Ignacio Cerda Avendaño
Expediente 794/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 794/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 11/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ignacio Cerda Avendaño
- Pablo Escobar García, En Su Carácter de Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca Con Sede En San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
- IGNACIO CERDA AVENDAÑO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de junio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que por una parte sobreseyó en el juicio de amparo y por la otra negó el amparo y protección de la justicia federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de junio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la depuración del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, debiendo conservarse el auto y la interlocutoria en que se concedió la suspensión solicitada. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes; atento a su contenido se provee: Téngase a la tercero interesada ******************** y representante legal de la menor con iniciales ********************, señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************con número de cédula profesional ********************por estar inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Instrúyase a quien corresponda para que realice las gestiones administrativas correspondientes, a efecto que el usuario "********************" pueda consultar el expediente por la vía electrónica. Se le tiene proporcionando el correo electrónico nsbf@gmail.com. En la inteligencia que dicho dato será únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Notifíquese.
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las dieciséis horas con diez minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con el secretario de acuerdos, Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la audiencia constitucional del presente juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el expediente relativo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) auto de siete de diciembre de dos mil veinte, donde se admite a trámite la demanda de amparo (iii) informe justificado (iv) apersonamiento de la tercero interesada Yadira Guadalupe Soto López, como representante legal de la menor con iniciales A.D.I.S. Acto seguido, el Juez Quinto de Distrito en Estado de Oaxaca, tiene por hecha la relación de constancias; por tanto, se ordena pasar a la siguiente etapa de la audiencia. Etapa probatoria. En esta etapa se hace relación de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las cuales con fundamento en el artículo 119 de la citada Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por lo que no habiendo más pruebas que relacionar se cierra el período probatorio para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace constar los formulados por el agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional; por lo que no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia. No existencia otra cosa que pendiente, se pasa a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 794/2020 promovido por Ignacio Cerda Avendaño. En este juicio de amparo se analiza la legalidad del auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en la causa penal 11/2020, por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, con sede en San juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca ANTECEDENTES De acuerdo con la información contenida en la videograbación en la que consta la audiencia veintiséis de febrero de dos mil veinte, se advierte que el Juez de Control del circuito judicial de la Cuenca, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, dentro de los autos de la causa penal 11/2020, dictó auto de no vinculación a proceso del quejoso Ignacio Cerda Avendaño, por los hechos que le fueron imputados por la representación social, consistente en abuso sexual agravado, cometido en perjuicio de la menor de identidad reservada A.D.I.S., Inconformes con dicha determinación, la agente del Ministerio Público así como la asesora legal de la víctima directa, interpusieron el recurso de apelación JOTP/53/2020, el cual que fue resuelto por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado el veintitrés de octubre de dos mil veinte, en la que decretó ".la nulidad del auto apelado, ordenándose la reposición del procedimiento hasta antes del dictado de la resolución de término constitucional a efecto de que el juez de control entre al estudio del fondo del asunto, valore los datos y medios de prueba ofrecidos por las partes de manera libre y lógica, justificando el valor que asigne a éstos, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los datos y elementos de prueba, resuelva la solicitud de vinculación a proceso y determine la situación jurídica del imputado.). Auto de vinculación a proceso. En cumplimiento a lo anterior, el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, el Juez de Control del circuito judicial de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, llevó a cabo la audiencia en la que dictó auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso Ignacio Cerda Avendaño por el delito de abuso sexual agravado, cometido en perjuicio de la menor A.D.I.S. En contra de tal determinación referida, el quejoso promovió este juicio de amparo indirecto en los términos que se indican a continuación. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo origen de este juicio, se formuló mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El quejoso, señaló como autoridad responsable al Juez de Control del circuito judicial de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y como acto reclamado: El auto de vinculación a proceso, emitido contra el imputado Ignacio Cerda Avendaño el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, por la aludida autoridad judicial. La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito, donde quedó registrada con el número 794/2020, el siete de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite el asunto, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público adscrita, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque los actos reclamados surten sus efectos dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD El juicio de amparo se promovió en tiempo, debido a que el acto reclamado consistente en el auto de vinculación de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se le notificó en el momento de su emisión pues se realizó en audiencia; por tanto, si la demanda de amparo se recibió el tres de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, esto fue, dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley