Ignacio Alvarez Alcauter
Expediente 281/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ignacio Alvarez Alcauter
- Gil Mejía Serna
- Secretario de Gobernación, CDMX
- Gil Mejia Serna Y Otro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Uruapan, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En ese orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso d), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dos de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito signado electrónicamente por María de los Ángeles Cortes Segundo; atento a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo conferido como Defensora Pública Federal de los quejosos Mejía Serna Gil e Ignacio Álvarez Alcauter; para los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, se tiene a la promovente señalando domicilio para recibir notificaciones el que indica; sin embargo, dígasele que no ha lugar a tenerle señalando correo electrónico para tal efecto, toda vez que no es un medio legalmente establecido para notificar a las partes, y de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3º de la Ley de Amparo, solo puede autorizarse a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, como se advierte de párrafos precedentes. No obstante a lo anterior, téngase a la Licenciada María de los Ángeles Cortes Segundo, Defensora Pública de los quejosos Mejía Serna Gil e Ignacio Álvarez Alcauter proporcionando el correo electrónico maria.cortes.segundo@correo.cjf.gob.mx, a fin de establecer contacto que llegase a ser necesario, en términos de la fracción XIX, del citado acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, se autoriza a la ocursante el acceso al expediente electrónico del juicio en que se actúa con el nombre de usuario: "Macortes" registrado en el Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por lo que se ordena al oficial del SISE otorgar los permisos correspondientes en el sistema; haciendo la aclaración que no se abre el juicio en línea, porque no solicitó recibir notificaciones a través de dicho Portal. Artículos 35 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el primero de julio dos mil veintiuno, se libró el exhorto 1048/2021 (350/2021-E-A-P),dirigido al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, a fin de notificar a la Licenciada María de los Ángeles Cortes Segundo el citado proveído, así como el diverso de veintiuno de mayo del año en curso; sin embargo, como se advierte de líneas precedentes, la mencionada Defensora Pública ha señalado domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; por tanto, a fin de evitar dilaciones procesales, dese de baja la comunicación oficial mencionada y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para los efectos legales a que haya lugar NOTIFÍQUESE; y personalmente a la Defensora Pública el presente auto, así como los diversos de veintiuno de mayo y primero de julio de dos mil veintiuno.
- Principal
EN RAZÓN DE QUE MARÍA DE LOS ÁNGELES CORTÉS SEGUNDO EN SU CARÁCTER DE DEFENSORA PÚBLICA FEDERAL DE LOS QUEJOSOS MEJÍA SERNA GIL E IGNACIO ÁLVAREZ ALCAUTER, no generó cita accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del sistema "Agenda OJ" 8, en el que aparecen las fechas y horarios disponibles por el Órgano Jurisdiccional de mi adscripción para la generación de citas (misma que es un proceso automatizado que se otorga a la persona a cuyo nombre se solicite, denominado Código QR, para presentarse de forma electrónica en un dispositivo móvil o llevarse impreso); y de que tampoco, tuvo a bien, ponerse de acuerdo con la actuaria judicial vía telefónica (en un horario de las trece a las dieciocho horas de lunes a viernes); o en su caso, al correo institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx (debiendo especificar los datos del interesado, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos; el siete de julio de dos mil veintiuno; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación de los proveídos de dos de julio del año en curso y los diversos de veintiuno de mayo y uno de julio de dos mil veintiuno; quedan hechos mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, mismos proveidos que en lo conducente dicen:Uruapan, Michoacán, dos de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito signado electrónicamente por María de los Ángeles Cortes Segundo; atento a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo conferido como Defensora Pública Federal de los quejosos Mejía Serna Gil e Ignacio Álvarez Alcauter; para los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, se tiene a la promovente señalando domicilio para recibir notificaciones el que indica; sin embargo, dígasele que no ha lugar a tenerle señalando correo electrónico para tal efecto, toda vez que no es un medio legalmente establecido para notificar a las partes, y de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3º de la Ley de Amparo, solo puede autorizarse a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, como se advierte de párrafos precedentes. No obstante a lo anterior, téngase a la Licenciada María de los Ángeles Cortes Segundo, Defensora Pública de los quejosos Mejía Serna Gil e Ignacio Álvarez Alcauter proporcionando el correo electrónico maria.cortes.segundo@correo.cjf.gob.mx, a fin de establecer contacto