Ignacio Mendoza Oropeza
Expediente 1305/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1305/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ignacio Mendoza Oropeza
- Carlos Escobedo Suárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión de nueve de noviembre de dos mil veintitrés dictada dentro de la revisión ********************, de la que se advierte que dicho tribunal confirmó la sentencia recurrida por la que se sobreseyó en el presente juicio. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En relación con el cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del Acuerdo en mención, es destruible el mismo, en virtud de que se negó la suspensión definitiva. Asimismo, por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a) del Acuerdo en mención, es destruible en seis meses. Por otro lado, se ordena devolver un tomo de prueba al Subdirector adscrito a la Dirección de Amparo y Contencioso Administrativo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República con sede en la Ciudad de México. Finalmente, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con cuarenta minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 1305/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta y hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva, en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación anterior para los efectos legales correspondientes. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: Jefe de Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán; Auxiliar de Atención al Público y Servicios de la Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán; Auxiliar de Ingresos de la Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral , Región Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán; Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Michoacán; y, Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Como acto reclamado: La negativa de dar trámite al escrito presentado por los promoventes vía correo electrónico, al estimar la autoridad que dicho escrito no se encuentra en la categoría de promoción de extrema urgencia, sino en la categoría de ordinario, indicándole que para darle trámite dicho escrito deberá de ser presentado ante la oficialía de partes de dicha autoridad, de manera física dentro del horario de las 9:00 horas a las 15:00 horas. Segunda. El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, al momento de rendir su informe previo, manifestó que no son ciertos los actos que se les reclaman. Por tanto, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, por lo que respecta a la autoridad responsable en cita, lo procedente es negar la suspensión definitiva del acto reclamado, por falta de materia sobre la cual decretarla. Apoya lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/19, visible en la página ciento treinta y tres del Tomo II, Julio de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, materia común, novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". Tercera. Las autoridades responsables Auxiliar de Atención al Público y Servicios de la Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, Auxiliar de Ingresos de la Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán y Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Michoacán, fueron omisas en rendir el informe previo correspondiente, pese a haber sido debidamente notificadas de ello. No obstante lo anterior, se advierte que dentro del expediente principal del presente juicio de amparo, obran los informes justificados de las citadas autoridades, mediante los cuales manifiestan que son ciertos los actos reclamados. En consecuencia, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta ser un hecho notorio para este juzgador la existencia de los actos reclamados al Auxiliar de Atención al Público y Servicios de la Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, al Auxiliar de Ingresos de la Unidad de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán y al Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado que consiste en la negativa de dar trámite al escrito presentado por los promoventes vía correo electrónico, al estimar la autoridad que dicho escrito no se encuentra en la categoría de promoción de extrema urgencia, sino en la categoría de ordinario, indicándole que para darle trámite dicho escrito deberá de ser presentado ante la oficialía de partes de dicha autoridad, de manera física dentro del horario de las 9:00 horas a las 15:00 horas. Al respecto, los artículos 128, 138 y 147 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." Ahora bien, toda vez que los efectos de la suspensión que solicita la parte quejosa sería para que las autoridades responsables garanticen la recepción y trámite al escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, así como todos aquellos escritos que en lo subsecuente se presenten digitalmente por el suscrito, en cualquier horario; así como para que establezcan una disposición normativa de carácter general, y en forma específica, los horarios y modalidades para la presentación de escritos al Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral. Dichos efectos tendrían como consecuencia que se dejara sin materia el juicio de amparo del que deriva el presente incidente, en virtud que la pretensión de la parte quejosa es obliga a las autoridades responsables a dar curso y acordar la promoción en que se lee concedió el carácter de defensores de la persona sujeta a proceso. Lo que implicaría que a raíz de la suspensión del amparo se concedería eficacia a los actos procesales del quejoso, en esa calidad de defensor, con lo que se estaría constituyendo un derecho que no tienen los quejosos antes de la presentación de la demanda de amparo, lo cual no permite la hipótesis final del artículo 131 de la Ley de Amparo que a la letra dice: "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." En consecuencia, se impone negar la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados antes precisados. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se resuelve: R E S U E L V E: Único. Se niega a ********************y ********************quienes refieren ser defensores de ********************, la suspensión definitiva respecto de las autoridades responsables precisadas en la consideración primera de esta interlocutoria, en virtud de lo precisado en las diversas consideraciones segunda y tercera. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 20, fracción III, inciso b) del Acuerdo referido, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, y consérvese el cuaderno único del incidente de suspensión. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vistas las circulares emitidas por la Coordinadora de Magistradas y Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, así como el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito ambos del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, se advierte que dada la suspensión de las labores por parte del personal del Poder Judicial de la Federación, con sede en Morelia, Michoacán, se declararon inhábiles los días diecisiete y dieciocho de octubre de dos mil veintitrés; por su parte, en la circular SGP/02/2023 suscrita por la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro del mes y año en curso; asimismo, mediante circular 29/2023 emitida por el Secretario Ejecutivo de dicho consejo y el aviso dictado por el Coordinador de Jueces de este Distrito, se declararon como días inhábiles del veinticinco al veintisiete de los actuales, por lo que en virtud de ello no transcurrieron plazos de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se fijan ahora para la celebración de la audiencia constitucional las nueve horas con cincuenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. Por otra parte, se advierte de autos que se tuvo al apoderado jurídico de las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, informando que la parte quejosa sería valorada el trece de octubre del presente año, por traumatólogo para valorar artroscópica, sin que a la fecha haya informado lo que se determinó en dicha cita. Por tanto, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, computado legalmente, informen lo que se determinó en la valoración realizada a la quejosa, esto es, con base en elementos técnicos y específicos al caso determinen el tratamiento a seguir respecto de los padecimientos que le aquejan a la parte quejosa, remitiendo copia certificada íntegra y perfectamente legible de las constancias con las que acrediten lo anterior, o en su caso, manifiesten la imposibilidad que tengan para ello. Apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, no informar el impedimento legal que tenga para ello, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedora a una multa de manera individual, equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Juzgado. Ahora bien, en virtud de la solicitud que realiza la agente en cita, para que se le expida copia de la sentencia, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Hágase nueva relación de dicho pedimento en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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