Ignacio Herrera Lugo
Expediente 779/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ignacio Herrera Lugo
Actuaciones
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, once de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada la parte quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, y en consideración a que el quejoso ********************, se encuentra interno en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en el Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, se encomienda notificar personalmente el presente acuerdo a la actuaria judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentra interno el quejoso de mérito, para que proceda a su plena identificación. EN LOS MOCHIS, SINALOA, ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, LA SUSCRITA CLARISELA BARRAZA GONZÁLEZ, SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA: C E R T I F I C A: QUE CON ESTA FECHA SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 779/2022-4B PROMOVIDO POR ********************; ASIMISMO QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO, FOLIADO, RUBRICADO Y ENTRESELLADO, ADEMÁS DOY FE QUE LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO COINCIDE EN SU TOTALIDAD CON LA VERSIÓN IMPRESA. CONSTE.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Cumplimiento de la prevención Se tiene por recibido el escrito presentado firmado electrónicamente por el autorizado legal de la parte quejosa, por medio del cual da respuesta a la prevención formulada en auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós. En ese sentido, no obstante que quien firma el escrito aclaratorio no es la parte demandada, pues así se observa de la evidencia criptográfica; sin embargo, se tiene por subsanada la aclaración, en razón de que el directamente agraviado se encuentra recluido en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad, por ende, se encuentra en una situación de desventaja frente al resto de los gobernados. Por tanto, como se adelantó, se tiene por subsanada la aclaración impuesta y por eliminada la autoridad señalada como Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, por lo que se procede a proveer sobre lo solicita en el escrito inicial de demanda. Se invoca como apoyo, por analogía, el criterio I.1o.P.3 P (11a.), sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA MEDIANTE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN, NO CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA SU DESECHAMIENTO DE PLANO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]. Hechos: El Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo indirecto presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en razón de que en ésta no obraba la firma electrónica (FIREL) del quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, con lo cual no expresaba su voluntad de darle trámite y no se satisfacía el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, sustentando su decisión en la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.". Inconforme con el desechamiento, el quejoso interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en atención al principio de igualdad, tratándose de quejosos privados de la libertad en un centro de reclusión, la falta de firma electrónica (FIREL) en su demanda de amparo indirecto presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no conlleva que de manera manifiesta e indudable se actualice la causa de improcedencia a que refiere la citada jurisprudencia del Alto Tribunal del País para su desechamiento de plano, porque de aplicarse, se estaría dando un trato igual a un desigual. Justificación: El Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es una herramienta tecnológica tendente a fortalecer y hacer más cercano y expedito el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional, y así poder hacer real el concepto de "e-justicia" o justicia en línea en nuestro país, sobre todo en materia de amparo, por así disponerlo el artículo 3o. de la Ley de Amparo, por lo que para presentar demandas, promociones o interponer recursos por medio del portal -salvo los casos urgentes o de excepción que marca el artículo 15 de la citada ley-, es indispensable que el interesado genere y cuente con una firma electrónica a su nombre, como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual, para generarla requiere, entre otros requisitos, que el interesado suba al sistema en formato PDF documentos en original o en copia certificada de: 1) alguna identificación oficial vigente; 2) acta de nacimiento; 3) comprobante de domicilio; y, 4) la Clave Única de Registro de Población (CURP). En estas condiciones, por lo general, una persona privada de la libertad en un centro de reclusión no se encuentra en igualdad de condiciones que una que no lo está, para que en caso de que carezca de una firma electrónica, pueda generarla y acceder a dicha herramienta de acceso a la justicia, pues además de que no tiene a su libre disposición instrumentos tecnológicos como lo sería una computadora o un dispositivo inteligente con acceso a Internet, para que se genere la firma electrónica es indispensable que el interesado suba al sistema documentos (en formato digital) que difícilmente una persona privada de la libertad podría tener bajo su poder u obtener, por ejemplo, una identificación oficial vigente y, sobre todo, un comprobante de domicilio. Y, en este escenario, el Portal de Servicios en Línea se puede tornar en una herramienta ilusoria o anecdótica para quienes se encuentran en la referida situación jurídica, pues a pesar de su existencia y que constituye un mecanismo creado para fortalecer y hacer más cercano el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional, para dicho sector, por sus condiciones de internamiento, resulta inaccesible o, por lo menos, no expedito, como de manera contraria podría ocurrir con quienes no se encuentren restringidos en dicho derecho fundamental. De modo que para los quejosos que se hallen recluidos, el acceso a la instancia constitucional se reduce sólo a la opción física, no porque así