Humberto Lupio Reyes
Expediente 952/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 952/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Humberto Lupio Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el informe justificado que rinde conjuntamente la Tesorera Municipal y el Ministro Ejecutor adscrito a la Tesorería, ambos de Ciudad Juárez; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Por otro lado, en relación a la documental que adjuntan las autoridades responsables, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dado que así lo permite su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades oficiantes, designando como delegados a las personas que indican en su informe. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada Yazmín Meraz Rivera, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/7294/2023 de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 142, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.jmp
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, en virtud de que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a las autoridades responsables Tesorería del Municipio de Ciudad Juárez y el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Tesorería, ambos en esta ciudad, a fin de que estén en aptitud en rendir sus informes con justificación; toda vez que del propio estado de autos se advierte que fueron notificadas el treinta y uno de octubre del año en curso, según se advierte de la constancia de notificación que ampara la entrega de los oficios respectivos; por lo que hoy es el día diez de los quince referidos. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del tres de enero de dos mil veinticuatro. Informa transición a expediente electrónico Ahora, atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 952/2023-VI, y; RESULTANDO Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda recibido el seis de octubre del año en curso, Jaime Rodríguez Gutiérrez, representante legal de ********** y **********, solicitó el amparo y la justicia federal, así como la suspensión de los actos reclamados a la Tesorería del Municipio de Ciudad Juárez y otra autoridad. Segundo. Tramitación del incidente. Por auto de diecisiete de octubre del año en curso, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitó su informe previo a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual fue desahogada al tenor de la audiencia que antecede. CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Tesorera Municipal y Ministro Ejecutor adscrito a la Tesorería, ambos de Ciudad Juárez, al rendir su informe previo manifestaron que era cierto el acto reclamado por la parte quejosa. Tercero.- Concede definitiva. A efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, se precisa que la parte quejosa acude a esta instancia reclamando lo siguiente: [.] "La falta de notificación personal de la resolución determinante de un crédito fiscal, por concepto de impuesto predial, en relación con un bien inmueble, propiedad de mis mandantes al que más adelante me referiré. Asimismo, la futura e inminente "orden de desocupación", conocida comúnmente como orden de lanzamiento con la finalidad de privarme de la posesión del citado inmueble" [.] En las relatadas circunstancias, para resolver lo relativo a los efectos de la medida cautelar solicitada debe tomarse en consideración lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la ley de la materia, que en su orden señalan: [.] 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. [.] 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. [.] En el caso se acredita el primero de los requisitos a que alude la fracción I, del precepto transcrito en primer término, toda vez que la parte quejosa en el escrito de la demanda de amparo, solicitó la medida suspensiva de los actos reclamados. Los cuales aduce, afectan su esfera jurídica de manera directa, lo que por ahora resulta suficiente para resolver sobre la suspensión de dichos actos, pues para ello se debe partir, del supuesto, comprobado o no, de que estos son ciertos; manifestaciones que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quién la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, sin oponerse a lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, la Jurisprudencia 2a./J. 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 12, tomo 68, Agosto de 1993, Octava Época de la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 206,395, cuyo rubro dice: SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior, conduce a estimar que efectivamente los actos materia del reclamo pueden afectar los derechos jurídicamente tutelados por la parte inconforme. En cuanto al segundo requisito, la fracción II del citado numeral 128 establece, que la medida cautelar en el juicio de amparo se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; entendiéndose por orden público, el sistema de normas de mayor importancia para conservar y encauzar el orden en la sociedad y, por interés social, la atención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico. Ilustra lo determinado, la Jurisprudencia I.3o.A. J./16, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 383, del Tomo V, Enero de 1997, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Así como, el criterio contenido en la Tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 11, del Tomo XI, Junio de 1993, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: SUSPENSION. LOS SUPUESTOS DE PERJUICIO AL INTERES SOCIAL O CONTRAVENCION DE DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO ESPECIFICADOS EN EL ARTICULO 124, FRACCION II, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS. El artículo 124 de la Ley de Amparo establece que, se considerará, entre otros casos que sí se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, "cuando de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares"; lo que significa, que el legislador se concreta a ejemplificar, en forma simplemente enunciativa, mas no limitativa tales casos, dejando al juzgador en aptitud de reconocerlos en otros supuestos, de conformidad con su criterio y el caso concreto. Pues bien, en lo que atañe al segundo de los requisitos del numeral en estudio, esto es, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, cabe decir que para determinar lo anterior, debe sopesarse el perjuicio real y efectivo que podría