Ignacia del Rosario Vazquez Bojorquez

Expediente 598/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
598/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Ignacia del Rosario Vazquez Bojorquez

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se advierte que mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda promovida por ********************+, remitiéndola a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con sede en Culiacán, Sinaloa, y, turnada al Juzgado Segundo de Distrito con residencia en aquella ciudad. Por tanto, solicítese amablemente al citado órgano jurisdiccional, que de no tener inconveniente, informe a este Juzgado el trato que le dio al referido asunto, para estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda.

  2. Principal

    Agréguese a los autos la constancia de correo electrónico enviado por la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, al que anexa la boleta de turno 20230873031900890 de la que se desprende que le correspondió al Juzgado Segundo de Distrito con residencia en aquella ciudad, conocer de la demanda de amparo presentada por ******************** ********************, con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***********************, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. Fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro electrónico correspondiente a los juicios de amparo con el número ***/****-**. Ahora, toda vez que la competencia legal es de orden público, no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes, en consecuencia, se procede a estudiar si en el caso se surte aquélla a favor de este Juzgado Federal, para conocer de la presente demanda de amparo. En ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, atento a las siguientes consideraciones. En principio, es dable destacar que la parte quejosa señala como autoridad responsable a la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, residente en Culiacán; asimismo, del contenido integral de la demanda de amparo, se observa que reclama lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: JUNTA ESPECIAL NÚMERO 35 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CULIACAN, DEL ESTADO DE SINALOA con domicilio para ser emplazada el ubicado Álvaro Obregón No. 684 Norte Primer Piso, Edificio Banobras Col. Centro C.P. 80000 de ésta Ciudad de Culiacán Sinaloa, le reclamo: A).-La flagrante violación al Derecho de Petición y de Impartición de Justicia Pronta y expedita, establecidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución General de la República, esto ante la omisión en que se encuentra al no resolver hasta la fecha el Juicio Laboral Expediente número No.***/****que se originó con motivo de la demanda presentada por la quejosa ****************** en contra de mis demandados ********, S.DE.R.L.DE.C.V. Y/0 ******* S.A.DE C.V., Y ******* S. DE R.L. DE C.V., Y QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO, ejercitando la indemnización constitucional con motivo del Despido Injustificado del cual fui objeto, y reclamando en consecuencia el pago de las prestaciones principales: Reinstalación a mi trabajo en la misma forma, términos y condiciones en que venía desarrollando mis labores, así corno el pago de salarios Caídos, contados a partir de la fecha del Despido, hasta la fecha en que se lleve a cabo la reinstalación a Mi trabajo, al igual que el pago de prestaciones accesorias, como lo son: Prima Vacacional, Aguinaldo, Prima de Antigüedad, Horas extras, Salarios Devengados, Descanso Semanal y Obligatorios y Medias Horas.". De lo transcrito se advierte que el reclamo de la parte quejosa se vincula con la omisión de la responsable de resolver los autos del expediente ***/**** que se originó con motivo de la demanda presentada por la quejosa contra **********, S. de R.L. de C.V. y/o ******** S.A. de C.V., y ****** S. de R.L. de C.V. Atento lo anterior, este Juzgador, estima que el competente para conocer del presente juicio de amparo y a quien, por lo tanto, deberán remitirse los autos a fin de que se avoque a su resolución, es el Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, Sinaloa, en turno. En principio, para determinar la competencia territorial, es necesario recurrir a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El dispositivo trascrito establece tres criterios generales para determinar la competencia del juez al que corresponde, territorialmente, conocer del juicio de amparo de que se trate, a saber: a) atendiendo a si éste debe tener ejecución; b) considerando si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro; y c) tomando en cuenta si el acto reclamado no requiere ejecución material. En esas condiciones, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, por razón territorial, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde se despliega el proceso laboral del actor, aquí quejoso, y no así el del lugar donde reside éste, pues ello puede estar determinado por aspectos incluso de cuestiones personales o de trabajo, de modo que puede ocurrir que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre residiendo la quejosa y posteriormente se traslade a otro lugar. De ahí que no sea el lugar de residencia la parte quejosa el que determine la jurisdicción rectora, cuenta habida de que es una omisión que tiene ejecución material ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona a recibir justicia de manera pronta y expedita que se contiene en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que no se señala alguna autoridad responsable con residencia en el ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 32/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de registro digital 2026910, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN. Hechos: En los asuntos de los que conocieron los órganos colegiados contendientes, se pronunciaron sobre la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de las Juntas laborales de dictar el laudo, a efecto de dilucidar si conlleva o no una ejecución material para determinar qué Juzgado de Distrito es competente por territorio (el órgano ante el que se presentó la demanda o el que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que debió emitir el laudo respectivo), para conocer de la demanda en la que se reclama ese tipo de acto, arribando a conclusiones opuestas. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que deba emitir el laudo respectivo. Justificación: En concordancia con la línea argumentativa sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 327/2021, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.", es dable sostener que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio -de forma semejante al emplazamiento-, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. A partir de tal premisa y atendiendo a que la Segunda Sala ha considerado que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, en detrimento del derecho de justicia pronta a que se refiere el artículo 17 de la mencionada Norma Fundamental, ello permite concluir que el acto consistente en la omisión de emitir el laudo trae aparejada una ejecución material, toda vez que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto. Por tanto, se concluye que cuando en la demanda de amparo se reclame la omisión del dictado del laudo, el órgano competente será el Juzgado de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba emitir el laudo respectivo que resuelva el conflicto laboral, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo''. Así como por analogía, tiene aplicación la diversa Jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, registro digital 2023548, del siguiente tenor: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario". En este orden de ideas, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, por razón territorial, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar de radicación del expediente laboral, en observancia de la regla competencial prevista en el párrafo primero del citado artículo 37, que se reproduce en el inciso a) de anterior relación; esto es, atento al lugar dónde trata de ejecutarse, se ejecute o se ejecutó el acto impugnado, esto es, al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa , con sede en Culiacán , en turno, dado que según lo expuesto por la promovente, el juicio laboral de origen no ha sido resuelto; de ahí que, debe observarse la regla competencial prevista en el párrafo primero del citado artículo 37, que se reproduce en el inciso a) de anterior relación. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que fue reformado por el diverso Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, el suscrito Juzgador de Distrito considera que carece de competencia legal para resolver este juicio de amparo por razón del territorio. En consecuencia, se ordena remitir los autos al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, residente en Culiacán, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantía, para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *********, número *******, ******, despacho **, casi esquina con **********, sector ******* de esta ciudad. En atención a lo dispuesto en los artículos 6° Constitucional, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo establecido en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dígase a las partes que las determinaciones que se dicten en el presente asunto están a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información establecido en los señalados ordenamientos. En tal virtud, infórmese a las partes que están en posibilidad de oponerse a que se publiquen sus nombres y datos personales, acorde a lo dispuesto por el ordinal 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en congruencia con el diverso numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la citada Ley. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Por último, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano