Ignacia Daniela Cruz Blas
Expediente 845/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ignacia Daniela Cruz Blas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 845/2021, promovido por*** en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la quejosa, se desempeñó como Secretaria Municipal del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas desde el uno de enero de dos mil diecinueve y desde el quince de julio de dos mil veintiuno, la presidenta Municipal celebró una sesión ordinaria de cabildo en forma virtual en la que presuntamente fue destituida de su cargo por mayoría de votos. Ese mismo día (quince de julio de dos mil veintiuno), mediante oficio MSJA/CIM/26/2021, fue citada para hacer la entrega recepción de los bienes y documentación a su cargo, sin que se haya podido llevar a cabo en virtud que al presentarse el diecinueve de julio siguiente, la oficina de la secretaría municipal se encontraba con sellos de clausurado, por lo que se retiró. Posteriormente, el veintisiete de julio siguiente, asistió al palacio municipal a realizar el cobro de su última quincena; sin embargo, refiere que fue abordada por elementos policiales de dicho municipio, quienes le exigieron abandonar el palacio municipal y que por órdenes de la presidenta municipal y del comisionado de seguridad pública tenía prohibido ingresar a dicho recinto, ya que de lo contrario sería detenida. Por ello, estima que esos entes públicos violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A través del oficio 319/2022, el Síndico Municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, exhibió el diverso comunicado MSJA/DRH/084/22, de veinticuatro de agosto del año en curso, en el que la Directora de Recursos Humanos del mencionado ayuntamiento, hizo constar que la quejosa Ignacia Daniela Cruz Blas presta sus servicios en el Municipio de San Jacinto Amilpas, desde el uno de enero de dos mil veintidós. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el tres de agosto de dos mil veintiuno. La justiciable señaló como autoridades responsables: Yolanda Adelaida Santos Montaño, Presidenta Municipal Constitucional, Jorge Martínez Espinoza, Comisionado de Seguridad Pública, María Candelaria Martínez Ambrosio, Mariana Cruz Cisneros, Daniel Giovanni Vázquez Audelo, Elementos Policiales y Ana Gabriela Pica de Santiago, Encargada de la Contraloría Interna Municipal, todos del Municipio de San Jacinto Amilpas. Como actos reclamados: "La orden verbal o escrita, con efecto de circular, memorándum u oficio dirigido al Comisario de Seguridad Pública del Municipio de San Jacinto Amilpas para efectos de prohibir a la suscrita quejosa la entrada a cualquier recinto público municipal. Entre ellos, el Palacio Municipal en donde se encuentran las oficinas públicas en donde se despachan los asuntos oficiales de la municipalidad y en su caso la orden verbal o escrita para que la suscrita sea detenida en caso de ingresar a las instalaciones públicas del Palacio Municipal. Las actuaciones, procedimientos y actuaciones contenidas en el expediente administrativo número MSJA/CIM/EXP-01/2021 Suscritas por la C. Presidenta Municipal Constitucional sin haberme emplazado, notificado, o darme derecho al debido proceso legal, derecho a la defensa y de la que presuntamente deriva la orden de impedirme el acceso al palacio municipal y de ser detenida en caso de ingresar a los recintos públicos municipales. El cumplimiento y ejecución de la orden verbal o escrita, con efecto de circular, memorándum u oficio recibido por el Comisario de Seguridad Pública del Municipio de San Jacinto Amilpas de la Presidenta Municipal Constitucional, Yolanda Adelaida Santos Montaño para efectos de prohibirme la entrada a cualquier recinto público municipal. Entre ellos, el Palacio Municipal en donde se encuentran las oficinas públicas en donde se despachan los asuntos oficiales de la municipalidad y en su caso la ejecución de la orden verbal o escrita para que la suscrita sea detenida en caso de ingresar a las instalaciones públicas del Palacio Municipal." La demanda fue remitida el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, quedando registrada en este órgano jurisdiccional con el consecutivo 845/2021 y por una parte fue desechada y por otra fue admitida en esa misma fecha; asimismo, se concedió la suspensión de plano respecto a los actos reclamados, se solicitó los informes justificados a las autoridades responsable y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Posteriormente, se dictó sentencia el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno; sin embargo, mediante auto de siete de octubre del mismo año, Erick Emiliano Heras Ramírez Legaria- autorizado de la