Idemar Ramírez Martínez

Expediente 343/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
343/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Idemar Ramírez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que no obra constancia de que el Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, haya dado contestación al oficio 12517 por el cual se le requirió tuviera a bien designar un defensor público que asesore al quejoso en el presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se ordena regularizar el procedimiento, para: Previo oficio, reenvíese el oficio 12517, anexando, copia de la demanda y del proveído de quince de junio de dos mil veintiuno al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, para que tenga a bien designar un defensor público que asesore al quejoso en el presente juicio, en virtud de que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso no señaló abogado que lo represente, como tampoco autorizados para que en su nombre oigan y reciban todo tipo de notificaciones; lo que deberá hacer del conocimiento de este juzgado, para proveer lo conducente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, siete de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 1998 G.A., suscrito por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 948/2021 (286/2021-D-A-A-P), deducido del proveído de quince de junio pasado, el cual se envió para que en auxilio de este órgano jurisdiccional notificara al quejoso Idemar Ramírez Martínez, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", ubicado en el municipio de Buena Vista, Tomatlán, Michoacán; circunstancia que aconteció el veinticuatro de junio del presente año, según se desprende de las constancias adjuntas a la comunicación devuelta. Acúsese recibo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado. Ahora, vista la constancia de notificación personal practicada al quejoso Idemar Ramírez Martínez, por la actuaria de la adscripción el veinticuatro de junio del presente año, en la que, en atención a lo requerido en auto de quince de junio pasado, manifestó: ".asimismo manifestó que designa como defensor para que lo represente al defensor de oficio adscrito a dicho tribunal". Por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, requiérase al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, para que tenga a bien designar un defensor público que asesore al quejoso en el presente juicio, en virtud de que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso no señaló abogado que lo represente, como tampoco autorizados para que en su nombre oigan y reciban todo tipo de notificaciones; lo que deberá hacer del conocimiento de este juzgado, para proveer lo conducente. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia siguiente: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso.". Notifíquese.

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