Reglamentaria. Lo anterior, toda vez que el término transcurrió del veintisiete de noviembre al diecisiete de diciembre de dos mil veinte, descontando los días veintiocho y veintinueve de noviembre, así como el cinco, seis, doce y trece de diciembre, por ser sábados y domingos; de esa forma, la demanda se presentó el día tres de diciembre del año próximo pasado, por ende, con oportunidad. LEGITIMACIÓN Ignacio Cerda Avendaño, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo por su propio derecho, porque es en contra de quien se dictó el acto que reclama en la causa penal 11/2020 del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de la Cuenca, con residencia en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y por ende tiene el carácter de procesado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el órgano jurisdiccional, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso atribuye al Juez de Control del circuito judicial de la Cuenca, con residencia en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, la emisión de la siguiente determinación: El auto de vinculación a proceso, emitido en su contra, el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en la causa penal 11/2020. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su informe justificado el Juez de Control del circuito judicial de la Cuenca, con residencia en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en el auto de vinculación decretado contra el quejoso, en la causa penal 11/2020, el veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Además, la autoridad responsable acompañó en copia certificada, constancias que obran en la carpeta judicial 11/2020, así como del contenido del disco versátil digital (DVD), remitido por la citada autoridad judicial como justificación al informe, las cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. Documentales de las que se advierte que la citada juzgadora, decretó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por su probable participación en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de abuso sexual agravado. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CAUSAS DE IMPROCEDENCIA En relación con los actos reclamados dictados contra el quejoso en la causa penal 11/2020, las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia y de oficio no se advierte la actualización de alguna hipótesis de inejercicio a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna causal de sobreseimiento de las previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria, que obligue a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre los actos reclamados, por lo que, a consideración de este órgano jurisdiccional, el amparo es procedente. No pasa por desapercibido para este órgano jurisdiccional, que a la fecha en que se emite la presente sentencia, se encuentra pendiente de resolver el toca penal JOTP/06/2021 del índice de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior del Estado, relativo al recurso de revisión interpuesto por la asesora jurídica de la representante legal de la menor, y en adhesión, la propia representante legal Yadira Guadalupe Soto López; sin embargo, esta circunstancia no da motivo a que se actualice en contra del acto reclamado, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de la Materia, en razón que dicho medio ordinario de defensa, no fue promovido por el directo quejoso o su defensa y la materia de revisión es la valoración de una prueba y la medida cautelar impuesta a Ignacio Cerda Avendaño, a saber, la prohibición concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares donde se encuentre la víctima, en lugar de la prisión preventiva, medida no fue reclamada por el quejoso en esta instancia constitucional. Apoya lo anterior, la tesis aislada XVI.1o.A.38 K (10a.), publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, página 2118, materia Común, con registro digital 2020249, del texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL RELATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE LA MATERIA, POR ENCONTRARSE PENDIENTE DE RESOLVER UN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. Esa norma prevé que los recursos o medios de defensa pendientes de resolver -que hacen improcedente el juicio de amparo- son precisamente los interpuestos por el quejoso, porque sólo así es factible que obtenga la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, vinculado con las violaciones cometidas en su perjuicio. Por esta razón, la disposición mencionada no debe interpretarse de manera extensiva, para considerar que se actualiza esa causal de improcedencia tratándose de recursos o medios de defensa promovidos por el tercero interesado en contra del acto reclamado, porque no podrían tener por efecto modificarlo, revocarlo o nulificarlo en el aspecto que perjudica al quejoso, ni la autoridad que lo resuelva podría ocuparse de más cuestiones que las comprendidas en los agravios respectivos, vinculados sólo con la situación del recurrente. Además, si se decretase el sobreseimiento en el amparo directo con fundamento en la fracción XIX del artículo 61 mencionado, por existir un medio de defensa o recurso pendiente de resolver interpuesto por el tercero interesado y éste se desiste de él, quedaría subsistente el acto reclamado en la parte que perjudica al quejoso y se le colocaría en estado de indefensión." ESTUDIO DE FONDO Es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, máxime que tampoco es un requisito que la ley exija, toda vez que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad basta con que en el fallo se precisen los puntos objetos del debate, que éstos se estudien y se les dé respuesta. Los conceptos de violación se estudian en la forma en que la parte quejosa los expresa, debido a que este órgano jurisdiccional aun supliendo la deficiencia de la queja, no advierte que se hayan transgredido sus derechos fundamentales. El quejoso aduce que se transgreden en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en sus motivos de inconformidad, argumenta en síntesis el peticionario, lo siguiente: El Juez de control responsable transgredió en su perjuicio, los principios pro persona y presunción de inocencia, pues, para dictar auto de vinculación a proceso, tomó en consideración con parcialidad el dato de prueba la declaración de la víctima, sin tomar en cuenta las contradicciones y deficiencias en su versión de los hechos y por otra parte, valoró erróneamente el alcance de las pruebas ofrecidas a su favor como lo son la declaración de los testigos Agustina Avendaño Hernández, Dennise Andrea Dionisio Avendaño, su propia declaración, así como las fotografías exhibidas por su defensa). Que resulta incorrecto que valorara en el apartado de pruebas de la defensa, el informe de veintiséis de febrero de dos mil veinte, por la licenciada Gabriela Ramos Sánchez, con el que el ministerio público justificó que la víctima no estaba en condiciones para ser contrainterrogada. Que la resolución reclamada carece de la debida fundamentación y motivación, toda vez que no se acredita de manera fehaciente el hecho penal de abuso sexual agravado, así como su probable responsabilidad. Motivos de disenso que resultan unos infundados y otro parcialmente fundados pero insuficientes para la concesión del amparo, debido a lo siguiente: En principio, se debe mencionar que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, el cual podrá prorrogarse únicamente a petición del inculpado. En relación con lo anterior, el ordinal 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Juez de Control, a petición del Ministerio Público, decretará auto de vinculación a proceso, siempre que se reúnan los requisitos siguientes: I. Que se haya formulado la imputación; II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y III. Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado participó en su comisión. Conforme al diverso precepto 317 de la codificación adjetiva penal aludida, todo auto de vinculación debe contener los requisitos de forma siguientes: I. El delito que se impute al acusado; II. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. III. Los datos personales del imputado; IV. Así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. V. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos previamente mencionados. Es decir, en los preceptos constitucionales y legales de referencia, se establecen los requisitos de forma y fondo que deben de cumplirse para calificar de legal un auto de vinculación a proceso. En el caso particular, del contenido de las videograbaciones que conforman la carpeta administrativa de origen, remitidas por la autoridad responsable, se advierte que, en la emisión del auto de vinculación a proceso, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, debido a que: La fiscalía formuló imputación contra Ignacio Cerda Avendaño, haciéndole de su conocimiento, que se sigue una investigación en su contra por su probable participación en el hecho que la ley tipifica como abuso sexual agravado, previsto por el artículo 241 y sancionado por ese mismo numeral, en relación con el diverso 248 bis, fracción I del Código Penal para el Estado de Oaxaca; en agravio de la menor de identidad resguardada de iniciales A.D.S.I., haciendo alusión a las circunstancias de lugar, tiempo y de ejecución; forma de intervención; y las personas que deponen en su contra. El imputado, decidió, en un principio, reservarse su derecho a declarar; acto seguido, la fiscalía solicitó que se vinculara a proceso al ahora quejoso; consecuencia de un acto informado, El imputado solicitó que su situación jurídica fuera resuelta en la duplicidad del término constitucional. En audiencia de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se desahogaron los medios probatorios ofertados por las partes, incluida la declaración del imputado, en la cual el juez responsable determinó dictar auto de no vinculación a proceso. Posteriormente, en cumplimiento a lo resuelto en la toca penal JOTP/53/2020, por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior Justicia del Estado al resolver el recurso de apelación interpuesto por la ofendida y la representación social, el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, por su probable participación en el antijurídico de abuso sexual agravado, en perjuicio de la menor de identidad reservada A.D.I.S. Lo anterior refleja, en contra de lo sostenido por el peticionario del amparo, que no se transgredieron las formalidades esenciales del procedimiento, como inadecuadamente sostiene, pues como se precisó, en el caso se cumplieron con los requisitos previstos en las fracciones I y II del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por consiguiente, no se vulneraron los derechos constitucionales de la quejosa, reconocidos en los artículos 14 y 20 de la Carta Magna. Por lo que hace al requisito de fondo, previsto en la fracción III del citado precepto 316, tenemos, que, del análisis realizado a las videograbaciones de origen, se aprecia que el acto reclamado está debidamente fundado y motivado; por ende, es conforme con los derechos de seguridad y legalidad jurídicas, impuestos en el ordinal 16 de la Constitución Federal. Se estima lo anterior, ya que el artículo 241 y sancionado por ese mismo numeral, en relación con el diverso 248 bis, fracción I del Código Penal para el Estado de Oaxaca, prevé el hecho que la ley señala como abuso sexual agravado, mismos que establecen: "Artículo 241. Comete el delito de abuso sexual, quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto sexual, que no sea la cópula, o la obligue a observar cualquier acto sexual aun a través de medios electrónicos. Al responsable de tal hecho, se le impondrá de tres a seis años de prisión y multa de cien a doscientas veces el valor de la unidad de medida y actualización. (.)" "Artículo 248 Bis.- Las penas que corresponden a los delitos de abuso sexual previsto por el artículo 241, violación, previsto por el artículo 246, violación equiparada, previsto por el artículo 247 y violación tumultuaria, previsto por el artículo 248, se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando: I.- El delito fuere cometido por un pariente de la víctima sin limitación de grado en línea recta ascendente o descendente, o hasta el cuarto grado en línea colateral; por el tutor contra su pupilo, por el padrastro o madrastra en contra el hijastro o hijastra, por el amante del padre o de la madre del ofendido o por la persona que vive en concubinato con el padre o la madre del pasivo. En estos casos, además el culpable perderá todos los derechos familiares y hereditarios que le puedan corresponder por su vínculo con la víctima; (.)" En ese sentido, en la resolución reclamada, el jurisdicente tomó en consideración los datos de prueba que fueron integrados en la carpeta de investigación como son los datos de prueba que aportó el Ministerio Público, los cuales son los siguientes: I. Declaración ministerial de Yadira Guadalupe Soto López, de veintidós de mayo de dos mil diecinueve. II. Declaración de la menor víctima de iniciales A.D.I.S. de veintidós de mayo de dos mil diecinueve. III. Informe médico de zonas erógenas de doce de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el perito médico legista Juan Manuel Pacheco Medina, adscrito a la fiscalía General del Estado. IV. Dictamen psicológico