quejosa Ignacia Daniela Cruz Blas- interpuso recurso de recurso de revisión contra la sentencia dictada. Luego, mediante acuerdo de veintitrés de septiembre del año en curso, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, en la que revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento para ordenar el desahogo de la prueba de informe con cargo a la regidora de Salud del Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a lo establecido por los arábigos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, respecto los actos reclamados de los cuales se admitió la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: La orden verbal o escrita de prohibir a la quejosa la entrada al palacio municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca y su ejecución material. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables, negaron la existencia del acto reclamado, como se advierte del cuadro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO INFORME JUSTIFICADO Yolanda Adelaida Santos Montaño, Presidenta Municipal Constitucional de San Jacinto Amilpas. Orden de prohibición Negó el acto reclamado Jorge Martínez Espinoza, Comisionado de Seguridad Pública, de San Jacinto Amilpas Orden de prohibición Negó el acto reclamado María Candelaria Martínez Ambrosio, elemento policial de San Jacinto Amilpas Ejecución Negó el acto reclamado Mariana Cruz Cisneros elemento policial de San Jacinto Amilpas Ejecución Negó el acto reclamado Daniel Giovanni Vázquez Audelo, elemento policial de San Jacinto Amilpas Ejecución Negó el acto reclamado Ana Gabriela Pica de Santiago, encargada de la Contraloría Interna Municipal de San Jacinto Amilpas Ejecución Negó el acto reclamado Ahora bien, para desvirtuar dichas negativas, ofreció las documentales siguientes: La documental pública consistente en el nombramiento de la quejosa como Secretaria Municipal. La documental pública consistente en una copia certificada de la credencial expedida por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca. La documental pública consistente en la copia certificada del Acta de Cabildo de quince julio del año en curso, en donde se acordó la remoción de la quejosa como Secretaria Municipal y el nombramiento de la nueva titular de la Secretaría. La documental pública consistente en la versión digital de la Sesión de Cabildo de fecha quince de julio del presente año en la que se acordó a remoción de la quejosa como Secretaria Municipal y el nombramiento de la nueva titular de la Secretaría. La documental pública consistente en el oficio MSJA-CIM-2602 firmado por la Contralora Interna Municipal Ana Gabriela Pica ele Santiago. Asimismo, la prueba de informe a cargo de la regidora de Salud del Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca. Dichos documentos resultan jurídicamente insuficientes por sí solos para desvirtuar las negativas de las autoridades señaladas como responsables, ya que sólo acreditan lo que ahí se contiene, sin que se acredite con dichas documentales la intervención de los entes públicos en el acto reclamado que señala la quejosa como la orden verbal o escrita de prohibirle la entrada al palacio municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca y su ejecución material. Ahora, respecto del video inserto en el escrito registrado con folio 11348, recibido vía correo electrónico, de cuyo contenido únicamente se advierten diversas personas reunidas, el cual aduce la quejosa, corresponden a la ejecución de los actos reclamados; se le concede valor de indicio, al tratarse de una prueba documental, pero resulta insuficiente para acreditar la existencia de los actos reclamados señalados, pues los hechos que aparentemente describen, no permiten evidenciar que efectivamente se trate de los actos combatidos, ordenados por las responsables o ejecutados por ellas, en el lugar y fecha que indica la quejosa y menos aún, que la autoridad aquí señalada como responsable lo haya ordenado o ejecutado. En lo relativo a la prueba de informe a cargo de la Regidora de Salud del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, se advierte que al contestar el requerimiento formulado, el Síndico informó que se encuentra imposibilitado para cumplir con lo solicitado, en virtud que no se hizo entrega-recepción de la administración municipal por el periodo 2019-2021. Además, hizo del conocimiento que la quejosa Ignacia Daniela Cruz Blas, actualmente presta sus servicios en ese Municipio, como se corrobora con la copia certificada del MSJ/DRH/084/22, suscrito por la directora de Recursos Humanos de ese Municipio. Documentales con las que se ordenó dar vista personalmente a la quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; empero, no desahogó la vista concedida. De lo anterior se desprende que, a pesar de que la quejosa no logró probar la existencia de los actos reclamados (orden verbal o escrita de prohibirle la entrada al Palacio Municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca), lo cierto es que existe una documental que acredita que labora para el citado municipio y por ende, puede transitar libremente por éste. Consecuentemente, si la inconforme no desvirtuó la negativa que las referidas autoridades sostuvieron, es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. VI. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, el suscrito determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados y señaladas en el apartado V de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguense el oficio y anexos señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el síndico Municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, en atención al requerimiento formulado en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, informa que se encuentra imposibilitado para cumplir con lo solicitado, en virtud que no se hizo entrega-recepción de la administración municipal por el periodo 2019-2021. Lo anterior se acredita con el acta circunstanciada de no entrega por la administración saliente y denuncia presentada. Asimismo, hace del conocimiento que la quejosa Ignacia Daniela Cruz Blas, actualmente presta sus servicios en ese Municipio, como se corrobora con la copia certificada del MSJ/DRH/084/22, suscrito por la directora de Recursos Humanos de ese Municipio. En consecuencia, téngase a la citada autoridad informando la imposibilidad para dar cumplimiento a lo requerido y con lo anterior se ordena dar vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio señalado en la cuenta, se advierte que la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, devuelve el juicio de amparo 845/2021 del índice de este Juzgado; asimismo, remite testimonio de la ejecutoria dictada el veintiocho de julio de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 425/2021 de su estadística. En consecuencia, acúsese recibo y se ordena agregar el cuaderno de antecedentes formado con motivo del citado medio de impugnación y el oficio de referencia a los autos originales del juicio de amparo 845/2021. Ahora bien, del contenido de la ejecutoria de amparo se advierte que el referido Tribunal Colegiado revocó la resolución dictada en este juicio de amparo indirecto en los términos siguientes: "PRIMERO: Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo promovido por *****." En ese sentido, en estricto cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de alzada, se provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la regidora de Salud del Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca para que dentro del plazo de tres días rinda la prueba de informe a este Juzgado Federal, con base en el punto f) de los antecedentes de los actos reclamados, señalado en la demanda de amparo, a saber: "f) El pasado 27 de julio del presente año, asistí al Palacio Municipal a realizar el cobro de mi última quincena, y estando con la Regidora de Salud, ***** y en presencia de mi menor hija de nombre "N", fui abordada por los elementos policiacos de nombres: ****; ***, ****. Los elementos policiales me exigieron abandonar el Palacio Municipal y que por órdenes de la Presidenta Municipal Constitucional, *****; y del Comisionado de Seguridad Pública Municipal, *****a tenía prohibido ingresar al Palacio Municipal o de lo contrario tenían órdenes de detenerme y ponerme a disposición de la autoridad competente. Quiero manifestar que los Policías no lograron su objetivo de detenerme o sacarme por la fuerza del Palacio Municipal porque iba a acompañada de mi hija menor de edad, y también porque la Regidora de Salud exigió que le mostrarán una orden judicial o escrita que impidiera que la suscrita pudiera ingresar o permanecer en el Palacio Municipal en mi calidad de Ciudadana del Municipio. Por todo lo anterior y como lo describiré en los respectivos conceptos de violación, considero que la orden de las ahora Autoridades Responsables es violatoria de mis derechos humanos." Se le apercibe que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con los diversos numerales 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Para los efectos a que haya lugar, remítase a las autoridades responsables copia certificada de la ejecutoria dictada por el tribunal de Alzada. Para dar margen a lo anterior, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para el desahogo de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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