sufrir la colectividad, con el que podría afectar a la parte quejosa con la ejecución de los actos reclamados, pues no debe perderse de vista que para determinar si existe esa afectación, no basta que la ley en que se fundamenten los actos sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son realmente significativos para afectar el interés social. Ciertamente, las leyes en mayor o menor medida responden a ese interés público; sin embargo, esto no puede ser una habilitación absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo irreversible, ya que también es deseable por la sociedad que las autoridades no afecten derechos fundamentales de los particulares, especialmente cuando tienen el carácter de indisponibles o irreductibles como la vida, salud, libertad, igualdad, dignidad y los demás consagrados en la Carta Magna, así como en los Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible reparación. Por ende, para decidir respecto de la concesión de la suspensión de los efectos y consecuencias de los actos aquí reclamados, debe realizarse un análisis del grado de afectación que sufren tales conceptos (orden público e interés social); de esta manera, el derecho o principio a primar debe ser, en la especie, aquél que cause un menor daño y el cual resulta indispensable privilegiarse, o sea el que evidentemente conlleve a un mayor beneficio. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de las Ley de Amparo en aplicación, se desprende que la medida suspensiva tiene como propósito mantener viva la materia del juicio de amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, de modo que el Juez de Distrito tiene la obligación de tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio; y tomando en consideración que el artículo 139 de la ley de la materia, consigna la potestad conferida al Juzgador Federal de ordenar en el incidente de suspensión, en todos aquellos casos en que haya peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la parte quejosa, que se mantengan las cosas en el estado que guardan, facultad que está supeditada a la naturaleza del asunto y principalmente a las disposiciones relacionadas con la misma. De esa manera, la suspensión es una medida cautelar de una situación ya existente, que tiene como finalidad evitar que ésta se altere, ya sea con la ejecución de los actos reclamados, o bien, por sus efectos y consecuencias; de ahí, que no crea derechos en beneficio de la parte quejosa, sino únicamente los preserva en cuanto que no se afecten por la ejecución de los actos reclamados, con independencia de que sean o no inconstitucionales. En ese contexto, cabe destacar que objetivo primordial de esa providencia es mantener viva la materia del juicio de amparo, con el fin de impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. En esa tesitura, debe acreditarse que se es agraviado y que, de no concederse la suspensión solicitada, se afectarían sus derechos, en el caso, es necesario acreditar indiciariamente ser titular del derecho que se invoca violentado. De manera indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, al realizar una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quién solicita la medida cautelar resultará agraviado. Ahora, para justificar el derecho que ejerce sobre dicho bien inmueble, la parte quejosa exhibió el instrumento público número 32,971, mediante el cual el Notario Público número Dieciséis del Distrito Judicial Bravos en Ciudad Juárez, hizo constar la formalización de la compraventa relativa al bien inmueble ubicado en el número 10,224 de la calle Hacienda Agua Azul, del fraccionamiento Hacienda de las Torres Universidad, Etapa IV, en esta ciudad. Documental a la cual se le reconoce valor probatorio en términos del artículo 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2º, y con lo que se prueba el interés presuntivo que tiene la parte quejosa, para solicitar la suspensión del acto reclamado. Apoya a lo anterior, la tesis VII.2o.C.32 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 1416, Novena Época, Materia Común, con número de registro 168761, cuyo rubro y texto indican: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN, BASTA CON QUE EL QUEJOSO DEMUESTRE SU CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, PARA QUE SE ACREDITE EL REQUISITO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. Si del informe previo rendido por las autoridades responsables se desprende que el quejoso es un tercero extraño a juicio por equiparación, pues fue señalado como parte demandada en el juicio natural y se dictó sentencia condenatoria que implica la desocupación y entrega del inmueble litigioso a favor de la parte actora, es inminente que la orden de lanzamiento que se llegue a emitir en ejecución de ella estará dirigida al quejoso y traerá como consecuencia su desposeimiento; de ahí que se satisfaga el requisito de procedibilidad de la medida cautelar sujeta a estudio, previsto por el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin que la anterior conclusión contravenga el criterio jurisprudencial sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado con el número P./J. 96/97, publicada en el Semanario Judicial del Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 2007, página 23, con el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN.", pues tanto de la lectura de su texto como de la ejecutoria de donde derivó, se pone de manifiesto que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento se ocupó de analizar ese supuesto, sino que en la contradicción de tesis número 37/97, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, el punto a dilucidar se estableció a partir de que el primero de los mencionados órganos jurisdiccionales consideró que aun cuando se haya afirmado bajo protesta de decir verdad que se tiene la posesión del inmueble, ello no basta porque debe demostrarse, aunque sea indiciariamente, el interés suspensional que puede resultar lesionado con los daños y perjuicios de difícil reparación, mientras que el segundo consideró que no puede estarse sino a lo expresado bajo protesta de decir verdad en la demanda de garantías, atendiendo a la naturaleza del acto, privación de la posesión, lo cual es suficiente para tener por demostrado, aunque sea presuntivamente, el aludido interés en el otorgamiento de la suspensión provisional; esto es, nunca efectuó pronunciamiento