Ignacio Alvarez Alcauter
Expediente 415/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ignacio Alvarez Alcauter
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio 64, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, al que adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por los Magistrados integrantes del citado Tribunal en sesión celebrada el veintinueve de abril del año en curso, dentro del conflicto competencial 4/2021; acúsese recibo correspondiente. Ahora bien, la Superioridad en lo conducente resolvió: "PRIMERO. Si existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara legalmente competente a la Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, para conocer de la demanda de amparo promovida por Ignacio Álvarez Alcauter, contra los actos reclamados al Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México." Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogar, en esa medida, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez como consta de la certificación secretarial que antecede, en el presente cuaderno, no existen documentos originales por entregar. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio que remite el Secretario de Acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencian Zapopan, Jalisco; mediante el cual, informa que en proveído de veintidós de febrero del año en curso, admitió a trámite el conflicto competencia suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, para conocer de la demanda de amparo interpuesta por Ignacio Álvarez Alcauter, el cual quedo registrado como expediente de competencia 4/2021. Circunstancia de la que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Uruapan, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio 5038, suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, mediante el cual, transcribe el auto dictado el veintitrés de septiembre pasado, por el que, determinó remitir el juicio de amparo 99/2020-III, así como el escrito de demanda de amparo promovida por Ignacio Álvarez Alcauter, por propio derecho, en razón de haberse declarado legalmente incompetente. Lo anterior al considerar que los actos que la parte quejosa reclama se materializan o se lleva a cabo en el lugar en que este Juzgado ejerce jurisdicción, esto es en Buenavista Tomatlan, Michoacán. Al oficio de mérito se acompañan las constancias siguientes: Original del juicio de amparo 99/2020-III de su estadística. Original del oficio 5038. Se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 415/2020. Ahora bien, en opinión del suscrito Juez constitucional, la competencia para conocer del juicio de amparo, no corresponde al suscrito, sino que continúa en la juez declinante para seguir conociendo del mismo, como se verá a continuación. Al respecto, conviene establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juzgado de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con el juicio constitucional, pues de no hacerlo contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: Competencia por territorio; Competencia por grado; Competencia auxiliar; y, Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la competencia por territorio, esto es, que para determinar si un órgano judicial federal es competente por razón de territorio, se debe tomar en consideración la naturaleza de la acción, lo que regularmente se puede obtener mediante el análisis cuidadoso de las pretensiones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Con el propósito de verificar si efectivamente corresponde a este órgano el conocimiento del asunto, se considera conveniente puntualiza que los artículos 107, fracción VII, de la Constitución y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: ...De los preceptos legales reproducidos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado; por lo que, en principio debe clasificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos o carentes de ejecución; esto con la finalidad de analizar posteriormente las características de la ejecución. El análisis de la ejecución de los actos reclamados se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas, no así las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen; así como el lugar en que deba ejecutarse el acto. ...Sin embargo, cabe precisar que a criterio del suscrito cuando el acto reclamado se comienza a ejecutar en un distrito y continúa ejecutándose en otro, es competente el juez ante el que se presentó la demanda, en alguno de esos distritos, en el caso, ante la Juez declinante, tal como lo dispone la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, en el caso, los actos reclamados, son los mismos que inicialmente le fueron reclamados a la responsable Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, consistente en la negativa de darle un beneficio de libertad anticipada y la omisión de vigilar de manera oficiosa, que se respeten sus derechos humanos y las formalidades esenciales del procedimiento; y es claro que si bien, tienen un impacto indirecto en el lugar donde se encuentra recluido el quejoso, lo que directamente habrá de analizarse es la actuación de la autoridad judicial responsable. En cuya virtud, si cuando inició el juicio, el quejoso se encontraba preso en el CEFERESO número 2 CPS, en el estado de Jalisco, pues incluso le hicieron notificaciones en ese lugar; es indudable que, al margen de que con posterioridad haya sido cambiado al CEFERESO 17, CPS, en Buena Vista Tomatlán, Michoacán, la juez que originalmente conoció del amparo es quien debe seguir conociendo del mismo, conforme a la estricta aplicación del segundo párrafo del precitado artículo 37, conforme al cual el caso en estudio encuadra en el supuesto normativo dado que si el acto reclamado inició ejecutándose en el distrito de la juez declinante (Jalisco) y continúa ejecutándose (virtud al traslado) en el distrito de Uruapan, Michoacán, aquella autoridad judicial de amparo debe seguir conociendo del mismo porque ante ella se presentó la demanda. ...Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 48 de la Ley de la Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada para conocer de la demanda a favor de la Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande. Toda vez que el quejoso privado de su libertad guarda reclusión el Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS, en Buenavista Tomatlan, Michoacán, por tanto se comisiona al actuario de la adscripción para que notifique personalmente al quejoso Ignacio Álvarez Alcauter el presente proveído. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; bajo apercibimiento que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no sea necesario hacer una notificación personal o resulte indispensable que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado, en cuyo caso no se podrá celebrar la audiencia constitucional, mientras no se reanude el trabajo ordinario de los órganos judiciales del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior de conformidad con el Acuerdo General 8/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya citado; salvo que, llegado el momento, se reúnan los requisitos para desahogar la audiencia por videoconferencia. Para los efectos del artículo 2, fracción XIX del acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19, se requiere a las partes para que señalen un número de teléfono móvil para que se establezca contacto, de ser necesario. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; de no desearlo así, se le notificarán por medios ordinarios como antes se ha señalado; lo anterior con apoyo en la SECNO/7/2020 y acuerdo general en cita; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Hágase saber a las autoridades responsables y a las partes que, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. En el caso del agente del Ministerio Público adscrito se le notificará por oficio cuando se trata de amparos contra normas generales, cuando cuenten con firma electrónica se le harán las notificaciones en línea si solicita expresamente el acceso al expediente electrónico y autoriza su notificación en línea; cuando no cuenten con ella, la notificación se realizará, en los demás casos por medio de lista electrónica, aun respecto de las de carácter personal, cuando así lo solicite, con base en el artículo 30, de la Ley de Amparo, al ser parte en el juicio de amparo; así como con apoyo en la SECNO/7/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. ... Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, por oficio al Juez declinante.
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