necesariamente sea su voluntad ejercerlo, sino a causa de que el sistema tecnológico no está depurado para facilitar su acceso y operatividad para dicho grupo social. Por tanto, no pueden requerirse las mismas exigencias a una persona que está en un plano de desigualdad en relación con otras que lo están en uno de igualdad, siendo que conforme a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (como lo son las privadas de la libertad), es obligación de todos los juzgadores adoptar las medidas necesarias para eliminar toda desigualdad y suprimir las barreras que impiden o limitan el acceso a la justicia durante el procedimiento. Y la manera en que esto puede ocurrir tratándose de dichos justiciables, es considerar que la falta de firma electrónica en sus escritos de demanda no conlleva que de manera manifiesta e indudable se actualice la causa de improcedencia con base en la referida jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, pues además de que el tópico relativo a la privación de la libertad de quien promueve el juicio de amparo no fue un aspecto que haya sido materia de estudio en la contradicción de tesis de la que derivó dicho criterio, lo cierto es que debe partirse de la premisa de que si los referidos justiciables estuviesen en aptitud de generar el mencionado requisito, así lo harían, al ser los principales interesados de que sus demandas prosperen, pues de lo contrario se prejuzgaría que sí pudieron hacerlo y que a pesar de ello no exhibieron la firma electrónica; afirmación que no es propia de un auto de desechamiento y que hace palmario que la improcedencia en cuestión no resulte manifiesta ni indudable. Por lo que atendiendo a que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene límites tendentes a demostrar que los justiciables se obligan y comprometen respecto a lo que demandan en su escrito, satisfaciendo con ello el principio de instancia de parte agraviada que rige al amparo, el requisito de la firma electrónica en las demandas presentadas a través del mencionado portal puede satisfacerse con la firma digitalizada que aparezca en el contenido del escrito de demanda, misma que de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo, lo expuesto y lo plasmado en ella se hacen bajo protesta de decir verdad para los efectos legales a que haya lugar1. Desechamiento Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, una vez examinada en su totalidad la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano, debido a que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que más adelante se precisará. Primero, es importante precisar que en el artículo 113 de la Ley de Amparo2, faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, ha señalado que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, pues no requiere mayor justificación, en virtud de que su actualización se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos 1 Registro digital: 2023739, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materia(s): Común, Penal, Tesis: I.1o.P.3 P (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo IV , página 3340, Tipo: Aislada 2 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. 3 Tesis LXXI/2002, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605. aclaratorios, de los documentos que se anexan a esas promociones, o bien de un diverso juicio de amparo. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente4. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y los anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa5. De esta manera, para advertir una notoria e indudable improcedencia debe atenderse al escrito de demanda, a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que no sea necesaria alguna otra constancia para configurar dicha improcedencia. 4 Véase la tesis 2a. LXXI/2002, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro IUS: 186605. 5 Véase la jurisprudencia 2a.7J. 183/2005, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 778, registro IUS: 176329, y tesis sin número, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 84, Tercera Parte, página 35, registro IUS: 238327. En ese mismo sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia de juicio y que, por sus características propias, no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen aquella cuestión no se superaría6. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados7. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del 6 Véase por analogía, la tesis P. LXXI/2004, que lleva por rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTRIBA EN UNA CUESTIÓN DE DERECHO NO DESVIRTUABLE CON LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO". Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia Constitucional, página 1122. Registro: 179954. 7 Véase la jurisprudencia P./J. 40/2000, que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, página 32. Registro: 192097. escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto8. Consecuentemente, si la improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos en el pacto federal, dichas causales deben probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones9. Bajo esa línea pensamiento, primeramente, es necesario precisar el acto que reclama la parte quejosa, el cual se hace consistir en la orden de traslado a un penal federal o a cualquier otro lugar diverso a donde se encuentra compurgando su pena En ese contexto, resulta patente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haberse 8 Así lo estableció en la tesis P. VI/2004 que lleva por rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, página 255. Registro 181810. 