Ignacio Domínguez Domínguez

Expediente 409/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
409/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Ignacio Domínguez Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintiuno. Agréguense únicamente para que obren como correspondan el oficio e informe justificado que suscribe y rinde el Director de Área en la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Comisionado, con sede en la Ciudad de México, sin que haya lugar a proveer respecto a su contenido; ello, en razón de que el pasado veintiocho de mayo del año en curso, se dictó sentencia en este asunto. En otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y designando como delegados a las personas que refiere. Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 409/2021, promovido por **. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, es la constitucionalidad del traslado del quejoso del Centro Penitenciario de Iguala, Guerrero al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en la misma localidad, ordenado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. I. ANTECEDENTES Mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/26272/2018, de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social ordenó el traslado del quejoso Ignacio Domínguez Domínguez, quien se encontraba privado de su libertad en el Centro de Readaptación Social en el Iguala, Guerrero, al diverso federal número Trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ** promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito el dieciséis de abril de dos mil veinte. El quejoso señaló como autoridades responsables al Comisionado y al Director General de la Dirección General, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, y como acto reclamado la orden emitida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/26272/2018, para trasladarlo del Centro Penitenciario de Iguala, Guerrero al diverso federal número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. La demanda fue turnada a este Juzgado de Distrito en esa misma data, donde quedó registrada con el número 409/2021, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y el traslado reclamado se ejecutó dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso concreto, la intención del quejoso es reclamar del Comisionado y al Director General de la Dirección General, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México: De la Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social del Estado de Oaxaca y del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social: la orden emitida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/26272/2018, para trasladarlo del Centro Penitenciario de Iguala, Guerrero al diverso federal número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y su ejecución material. La ejecución de la aludida orden de traslado. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Comisionado y al Director General de la Dirección General, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, no rindieron su informe justificado, pese haber quedado legalmente notificados de la petición del mismo; por tanto, con fundamento en el artículo 117, se presumen ciertos los actos reclamados por el quejoso. Máxime que la encargada del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante oficio SSPC/PRS/CGCF//CFRS13/DG/07408/2021, remitió copia certificada del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/26272/2018, de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, donde se advierte la orden del traslado del quejoso del Centro Penitenciario Regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, al diverso Federal número Trece "CPS-OAXACA", en la misma población; constancia a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por los artículos 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, acorde con el precepto 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, se tiene acreditada la existencia del acto que aquí se le reclama. VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Expuesto lo anterior, este Juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Al efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]. Acorde con las disposiciones legales transcritas, el juicio de amparo es improcedente cuando los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, esto es, que cumpla el principio de definitividad. Lo anterior, debido a que el promovente reclama la orden de traslado urgente sin intervención de la autoridad judicial competente. A efecto de demostrar la actualización del motivo de inejercicio propuesto, resulta necesario invocar las resoluciones emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020 en sesión trece de enero de dos mil veintiuno, que en la parte conducente instituyó lo siguiente. Señaló la Sala, que con relación a la hipótesis de excepción a ese principio, se debía corroborar si se cumple o no el presupuesto de que, si en contra de una orden de traslado emitida por una autoridad administrativa penitenciaria, es procedente algún recurso o medio de defensa ordinario. Para lo cual, señaló que la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Precisó la Sala, que lo reclamado fue una orden de traslado por una autoridad administrativa, razón por la cual se infirió que se trató de un traslado urgente regulado por el numeral 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo que implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Determinación administrativa, contra la que proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Por lo que, cuando se reclamen traslados y no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. De ahí que, contra una orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Por otro lado, apuntó la Sala, que si el medio ordinario de defensa era susceptible o no de suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo; porque lo que se busca evitar, es la restricción adicional al derecho fundamental de la libertad de la persona privada de ella. Para lo cual señaló, que el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, está inserto en el Título Tercero, Capítulo V, denominado "Procedimiento Jurisdiccional", y señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. Asimismo, que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Además, que el segundo párrafo, del artículo 124 de la propia ley de ejecución, regula la sustanciación de la controversia judicial y que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Respecto a dicho tópico, estableció que en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se cumple con las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional; medida que puede solicitarse por la persona privada de la libertad, o bien, decretarla de oficio el Juez de Control o de Ejecución. De igual manera, que en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, se prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, tales personas cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. Motivos por los cuales, respecto a dicho tópico, concluyó la Sala, que la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un medio de defensa legal que en su tramitación prevé la posibilidad de que el Juez de Ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de traslado atribuida a la autoridad administrativa, sin que para ello se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere de que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. También, destacó que cuando el traslado proviene de una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, puede implicar una restricción adicional al derecho fundamental a la libertad de la persona privada de su libertad en un centro penitenciario, y por ello, requiere de ser sometida al escrutinio judicial, a fin de verificar que la emisión de esa determinación encuentra fundamento en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes referidas. En otro aspecto, refirió la Sala, que atinente a que si la orden de traslado urgente o excepcional no carezca de fundamentación; no implique una violación directa a la Constitución; y que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal. Estableció que esos supuestos no se configuran, porque las hipótesis para su procedencia están previstas en dicha ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Ello porque el traslado urgente o excepcional, aun y cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, que la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. Agregó la Sala que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de lo cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Sin que esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Por lo que, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo anterior, debido a que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Asimismo, que también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. Conforme a lo expuesto, la Sala subrayó que el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, de que el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, sea quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Y que incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Razón por la cual, concluyó la Sala, que el traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Con base en lo expuesto, la Primera Sala se apartó de los criterios sostenidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.) que se identifica con los rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA"; y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA", ello, al estimarlos superados en virtud de la nueva regulación que opera respecto de la orden de traslado que se emite sin control judicial previo. Ahora, una vez precisadas las consideraciones sustentadas por el Tribunal Pleno funcionando en su Primera Sala, es que se estima que, contra lo aquí reclamado consistente en la autorización de traslado del Centro de Readaptación Social en Iguala, Guerrero al diverso Centro Federal número 13 "CPS Oaxaca efectuado, efectuado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Se actualiza la causal de improcedencia en estudio, dado que el accionante de amparo no agotó el medio de defensa ordinario con la finalidad de revocar, modificar o anular lo reclamado. Por tanto, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que el promovente no observó el principio de definitividad que rige a este juicio constitucional, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo la controversia judicial, mecanismo de control establecido por los ordinales artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; por lo tanto, debe sobreseerse el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la propia ley de la materia. En consecuencia, la causa de sobreseimiento de la que se ha dado noticia precedentemente impide ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues el sentido del fallo no sólo obliga a ello sino que veda la posibilidad para realizarlo, pues de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo. Apoya lo dicho, la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que obste a lo anterior el hecho de que en este asunto no se haya requerido al quejoso para que ampliara la demanda respecto de la calificación de traslado que realizó el Titular del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro; sin embargo esa oportunidad se le brindó en el diverso juicio de amparo 1145/2018 del índice de este juzgado, en donde el doce de marzo de dos mil diecinueve, se le requirió para que manifestara si era su deseo o no ampliar la demanda respecto de esa calificación en los autos del proceso penal 90/2017, sin que lo hubiese hecho. VII. DECISIÓN En consecuencia, como a la fecha en que se emite esta resolución el juicio de amparo indirecto 1145/2018 se resolvió el veintinueve de abril de dos mil diecinueve (misma que se encuentra pendiente de causar ejecutoria), es evidente que en el caso concreto se actualiza el supuesto de la litispendencia, pues existe diverso proceso de amparo promovido por el mismo quejoso, con identidad de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables, este juzgador no tiene otra opción más que decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, en términos de lo precisado en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado señalado en la cuenta y se tiene como prueba de la responsable las documentales que anexa, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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