Ignacia Escamilla García

Expediente 886/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
886/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
28/12/2017

Partes del expediente

  • Ignacia Escamilla García

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa VI-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. En atención a la cuenta que antecede... se declara que dicha acuerdo ha causado estado. Archívese el expediente principal como asunto concluido. [...] En este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa VI-A "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado descrito en la cuenta y recíbase la prueba documental que se anexa. Asimismo, con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la mencionada responsable, a las personas que mencionan en su informe y como domicilio para recibir notificaciones, el que indica. Ahora, de la lectura de las constancias de autos, las que cuentan con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia la cual debe ser analizada de oficio en términos del artículo 62 de la ley de Amparo. En primer lugar, la quejosa Ignacia Escamilla García, señaló como acto reclamado del delegado de la Policía Vial en el Estado de Oaxaca, con sede en Puerto Escondido, la falta de respuesta al escrito de petición de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Del informe justificado rendido por el delegado de Tránsito del Estado de Puerto Escondido, Oaxaca, se advierte que la responsable acepta parcialmente la existencia del acto reclamado y manifiesta que mediante oficio SSP/DGPVE/DT/DPE/091/2017, de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, dio respuesta a las peticiones de la quejosa, en los siguientes términos: Corresponde a la Secretaría de Vialidad y Transporte, regular y controlar la prestación de los servicios de transporte de pasajeros y de carga en el territorio del Estado de Oaxaca, en todas sus modalidades, a fin de que de manera regular, permanente, continua, uniforme e ininterrumpida se satisfagan las necesidades de la población, así como proveer y vigilar que los servicios de transporte de pasajeros y de carga en el Estado de Oaxaca se efectúen con apego a la ley de la materia. Los prestadores del servicio de transporte público están sujetos a los actos de inspección y vigilancia por parte de la Secretaría de Vialidad y Transporte, quien a través de su personal realizará los operativos y demás actividades necesarias para vigilar la prestación del servicio de transporte e inspeccionar los vehículos e infraestructura afecta al mismo. Dicha Secretaría cuenta orgánicamente con el Departamento de Supervisión del Transporte Público que tiene la facultad de ejecutar en coordinación con las instancias correspondientes el desarrollo de los operativos de verificación del cumplimiento de las disposiciones relativas a la prestación del servicio público de transporte. De ahí que, respecto al acto atribuido al delegado de Tránsito del Estado de Puerto Escondido, Oaxaca, consistente en la falta de respuesta al escrito de petición de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque de las constancias que obran en autos se advierte que han cesado en sus efectos, dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.].XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En consecuencia, si la quejosa ya obtuvo esa respuesta, queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado. Esta determinación deriva de los criterios adoptados en las tesis de jurisprudencia citadas, en cuanto precisan el contenido de la causal de improcedencia prevista ahora en el artículo 61, fracción XXI de la nueva Ley de Amparo (antes artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada). Por tanto, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mesa VI-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, el suscrito advierte la necesidad de corregir una omisión que se cometió durante la tramitación del expediente 886/2017. Se omitió generar el oficio que debía remitirse a la única autoridad responsable delegado de la Policía Vial en el Estado de Oaxaca, con sede en Puerto Escondido, con motivo del requerimiento realizado en el acuerdo de treinta y uno de agosto pasado, donde se admitió la demanda de amparo presentada por **********. En consecuencia, gírese oficio a la citada responsable para que esté en aptitud de rendir su informe justificado. En el entendido de que al oficio deberá acompañarse copia de la demanda de amparo y éste deberá contener la inserción del auto admisorio de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Notifíquese.

  4. Principal

    Mesa VI-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 886/2017. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 6º, 33, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ************* contra actos del Delegado de la Policía Vial en el Estado de Oaxaca; con sede en Puerto Escondido, Oaxaca. Incidente de suspensión. Tramitase este expediente sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado el quejoso. Solicitud de informes. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del plazo de quince días. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el reclamado sea cierto, se sirva remitir copia autorizada, legible y completa de las constancias y actuaciones que tomó en consideración para emitirlo; apercibida de que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en caso de que no rinda su informe justificado. Así también, deberán informar si el quejoso ha tramitado otro juicio de amparo dentro del expediente de origen. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con diez minutos del veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, para la audiencia constitucional. Emplazamiento al Ministerio Público de la Federación. Se otorga al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda. Domicilio y autorizados. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y por autorizados en los términos que señala a las personas que refiere. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese.

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