9 Este tribunal comparte el criterio V.2o. J/18 sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, junio de 1996, tomo III, página 610, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES." observado el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo. En efecto, el precepto 61, fracción XX, de la invocada ley, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Efectivamente, la fracción transcrita contiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es, el de definitividad, el cual impone como obligación al quejoso, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, se puede establecer que conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá acudir a ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que se regulen en la ley de donde emana el acto reclamado. En atención a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En esa tesitura, es pertinente recordar que el acto reclamado se hace consistir en la orden de traslado de la parte quejosa del centro penitenciario en el que se encuentra interno a un Penal Federal y/o a cualquier lugar diverso al en que se encuentra compurgando la sanción impuesta. Es menester precisar, que al momento de subsanar la prevecion impuesta, se hizo la precisión que de forma errónea se señaló como autoridad responsable al Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, por lo que solicitó se suprimiera. Luego, continuando con el estudio que nos ocupa, la conclusión arribada en esta determinación, tienen sustento jurídico en las sentencias dictadas en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que le dan origen a la tesis que más adelante se citarán. En efecto, en los citados recursos de queja, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país señaló que la materia de la queja, consiste en la determinación que asumió el juez de Distrito, de desechar de plano la demanda de amparo que promovió la parte quejosa contra la orden de su traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a una autoridad administrativa penitenciaria, es correcta; porque en esos casos se actualizaba una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio constitucional, porque el solicitante debe agotar previamente el respectivo medio ordinario de defensa, regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para ello, la Primera Sala explicó la hipótesis normativa prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, y concluyó que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Después, se adujo que de ese numeral se desprendían excepciones al principio de definitividad; es decir, que se puede acudir al juicio constitucional sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa ordinarios, a saber: A) Cuando las leyes ordinarias no suspendan los efectos del acto reclamado, ya sea oficiosamente o a través de los juicios, recursos o medios de defensa que en las mismas se establecen; los alcances de esa suspensión, no sean los mismos que prevé la Ley de Amparo, o exija mayores requisitos que los que se consignan en la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión definitiva, o un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto reclamado en sí mismo, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. B) Y cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal; o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Para clarificar lo anterior, la Primera Sala adujo: ".Esto es, con relación a la excepción identificada bajo el inciso A), se debe constatar: 1) que en la ley ordinaria se provea un recurso o medio de defensa a través del cual, la orden de traslado emitida por la autoridad administrativa, en los términos reclamados por los quejosos, pueda ser impugnada; y, 2) que ese recurso o medio de defensa no tenga potencial para suspender los efectos de dicho acto, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva o exija mayores requisitos que los que consigna para el otorgamiento de la suspensión provisional. Y en lo concerniente a la hipótesis señalada bajo el inciso B) se debe corroborar: 1) que la orden de traslado no carezca de fundamentación; 2) no implique una violación directa a la Constitución; y 3) el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal.." Detallado lo anterior, la Primera Sala explicó en su sentencia 46/2020, la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal (estudio que se hizo en la Contradicción de Tesis 57/2018), en donde se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas. En términos generales, se adujo en esa parte de la sentencia dictada en el recurso de queja 46/2020, que el conjunto de esas normas constitucionales, puso de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país, si la ejecución de las penas continuaba bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo, por lo que se adujo que para lograr esa transformación, era necesario reestructurar el sistema, circunscribiendo únicamente la facultad de administrar las presiones al Poder Ejecutivo, y confiriendo al Poder Judicial la potestad de ejecutar lo juzgado, a través de la creación de la figura de los "jueces de ejecución de sentencias". También se adujo que, conforme el amparo en revisión 151/2011, del que derivó la jurisprudencia de rubro "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011", todas las cuestiones de trascendencia jurídica que pudieran surgir durante la ejecución de la pena y los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados, debían quedar bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. Se estableció en esa sentencia 151/2011, que correspondía a las autoridades judiciales en materia penal, en especial a los jueces de ejecución, tanto en el ámbito federal como local, asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se podían producir dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución podía adoptar la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Sobre esos temas jurídicos, se indicó que cualquier controversia que se suscitara por parte de los sentenciados respecto de las cuestiones de ejecución, su conocimiento y solución correspondería a los jueces de control; lo que implicó un verdadero cambio fundamental en cuanto a la vía a instar, porque pasó de la administrativa a la penal. Ahora, para materializar lo antes dicho, se propuso la creación de una Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, que transformara el sistema penitenciario y garantizara la protección de los derechos humanos de los internos; ley que debía contemplar una delimitación de las funciones