularon, les precluye su derecho para realizarlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTADO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante demanda presentada el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad (foja 2), por ********************, por propio derecho, compareció a la presente instancia a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en los términos precisados en el escrito inicial de demanda. Asimismo, estimó que la omisión reclamada vulnera sus derechos contenidos en los artículos 1°, 4° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de dieciocho de abril del año en curso (foja 13), este órgano tuvo por recibida la demanda, ordenó su registró con el número 457/2023 y decretó la suspensión de plano en favor del quejoso ********************, en los términos siguientes: "(.) En tal virtud, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que se brinde a ********************, de inmediato la atención médica necesaria respecto de los padecimientos que le aquejan y para que se garantice su vida e integridad física y mental, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituirlos en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcione la asistencia médica que requiere en este momento, esto es, le proporcionen la atención médica que requiere para sus enfermedades de inmediato. En la inteligencia que la medida cautelar que se concede, NO desconoce la autoridad de los médicos tratantes del quejoso para que conforme a la praxis médica y la lex artis ad hoc, otorguen la atención médica que requiere, atendiendo a su criterio, así como a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica; entendiendo a la primera (praxis médica) como la facultad que tiene el experto de la salud en anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o la recuperación, conservación, y preservación de la salud de las mismas; el asesoramiento público o privado, así como las pericias que practican. Y por la segunda (lex artis ad hoc) como el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo; dicho concepto puede resumirse en el deber de ajustar la actuación a las reglas técnicas, normas legales y principios deontológicos, el deber de preparación adecuada para adaptar los conocimientos al progreso científico y a la experiencia profesional, y el deber de omitir acciones peligrosas, es decir, actos para los que no se está suficientemente capacitado, atendiendo a las circunstancias del estado de la ciencia, de tiempo y lugar; todo porque en materia sanitaria, es el médico tratante quien responde por el acto médico que realice. (.)" De la misma forma, en el propio auto se formuló prevención para que el peticionario del amparo aclarara su nombre dado que promovió la demanda como ********************, pero de los documentos anexos al escrito de demanda se apreciaba como su nombre completo ********************; apercibido que de no hacerlo en el término de cinco días, contado a partir de su legal notificación, se tendría por no presentada la demanda. Por ello, el veinticuatro de abril siguiente (foja 56) se tuvo por cumplida dicha prevención y se admitió a trámite la demanda; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; se requirió el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado consignado en el acta que antecede; y; CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que las omisiones reclamadas no requieren ejecución material y la demanda que dio origen al juicio en que se actúa fue presentada en esta ciudad en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74 fracción i, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, las omisiones reclamadas por ********************, consiste en: *La omisión de otorgar el medicamento denominado dapagliflozina que requiere como tratamiento de la enfermedad de diabetes mellitus; *La omisión de otorgar la atención médica integral para dicho padecimiento; y, *La omisión de autorizar la adquisición de medicamentos suficientes y necesarios para el control y tratamiento de la enfermedad que padece. Omisiones que atribuyó a las autoridades siguientes: I. Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 75 del Instituto Mexicano del Seguro Social; II. Titular del Órgano de Operación Administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social; y, III. Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las tres autoridades con residencia en esta ciudad. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. a. Inexistencia del acto atribuido al Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 75 del Instituto Mexicano del Seguro Social; al Titular del Órgano de Operación Administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social; y, al Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en: *Omisión de autorizar la adquisición de medicamentos suficientes y necesarios para el control y tratamiento de la enfermedad que padece el quejoso. Así se considera, ya que constituye criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para determinar la certeza o la inexistencia de las omisiones que se atribuyan a las autoridades responsables, en principio se debe identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa alega. En ese sentido, del Manual de Organización del Seguro Social y al Manual de Organización de las Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención, se advierte que entre las facultades conferidas a las autoridades responsables, no está la relativa a la adquisición y abastecimiento de medicamentos, ya que, por lo que toca al Titular del Órgano de Operación Administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Manual de Organización del Seguro Social, dispone que son sus facultades: "8.1.11 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada 8.1.11.1 Delegaciones - Representar al Instituto, como organismo fiscal autónomo y al Director General, ante todas las autoridades con la suma de facultades generales y especiales que requiera la Ley del Seguro Social, así como con aquéllas que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración, incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las especiales que requieran cláusula especial conforme al Código Civil Federal, en los términos del poder notarial conferido, pudiendo sustituir total o parcialmente éste en favor del titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos y abogados respectivos. - Interponer en representación de las autoridades delegacionales demandadas, el recurso de revisión en contra de las resoluciones y sentencias que pongan fin al juicio que emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente. - Ejercer el presupuesto autorizado de acuerdo a los objetivos y metas trazados para la operación de los servicios institucionales y conforme a los indicadores y procesos generales establecidos. - Ejercer actos de dominio a nombre del Instituto, previo acuerdo del Consejo Técnico y en los términos del poder notarial conferido. - Promover ante los órganos Superiores y Normativos, por conducto de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, los estudios socioeconómicos respecto del inicio de servicios del régimen obligatorio del Seguro Social a grupos de personas susceptibles de ser amparadas por el Instituto. - Presidir los Comités delegacionales que se integren para toma de decisiones en los asuntos operacionales. - Convocar semanal o quincenalmente y presidir la celebración de juntas a las que concurra el Cuerpo de Gobierno delegacional. - Vigilar el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo y sus reglamentos, en la esfera de su competencia y ejercitar las acciones que correspondan, incluyendo la de rescisión de la relación laboral. - Remitir a la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, las solicitudes de reconsideración de las rescisiones de la relación laboral. - Celebrar convenios en los juicios laborales, previa autorización de la Dirección Jurídica. - Aceptar las renuncias de los trabajadores y autorizar los finiquitos que correspondan conforme a las estipulaciones contenidas en los contratos individuales de trabajo y en el Contrato Colectivo de Trabajo. - Ordenar y llevar a cabo, con el personal que en cada caso designe, las visitas de auditoría que considere necesarias, así como revisar los dictámenes formulados por contador público, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. - Vetar los acuerdos que emita el Consejo Consultivo Delegacional, cuando éstos impliquen inobservancia de la Ley del Seguro Social o de sus reglamentos, o no se ajusten a los criterios del Consejo Técnico o a las políticas generales del Instituto. El efecto del veto será el de suspender la ejecución de tales acuerdos, mismos que serán remitidos a la Secretaría General del Instituto, para ser presentados al Consejo Técnico en un plazo de cinco días. - Conceder o negar, previo estudio y opinión de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, los préstamos a cuenta de pensiones formuladas por derechohabientes con residencia en la jurisdicción que abarca la Delegación. - Imponer las multas y demás sanciones a que se refieren la Ley del Seguro Social y su Reglamento, en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, con excepción de las sanciones administrativas a los contadores públicos autorizados. - Aplicar las medidas correctivas que dicte el Director de Administración y Evaluación de Delegaciones, respecto de las irregularidades identificadas en el análisis de la prestación de los servicios del Instituto. - Llevar a cabo los actos relacionados con: a) El registro de patrones y demás sujetos obligados; b) La clasificación de empresas y determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo; c) La afiliación de trabajadores y demás sujetos de aseguramiento; d) El registro de los beneficiarios legales de los asegurados; e) La certificación sobre la vigencia de derechos para el otorgamiento de las prestaciones en especie y en dinero; f) La determinación, emisión, notificación y cobro de liquidaciones por cuotas obrero patronales, capitales constitutivos, actualización, recargos y multas, así como por los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes; g) La autorización, en el ámbito de su competencia, de las solicitudes de prórroga para el pago diferido o en parcialidades de créditos fiscales a favor del Instituto, en términos de la Ley del Seguro Social, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como presentar al Consejo Técnico las solicitudes relativas a los casos previstos en el artículo 40 E de la Ley; h) Los trámites administrativos relativos a la calificación, aceptación, control, efectividad y cancelación de pólizas de fianza, otorgadas en garantía de créditos fiscales a favor del Instituto; i) La incorporación voluntaria al régimen obligatorio de los sujetos que precisa la Ley del Seguro Social; j) El cobro de las multas impuestas por infracciones a la Ley del Seguro Social y sus reglamentos; k) La incorporación al régimen voluntario del Seguro Social, mediante el seguro de salud para la familia; l) La inscripción en la continuación voluntaria en los seguros conjuntos de invalidez y vida y de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; m) La contratación de seguros adicionales; n) La cancelación por incobrabilidad, incosteabilidad o por no localización del deudor o responsables solidarios de los créditos fiscales a favor del Instituto, en los términos que apruebe el Consejo Técnico; o) Declaración de la prescripción de créditos fiscales o la extinción de las facultades de comprobación del Instituto, en los términos de la Ley del Seguro Social y demás disposiciones aplicables, y p) El dictamen formulado por contador público sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. - Conceder, rechazar y modificar las pensiones que, conforme a la Ley del Seguro Social, le corresponde otorgar al Instituto. - Recaudar y cobrar las cuotas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia y adicionales, los capitales constitutivos, así como sus accesorios legales y percibir los demás recursos del Instituto. De igual forma, recaudar y cobrar las cuotas y sus accesorios legales del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. - Ratificar o rectificar la clase, fracción y la prima de riesgo de las empresas para efectos de la cobertura de las cuotas del seguro de riesgos de trabajo. - Ordenar y practicar las investigaciones correspondientes en los casos de sustitución patronal y de responsabilidad solidaria previstas en la Ley del seguro Social y en el Código Fiscal de la Federación y emitir los dictámenes respectivos. - Establecer coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, Estatales y Municipales para el cumplimiento de sus objetivos. - Llevar a cabo los procedimientos de contratación que tengan por objeto la adquisición, arrendamiento y prestación de servicios, así como de obra pública y servicios relacionados con la misma, en los términos de la legislación, disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así como la terminación anticipada, o bien, la rescisión administrativa de los contratos suscritos dentro del ámbito de su competencia. - Planear, programar, organizar, controlar y administrar los recursos humanos, materiales y presupuestarios asignados para el desarrollo de sus funciones. - Analizar en forma permanente los indicadores de variación del número de patrones y demás sujetos obligados de la circunscripción territorial de las Subdelegaciones que le correspondan, así como analizar las extensiones territoriales, vías de comunicación, medios de transporte y demás circunstancias que estime pertinentes, a efecto de proponer, en su caso, a las unidades administrativas competentes, la reclasificación, fusión, supresión o creación de nuevas Subdelegaciones. - Resolver las solicitudes de declaratoria de prescripción de la obligación patronal de enterar las cuotas obrero patronales y los capitales constitutivos, cuando lo soliciten los patrones y demás sujetos obligados, en los términos del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables. - Resolver, en el ámbito de su competencia, conforme a la Ley del Seguro Social y demás disposiciones aplicables, las solicitudes presentadas por los patrones y demás sujetos obligados, relativas a dejar sin efectos las multas impuestas por incumplimiento del pago de los conceptos fiscales señalados en la Ley del Seguro Social. - Resolver conforme a la Ley del Seguro Social y demás disposiciones aplicables, las solicitudes presentadas por los patrones y demás sujetos obligados, relativas a la rectificación de clase, fracción y prima para la cobertura del seguro de riesgos de trabajo. - Supervisar que las unidades administrativas adscritas cumplan con la aplicación de las disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, las demás disposiciones legales aplicables, así como de los criterios emitidos por el Consejo Técnico del Instituto y la normatividad emitida en el área de su competencia. - Resolver, conforme a la Ley del Seguro Social y demás disposiciones aplicables, las solicitudes de condonación de multas. - Supervisar observaciones, recomendaciones y solicitudes de información, derivados de los actos de fiscalización practicados por órganos revisores, estableciendo mecanismos de control, seguimiento y análisis, así como aplicar las medidas preventivas y correctivas para evitar la reincidencia. - Autorizar a terceros el uso de los bienes inmuebles del Instituto, en los términos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. - Enajenar, en los términos de las disposiciones aplicables, los bienes aceptados como dación en pago con motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. - Designar al órgano operativo que realizará las funciones de afiliación y cobranza, tratándose de la incorporación voluntaria de las personas a que se refiere el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, en el ámbito territorial que corresponda. - Informar a la Secretaría de la Función Pública sobre las irregularidades en que incurran los servidores públicos adscritos dentro de su circunscripción territorial, con motivo de sus funciones, así como de aquellas que causen un daño o perjuicio al patrimonio del mismo, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. - Vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el ámbito de su competencia. - Realizar las demás que le señalen la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, los acuerdos del Consejo Técnico y aquellas que le encomiende la Dirección General. Por su parte, las facultades legales previstas en el Manual de Organización del Seguro Social, a favor del Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, son: 8.1.4 Dirección de Prestaciones Médicas - Planear y dirigir las acciones para la atención integral de la salud, la formación y educación continua del personal de salud, la investigación científica, así como evaluar sus resultados. - Determinar los criterios para elaborar y mantener actualizado el diagnóstico institucional de salud. - Establecer el modelo institucional de atención a la salud, normar y difundir los criterios técnicos para su operación y evaluar sus resultados. - Administrar la difusión de las políticas, normas, planes, programas y resultados institucionales en materia de atención integral a la salud, educación e investigación en salud y seguridad social. - Dictar los criterios para la planeación integral de la infraestructura médica, así como la modernización y diseño de nuevos modelos arquitectónicos que favorezcan la capacidad resolutiva en el otorgamiento de las prestaciones médicas acorde a los modelos de atención médica vigentes, así como a avances tecnológicos. - Determinar y vigilar los criterios de calidad, eficiencia y ética profesional, en el otorgamiento de las prestaciones médicas. - Autorizar y emitir políticas, normas, lineamientos técnico médicos, y demás regulación referente a la prestación de los servicios de vigilancia epidemiológica, medicina preventiva, salud reproductiva, educación e investigación en salud, salud y seguridad en el trabajo, así como los de prevención, atención médica y rehabilitación en las unidades médicas institucionales. - Autorizar y emitir políticas, normas, lineamientos técnico médicos, y demás regulación para la organización y funcionamiento del Programa Institucional de Trasplantes de Organos y Tejidos, así como evaluar los resultados de dicho programa. - Establecer coordinación con las áreas competentes para la regulación y actualización de las normas institucionales necesarias para