que llegase a ser necesario, en términos de la fracción XIX, del citado acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, se autoriza a la ocursante el acceso al expediente electrónico del juicio en que se actúa con el nombre de usuario: "Macortes" registrado en el Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por lo que se ordena al oficial del SISE otorgar los permisos correspondientes en el sistema; haciendo la aclaración que no se abre el juicio en línea, porque no solicitó recibir notificaciones a través de dicho Portal. Artículos 35 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el primero de julio dos mil veintiuno, se libró el exhorto 1048/2021 (350/2021-E-A-P),dirigido al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, a fin de notificar a la Licenciada María de los Ángeles Cortes Segundo el citado proveído, así como el diverso de veintiuno de mayo del año en curso; sin embargo, como se advierte de líneas precedentes, la mencionada Defensora Pública ha señalado domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; por tanto, a fin de evitar dilaciones procesales, dese de baja la comunicación oficial mencionada y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para los efectos legales a que haya lugar NOTIFÍQUESE; y personalmente a la Defensora Pública el presente auto, así como los diversos de veintiuno de mayo y primero de julio de dos mil veintiuno. Uruapan, Michoacán, primero de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio que remite el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual informa que se designa a la Licenciada María de los Ángeles Cortes Segundo, como defensora pública de los quejosos Mejía Serna Gil e Ignacio Álvarez Alcauter; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante proporcionando correo electrónico de la citada defensora pública (maria.cortes.segundo@correo.cjf.gob.mx), a fin de establecer contacto que llegase a ser necesario, lo anterior, en términos de la fracción XIX, del citado acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento EXHORTO al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Morelia, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el domicilio ubicado en Avenida Camelinas 3550, colonia Club Campestre, Morelia, Michoacán, c.p. 58270, y notifique a la Licenciada María de los Ángeles Cortes Segundo el presente proveído, así como el diverso de veintiuno de mayo del año en curso (en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al presente asunto). De igual modo, le requiera para que en la misma diligencia o dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán practicadas por medio de lista que será fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se solicita devolver la comunicación oficial de que se trata con las constancias que acrediten su diligenciación. Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. Conminándole para que, de estimarlo pertinente, prevea la posibilidad de solicitar a este juzgado el acceso al expediente electrónico, señalando su nombre de usuario autorizado y precise la autorización para recibir notificaciones en línea, con lo que podrá ser notificado personalmente en dicha plataforma, sin necesidad de un domicilio físico en la ciudad de residencia de este Juzgado. NOTIFÍQUESE. Uruapan, Michoacán, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE OFICIO Se tiene por recibido el oficio 6182, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual transcribe el proveído de siete de mayo pasado, dictado en el juicio de amparo indirecto 403/2021-X, de la estadística de ese Juzgado, en el que consideró declinar la competencia legal para tramitar la demanda de amparo promovida por Mejía Serna Gil e Ignacio Álvarez Alcauter, contra actos que atribuyen del Secretario de Gobernación y otras autoridades, asimismo, remite el expediente electrónico. Acúsese recibo correspondiente. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Ahora, del contenido del auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez declinante, se advierte que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Mejía Serna Gil e Ignacio Álvarez Alcauter, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado que deriva de la presente demanda de amparo tiene una ejecución material dentro del territorio donde este juzgado tiene su jurisdicción. Por tanto, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, se avoca al conocimiento del mencionado escrito inicial de demanda; lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia se surte a favor del Juez que reside en la jurisdicción donde se materializan los efectos del acto que se reclama, es decir, donde tiene ejecución el acto reclamado. DESECHAMIENTO. Expuesto lo anterior, vista la demanda de amparo promovida por Mejía Serna Gil e Ignacio Álvarez Alcauter, contra acto que atribuye al Secretario de Gobernación y otras autoridades; se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 281/2021. Ahora bien, del contenido de la demanda, se advierte que los ocursantes hacen consistir el acto reclamado en: La reubicación del área de dormitorio en la que se encuentran. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Es decir, los ocursantes acuden en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde están internos, mismos que se vinculan con las condiciones de su estancia, como lo es el lugar donde duermen y llevan a cabo sus actividades durante el día, por lo que es evidente que en la especie no se reclaman actos de los que alude el artículo 15 de la Ley de Amparo. Expuesto lo anterior, es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En efecto, conforme al artículo en mención para el desechamiento de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Así, en el presente caso al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo procedente es procede desechar la presente demanda de garantías; lo anterior es así, toda vez que el ocurso de cuenta no se encuentra firmado por los quejosos, por tanto no tiene ningún valor, puesto que no se expresa su voluntad de promover lo plasmado en la demanda. Resulta aplicable a lo anterior la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito publicada en la página 494, Tomo IX, Mayo de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "PROMOCIONES, FALTA DE FIRMA EN LAS. Las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse el mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar conducentemente." Atento a lo anterior, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [...] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113, con relación a la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Mejía Serna Gil e Ignacio Álvarez Alcauter, pues el hecho de que carezca de la firma, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. Y sin que sea posible ordenar la ratificación de la misma, al no consistir en actos que sean considerados urgentes, como lo son los prohibidos por el artículo 22 constitucional; además, no encuadran en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; bajo apercibimiento que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no resulte indispensable que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se comisiona al Actuario de la adscripción para que realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", ubicado en el municipio de Buenavista, Tomatlán, Michoacán y notifique personalmente a los quejosos Mejía Serna Gil e Ignacio Álvarez Alcauter el presente proveído, haciendo entrega de copia del mismo, por así haberlo solicitado. Además, les requiera para que al momento de la notificación o, bien, dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, nombren a un abogado que los representes, apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional les designará uno de oficio. Ahora bien, por cuestiones de seguridad e higiene para salvaguardar la integridad tanto de los quejosos como del funcionario que les notifique, se solicita comedidamente, a éste último, tenga a bien limitarse a asentar en el acta de notificación respectiva, que leyó y entregó copia de este acuerdo al quejoso, absteniéndose de recabar firma respectiva, lo que también deberá asentar en el acta correspondiente; ello a fin de respetar las medidas de sana distancia, lo anterior, en términos del artículo 11, del Acuerdo General 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Se hace la aclaración que este Juzgado de Distrito, en los casos de considerarlo necesario, practicará la notificación personal en el lugar donde se encuentra recluido. Notifíquese; y personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión.
- Principal
Uruapan, Michoacán, primero de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio que remite el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual informa que se designa a la Licenciada María de los Ángeles Cortes Segundo, como defensora pública de los quejosos Mejía Serna Gil e Ignacio Álvarez Alcauter; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante proporcionando correo electrónico de la citada defensora pública (maria.cortes.segundo@correo.cjf.gob.mx), a fin de establecer contacto que llegase a ser necesario, lo anterior, en términos de la fracción XIX, del citado acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento EXHORTO al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Morelia, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el domicilio ubicado en Avenida Camelinas 3550, colonia Club Campestre, Morelia, Michoacán, c.p. 58270, y notifique a la Licenciada María de los Ángeles Cortes Segundo el presente proveído, así como el diverso de veintiuno de mayo del año en curso (en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al presente asunto). De igual modo, le requiera para que en la misma diligencia o dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán practicadas por medio de lista que será fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se solicita devolver la comunicación oficial de que se trata con las constancias que acrediten su diligenciación. Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. Conminándole para que, de estimarlo pertinente, prevea la posibilidad de solicitar a este juzgado el acceso al expediente electrónico, señalando su nombre de usuario autorizado y precise la autorización para recibir notificaciones en línea, con lo que podrá ser notificado personalmente en dicha plataforma, sin necesidad de un domicilio físico en la ciudad de residencia de este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
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