de las distintas autoridades que intervienen en la ejecución de las sanciones y en el internamiento preventivo, estableciendo explícitamente que la imposición de las penas, su modificación y duración fueran competencia exclusiva del Poder Judicial. Que el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor al día siguiente, de conformidad con el artículo Primero Transitorio de dicha norma general. También se adujo en la sentencia en estudio (recurso de queja 46/2020), que parte de la finalidad de la citada ley de ejecución, radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en un marco irrestricto de derechos humanos, se resolvieran las controversias que surgieran con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o sujeta a medidas de seguridad por delitos del orden común o federal. Después de explicarse diversos puntos de la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, el Máximo Tribunal del país procedió a verificar si en el caso puesto a su consideración, se actualizaba o no, alguna excepción al principio de definitividad, que hiciera procedente la acción constitucional que hizo valer la parte quejosa en la vía indirecta. Al respecto, se adujo en la sentencia 46/2020: ".I. Con relación a la hipótesis de excepción a ese principio, identificada bajo el inciso A), se debe corroborar si se cumple o no el presupuesto descrito en el punto 1), es decir, si en contra de una orden de traslado emitida por una autoridad administrativa penitenciaria, es procedente algún recurso o medio de defensa ordinario.." Delimitado lo anterior, se expuso que la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslado: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensorde ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificará que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización (artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación (artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Finalmente (se adujo), el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trata de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Con posterioridad, en la sentencia en estudio se indicó que la parte quejosa reclamó una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a una autoridad administrativa, y que ésta señaló en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que esa determinación se le comunicó de forma verbal; por tanto, la Suprema Corte concluyó que el acto reclamado fue una orden de traslado de tipo urgente o excepcional (supuesto idéntico al que se reclama en la demanda en estudio), que es regulado por el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Así, se indicó, el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. También se adujo que, respecto a esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Y se adujo: ".Así, cuando se presenten casos como el presente, en que la persona privada de la libertad, reclama una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga la certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrá accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. . En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado.." Posteriormente, el Máximo Tribunal del país, resolvió que, no se actualizaba ninguna excepción al principio de definitividad, porque ese medio ordinario de defensa sí puede suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo; incluso, se apuntó que, contra lo resuelto por el Juez de Ejecución en la controversia judicial, procede el recurso de apelación, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. De igual forma, se resolvió en el recurso de queja 46/2020, que tampoco se actualizaba la excepción al principio de definitividad, relativo a que la orden de traslado urgente o excepcional, carece de fundamentación; además que este tipo de actos no implica una violación directa a la Constitución; y que el recurso o medio de defensa no se encuentra previsto en un reglamento, sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y se concluyó: ".Consecuentemente, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; y por tanto, en el caso de los traslados urgentes o excepcionales, ordenados por autoridad administrativa penitenciaria, en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. De no ser así, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no agotar el principio de definitividad. En ese orden de ideas, se concuerda con la conclusión alcanzada por la Juez de Distrito, en el sentido de estimar actualizada la causa de improcedencia, prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó la controversia judicial, como medio ordinario de defensa, establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional en la vía indirecta, en los términos expuestos en los párrafos precedentes." Finalmente, el Máximo Tribunal del país respondió en su sentencia dictada en el recurso de queja 64/2020, los cuestionamientos que justificaron la atracción del asunto puesto a consideración y que le dio origen al fallo aquí descrito. Lo así dicho le da origen a la tesis 1ª.XXIV/2021, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 3506, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, correspondiente al mes de junio de dos mil veintiuno, Tomo IV, Undécima Época, con el rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." En tales condiciones, con fundamento en las consideraciones jurídicas vertidas en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo que nos ocupa es improcedente, por no observarse el principio de definitividad que lo rige, ello de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Materia, en la medida que el promovente de amparo debió agotar la controversia judicial, como medio ordinario de defensa, establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional en la vía indirecta. Por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo intentada. Notificación en el lugar de reclusión Finalmente, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, y en consideración a que el quejoso ************, se encuentra interno en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en el Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, se encomienda notificar personalmente el presente acuerdo a la actuaria judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentra interno el quejoso de mérito, para que proceda a su plena identificación.