la prestación indirecta de servicios médicos. - Dictar los criterios para la integración institucional a las políticas sectoriales, nacionales e internacionales en materia de salud. - Determinar la participación institucional en la atención de problemas de salud de la población en general, e intervenir en la planeación y desarrollo de las estrategias, planes y programas respectivos. - Autorizar la difusión de los resultados sobre los estudios practicados a los insumos para la salud provenientes de los programas nacionales de muestreo aleatorio permanente y de atención a quejas, a las unidades almacenarias que enviaron el producto y a la(s) área(s) adquirente(s) del mismo, para los efectos legales y económicos que correspondan. - Autorizar dictámenes técnicos derivados de los análisis documentales y de laboratorio, de los insumos para la salud. - Autorizar las propuestas a las áreas adquirentes del Instituto sobre las especificaciones técnicas de calidad de aquellos productos que no cuentan con norma oficial mexicana o internacional, para su adquisición. - Determinar la estructura y el funcionamiento de sus órganos y someterla a consideración de las instancias competentes. - Autorizar los programas de trabajo de las Unidades, Coordinaciones y Divisiones que integran la Dirección. - Autorizar los programas institucionales de Salud en el Trabajo, dirigidos a los trabajadores y empresas afiliadas, así como a los propios trabajadores y centros laborales del Instituto. - Establecer coordinación con las áreas normativas intra y extrainstitucionales correspondientes, para definir conjuntamente políticas, programas y acciones en materia de atención a la salud. - Dirigir el desarrollo de las actividades de formación y educación continua del personal de salud y emitir los criterios, requisitos y procedimientos técnicos para la asignación de becas en coordinación con las instancias institucionales que correspondan. - Administrar la generación de conocimiento a través de la investigación en salud y promover el uso de sus resultados para reforzar las acciones y programas institucionales. - Autorizar y emitir la normatividad para la correcta integración y adecuado funcionamiento de los Cuadros Básicos de Insumos para la Salud, así como de los comités correspondientes. - Autorizar la inclusión, modificación y exclusión de insumos para la salud en los cuadros básicos institucionales, previa coordinación sectorial. - Autorizar la elaboración, edición y difusión de los cuadros básicos institucionales de insumos para la salud. - Dirigir el desarrollo de estudios e investigaciones sobre nuevas políticas de salud que permitan reorientar las acciones en materia de atención a la salud, mejorar su calidad y coadyuvar al equilibrio financiero del Instituto. - Autorizar la contratación de servicios profesionales de investigación, de consultoría, de asesoría y de estudios especiales, en materia de planeación estratégica en sistemas de salud, en apego a la normatividad aplicable, así como vigilar, en coordinación con las áreas normativas correspondientes, la asignación y el ejercicio del presupuesto autorizado para este fin. - Establecer y vigilar que se mantengan actualizados los estándares e indicadores de evaluación del desempeño institucional en materia de prestaciones médicas, que contribuya a la mejora continua de sus procesos y programas de trabajo. - Establecer los criterios para el desarrollo, operación y explotación del sistema de información médica, así como el de evaluación del desempeño del sistema de salud institucional, conforme a la normatividad institucional y los lineamientos del sector salud. - Vigilar el desempeño de los órganos que la integran a nivel central, delegacional y de las unidades médicas, y determinar las medidas conducentes que garanticen la mejora continua de sus procesos. - Participar, de acuerdo con el procedimiento establecido, en la designación, remoción o cambio de autoridades médicas de los órganos de operación administrativa desconcentrada. - Determinar el presupuesto de gastos e inversión de la Dirección de Prestaciones Médicas y gestionar la obtención de los recursos necesarios para el desarrollo de sus planes, programas y proyectos. - Vigilar, en coordinación con las áreas normativas correspondientes, la asignación suficiente y el ejercicio del presupuesto para el otorgamiento de las prestaciones médicas, la educación y la investigación en salud. - Administrar programas que reconozcan la productividad y desempeño del personal de salud intra y extrainstitucionales. - Presidir el acto de reconocimiento a la productividad y desempeño del personal institucional de salud, así como de las unidades operativas. - Participar, en su ámbito de competencia, en la revisión y actualización de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos; del Reglamento Interior del IMSS; del Manual de Organización del Instituto Mexicano del Seguro Social; del Contrato Colectivo de Trabajo; de las Normas Oficiales Mexicanas, y demás legislación aplicable en materia de salud y seguridad social. - Representar a la Dirección General, cuando así lo requiera, ante organismos e instituciones nacionales e internacionales relacionadas con salud y seguridad social. - Representar al Instituto en eventos académicos, científicos y tecnológicos vinculados con la atención a la salud y la seguridad social, a nivel nacional e internacional, y delegar esta representación cuando lo juzgue pertinente. - Determinar, en su ámbito de competencia, la elaboración, sanción y desarrollo de convenios con organismos nacionales e internacionales. - Asesorar a las áreas normativas y delegacionales, en su ámbito de competencia. - Dirigir en su ámbito de competencia, el cumplimiento a los compromisos presidenciales y a los del Director General del Instituto; a los acuerdos, observaciones, sugerencias y recomendaciones del Consejo Técnico, de la Comisión de Vigilancia y de otras instancias institucionales o extrainstitucionales competentes, así como a los programas especiales de carácter nacional, relacionados con prestaciones médicas. - Establecer enlace técnico normativo con instancias oficiales, a fin de lograr óptima respuesta en