a favor de la menor de iniciales A.D.I.S. de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, emitido por el licenciado Salvador Bautista Mendoza, perito oficial de la Fiscalía. V. Inspección ocular en el lugar de los hechos, de ocho de agosto de dos mil diecinueve, realizada por el agente Estatal de Investigaciones Francisco Loaeza Brena, con placa de identificación 531. VI. Acta de nacimiento original con número de folio 4041764, expedida el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, por la oficial Primero del Registro Civil de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. VII. Acta de nacimiento electrónica con número de identificación 201840001200190013330 de ocho de junio de dos mil diecinueve, emitida por el director General del Registro Civil de Oaxaca. VIII. Informe rendido por Jeovani Alexis Castillo Hernández, responsable de asuntos jurídicos de la Comisión Federal de Electricidad, de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el que hace del conocimiento que no se encontró registro alguno del contrato de servicio de energía eléctrica a favor del Ignacio Cerda Avendaño. IX. Dictamen Ginecológico de somatometría a favor de la menor de iniciales A.D.I.S. de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el doctor Manuel Pacheco Medina. X. Informe rendido con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, por la licenciada Gabriela Ramos Sánchez, donde establece las terapias de contención que tuvo que llevar la menor víctima, para dar continuidad a la atención psicológica en razón que la víctima muestra una incomodidad a las terapias recibidas. Por su parte, la defensa aportó los siguientes medios de convicción. XI. Declaración de Agustina Avendaño Hernández. XII. Declaración de Denisse Andrea Dionisio Avendaño. XIII. Declaración de Jazel Ortiz Arceo. XIV. Contra informe y dictamen pericial emitido por la doctora Diana Griselda Rodríguez Álvarez, en materia de ginecología de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, realizado sobre el diverso emitido el doctor Juan Manuel Pacheco Medina. XV. Declaración del Imputado Ignacio Cerda Avendaño. XVI. Dictamen psicológico emitido por el doctor Jorge May Ocampo, realizado al imputado Ignacio Cerda Avendaño y contrainforme del realizado a la menor víctima A.D.I.S. XVII. Ocho placas fotográficas tomadas en la ciudad de Orizaba a la víctima menor de edad, almacenadas en una memoria de USB. Datos de prueba que, contrario a lo que indica el quejoso en sus argumentos, el juez responsable valoró de manera libre y lógica para concluir de manera fundada y motivada, que existen indicios razonables y suficientes para acreditar que la activo, probablemente, participó en la comisión de los hechos imputados, pues dichos de datos de prueba permitieron al jurisdicente, advertir lo siguiente: Que el veintiséis de abril del año dos mil diecinueve, aproximadamente a las cuatro horas con treinta minutos de la madrugada, cuando la menor víctima de iniciales A.D.I.S., se encontraba durmiendo en el interior del domicilio ubicado en la calle de Araucaria número doscientos veintiuno, de la colonia Las Palmas, San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, específicamente en el cuarto del imputado Ignacio Cerda Avendaño, dicha adolescente sintió que alguien le metió la mano dentro de su blusa tocándole su busto, momento en que despertó y se pudo percatar que era su padrastro Ignacio Cerda Avendaño, persona que tenía una vida en común con la señora Yadira Guadalupe Soto López, progenitora de dicha menor y por lo tanto, el imputado resulta ser el padrastro de dicha adolescente, que después, ésta persona, le quito su short de color rosa y su calzón, que la menor trató de subírselo, pero el imputado le agarró las manos y le empezó a meter la lengua en su vagina. Al efecto, importa destacar, que a partir de la implementación del sistema de justicia penal de corte acusatorio, adversarial y oral, para dictar un auto de vinculación, no se exige una valoración compleja y exhaustiva de los datos prueba, pues en dicho estadio procesal, no debe acreditarse de manera fehaciente el delito que se investiga ni la plena responsabilidad del imputado; sino que únicamente debe justificarse la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad del imputado en su participación", dado que el auto de término constitucional se constriñe a determinar el inicio de una investigación complementaria [formalizada] y a fijar la litis del eventual juicio. Esto es así, toda vez que el cambio de la figura del auto de formal prisión por el auto de vinculación a proceso no tuvo su origen en una simple cuestión de terminología o de semántica, sino que dicha sustitución implicó modificar el estándar probatorio para pronunciar la resolución de plazo constitucional, a fin de establecer un parámetro de prueba menos exigente y que sea más razonable para dar comienzo a la fase de investigación formalizada. De manera que, tomando en cuenta la naturaleza jurídica del auto de vinculación, los requisitos que se requieren para su emisión, así como el estándar probatorio que debe satisfacerse para su dictado, es posible arribar a la conclusión que se exige un nivel mínimo, pero suficiente, de fundamentación y motivación al valorar los datos de pruebas que aporte el ministerio público o en su caso la defensa, a efecto de demostrar: (i) la existencia del hecho que la ley señala como delito, -no el delito en sí-; y (ii) la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión -no su responsabilidad penal-. Motivo por el cual, contra lo que el disidente sostiene en sus motivos de inconformidad, no es factible someter un dato de prueba a un estándar elevado de ponderación, ya que ello sería en detrimento de la propia defensa y vulneraría el principio de presunción de inocencia, aunado a que se desnaturalizaría el nuevo sistema de justicia penal, pues de ser así, en esta etapa procedimental prácticamente se estaría anticipando una sentencia condenatoria; de ahí, que la resolución sobre la vinculación o no del imputado, debe basarse exclusivamente en el estudio laxo, pero suficiente, de los datos en que se sustenta la imputación, así como en la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social, que deben resultar suficientes para justificar que el imputado sea presentado ante el juez de control. Por tanto, es que el Juez de Control, únicamente debía verificar que se cumplieran los requisitos previstos en los artículos 19 de la Norma Suprema y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a los cuales ya se hizo referencia con antelación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 35/2017 (10a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto que se reproducen a continuación: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." De ahí, que fue legal el actuar de la responsable, al vincular a proceso al aquí quejoso, pues tal como se sostuvo en el acto reclamado, los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público en la audiencia inicial son idóneos y pertinentes, para establecer la existencia del hecho que la ley tipifica como el delito de abuso sexual agravado. Esto es así, en tanto que, como adecuadamente lo refirió, de dichos datos se constata que la niña de iniciales A.D.I.S. es hija de Yadira Guadalupe Soto López, quien tuvo una vida en común con su pareja sentimental Ignacio Cerda Avendaño, con quien además procrearon un hijo varón de nombre I., de ahí que el imputado se considera el padrastro de la menor agredida. Que el día veinticinco de abril de dos mil diecinueve, Ignacio Cerda Avendaño, pasó a la casa de Yadira Guadalupe Soto López, a recoger a la menor A.D.I.S. así como a su hijo de nombre I., para que éstos se fueran a quedar a dormir al domicilio de aquel, ubicado en la calle Araucaria, número doscientos veintiuno, Colonia Las Palmas, San juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en razón que al día siguiente, muy temprano, los dos menores, en compañía de Agustina Avendaño Hernández, madre del imputado y sus sobrinas Dennise Andrea Dionisio Avendaño y Ana Belén Avendaño Rojas, realizarían un viaje a Orizaba, Veracruz. Domicilio en el que en la madruga del veintiséis de abril de dos mil diecinueve, aproximadamente entre las tres y cuatro horas, cuando la menor de iniciales A.D.I.S., se encontraba durmiendo en el cuarto del imputado, sintió que alguien le metió la mano dentro de su blusa tocándole su busto, momento en que despertó y se pudo percatar que era su padrastro Ignacio Cerda Avendaño quien le realizaba esos tocamientos, que después le quito el short de color rosa que traía puesto y su calzón, que la menor trató de subírselo, pero el imputado le agarró las manos y le empezó a meter la lengua en su vagina. Conviene precisar que se coincide con el jurisdicente, en el sentido de que el dicho de la ofendida tiene valor preponderante, al tratarse de un delito de naturaleza sexual que se realiza en ausencia de testigos, tan es así que el inconforme buscó el momento oportuno para efectuar los tocamientos sexuales sobre la corporeidad de la ofendida quien es menor de edad, además de que también le introdujo la lengua en su vagina, sucesos que se equiparan al delito de abuso sexual. Además, porque como lo adujo la autoridad jurisdiccional, resulta sobresaliente, porque es bien sabido que tales delitos se cometen en ausencia de testigos, por lo que su dicho adquiere una marcada importancia, porque de nada serviría la denuncia del atropello sexual, si no se otorgara crédito alguno a la declaración de la víctima, ya que el alcance probatorio de esa testifical sólo puede ser apto en la medida en que pueda estar corroborada con otras pruebas; y no se advierte que fuera obligada a declarar por fuerza o miedo, ni impulsada por error, engaño o soborno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 27, Volumen 65, Segunda Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto siguientes: "OFENDIDA, VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN DE LA. DELITOS SEXUALES. La verificación de los delitos sexuales, por su misma naturaleza, sucede en ausencia de testigos, por lo que la prueba de persistencia debe acreditarse mediante el enlace lógico entre los indicios, por lo que la prueba directa pocas veces concurre; de este modo, es legal la sentencia que se apoya en el dicho categórico de la ofendida manteniendo en el careo practicado, si de acuerdo con los pormenores del hecho delictuoso relatado por la agraviada, lleva a concluir que se produjo con verdad, máxime cuando está corroborado por el dictamen médico ginecológico.". Asimismo, la tesis de la propia Sala del Alto Tribunal, visible en la página 68, Volumen XCVIII, Segunda Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "OFENDIDA, VALOR DE SU DICHO EN DELITOS SEXUALES. La declaración imputativa de los ofendidos en los delitos de tipo sexual tiene mayor importancia, en virtud de que, por lo general, siempre se llevan a cabo sin la presencia de testigos. Además, para justificar tal aserto, se trae a colación que debido a que en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho; con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Tales reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: Se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. Debido a lo anterior, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente. Se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello, se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo. Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros. Se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. El Juez de Control, no advirtió contradicción en la declaración de la ofendida, por lo que, a la luz de las circunstancias particulares del caso, resulta lógica la conclusión de la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CLXXXIV/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 460, Libro 48, noviembre de 2017, Tomo I, de rubro y texto siguientes: "VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos." De igual forma, la diversa tesis 1a. CCCLXXXVIII/2015 (10a.) de la Primera Sala de Máximo Tribunal Constitucional del País, con registro digital 2010615, que reza así: "MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. En la práctica judicial en materia penal, cuando un menor interviene como víctima del delito, su interés superior encauza al juzgador a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger su desarrollo, así como el ejercicio pleno de los derechos que le son inherentes, por lo que el juez, al valorar el testimonio de un menor víctima del delito, deberá tomar en cuenta que los infantes tienen un lenguaje diferente, por lo que la toma de declaraciones debe realizarse con apoyo de personal especializado, sin que ello implique una limitación en la posibilidad de cuestionar o comunicarse con el niño, pues sólo se trata de modular la forma en que se desarrolle dicha comunicación por medio de una persona especializada en el lenguaje infantil. Así, el testimonio de un infante debe analizarse tomando en cuenta su minoría de edad, pues de no ser así se corre el riesgo de una valoración inadecuada; esto es, debe considerarse su desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones, y si la declaración es analizada por personal no especializado, es posible que bajo el argumento de aparentes contradicciones se le reste