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de la demanda Se tiene por recibido el escrito inicial de demanda de amparo signada por Ignacio Herrera Lugo, contra actos del Coordinador General de los CEFERESOS, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Registro y formación del expediente Fórmese expediente tanto impreso como electrónico y regístrese en el libro de gobierno relativo a los juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 779/2022-4B. Prevención Ahora bien, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracción IV y V, y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación o dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad y atendiendo los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, cumpla con la prevención siguiente: Precise con claridad que acto en específico le reclama al Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en funciones de Juez de Ejecución. Lo anterior, a fin de fijar la Litis en el presente juicio y que las autoridades responsables estén en aptitud de rendir su informe de ley; esto, pues del análisis integral de la demanda de amparo, se observa que la orden de traslado de la que se duele se la imputa a las autoridades administrativas, sin precisar cuál es la actuación que imputa al juzgador federal que señala como responsable. Apoya jurídicamente lo que precede la tesis número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, sustentada por el tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda.". También es aplicable la diversa tesis de jurisprudencia número 495, publicada en la página 433, Tomo VI, Materia Común del Apéndice 2000, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA.- De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un Juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo.". En el entendido de que el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevé la consecuencia de que las partes con el fin de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda de amparo afirme hechos falsos u omita los que le constan en relación con el acto reclamado. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.". En el entendido que, de no otorgar cumplimiento a la prevención de referencia, dentro del plazo y términos apuntados, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo se tendrá por no presentada. Domicilio y autorizados En otro orden de ideas, con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Monterrey número 1019, fraccionamiento Romanillo, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa; de igual manera, téngase como sus autorizados legales para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Silvestre Bojórquez Machado y Jesús Manuel Castro Saucedo. En ese mismo tenor, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que únicamente se le tiene como medio de contacto los correos electrónicos bojorquez_07@hotmail.com y Jeman_23@hotmail.com. Asimismo, el quejoso solicita consultar a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para realizar consultas y además para recibir notificaciones en el expediente electrónico que se integró del presente juicio; asimismo, manifiesta los nombres de usuarios registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y al que deberá asociarse el otorgamiento de acceso son: SILVESTRE2 y JESUSMAN. En atención a lo anterior, en los artículos 16, 35, 39, 96 y 98 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, así como en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se acuerda de conformidad lo solicitado por el promovente, en el sentido de autorizar en su favor el acceso al expediente electrónico del presente juicio, y se le permite la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía electrónica del presente procedimiento, y finalmente para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos se habilita el apartado correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que el nombre de los usuarios son SILVESTRE2 y JESUSMAN, los cuales ya se encuentran registrados y autorizados en la Plataforma de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); en términos del acuerdo general en su artículo 36, párrafo tercero, la autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la firma electrónica se mantenga vigente y únicamente surte efectos para el presente juicio. Protección de datos personales Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niegan a la publicación de éstos. Por otra parte, se exhorta a las demás partes para que, cuando le sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quien podrá solicitar, por sí o por conducto de sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Autorización de días y horas inhábiles En virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Notificación en el lugar de reclusión Finalmente, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, y en consideración a que el quejoso Ignacio Herrera Lugo, se encuentra interno en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en el Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, se encomienda notificar personalmente el presente acuerdo a la actuaria judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentra interno el quejoso de mérito, para que proceda a su plena identificación. Orienta el criterio la Tesis VI.1o.P.209, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1028 del Tomo XVII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2003, Materia Penal, Novena Época, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. INVARIABLEMENTE DEBEN EFECTUARSE EN FORMA PERSONAL, CUANDO CAREZCAN DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, O NO HUBIESEN DESIGNADO PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIRLAS.".
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