prevención, mitigación, atención y restablecimiento de servicios médicos institucionales, frente a emergencias, contingencias y desastres. - Nombrar y remover a los trabajadores de confianza de la Dirección de Prestaciones Médicas, previo acuerdo delegatorio del Director General, publicado en el Diario Oficial de la Federación. - Vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el ámbito de su competencia. - Planear y coordinar la administración y operación del Programa IMSS-Oportunidades, cuyos recursos se ejercerán de conformidad con lo establecido en la Ley del Seguro Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones legales aplicables, así como aquellas reglamentarias y administrativas que de ellas deriven, y analizar sus resultados. - Certificar documentos y expedir las constancias correspondientes que se requieran, en materia de su competencia. - Autorizar la integración y funcionamiento de comités y comisiones para el mejor desempeño de las funciones encomendadas al área médica institucional. - Las demás que le señalen la Ley del Seguro Social, sus reglamentos, acuerdos del Consejo Técnico y las que le encomiende la Dirección General. Finalmente, las facultades legales del Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 75 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo al Manual de Organización de las Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención, son: El personal directivo de las Unidades de Medicina Familiar: 5.1 Dirigirá los procesos de promoción a la salud, prevención y detección de enfermedades, nutrición, atención prenatal, planificación familiar, medicina familiar, estomatología, vigilancia epidemiológica en las unidades médicas y administrativas, dictaminación de los riesgos de trabajo, establecimiento del estado de invalidez y beneficiario incapacitado, reincorporación laboral oportuna y prevención y promoción a la salud de los trabajadores del Instituto. 5.2 Vigilará que las acciones médicas, paramédicas y administrativas se otorguen a la población usuaria en sus diferentes escenarios con calidad y calidez. 5.3 Establecerá coordinación y comunicación permanente con la Unidad Médica de Atención Ambulatoria o Unidad Hospitalaria de su zona de apoyo, en la planeación, ejecución y evaluación de los programas institucionales para el otorgamiento de los servicios a la población derechohabiente, con base a la rectoría técnico-médica y fundamentos de administración moderna. 5.4 Fomentará el desarrollo profesional del personal mediante la capacitación para la mejora continua. 5.5 Promoverá la participación del personal de la Unidad Médica para otorgar atención integral a la salud, con oportunidad, calidad y calidez para incrementar la satisfacción de la población usuaria, respetando sus derechos humanos, sin discriminación de género o discapacidad. 5.6 Supervisará que se realice seguimiento a las y los derechohabientes a quienes se les practicó alguna detección por parte del equipo multidisciplinario y se obtuvieron resultados de sospecha. 5.7 Establecerá el proceso administrativo en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los programas institucionales, en las Unidades de Medicina Familiar. 5.8 Supervisará que se cumpla con el Lineamiento Operativo de la Libre Elección del Médico por el Asegurado. 5.9 Promoverá la mejora continua del proceso de atención médica, estomatología, paramédica y administrativa, dentro del marco normativo vigente. 5.10 Facilitará la formación de los Comités aprobados por el Consejo Técnico y asegurará el cumplimiento de la estrategia para su integración y funcionamiento en las Unidades de Medicina Familiar de acuerdo con su estructura y capacidad resolutiva. 5.11 Coordinará dentro del ámbito de su competencia, las acciones necesarias para la certificación de las Unidades de Medicina Familiar por el Consejo de Salubridad General. 5.12 Verificará que las acciones médicas, paramédicas y administrativas otorgadas en los consultorios Auxiliares de Medicina Familiar se realicen de conformidad con los programas institucionales. 5.13 Propiciará la concertación con los sectores público, social y privado en su ámbito de influencia para coadyuvar a las acciones coordinadas de atención integral a la salud a la población, de acuerdo con la normatividad vigente. 5.14 Operará y aprovechará los sistemas de información institucional de acuerdo con los lineamientos del Instituto y del Sistema Nacional de Salud. 5.15 Supervisará el cumplimiento de normas y procedimientos institucionales en la dictaminación de los riesgos de trabajo, determinación de invalidez y beneficiario incapacitado, además de la reincorporación laboral, prevención y promoción de la salud en trabajadores IMSS o asegurados de empresas afiliadas, para que se otorguen con oportunidad. 5.16 Administrará los proyectos de cambio, orientados a la mejora de la gestión de los procesos médico-administrativos y a la satisfacción de la población derechohabiente de las prestaciones médicas, económicas y sociales. 5.17 Contribuirá a la viabilidad financiera del Instituto, mediante la recuperación de los gastos en la atención médica y subsidios, además de acciones oportunas en la detección de secuelas y rehabilitación temprana de asegurado para la reincorporación laboral. 5.18 Proporcionará los servicios médicos, farmacéuticos, auxiliares de diagnóstico y tratamiento a población no derechohabiente, en los términos que establece la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y los acuerdos que en la materia emita el H. Consejo Técnico. 5.19 Coordinará las actividades del personal de salud para cumplir con los convenios institucionales y coadyuvar en la mejora continua de la calidad de los servicios y la seguridad de la población usuaria, de acuerdo al nivel, estructura y capacidad operacional de la Unidad. 5.20 En el caso de aquellas Unidades de Medicina Familiar que tienen anexa una Unidad Médica de Atención Ambulatoria, se agregan las siguientes Políticas: 5.21 Fortalecerá la vinculación con unidades médicas de primero y segundo nivel de atención de la zona médica que le corresponde para la referencia oportuna y correcta de pacientes candidatos a la atención médica ambulatoria del Segundo Nivel de Atención. 