credibilidad. En ese sentido, debe procurarse reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias en las que deba participar el menor, y evitar que éstas sean demasiado prolongadas, pues los procedimientos suelen ser periodos angustiantes para los menores que repercuten negativamente en sus sentimientos. Por otra parte, debe evitarse el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso, para así proteger la identidad del niño, lo cual es un deber establecido por el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como excepción al principio de publicidad, pues su actuación en presencia de actores ajenos o incluso de su agresor, le genera una situación atemorizante y estresante, mucho mayor a la que siente un adulto. Asimismo, en virtud de que la revictimización social y la vulnerabilidad emocional y cognitiva del niño, generan un impacto real y significativo en su desarrollo, deben utilizarse medios de ayuda para facilitar su testimonio, así como garantizar que sea interrogado con tacto y sensibilidad, mediante la supervisión y la adopción de las medidas necesarias." Dato de prueba el cual se engarza con el informe de zonas erógenas de doce de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el perito médico legista Juan Manuel Pacheco Medina, con el dictamen ginecológico de somatometría a favor de la víctima, realizado el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, expedido por el doctor Manuel Pacheco Medina, en donde menciona en particular que presenta un himen de forma anular integro sin desgarro, ni datos de proceso infeccioso, pliegues anales íntegros, sin datos patológicos y concluye que no presenta síntomas de penetración vaginal ni rectal, así como lo determinado por el diverso dictamen pericial emitido por la doctora Diana Griselda Rodríguez Álvarez, en materia de ginecología de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, en la que si bien la experta de referencia no tuvo a la vista a la víctima, corrobora lo concluido por su similar, agregando que de haber sucedido los hechos como los refiere la menor, esto es, una manipulación repetitiva en sus partes íntimas, es muy posible haber encontrado datos infecciosos genitourinarios; sin embargo, existe la pequeña posibilidad de que no se hayan encontrado dichos datos, por lo que es probable que la agraviada se encuentre dentro de ese pequeño margen. De ese modo, atendiendo a que los dictámenes realizados tienen congruencia externa y no se encuentran contrapuestos entre sí, por lo tanto, genera valor indiciario, para considerar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. De la misma forma, fue puntal en destacar que le restaba credibilidad al dictamen psicológico a favor de la menor de iniciales A.D.I.S. de once de junio de dos mil diecinueve, emitido por el licenciado Salvador Bautista Mendoza, perito oficial de la Fiscalía, en el que concluyó que la víctima presentaba un trastorno emocional; sin embargo, esa desestimación la realizó, en razón que el galeno no estableció, cuales circunstancias en concreto fueron las que originaron el estado emocional en que se encontraba la víctima, sobre todo porque de la declaración de ésta, refiere como antecedente que los tocamientos empezaron a realizarse desde un año y medio antes de hechos denunciado (26 de abril de 2019); empero, el perito nunca establece dentro de su metodología si tuvo en cuenta estos antecedentes y si la menor iba a presentar, o no, este tipo de situaciones emocionales, en que tiempo las iba a presentar, si era ya una circunstancia que se podía notar a través de los sentidos por parte de los familiares o por otras personas, esto a fin de evitar algún sesgo de confirmación, pues únicamente parte de cuestiones generales y nunca enunció las pruebas que realizó individualmente a la menor afectada, para poder llegar a esas conclusiones. Valoración que se estima correcta, y que no se contrapone con los restantes medios de convicción analizados, puesto que el motivo por el que le resta credibilidad al citado dictamen es en lo relacionado con los supuestos acto realizados un año y medio atrás a los hechos denunciados; sin embargo, lo que originó el dictado del auto de vinculación a proceso reclamado, es el abuso sexual realizado el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, no así, lo acontecido con anterioridad. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 256, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 188, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, Sexta Época, Apéndice 2000, del tenor siguiente: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.-Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." Por tal motivo, se considera correcta la valoración de los datos de prueba realizada por la autoridad responsable, para evidenciar los tipos básicos de abuso sexual agravado, dado que el arsenal probatorio descrito, fue entrelazado debidamente por el jurisdicente, para encuadrar la conducta que se atribuye al aquí quejoso; pues resultaron idóneos y pertinentes para demostrar las alteraciones a la seguridad y libertad sexual, así como el normal desarrollo psicosexual de la ofendida. De ahí que, contrario a lo que afirma el quejoso, los datos de prueba fueron debidamente valorados de manera libre y lógica por la responsable, en razón, de que el juzgador primigenio tomó en consideración todas las manifestaciones vertidas en la audiencia inicial, así como en su continuación, mismas que al ser concatenadas entre sí, lo condujeron a la conclusión de que se cometió el hecho que la ley tipifica como delito de abuso sexual agravado. Por su parte, por lo que hace a la agravante del delito, como adecuadamente sostuvo el juez primigenio, se encuentra acreditada con los mismos datos de prueba, de los que se desprende que Yadira Guadalupe Soto López, madre de la víctima, era la concubina de Ignacio Cerda Avendaño, con quien vivió en el domicilio donde ocurrieron los hechos, pareja con la que además procreó un hijo varón que nombre I. que es ahora medio hermano de la ofendida. De ahí, que se estime legal la resolución de la responsable, al determinar que Ignacio Cerda Avendaño, es padrastro de la menor víctima de identidad reservada A.D.I.S; puesto que al haber sostenido éste, una relación de concubinato con la madre de la víctima de nombre Yadira Guadalupe Soto López, con quien procreó un hijo de nombre I., le resulta dicho carácter. Por tanto, fue correcto que la responsable tuviera por demostrado la agravante añadida al tipo básico, dado que el abuso sexual se produjo en contra de una menor de edad, por una persona integrante de su núcleo familiar, específicamente su padrastro. Motivo por el cual, se estima