Humberto Uribe Ramírez y Otros.

Expediente 221/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
221/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
21/06/2017

Partes del expediente

  • Humberto Uribe Ramírez
  • Humberto Uribe Ramírez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de treinta de mayo de dos mil diecisiete, en la que se sobreseyó el amparo, promovido por ******* y *******. Por lo que, con fundamento en los artículos 2, 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES QUEJOSAS LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de mayo de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El seis de marzo de dos mil diecisiete se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad la demanda que dio origen al juicio, la cual fue turnada a este Juzgado de Distrito en la misma fecha. En el escrito inicial los quejosos ******* y ******* solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado Magistrado de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos Jefe de la Oficina Central de Actuarios y Ministros Ejecutores adscritos a los Juzgados Civiles del Distrito Judicial Bravos El acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, publicado al día siguiente hábil con el número 09, dentro del Toca *******, mediante el cual se tuvo por desechado el incidente de nulidad de actuaciones presentado por los quejosos. Los actos de ejecución de la sentencia dictada en el Juicio Ordinario Civil ******* El cumplimiento de la sentencia dictada en autos del Juicio Ordinario Civil ******* del índice del Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de siete de marzo de dos mil diecisiete la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia civil en el que se reclama un acto declarativo. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción IV de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda y de la ampliación, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el quejoso reclama: a) Del Magistrado de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justica en el Estado de Chihuahua, con sede en la capital, el auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete dictado en el toca civil *******, a través del cual desechó el incidente de nulidad de actuaciones. b) Del Juez Sexto de lo Civil del distrito judicial Bravos y del Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos el cumplimiento de la determinación antes mencionada, que se traduce en la ejecución y cumplimiento de la sentencia pronunciada por en el juicio ordinario civil *******. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos al rendir su informe justificado negó el acto reclamado de ejecución que se le endilga, en virtud de que únicamente realiza funciones administrativas y no actos de notificación. Ahora, del contenido del Reglamento de la Oficina Central de Notificadores y Ministros Ejecutores de los Juzgados de Primera Instancia efectivamente se infiere que sus funciones se limitan a distribuir el trabajo de los notificadores. Entonces, no es cierto la autoridad tenga la calidad de ejecutora en el juicio de amparo en que se actúa y toda vez que la parte quejosa no aportó pruebas para desvirtuar tal negativa, lo que procede es sobreseer en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria, que textualmente establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación el Magistrado de la Sala Octava Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y el Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos indicaron que son ciertos los actos que se les reclama. De manera que, se tiene como cierto el auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete dictado en el toca civil *******, a través del cual desechó el incidente de nulidad de actuaciones y el cumplimiento de esa determinación, para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia del amparo. Estudio de las causales de improcedencia. La improcedencia es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, misma en la que textualmente se establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Como puede advertirse claramente, la causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que la parte amparista no agotó, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio ordinario sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. En relación con dicho principio, conviene citar el contenido de los artículos 100 y 815 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, aplicable al caso, donde se establece: 100. Los autos que no sean apelables, podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia; en la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. De la revocación 815. El recurso de revocación a que hace referencia el artículo 100 de este Código, deberá interponerse por escrito a más tardar dentro del siguiente día en que se hizo la notificación del auto que se va a recurrir, o surtió sus efectos la hecha por medio de lista, salvo lo dispuesto en el artículo 818 de este Capítulo. Como puede observarse, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, contempla un sistema de impugnación que permite la defensa de los gobernados y con la interposición del recurso la posibilidad de revocar o modificar la omisión que en el caso se ha cuestionado. En el caso, la parte quejosa reclama del Magistrado de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justica en el Estado de Chihuahua, con sede en la capital, el auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, que emitió en el toca civil *******. Ahora, del citado numeral 100 del código adjetivo civil se desprende que durante la segunda instancia todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. Bajo esas premisas, procede el recurso a que alude el artículo 815, de la legislación procesal civil estatal, esto es, la revocación. Cobra aplicación, aun cuando se analice otra legislación pues la norma está redactada en términos similares a la del Estado, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 178684, visible en el tomo XXI, de abril de 2005, página 443, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, que de su literalidad se observa lo que se transcribe a continuación: NULIDAD DE ACTUACIONES. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN Y NO EL DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL INCIDENTE PROMOVIDO CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, PERO QUE NO TIENDE A ÉSTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los autos que deciden o desechan los incidentes de nulidad de actuaciones dictados dentro del juicio, por regla general sólo son atacables vía agravio mediante la apelación hecha valer contra la sentencia definitiva, y como única excepción está el incidente que declara la nulidad del emplazamiento, el cual admite la apelación en ambos efectos; sin embargo, no hay regla expresa para la impugnación de los autos que desechen los incidentes después del dictado de la sentencia definitiva en los que se pretenda la nulidad de la notificación de una resolución que no tienda directamente a su ejecución. En ese tenor, y en virtud de que el artículo 435, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco al disponer que son apelables los autos que causan gravamen irreparable en la sentencia, se refiere a decisiones emitidas dentro del juicio, antes del dictado de la definitiva, es indudable que no alcanza a las resoluciones posteriores y, por tanto, la apelación resulta improcedente en contra de éstas; en cambio, sí cabe el recurso de revocación, ya que el artículo 431 del citado ordenamiento legal dispone su procedencia contra los autos de primera y segunda instancias, salvo que conforme al mencionado código sean apelables, irrecurribles o se trate de decretos de mero trámite, y como la referida resolución, al no tender a la ejecución, sí es recurrible (aplicando en sentido contrario el artículo 501 del mismo ordenamiento); no admite apelación y no es de mero trámite (como los decretos, pues se trata de un verdadero auto), el recurso procedente en contra de ella es el de revocación. En efecto, previamente a la promoción del presente amparo, se debió interponer el citado medio de defensa para lograr que el auto impugnado fuese examinado y con ello se lograra la modificación y revocación del mismo. Por ello, se estima actualizada la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por ende, se sobresee en términos del numeral 63, fracción V, de la propia ley. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Además, cabe decir que no se advierte que se esté en presencia de algún supuesto de excepción al principio de definitividad. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras Juez Sexto de lo Civil del distrito judicial Bravos, toda vez que el acto que les fue atribuido, no se combatió por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hizo depender del acto reclamado a la ordenadora. Al respecto se invoca, la jurisprudencia 516, emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394472, visible a página 339, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII, 63, fracción V, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ******* promovido por ******* y *******, en relación con los actos reclamados del Magistrado de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Juez Sexto de lo Civil del distrito judicial Bravos y Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos, por las razones expresadas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, el día de hoy treinta de mayo de dos mil diecisiete, fecha en que se terminó el engrose de este fallo y lo permitieron las labores del juzgado, asistido de la licenciada *******. Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito al que anexa copia certificada del testimonio de la resolución dictada el veinte de abril de dos mil diecisiete por dicho órgano pluripersonal. Hágase del conocimiento de las partes que se resolvió: ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de queja a que este toca se refiere. Acúsese recibo de estilo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Lo anterior, con fundamento en el artículo 97 fracción I inciso b) de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio que remite el actuario adscrita al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Téngasele acusando recibo del recurso de queja interpuesto por los quejosos ** y **, así como acusando el original y copia del escrito de queja en contra del auto de siete de marzo pasado y el expediente, necesarios para la substanciación del recurso interpuesto en el incidente derivado del juicio de amparo 221/2017, mismo que quedó registrado con el toca 130/2017. Lo anterior con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.ahn

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