5.22 Establecerá la estrategia zonal para que los pacientes portadores de patologías incluidas en la cartera de servicios de la UMAA, sean atendidos en ella. 5.23 Evaluará las posibilidades de ajustar o ampliar la cartera de servicios de la UMAA, cuando el diagnóstico epidemiológico y las condiciones operativas, permitan un funcionamiento sólido del nuevo servicio a otorgar. 5.24 Gestionará ante la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel la autorización para la ampliación de la Cartera de Servicios de la UMAA, una vez que se hayan realizado los trámites necesarios ante la instancia correspondiente, que permitan asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que el servicio propuesto tenga apego a la normatividad institucional y/o sectorial. 5.25 Otorgará atención médica que cumpla con las Acciones Esenciales para Seguridad del Paciente. 5.26 Gestionará con oportunidad y eficiencia los insumos necesarios para realizar los procedimientos médicos o quirúrgicos incluidos en la cartera de servicios de la UMAA. Por ende, dado que el promovente del amparo no otorgó al suscrito juzgador un parámetro legal que permita evidenciar que la obligación relativa a la adquisición y abastecimiento de medicamentos, corresponde a las autoridades que señaló como responsables y en cambio, del marco legal expuesto se evidencia que dicha facultad no está dentro de su ámbito competencial; entonces, se impone considerar inexistente la omisión de autorizar la adquisición de medicamentos suficientes y necesarios para el control y tratamiento de la enfermedad que padece el quejoso. Sustenta lo expuesto la tesis asilada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Pag. 53, Novena Época, registro 196080, de texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." b. Inexistencia de los actos atribuidos al Titular del Órgano de Operación Administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistentes en: *La omisión de otorgar el medicamento denominado dapagliflozina que requiere como tratamiento de la enfermedad de diabetes mellitus; y, *La omisión de otorgar la atención médica integral para dicho padecimiento. Por las mismas razones, esto es, que no está dentro de las facultades del Titular del Órgano de Operación Administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, la relativa a la prestación de servicios médicos y de otorgamiento integral de servicios de salud, se impone considerar inexistentes los aludidos actos reclamados, únicamente por lo que corresponde a estas autoridades. Sobre todo, considerando que es el Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 75 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el encargado de dirigir los procesos de promoción a la salud, prevención y detección de enfermedades, nutrición, atención prenatal, planificación familiar, medicina familiar, estomatología, vigilancia epidemiológica en las unidades médicas y administrativas, dictaminación de los riesgos de trabajo, establecimiento del estado de invalidez y beneficiario incapacitado, reincorporación laboral oportuna y prevención y promoción a la salud de los trabajadores del Instituto Por consiguiente, ante la inexistencia de los actos materia de estudio en este apartado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos siguientes: Autoridades Actos: Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 75 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Titular del Órgano de Operación Administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social *Omisión de autorizar la adquisición de medicamentos suficientes y necesarios para el control y tratamiento de la enfermedad que padece el quejoso. Titular del Órgano de Operación Administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social *La omisión de otorgar el medicamento denominado dapagliflozina que requiere como tratamiento de la enfermedad de diabetes mellitus; y, *La omisión de otorgar la atención médica integral para dicho padecimiento. Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 75 del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistentes en: *La omisión de otorgar el medicamento denominado dapagliflozina que requiere como tratamiento de la enfermedad de diabetes mellitus; y, *La omisión de otorgar la atención médica integral para dicho padecimiento. Lo anterior, pese que al rendir su informe justificado (foja 65) la apoderada de dicha responsable, haya señalado que en el Instituto Mexicano del Seguro Social siempre se le ha brindado la atención médica adecuada que requiere el quejoso y que se le ha surtido el medicamento que ha necesitado; así como que el peticionario del amparo, no acreditó que en el instituto responsable se le haya negado el medicamento aludido, pues el propio peticionario del amparo reconoció que desde hace más de diez años ha recibido la atención médica, tratamiento y consultas. Pese a ello, en el caso se impone declarar ciertos los actos precisados, principalmente, porque el quejoso acompañó a su escrito de demanda, la receta individual con folio ********************, de la que se advierte el sello impreso el catorce de abril de dos mil veintitrés, con la leyenda "PENDIENTE DE SURTIR": Adicionalmente, porque mediante escrito recibido en este juzgado el veintiuno de abril del año en curso, la propia apoderada de la autoridad responsable, informó que en esa fecha, le fue surtido el medicamento denominado dapagliflozina y que ello, lo acreditaba con la recepción que en la propia receta ********************, asentó el quejoso de su puño y letra: Bajo esas consideraciones, al margen que la citada responsable señale que nunca se ha incurrido en una omisión o negativa de atención médica al quejoso, lo cierto es que las circunstancias precisadas acreditan la existencia de los actos de los que se duele el quejoso en esta instancia de amparo, en la fecha de presentación de la demanda. En ese sentido, se tienen por ciertas las omisiones reclamadas precisadas en este apartado. Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. En tal virtud, en este apartado debe señalarse, que como se aprecia de los párrafos que anteceden, en cumplimiento a la suspensión de plano, el veinte de abril del año en curso, le fue abastecido el medicamento denominado dapagliflozina, lo que en apariencia podría revelar que en el caso los actos reclamados han cesado en sus efectos, dado que las autoridades responsables satisficieron la queja toral del peticionario del amparo, a través de la entrega de dicho medicamento. No obstante dichas consideraciones, el que ahora resuelve estima que en el caso no aconteció la cesación de efectos de los actos reclamados. En primer término, atendiendo a que en la técnica de amparo se define a la cesación de efectos, como la causal de improcedencia que impide el estudio del fondo del amparo cuando los actos que al momento de promover la demanda existían, cesaron durante la substanciación del juicio y destruyen de manera total e incondicional sus efectos, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. Siguiendo con esa línea, la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Para continuar con este argumento, en el caso debe establecerse que, la atención médica que se otorgó al inconforme, esto es, el otorgamiento del medicamento denominado dapagliflozina que requiere como parte fundamental de su tratamiento para el padecimiento de diabetes mellitus, obedeció al cumplimiento de la suspensión de plano que las autoridades responsables dieron. Así, la suspensión de plano que se decreta en el juicio de amparo tiene la naturaleza de una medida cautelar, que de acuerdo con lo señalado por Miguel Alejandro López Olvera, son actos procesales del órgano jurisdiccional adoptados en el curso de un proceso o previamente a él, a pedido de un interesado o de oficio, para asegurar bienes o pruebas o mantener situaciones de hecho. Igualmente refiere que, son instrumentos que puede decretar el juzgador para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave o irreparable daño a las partes o la sociedad, con motivo de la tramitación del proceso; asimismo, que también pueden ser utilizadas para dar justicia anticipada o autónoma. Entre las diferentes características que atribuye dicho autor a las medidas cautelares, destaca, para el caso exclusivo, la relativa a la provisionalidad, que define, como el carácter no definitivo de las medidas cautelares, pues éstas desaparecen, perdiendo toda su eficacia, cuando faltan los presupuestos que originaron su adopción, y en todo caso, cuando finaliza el proceso principal. La nota de la provisionalidad, señala, se entiende bien, si se conecta con la finalidad de las medidas cautelares; si lo que se trata de proteger y tutelar mediante la adopción de tales medidas es la efectividad de una ulterior sentencia, lógico es que las mismas tengan una vigencia limitada en el tiempo, concretamente aquella en la que dicha sentencia tarde en obtenerse. De modo que, si en el presente asunto se otorgó el medicamento denominado dapagliflozina, que el quejoso requiere como parte fundamental de su tratamiento para el padecimiento de diabetes mellitus, es claro que, de acuerdo con lo antes expuesto, dicha actuación asumida por las autoridades responsables obedeció al cumplimiento que otorgaron a la medida cautelar, que si se observa superficialmente, en apariencia pudiera establecerse que dicha medida cautelar lo restituyó en el goce del derecho a la salud que estimó violado, en tanto que, con la misma obtuvo a la pretensión fundamental a la que aspiró al promover este amparo. No obstante ello, lo cierto es que técnicamente no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado, en atención a que no se declaró en definitiva una violación de derechos que le haya constituido la prerrogativa a recibir la atención médica en tanto dure la vigencia de la medida cautelar decretada en autos. Lo anterior cobra sentido, si se toma en cuenta que, en el caso que este juzgador determinara sobreseer el presente juicio de amparo, la vigencia de la suspensión de plano que le fue concedida en el presente expediente para que las autoridades responsables le otorgaran el más amplio acceso y garantizaran su derecho a la salud, por la negativa de las responsables de otorgarle el medicamento denominado dapagliflozina que requiere como parte fundamental de su tratamiento para el padecimiento de diabetes mellitus, quedaría sin efectos una vez que la misma causara ejecutoria; ello, al margen que no se le hubiera declarado en definitiva la violación a derecho alguno que le constituyera la prerrogativa a recibir la atención médica que buscó con este amparo. Es así pues la suspensión de plano que se concedió a la parte quejosa fue dictada no sólo con efectos preventivos, sino de tutela anticipada, pero de ninguna manera constituyó una declaración de violación de derechos definitiva a su favor, en el caso para determinar el tránsito de esa declaración provisional a una definitiva que se consolide en la sentencia como cosa juzgada, por ende, resulta necesario que este juzgador realice el análisis correspondiente. Por tanto, toda vez que las partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna otra, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En este punto es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, en suplencia de la queja deficiente, verificará el estudio del auto reclamado, al margen de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Lo anterior, porque constituye obligación del juzgador de amparo, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analizar las disposiciones legales aplicables y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder al quejoso. El artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma, efectuada el ocho de mayo de dos mil veinte, respecto al derecho a la salud, establece: "Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social." Constitución cuyos artículos transitorios disponen: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente Decreto. Tercero. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior." Disposiciones que le son aplicables, en favor de la parte quejosa, porque, la demanda de amparo, se presentó, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, es decir, ya en la vigencia de las normas constitucionales invocadas -sustantivas-, de las que se advierte: Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud; La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece para toda persona la protección al derecho a la salud, incluyendo a quienes no cuenten con seguridad social, respecto de lo cual, prevé que, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita; pero también se advierte, la obligación de concurrencia en materia de salubridad general, de la Federación y las entidades federativas para el respeto al derecho a la salud. Ahora, en la especie conviene tener en cuenta lo resuelto en la ejecutoria relativa al amparo en revisión 173/2008, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que al tenor de lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, determinó que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Indicó que, el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Que el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. Igualmente, que el contenido de esta norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado esta Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: a) Del párrafo 1o. del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios); b) Del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho); c) Del artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" (toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social); d) De lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales. En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la ejecutoria de amparo en comento, determinó que la protección del derecho a la salud, depende de la forma como son reguladas las condiciones de acceso a los servicios médicos y la regulación de todas aquellas peculiaridades que incidan en la calidad de ésta. Asimismo, que la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar porque la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. Concluyó señalando que, el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo XII, página siete, define el derecho a la salud como "el conjunto de normas de derecho público que regulan las actividades de las instituciones del Estado y los sujetos públicos, privados y sociales que tengan por objeto común proteger la salud.". Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. En ese sentido, el contenido de la norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado esta Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: Declaración Universal de Derechos Humanos "Artículo 25, párrafo 1o.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios ." Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "Artículo 12.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad". Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos y familiares de la comunidad; [.] La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." Ahora bien, en esta instancia se reclama como ya se dijo, la omisión de otorgar el medicamento denominado dapagliflozina que el quejoso requiere como tratamiento para la enfermedad de diabetes mellitus y la omisión de otorgarle la atención médica integral para dicho padecimiento. En cumplimiento a la suspensión de plano, la apoderada de las autoridades responsables comunicó que en estricto cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional, el veinte de abril del año en curso, le fue abastecido el medicamento denominado dapagliflozina. De lo anterior, se aprecia que la queja toral aducida por la inconforme ********************, consistente en la omisión de otorgar el medicamento denominado dapagliflozina, quedó satisfecha, vía tutela anticipada, en la medida que ya se le abasteció de dicho fármaco que es fundamental para el tratamiento de su padecimiento. No obstante, se estima que la restitución a ese derecho acontecerá con entera plenitud, con la declaración de violación de derechos definitiva a su favor, en el caso la violación a su derecho a la salud; de ahí que, la presente resolución únicamente tenga como efecto hacer la declaración formal de violación al derecho a la salud para que en lo subsecuente, las autoridades responsables brinden el tratamiento y servicios que requiere el impetrante de amparo para el padecimiento que le aqueja, dado que conforme a los postulados derivados del artículo 4º Constitucional, la protección de la salud está garantizada por el Estado como derecho humano irrestricto. Sirve de apoyo, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página quinientos setenta y cuatro del Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si conforme a lo establecido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la protección de su salud y acceso a los servicios correspondientes, el quejoso tiene tal derecho, lo que se traduce en recibir el tratamiento requerido. Luego, con el hecho de que el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, no proporcione la atención médica a un procesado y niegue su traslado a un hospital especializado, es inconcuso que viola esa garantía individual consagrada en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución General de la República.". También, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos cincuenta y siete del Tomo XXVIII, Julio de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que sostiene: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.". Por lo tanto, respecto de los actos reclamados, con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo solicitado para que las autoridades responsables continúen otorgando el tratamiento completo y servicios que requiere el peticionario de amparo para el padecimiento de diabetes mellitus, con énfasis especial en la entrega oportuna del medicamento denominado dapagliflozina o bien, cualquier otro que requiera como parte integral de su tratamiento para dicho padecimiento. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. Por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables y por los actos precisados en el propio considerando. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en términos del sexto considerando de la presente resolución. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el séptimo considerando de este fallo. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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