que, de manera fundada y motivada, el jurisdicente concluyó que los datos de prueba en la carpeta administrativa de origen son suficientes, idóneos y pertinentes, para demostrar, al menos de grado probabilidad, que se cometió el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual con la modificativa agravante de haberse cometido en agravio de un menor de edad, por un integrante del núcleo familiar, específicamente, su padrastro. PROBABLE PARTICIPACIÓN. Por lo que hace a la participación de Ignacio Cerda Avendaño, en el delito que se le imputa, el Juez de Control la tuvo por demostrada en grado de probabilidad, con los datos de prueba ya referidos en esta resolución, lo que se estima acertado, pues dichos medios de convicción, permitieron al resolutor de origen advertir que fue él, quien efectuó los tocamientos sobre los senos de la ofendida para después introducir la lengua a su vagina y con ello causó alteraciones en la seguridad y libertad sexual, así como el normal desarrollo psicosexual de la ofendida, con motivo de los tocamientos que realizó sobre la humanidad de la menor víctima. Consideraciones a través de las cuales, la responsable evidenció las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución de su participación en el delito que se le atribuye, al referir, que la víctima fue precisa en señalar al imputado como la persona que le realizó tocamientos sobre su persona, el día veintiséis de abril de dos mil diecinueve, mientras ella se encontraba dormida en el cuarto del imputado; entonces, era probable que hubiese sido él quien le realizo diversos tocamientos sexuales sin su consentimiento. Señalamiento que como bien lo refirió el togado, se fortalece enlaza con lo declarado por Yadira Guadalupe Soto López, Agustina Avendaño Hernández y Dennise Andrea Dionisio Avendaño, así como con la propia declaración del imputado, en el sentido que dichos testimonios resultaron parcialmente creíbles únicamente en cuanto a que el día veinticinco de abril de dos mil diecinueve, Ignacio Cerda Avendaño, pasó a casa de Yadira Guadalupe Soto López, a recoger a la menor A.D.I.S. y por su hijo de nombre I., para que éstos se fueran a quedar a dormir a su domicilio ubicado en la calle Araucaria, número doscientos veintiuno, Colonia Las Palmas, San juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en razón que al día siguiente, muy temprano, los dos menores, en compañía de Agustina Avendaño Hernández, madre del imputado así como con sus sobrinas Dennise Andrea Dionisio Avendaño y Ana Belén Avendaño Rojas, realizarían un viaje a Orizaba, Veracruz. Que esa noche, la señora Agustina Avendaño Hernández, durmió en el cuarto del Ignacio Cerda Avendaño, junto con su nieto de nombre I. y la menor identificada como A.D.I.S., mientras que el imputado durmió en otra habitación, y sus otros dos familiares Dennise Andrea Dionisio Avendaño y Ana Belén Avendaño Rojas, en una tercera habitación. Que, durante la madrugada, la señora Agustina aproximadamente a las tres horas, se levanta, sale del cuarto y deja solos a los niños y se va a preparar las cosas que se llevarían al viaje, que esto le tomó alrededor de unos treinta minutos, que transcurrido ese tiempo fue a despertar a su hijo Ignacio Cerda Avendaño, al cuarto en el que él dormía. De ahí, que existe un lapso en el que no puede establecerse lo acontecido con Ignacio Cerda Avendaño y con menor A.D.I.S., puesto que ella junto con hermano se quedaron a solas en la habitación en donde dormían. Circunstancia que no se encuentra desacreditada por el testimonio de Dennise Andrea Dionisio Avendaño, pues que ella refiere que se levantó hasta las cuatro horas con quince minutos, esto es, después del lapso que Agustina Avendaño Hernández, dejó solos a los menores en la habitación del imputado, por lo que no pudo haber advertido lo acontecido con el imputado, antes de esa hora. Tampoco resta credibilidad a esa aseveración, lo declarado por Ignacio Cerda Avendaño, puesto de su narrativa de hechos únicamente hace referencia que se despertó aproximadamente a las tres horas con cuarenta y ocho minutos de la madrugada; sin embargo, no da cuenta de que aconteció con él desde las tres hasta las tres horas con cuarenta y ocho minutos, de ahí que, de momento, no existen testigos que corroboren su dicho. Estimación de la responsable, que se reitera fue correcta, toda vez que ésta, fundada y motivadamente señaló que las mismas resultan parcialmente creíbles, pero que no alcanzan a acreditar que aconteció con el imputado Ignacio Cerda Avendaño, durante unos lapsos de tiempo en la madrugada en que los menores se encontraban solos en la habitación, cuando Agustina Avendaño Hernández salió de ella para preparar las cosas para su viaje. En este contexto, se considera correcta la calificación de la responsable, al establecer la forma de participación de la inconforme, en grado de autora material del hecho, en términos del artículo 11, fracción II, del Código Penal Estado de Oaxaca; pues con aserto determinó el jurisdicente, que fue el peticionario de garantías quien probablemente realizó los tocamientos sexuales sobre la menor ofendida. En diverso aspecto, la conducta desplegada por el activo, correctamente fue calificada de dolosa, conforme a la descripción legal contenida en el artículo 8, fracción I, del Código Penal del Estado, dado que decidió actuar de la manera descrita, aun a sabiendas del resultado típico, aceptando la realización del hecho delictivo. Apoya lo anterior la P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente". De igual forma, de manera fundada y motivada se determinó, que la conducta no estaba amparada por alguna causa de justificación que excluyera la antijuricidad del hecho que se le atribuye, pues de los datos de prueba descritos, no se evidencia que padeciera alguna causa de inimputabilidad que le impidiera conocer lo antijurídico de su actuar. Ahora, en atención a los conceptos de violación en los que refiere que transgredió en su perjuicio los principios pro persona y presunción de inocencia, pues, para dictar auto de vinculación a proceso, tomó en consideración con parcialidad el dato de prueba la declaración de la víctima, sin tomar en cuenta las contradicciones y deficiencias en su versión de los hechos y por otra parte, que valoró erróneamente el alcance de las pruebas ofrecidas a su favor como lo son la declaración de los testigos Agustina Avendaño Hernández, Dennise Andrea Dionisio Avendaño, su propia declaración, así como las fotografías exhibidas por su defensa, resultan jurídicamente ineficaces, en razón a que no es la etapa procesal idónea para tales efectos. Por ende, en todo caso, los señalamientos con los cuales la parte quejosa