Idalia Yuneth Vega Robles

Expediente 537/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
537/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
24/10/2018

Partes del expediente

  • Idalia Yuneth Vega Robles

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de garantías interpuesta por Idalia Yuneth Vega Robles; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y la fracción I, del Ordinal Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los dispositivos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    ES NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA QUEJOSA IDALIA YUNETH VEGA ROBLES, EL AUTO DE CINCO DE OCUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: Visto el escrito firmado por Idalia Yuneth Vega Robles, mediante el cual promueve demanda de amparo contra los actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad y otras autoridades responsables; con el cual fórmese expediente, tanto impreso como electrónico y regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 537/2018-6B. Analizada la demanda de cuenta, se considera que se actualiza una causal manifiesta e indudable de improcedencia, que permite desecharla de plano, al tenor de los numerales 62 y 113 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano.". Cobra vigencia, la Jurisprudencia número II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95 del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente caso, analizada la demanda de garantías, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico, en virtud de que la quejosa no cuenta con un justo título del cual derive el derecho real -posesión- que dice tener respecto de la finca urbana compuesta de solar y construcción en él edificada que se destina a casa habitación ubicada en la avenida Francisco Rivera Rojo número 320, en el poblado Adolfo Ruiz Cortinez, municipio de Guasave, Sinaloa, y que colinda al Norte: en 16.00 metros con lote 546; al sur: 16.00 metros con calle Gonzalo Tapia; al Oriente: 20.00 metros con lote 545, y al Poniente: 20.00 metros con Coronel Francisco Rivera Rojo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guasave, Sinaloa, bajo inscripción 148, libro 126, Sección Primera. Cabe precisar que, es un hecho notorio, la tramitación del juicio de amparo 572/2016-2, del índice de este Juzgado Federal, promovido por José Bobadilla Olguín y Jesús Rosario Angulo Durán, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, y otras autoridades, por haberse tramitado ante el suscrito, del que se advierte lo siguiente:  Los ahí quejosos José Bobadilla Olguín y Jesús Rosario Angulo Durán, promovieron demanda de amparo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, y los Actuarios de su adscripción (fojas 2 a 7 del juicio de amparo 572/2016);  Los actos reclamados se hicieron consistir en el ilegal emplazamiento practicado en los autos del juicio sumario civil hipotecario, expediente número 168/2012, la orden de rematar el bien inmueble consistente en una finca urbana con superficie de 320.00 metros cuadrados, compuesta de solar y construcción en él edificada que se destina a casa habitación ubicada en la avenida Francisco Rivera Rojo número 320, en el poblado Adolfo Ruiz Cortinez, municipio de Guasave, Sinaloa, y que colinda al Norte: en 16.00 metros con lote 546; al Sur: 16.00 metros con calle Gonzalo Tapia; al Oriente: 20.00 metros con lote 545 y al Poniente: 20.00 metros con Coronel Francisco Rivera Rojo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guasave, Sinaloa, bajo inscripción 148, Libro 126, Sección Primera, a nombre de José Rafael Bobadilla Ceceña, quien es familiar de dichos quejosos; así como todas y cada una de las diligencias, autos o resoluciones dictadas con posterioridad a la diligencia de emplazamiento, de la misma manera, de la sentencia dictada, del acuerdo que la declaró ejecutoriada y de todos los actos tendentes a su ejecución;  En dicha demanda los quejosos, dijeron que el bien inmueble descrito lo vendieron el veinte de octubre de dos mil once, en la cantidad de $500.000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en virtud de un contrato de compra venta que celebraron con José Rafael Bobadilla Ceceña, en el que se pactó que una vez que ellos liberaran los gravámenes que presentaba la propiedad acudirían ante el Notario a elevar a escritura pública la compraventa, del inmueble citado que resulta ser precisamente el que se encuentra relacionado con el juicio de origen; anexando a la demanda copia certificada del contrato privado de compraventa, de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis (fojas 12 a 15)  El expediente del juicio sumario civil hipotecario número 168/2010, lo promovió José de Jesús Valenzuela Astorga en su carácter de apoderado del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, contra de José Bobadilla Olguín y Jesús Rosario Angulo Durán, el cual fue admitido a trámite mediante auto de veintisiete de abril de dos mil doce. Seguida la secuela del procedimiento por su demás etapas procesales, el treinta de agosto de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a los demandados José Bobadilla Olguín y Jesús Rosario Angulo Durán, dado su carácter de garantes hipotecarios a responder del adeudo de Edda Pierina Armenta Angulo, hasta donde alcance el valor del bien inmueble hipotecado y se ordenó que en su oportunidad procesal se hiciera trance y remate de tal bien y con su producto el pago al acreedor Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, sentencia la cual mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil trece, causó ejecutoria y quedó firme (fojas 195 a 204);  Una vez tramitado en su totalidad el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se resolvió el juicio de amparo número 572/2016-2, donde se determinó negar el amparo a los quejosos respecto de los actos reclamados en ese juicio, pues se consideró que en el caso concreto, el Actuario Primero adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en las diligencias de veinticinco de septiembre de dos mil doce, emplazó legalmente a los demandados.  