respecto de los medios de convicción que pueden tomarse en cuenta para tener por acreditado el interés suspensional del quejoso cuando, como en la especie, se ostenta como tercero extraño por equiparación." Luego, con la suspensión solicitada por la parte quejosa no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, en términos del artículo 129, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 128 y 151 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada por ********** y **********, para el efecto de que sin paralizar el procedimiento administrativo de ejecución DI/PAE/3056/2011, no se lleve a cabo la entrega material del citado bien inmueble al adjudicatario; hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. Por tanto, para que surta efectos la medida suspensional es necesario que su solicitante exhiba caución para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero interesado si no se le otorga la protección constitucional, sin que ellos pueda jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de aquél, como consecuencia de la ejecución inmediata del acto de autoridad cuyo apego a la norma fundamental se controvierte, pues por su naturaleza accesoria, únicamente se encuentra dirigida a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto de autoridad, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero interesado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión, hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. La presente medida cautelar surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe en cualquiera de las formas que establece la ley, como garantía la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) que esta Juzgadora fija de manera discrecional, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Lo anterior, con fundamento en los artículos 129 y 132 de la Ley de Amparo. La presente suspensión surte efectos, siempre y cuando a la fecha no se hubieran realizado los actos materia de la suspensión, de lo contrario se le estaría dando efectos restitutorios los que sólo son propios de la sentencia que se pronuncia en el juicio de amparo de donde derivan los presentes autos incidentales. Garantía que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley, en un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 136 de la ley de la materia. Si opta por póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; debiendo señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si opta por billete de depósito, éste contendrá entre otros, los siguientes requisitos: nombre del depositante, en el rubro correspondiente al concepto: "para garantizar la suspensión otorgada a la parte quejosa" (nombre del garante por el que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión 952/2023-VI; y, en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua". Resulta aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis 2ª. LIII/2000, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, del Tomo XI, Mayo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE SE FIJA AL QUEJOSO PARA QUE SURTA EFECTOS, DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDEN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión del acto reclamado obra sobre su ejecución, afecta las medidas que tienden a concretar sus consecuencias jurídicas y materiales, por tal motivo, el acto cuya constitucionalidad se reclama a través del juicio de amparo, en sí mismo, es extraño a los efectos de la suspensión que llegue a concederse, pues ésta únicamente provoca que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, en casos excepcionales, que los actos de ejecución que han comenzado a iniciarse se detengan sin continuar su realización, que puede acarrear su consumación e, inclusive, dejar sin materia el juicio de garantías, por lo que resulta inconcuso que los efectos de la referida medida cautelar no afectan la validez del acto de autoridad reclamado, no lo socavan, ni trascienden a su constitucionalidad, aun cuando se advierta la apariencia del buen derecho, cuestión que no vincula al juzgador constitucional. En tal virtud, así como la suspensión de los actos impugnados en el juicio de amparo no constituye un fin en sí mismo, pues su otorgamiento tiene lugar en función del proceso principal, por lo que no afecta la validez ni la existencia del acto controvertido, y menos aún, tiene por objeto verificar la veracidad de la pretensión hecha valer por el quejoso, sino que con tal medida se busca asegurar la efectividad de la justicia constitucional, igualmente, la caución que debe otorgar el peticionario de garantías para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional, tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de aquél, como consecuencia de la ejecución inmediata del acto de autoridad cuyo apego a la Norma Fundamental se controvierte, pues por su naturaleza accesoria, únicamente se encuentra dirigida a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto de autoridad, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión, hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Así, verbigracia, los daños y perjuicios que puedan generarse por la suspensión de una resolución jurisdiccional que establece una condena líquida o de fácil liquidación, no pueden traducirse, válidamente, en el numerario que se incorporaría al patrimonio del tercero perjudicado en virtud de lo ordenado en ésta, ya que los efectos de esa medida cautelar en manera alguna tienden a destruir los que derivan del acto reclamado, únicamente detienen su ejecución, por lo que la caución no debe fijarse atendiendo a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de ésta. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se concede a ********** y **********, la suspensión definitiva en términos de lo dispuesto en el último considerado de la presente determinación. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el informe previo que rinde conjuntamente la Tesorera Municipal y el Ministro Ejecutor adscrito a la Tesorería, ambos de Ciudad Juárez; con su contenido dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetar el mismo, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades oficiantes, designando como delegados a las personas que indican en su informe. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.jmp
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