Ignacio Lopez Valenzuela

Expediente 13/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 25 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
13/2023
Año
2023
Actuaciones
25
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Lopez Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre el oficio de cuenta, suscrito por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa ''1'', residente en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual informa el impedimento a fin de hacer efectiva la multa impuesta en proveído de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés al Director General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, con sede en Ciudad de México; toda vez que mediante diverso acuerdo de doce de septiembre del actual, se dejó sin efectos la misma.

  2. Principal

    En doce de septiembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal de los autos. Conste. Los Mochis, Sinaloa, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución emitida por el veintiocho de febrero de la presente anualidad, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. Por otra parte, en razón de que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, de conformidad con el numeral 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el incidente de suspensión es susceptible de conservación; por ende, se ordena agregar al expediente. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos. Finalmente, comuníquesele la presente determinación al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa ''1'', residente en Culiacán, Sinaloa, a fin de que deje sin efecto la multa impuesta en proveído de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés al Director General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, con sede en Ciudad de México.

  3. Principal

    En dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con el estado procesal de los autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo diez de agosto del actual, en relación con el oficio y documentales allegados por el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, en representación del Director General para la Validación de Beneficiarios, residente en la Ciudad de México y encargado de la unidad de asuntos jurídicos en la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó al quejoso de manera electrónica el once del presente mes y año; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En ese sentido, se precisa que por resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se concedió al quejoso *****************, la protección constitucional contra el acto reclamado a la autoridades responsables Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Titular de la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios y Director General para la Validación de Beneficiarios, ambas de la Secretaría de Bienestar residentes en la Ciudad de México, relacionado con la omisión de incorporarlo al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que solicitó el seis de octubre de dos mil veintiuno, y como consecuencia de ello, la omisión de la entrega del apoyo económico. Ello, al estimarse que dicho acto omisivo transgredía el derecho humano reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resolución que causó ejecutoria el tres de abril del año en curso, al no ser recurrida por las partes. Pues bien, la concesión del amparo se hizo pues, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia, dieran respuesta inmediata a la solicitud del impetrante relacionada con la procedencia o no de su solicitud que formuló tendente a que se le reconozca por la autoridad administrativa, el derecho a ser incorporado al aludido Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, como beneficiario; asimismo, se le notificara personalmente la respuesta que otorgara a la petición que se le formuló. Por su parte, mediante oficios presentados el nueve de los corrientes, el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, en representación del Director General para la Validación de Beneficiarios, residente en la Ciudad de México y encargado de la unidad de asuntos jurídicos en la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, informó lo siguiente: Por tanto, mediante auto emitido por este juzgado el diez de los actuales, se dio vista al quejoso con tal oficio y documentales, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que las autoridades responsables proveyeran lo conducente a fin de dar respuesta inmediata a la solicitud del impetrante relacionada con la procedencia o no de su solicitud que formuló tendente a que se le reconozca por la autoridad administrativa, el derecho a ser incorporado al aludido Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, como beneficiario y le hicieran saber en breve término su contestación, lo cual ya aconteció; por ende es claro que el núcleo de la ejecutoria de amparo ya se cumplió y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, suscritos por el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, en representación del Director General para la Validación de Beneficiarios, residente en la Ciudad de México y encargado de la unidad de asuntos jurídicos en la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante los cuales dicen dar cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con los oficios de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades responsables.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

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