Asimismo, contra la sentencia de amparo antes referida, los quejosos interpusieron recurso de revisión que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, (toca 75/2017), confirmando la resolución de primera instancia. Con lo expuesto queda claro que los actos que reclamó el quejoso, como el emplazamiento, sentencia, remate y adjudicación del bien inmueble correspondiente dentro del juicio hipotecario 168/2012, antes señalado, quedaron incólumes, y se desprende con meridiana claridad que el bien inmueble fue adjudicado a favor de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, desde el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis (fojas 251 a la 253 de los autos del juicio de amparo 572/2016. Ahora bien, en la demanda que se analiza, el solicitante del amparo señaló como acto reclamado: "De la autoridad señalada como responsable ordenadora le reclamo la orden de desalojo del bien inmueble cuya posesión detento en virtud de contrato de arrendamiento celebrado, con los terceros interesados José Bobadilla Olguín y Jesús Rosario Angulo Duran, mismo que en el capítulo de antecedentes describiré, así como todas y cada una de las diligencias o resoluciones dictadas, tendientes a privar al suscrito de la posesión de dicho inmueble, sin que haya sido oído, ni vencido en juicio, en autos del juicio civil Sumario Civil Hipotecario, que se tramita bajo el expediente No.168/2012, del cual derivan los actos reclamados y en el que no soy parte actora ni demandada. De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras les reclamo la inminente ejecución que pretenden dar a las ordenes giradas por la autoridad responsable ordenadora.". Bajo ese panorama, del análisis oficioso de la demanda de amparo, así como de las copias autorizadas relativas al juicio de amparo 572/2016-2, se concluye que resulta improcedente, por actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en la cual descansa la causa de improcedencia invocada, y cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". El precepto transcrito establece que el juicio de amparo será improcedente contra actos y normas generales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, es decir, cuando el acto reclamado no cause un agravio personal y directo a algún derecho subjetivo del particular, es decir, un derecho derivado de una norma objetiva que se individualice en el gobernado y le otorgue una facultad. Cabe aclarar que la figura del interés jurídico está íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido en el artículo 5, fracción I, la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Del precepto trascrito se desprende que el quejoso será aquella persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos fundamentales, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sobre esa premisa, puede afirmarse que el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo contra actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que éste pudiera parecer. Esto es, el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos; por ello, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Ahora, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, para poder acudir a la instancia constitucional el accionante debe demostrar ser titular de un derecho subjetivo que con algún acto de autoridad se vea afectado de manera personal y directa. Sobre esa base, la procedencia del amparo contra actos jurisdiccionales está supeditada a que el acto reclamado afecte de forma personal y directa algún derecho subjetivo del quejoso, pues éste supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). En ese orden, se afirma que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: (i) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, (ii) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Al respecto se cita la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguiente: "INTERES JURIDICO. INTERES SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un 'poder de exigencia imperativa'; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección que pueda hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan 'el poder de exigencia' correspondiente." De esta manera, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que reciente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio, y así, el perjuicio de que se habla, debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico, y que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por ello, sólo tiene interés jurídico aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Ilustra lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Sobre esa óptica, cuando el quejoso acude ante la instancia constitucional, debe acreditar en forma fehaciente que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, esto es, que el acto de autoridad genera un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resultará improcedente. Asimismo, la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio de amparo, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado. Así, la quejosa se ostenta como poseedora de un bien, debe acreditar que ese derecho deriva de alguna de las figuras jurídicas previstas por la ley, y que reunidos los requisitos sea apta para demostrar el derecho. Ciertamente, el poseedor de un bien inmueble para acreditar su interés jurídico es necesario, en principio, que haya tenencia, es decir, poder de hecho sobre la cosa, pero esta no debe consistir en una mera ocupación material, sino que debe tener su origen a algún título, pues la posesión que protege el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es aquella que tiene su base en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Esta consideración tiene apoyo en la tesis aislada 262 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, página 262, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley." Precisado lo anterior, los actos reclamados por la quejosa (quien se ostenta como tercero extraño al juicio del cual deriva el acto reclamado) no afectan su interés jurídico. Se arriba a la anterior conclusión, considerando que la impetrante en su demanda reclama de las autoridades señaladas como responsables la orden de desalojo y su ejecución del bien inmueble cuya posesión detenta en virtud de contrato de arrendamiento celebrado, con los terceros interesados José Bobadilla Olguín y Jesús Rosario Angulo Duran, el quince de noviembre de dos mil diecisiete, así como todas y cada una de las diligencias o resoluciones dictadas, tendientes a privarla de la posesión de dicho inmueble, sin que haya sido oído, ni vencido en el juicio Sumario Civil Hipotecario, expediente número 168/2012, del cual derivan los actos reclamados y en el que no es parte, por haberse desarrollado sin que se le haya otorgado la garantía de audiencia prevista por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Pues bien, se advierte que de forma notoria e indudable la impetrante a la fecha de presentación de la demanda de amparo -cuatro de octubre de dos mil dieciocho-, no cuenta con un justo título del cual derive el derecho real -posesión- que aduce tener sobre la finca urbana compuesta de solar y construcción en él edificada que se destina a casa habitación ubicada en la avenida Francisco Rivera Rojo número 320, en el poblado Adolfo Ruiz Cortinez, municipio de Guasave, Sinaloa, y que colinda al Norte: en 16.00 metros con lote 546; al sur: 16.00 metros con calle Gonzalo Tapia; al Oriente: 20.00 metros con lote 545 y al Poniente: 20.00 metros con Coronel Francisco Rivera Rojo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guasave, Sinaloa, bajo inscripción 148, libro 126, Sección Primera; porque, si bien, manifiesta que tiene una posesión derivada con motivo del contrato de arrendamiento que celebró con José Bobadilla Olguín y Jesús Rosario Angulo Duran, el quince de noviembre de dos mil diecisiete; respecto del inmueble que viene defendiendo; lo cierto es que, los arrendadores (José Bobadilla Olguín y Jesús Rosario Angulo Duran), desde la adjudicación del inmueble en favor de Banorte, en el juicio sumario civil hipotecario número 168/2010, con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis (fojas 10 a 13 del juicio de amparo 572/2016), ya no tenían la capacidad legal para suscribir el contrato de arrendamiento, por haber sido adjudicado a Banorte con fecha anterior a la celebración del contrato de arrendamiento. Todo lo cual, se advierte de manera notoria e indudable pues constituye un hecho notorio para este Órgano judicial las actuaciones realizadas en el juicio de amparo 572/2016, debiéndose agregar al presente asunto copias certificadas del juicio de amparo antes aludido, para los efectos legales a que haya lugar. Cobra vigencia, la Jurisprudencia de la Novena Época, con registro 172215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2007, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 103/2007, del tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.". De igual manera, la Tesis de la Décima Época, con registro 2006830, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1725, del Tomo II, Libro 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2014, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.A.16 K (10a.), que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA RESOLVER SI SE ACTUALIZA O NO ALGUNA CAUSAL RELATIVA, CUANDO EXISTA UN INDICIO SOBRE SU EXISTENCIA, VÁLIDAMENTE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN LOS SITIOS O PÁGINAS ELECTRÓNICAS DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES, AL CONSTITUIR ÉSTA UN HECHO NOTORIO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 319, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL.", impuso la obligación al juzgador de amparo, de allegarse de oficio, las pruebas necesarias para resolver si se actualiza o no alguna causal de improcedencia cuando exista un indicio sobre su posible existencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Por otra parte, la información que aparece en las páginas o en los sitios electrónicos de las dependencias oficiales, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, constituye un hecho notorio que puede invocar el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito para desarrollar su actividad jurisdiccional, ya que su consulta es de fácil acceso para el público en general, pues basta con ingresar a la página oficial respectiva y proporcionar los datos que aparecen en los documentos aportados en el juicio para consultar y verificar la veracidad de la información respectiva, máxime si el propio quejoso o persona autorizada por éste es quien previamente proporcionó a la dependencia oficial la información necesaria para realizar el trámite correspondiente; información que se almacena en una base de datos y, posteriormente, se genera y consulta a través de medios electrónicos, en aquellos casos que así se encuentre regulado dicho trámite administrativo. De ahí que resulta válido que el juzgador de amparo, para resolver si se actualiza o no una causal de improcedencia, de oficio, consulte