hace depender la falta de valor probatorio de la declaración de la ofendida, o el deficiente valor probatorio de sus medios de prueba ofertados, deberán ser materia de estudio en un diverso estadio procesal al que actualmente se encuentra el presente asunto. Además, contrario a lo que alega el disidente, no se trastocaron los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien el precepto constitucional, reconoce que en el territorio nacional todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los Tratados Internacionales en la materia, por lo que la legislación secundaria deberá interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; lo cierto, es que este principio hermenéutico, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar los datos de prueba que fueron anunciados contra el hoy quejosa, dentro de la carpeta de investigación de origen, que ya quedaron debidamente descritos en esta resolución. Hacerlo así, equivaldría a desatender el objeto del juicio constitucional, provocando un estado de incertidumbre jurídica en los justiciables y a desconocer la forma de proceder de los órganos judiciales competentes, así como los presupuestos formales o las normas jurídicas que sean exactamente aplicables al caso concreto. Máxime, que, en el caso, no se advierte alguna disposición jurídica que pudiera interpretarse en su beneficio, ni tampoco se advierte que se le haya privado de su derecho de acceso a la justicia; por tanto, no se aprecia alguna transgresión a los referidos principios. Al respecto cobra aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Federación, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES." Mucho menos existe transgresión a la presunción de inocencia que alude, puesto que tal y como se argumentó líneas arriba, no es factible someter un dato de prueba a un estándar elevado de ponderación, ya que ello sería en detrimento de la propia defensa y vulneraría este principio pues de ser así, en esta etapa procedimental prácticamente se estaría anticipando una sentencia condenatoria; de ahí, que la resolución sobre la vinculación o no del imputado, debe basarse exclusivamente en el estudio laxo, pero suficiente, de los datos en que se sustenta la imputación, así como en la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social, que deben resultar suficientes para justificar que el imputado sea presentado ante el juez de control. Resulta fundado pero insuficiente el motivo de disenso que alega el impetrante en el inciso b); esto en razón, que como bien lo señala, al momento de que el juez relacionó las pruebas ofrecidas por las partes, erróneamente refirió que el informe de veintiséis de febrero de dos mil veinte, emitido por la licenciada Gabriela Ramos Sánchez, con el que el ministerio público justificó que la víctima no estaba en condiciones para ser contrainterrogada, fue ofrecido por dicho órgano acusador y no por la defensa; sin embargo, ese desatino, como se enunció, se cataloga como insuficiente para la concesión del amparo, toda vez que independiente de quien haya ofrecido el citado medio de convicción, este fue valorado por el juez y con él únicamente se acreditó que la víctima no se encontraba en aptitud de ser contrainterrogada debido al trastorno emocional que presentaba, cuestión que no ocasiona un violación al procedimiento que amerite la concesión del amparo. Finalmente, tocante a su motivo de inconformidad en el que refiere que la determinación reclamada carece de la debida fundamentación y motivación, toda vez que no se acredita de manera fehaciente el hecho penal de abuso sexual agravado, así como su probable responsabilidad, contrario a lo que alega el inconforme, se estima que la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, pues al efecto, se citaron los preceptos legales aplicables al caso particular y se expusieron las razones, motivos y circunstancias especiales, para encuadrar su conducta, en la norma penal, por lo que resulta acorde a los derechos de legalidad y seguridad jurídicos, contenidos en el artículo 16 constitucional. Por tanto, el análisis efectuado por la responsable, como ya se expuso, fue lo suficientemente minucioso, para demostrar el hecho delictuoso y hacer probable la participación del imputado en su comisión, cumpliendo así, con los extremos previstos en los ordinales 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Precisado lo anterior, en el caso, este juzgado federal considera que correctamente la autoridad responsable estimó que la existencia del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado y se obtuvo de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, a título de probabilidad. Sobre esa base, el juez responsable actuó legalmente al establecer que los hechos fácticos que calificó como delito de abuso sexual agravado y la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión, derivó de la concatenación de los datos de prueba reseñados con anterioridad. Los cuales, contrario a la pretensión de la parte quejosa, fueron apreciados correctamente por el juez de control responsable de acuerdo con las reglas de la valoración de la prueba (sana crítica), en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Ello, pues analizado en su conjunto los datos de prueba referidos, se advierte que son idóneos y pertinentes para establecer a manera de probabilidad que el quejoso Ignacio Cerda Avendaño en el hecho que la ley describe como delito de que se le imputa como autor material de dicha conducta. DECISIÓN Ante lo infundado y fundado pero insuficiente de los conceptos de violación, así como por las consideraciones expresadas en este fallo, con fundamento en los artículos 73, 74 y 75 de la ley de la materia, procede negar la protección federal solicitada contra el auto de vinculación emitidos por el Juez de Control del circuito judicial de la Cuenca, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, dentro de la causa penal 11/2020 de su registro. Finalmente, resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer en autos por la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional, pues sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que, dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia; de ahí que deba estarse a lo resuelto en la presente sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Único. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Ignacio Cerda Avendaño, contra los actos reclamados al Juez de Control del circuito judicial de la Cuenca, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, con base en las consideraciones referidas en el apartado IX de esta sentencia. Notifíquese Personalmente.
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