Ignacio González Herrera y Otros.
Expediente 94/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ignacio González Herrera y Otros.
- Ignacio González Herrera
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio 2623/2023, signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual transcribe el proveído de catorce de febrero del año en curso, del que se advierte que tuvo por recibido el juicio de amparo 94/2023, promovido por ********************, asimismo que dicho Juzgado no insiste en declinar la competencia planteada del citado juicio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO. Se tiene por recibido el oficio 1919/2023, signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, mediante el cual transcribe el acuerdo de uno de febrero del año en curso, dictado en el juicio de amparo 104/2023, de la estadística de ese Juzgado, en el que declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Ignacio González Herrera y Héctor Hugo Solís González, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador, Titular de la Mesa I de Atención Temprana para Delitos de Alto Impacto, y otras autoridades adscritas a la Fiscalía General de Justicia en el Estado, todas con residencia en Zamora, Michoacán; asimismo, remitió la demanda y su cuadernillo de incompetencia 104/2023, Acúsese recibo. La autoridad declinante resolvió declararse legalmente incompetente para conocer del presente asunto, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, al considerar que el mandamiento privativo de la libertad, tendrá ejecución en Tingüindín, Michoacán, lugar donde se encuentra el domicilio de los promoventes, al haber señalado en su demanda de amparo que agentes de la policía acudieron a su domicilio solicitando su presencia ya que tenían instrucción de detenerlos y presentarlos, ante la Fiscalía de Zamora, Michoacán. NO ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Dentro del término de cuarenta y ocho horas que establece el segundo párrafo del artículo 48 de la ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no comparte la postura de la autoridad declinante, toda vez que en el caso, no se actualiza el supuesto en que funda su determinación, contenido en la jurisprudencia 52/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 383, tomo I, agosto de 2013, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2004166, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE." así como en los criterios del Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito al resolver los conflictos competenciales 1/2022 y 15/2022. En la demanda de amparo de que se trata, se advierte que los quejosos señalaron diversas autoridades responsables todas con residencia en Zamora, Michoacán, y en el auto de radicación, el Juzgado declinante determinó carecer de relevancia prevenir a los promoventes para que hicieran el señalamiento correspondiente a alguna autoridad ejecutora con residencia en este distrito judicial. Sin embargo, la prevención a los quejosos es necesaria, ya que la regla de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario, el solo domicilio de los quejosos donde aducen se pretendió ejecutar el acto reclamado es insuficiente para justificar competencia a este juzgado; adoptar una postura contraria, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. Máxime que en los conflictos competenciales invocados por el Juzgado declinante 1/2022 y 15/2022 del Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, no se determinó la permisión de desatender la jurisprudencia 52/2013, sino por el contrario, se dijo que la misma resulta de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la ley de Amparo. Además, en el conflicto competencial 1/2022, se consideró que el quejoso sí había señalado autoridades ordenadoras y ejecutoras con domicilio dentro de la jurisdicción del juez que previno, en donde también tiene competencia respecto del domicilio del quejoso donde se pretendía ejecutar la orden de aprehensión, incluso, aún en el supuesto de ponderar que, dada la naturaleza y atribuciones de todas las autoridades ministeriales precisadas como responsables ordenadoras y ejecutoras, tienen un ámbito de jurisdicción que se extiende a toda la Entidad, al ser precisamente de índole estatal. Asimismo, en el conflicto competencial 15/2022, en realidad se fincó competencia al Juez con jurisdicción en el domicilio del quejoso, debido a que dentro de las autoridades ejecutoras señaladas en la demanda se encontraba el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el cual consideró que tiene jurisdicción en toda la entidad incluyendo el lugar donde se pretende ejecutar la orden de aprehensión, lo que consideró suficiente para fincar competencia a favor de dicho Juzgador. De lo anterior se sigue que dichos criterios del Tribunal Colegiado en Materia Penal de este décimo primer circuito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, no justifican la competencia que se pretende fincar a este juzgado, habida cuenta que en el presente asunto, no existen autoridades con jurisdicción en toda la entidad federativa, sino que todas lo hacen en Zamora, Michoacán, lugar que se encuentra dentro del distrito judicial donde ejerce competencia el Juzgado Noveno de Distrito declinante, de ahí que el solo domicilio del quejoso es insuficiente para fincar competencia a este juzgado Octavo. En vista de lo anterior, es evidente que si la totalidad de las autoridades responsables tiene su residencia en Zamora Michoacán, lugar donde ejerce jurisdicción el Juez declinante, y ante la falta de autoridades ejecutoras con residencia o ejercicio dentro de este distrito judicial, en todo caso, el Juzgado declinante, previo a declarar carecer de competencia, debió prevenir al quejoso para el efecto de que aclarara su demanda e hiciera el señalamiento correspondiente, de haber señalado alguna autoridad con residencia dentro de este distrito judicial, correspondería a este Juzgado conocer de la demanda de amparo; en caso de no cumplir con dicha prevención, el solo domicilio del quejoso sería insuficiente para fincar competencia a te juzgado; sin embargo, como no se hizo dicha prevención, únicamente se cuenta con el domicilio de los quejosos el cual es insuficiente para fincar competencia a este juzgado. De ahí que la prevención a los quejosos sí era necesaria, ya que la regla de competencia por territorio a que se refiere el artículo 37 de la Ley de amparo, también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio del quejoso para la competencia del Juez, habida cuenta el solo domicilio es insuficiente para fincarle competencia. Máxime que al haberse presentado la demanda ante el Juzgado Noveno de Distrito declinante, es el lugar donde se entiende que los promoventes esperarían continuidad a su petición, por lo que en obvio de dilaciones procesales, correspondía a éste prevenir a los quejosos y no a este Juzgado Octavo de Distrito, habida cuenta que para prevenir a los quejosos este órgano jurisdiccional necesariamente tendría que aceptar previamente el conocimiento de la demanda de amparo, lo que haría nugatoria la posibilidad de plantear el conflicto competencial, además ello provocaría retraso en la administración de justicia mientras se notifica a los promoventes en el lugar señalado en su demanda ubicado en la ciudad de Morelia, Michoacán. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada -por razón de territorio- para conocer de la demanda de amparo promovida por Ignacio González Herrera y Héctor Hugo Solís González, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador, Titular de la Mesa I de Atención Temprana para Delitos de Alto Impacto, adscrito a la Fiscalía General de Justicia en el Estado con sede en Zamora, Michoacán y otras autoridades todas con residencia en Zamora, Michoacán. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena la devolución de la demanda de amparo, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme y de lo cual se solicita al Juez declinante acuse el recibo de estilo correspondiente. NOTIFÍQUSE.
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