y verifique la información generada por medios electrónicos oficiales. Lo anterior se estima congruente con el principio constitucional de acceso a la justicia, sin que pretenda deslindarse a las partes de las cargas probatorias correspondientes, porque se trata únicamente de conocer plenamente si opera o no alguna causal de improcedencia, cuando exista un indicio sobre su existencia.". Efectivamente, se advierte de manera notoria e indudable, que el documento que exhibe la quejosa, junto con la demanda (contrato de arrendamiento), es insuficiente para acreditar que cuente con un derecho de posesión legal respecto del bien inmueble que defiende, que pudiera ser tutelado constitucionalmente; pues conforme se ha expuesto, para el quince de noviembre de dos mil diecisiete en que se pactó dicho contrato de arrendamiento entre los arrendadores José Bobadilla Olguín y Jesús Rosario Angulo Durán, y la arrendataria ahora quejosa Idalia Yuneth Vega Robles, los mencionados terceros interesados (arrendadores) José Bobadilla Olguín y Jesús Rosario Angulo Durán, ya no tenían capacidad legal respecto de la casa habitación ubicada en la avenida Francisco Rivera Rojo número 320, en el poblado Adolfo Ruiz Cortinez, municipio de Guasave, Sinaloa (objeto del contrato de arrendamiento); hecho que fue del conocimiento de los integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en la ejecutoria de veinte de febrero de dos mil dieciocho, emitida en el recurso de revisión 75/2017, interpuesto por la parte quejosa José Bobadilla Olguín y Jesús Rosario Angulo Duran, contra la resolución de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de amparo número 572/2016-2, del índice de este Juzgado Federal. Bajo ese contexto, a virtud que los demandados en el juicio de origen José Bobadilla Olguín y Jesús Rosario Angulo Durán, y a su vez arrendadores, conforme al contrato de arrendamiento, no contaban con el carácter de dueños o posesionarios legales del bien inmueble en mención, no podían celebrar dicho pacto contractual en una fecha posterior a aquélla en la que ya se había adjudicado el bien inmueble a favor de Banorte. En esa tesitura, como la base medular en la que hace descansar su derecho de posesión la quejosa, lo constituye el aludido contrato de arrendamiento que celebró con los arrendadores José Bobadilla Olguín y Jesús Rosario Angulo Durán y si, como ya se precisó anteriormente, dichos arrendadores, no tenían derecho a disponer del mismo, pues incluso, habían referido en la demanda de amparo en ese juicio (572/2016) que se lo habían vendido a diversa persona (José Rafael Bobadilla Ceceña) desde el veinte de octubre de dos mil once, anexando copia certificada ante notario público de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis (foja 12-15 Juicio de amparo 572/2016); entonces, lo cierto es que, de manera irrefutable no estaban legitimados para transmitir la posesión legal a favor de la quejosa; de ahí que de manera notoria e indudable no acredita el interés jurídico para acudir al juicio de amparo a reclamar el acto de autoridad respectivo. Como se dijo, para que sea objeto de protección en el juicio de amparo el derecho de posesión que aduce tener la parte quejosa, es necesario que ésta se demuestre con la existencia de algún título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal el derecho a poseer. Así, por título debe entenderse como la causa generadora de esa posesión, ya sea originaria (propietario) o derivada (como consecuencia de alguna figura jurídica), pues la simple tenencia material de un bien sin título que la justifique no puede ser objeto de protección en el juicio de amparo, y el contrato de arrendamiento se celebró sin que los arrendadores contaran con el derecho para trasmitir la posesión legal del mismo. En esas condiciones, no debe confundirse al poseedor de un inmueble con su simple ocupante, pues mientras que el primero ejerce un poder de hecho al amparo de un título que define la calidad de su posesión, originaria o derivada; el segundo, esto es, el ocupante simplemente es la persona que habita el inmueble que carece de título, ya que depende de quien ejerce la posesión. En ese contexto, es verdad que el único elemento que debe exigirse para la comprobación de la posesión en el juicio de amparo, es el relativo a la tenencia de la cosa o bien cuestionado de manera legal, lo cual significa que se encuentre en él y que por lo mismo tiene la posesión bajo un justo título. Ello, porque como quedó apuntado en las líneas que anteceden, la posesión que se encuentra protegida a través del juicio de amparo es aquella posesión jurídica, ya originaria o derivada, y no la simple detentación material. Además, en la especie, la posesión derivada, con la que se presentó la parte interesada, se sustenta en un contrato de arrendamiento que de manera notoria e independiente resulta ineficaz; por ello, no puede considerarse que, en su caso, la mera detentación material del inmueble fuese de aquellas protegidas por el juicio constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente establece lo siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En esas condiciones, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la nombrada Ley de Amparo. Cobra vigencia, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Finalmente, se tiene como domicilio de la impetrante de amparo para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Paseo Nogales número 1884, Fraccionamiento Urbivilla del Bosque, de esta ciudad, y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Armando Hernández Mercado y/o Fortunato León Valdez y/o Miguel Ángel Rodríguez Beltrán, de manera indistinta.

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