Idalia Rubí Malagon Mancera
Expediente 206/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Idalia Rubí Malagon Mancera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la resolución de tres de junio de dos mil veintidós, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 7.4 relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de la Dirección General de Archivo y Documentación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a tres de junio de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 206/2022-V. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El catorce de marzo de dos mil veintidós, se recibió la demanda promovida por **********, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: 1.- Instituto Mexicano Del Seguro Social. 2.- El Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, **********. 3.- Unidad Médica de Alta Especialidad Número 71 (.) 4.- El Director de la Clínica Unidad Médica Familiar Número 48, Del Instituto Mexicano Del Seguro Social, consultorio 8 (.). 5.- El Director del Hospital General Regional Número 66, Del Instituto Mexicano Del Seguro Social, consultorio Uro_ V02, por conducto de quien lo represente (.) 6.-La Dirección De Prestaciones Médicas, así como a los Doctores: ********** y **********(.) IV.- Acto de autoridad reclamado. - Instituto Mexicano Del Seguro Social, El Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, **********, El Director de la Clínica U.M.F. NO. 48, Del Instituto Mexicano Del Seguro Social, La Dirección de Prestaciones Médicas, y a los Doctores: **********, y **********, les reclamo la dilación excesiva en lo que respecta a mi intervención quirúrgica, situación que está deteriorando de forma irreversible mi salud poniéndome en riesgo de perder la vida, ya que no me dan fecha para mi cirugía y solo me expiden recetas que no puedo surtir ya que el Instituto y sus farmacias no cuentan con los insumos correspondientes. 2.- A todas las autoridades les reclamo eliminen cualquier práctica evasiva que conlleve a la dilación excesiva de mi cirugía, o en su caso se lleve a cabo mi cirugía por emergencia aun y cuando tenga que utilizar la figura la subrogación con otros hospitales. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 4º, 17 y 123, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El catorce de marzo de dos mil veintidós, se radicó con el consecutivo 206/2022-V, proveyendo sobre la suspensión de plano de los actos reclamados, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama la omisión de brindarle atención médica. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Titular de la División de Amparos Fiscales en suplencia del Director General y en representación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Ciudad de México; el Director de la Unidad de Medicina Familiar Número Cuarenta y Ocho y la Titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chihuahua, en esta ciudad; y la Jefa de la División de Amparos Fiscales, en suplencia del Director de Prestaciones Médicas, en la Ciudad de México; todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Directora en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades Número Setenta y uno, en Torreón, Coahuila, al rendir su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto de que se duele la promovente, pues ha recibido la atención médica adecuada a su padecimiento; no obstante lo anterior, expresó argumentos con los que se evidencia su certeza. Por tanto, se tienen por ciertos los actos que se endilgan a la autoridad responsable, siendo aplicable al caso la tesis con registro digital 21100, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, de julio de 1994, página 391, que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. A su vez, el Director del Hospital General Regional Número Sesenta y seis del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante haber sido debidamente requerido para tal efecto, según se advierte de la constancia de catorce de marzo del año que transcurre; de ahí que se presume la existencia de los actos que se le atribuyen, conforme lo establecen los numerales 115 y 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Así, Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. En su demanda de amparo, la quejosa manifiesta que el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, fue diagnosticada con nefrolitiasis bilateral, en la clínica número sesenta y seis del Instituto Mexicano del Seguro Social; por lo que después de diversos estudios, el veintinueve de los mismos, fue transferida a la Unidad Médica de Alta Especialidad Número Setenta y uno, en Torreón, Coahuila, quien comunicó no contar con "tiempo quirúrgico", programando una cita para el mes de enero de dos mil veintidós, sin que a la fecha de presentación de su demanda se haya proyectado fecha para su intervención o se le suministrara el medicamento recetado. 2. En su informe sobre la suspensión de plano de dieciséis de marzo de este año, la Directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad Número Setenta y uno, en Torreón, Coahuila, informó lo siguiente: Es de NEGAR EL ACTO R.ECLAMADO, en razón a que la paciente la atendimos el día 29 de noviembre del 2021 en la especialidad de Urología de Adultos (se anexa nota medica de ese día) con Diagnostico de Litiasis Renal Bilateral (coral completo) como se observa en la nota, no causan obstrucción y su vía urinaria se encuentra normal (sin complicación), por lo que en virtud de que no había programación en la agenda de la citada especialidad, se le pidió que sacara cita en el mes de enero del 2022 para su correspondiente programación quirúrgica, la cual no hizo la paciente y posteriormente acudió a su hospital General de Zona el día 14 de febrero del año en curso (se anexa nota medica electrónica), en el que ella manifiesta que no quiere cirugía abierta. Cabe aclarar que las cirugías abiertas son necesarias cuando el procedimiento es urgente, en el caso de ella, su padecimiento no es urgente, ya que puede ser programado con tiempo de anterioridad y con los estudios necesarios para ingresar a quirófano de una manera ordinaria ya que su cirugía puede ser bajo el procedimiento denominado percutáneo (que es una cirugía de mínima invasión); si en este momento refiere dolor, es probable que sea por un cuadro infeccioso que se puede atender en el hospital general de zona de su ciudad de manera ordinaria. Sin embargo y en atención a la suspensión de plano decretada por su señoría, se programa a la hoy quejosa para el día jueves 31de marzo a las 9:00 AM en la especialidad de Urología con el Dr. Gerardo Espino para la valoración preoperatoria y señalar fecha quirúrgica en nuestra unidad. 3. Mediante oficio 0509162153/J.D.J./107/2022 de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la autoridad en comento comunicó que en la misma data la quejosa había recibido atención médica por la especialidad de urología, remitiendo al efecto la constancia que acredita las indicaciones a seguir y los estudios a realizar para la programación de su cirugía. 4. Mediante oficio 0509162153/J.D.J./171/2022 de doce de mayo de dos mil veintidós, la citada autoridad remitió la nota médica de veinticinco de abril del año que transcurre, de la que destaca que el dieciocho de los mismos la justiciable ingresó a ese nosocomio y egresó el veinticinco siguiente; se realizó procedimiento quirúrgico sin incidentes ni accidentes; entregando receta de los medicamentos que se le deben de suministrar, además de fijar fecha para su próxima cita y los estudios a realizar Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal correspondiera, sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto dentro del plazo concedido. Por lo que los actos que por esta vía se reclaman, consistentes en la omisión de brindar atención médica a Idalia Rubí Malagón Mancera, debe estimarse que han cesado, ya que de los antecedentes narrados se desprende que se brindó la atención médica reclamada, esto es, se le practicaron los estudios que se estimaron corresponden para restablecer la salud de la quejosa y, además, posterior a ello, egresó del hospital con motivo del alta médica; se le programó cita con el especialistas en urología, quedando la cita abierta a urgencias y se le han suministrado los medicamentos precisados en las recetas médicas; de ahí que se concluye que cesó la omisión reclamada. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos materia de estudio en este considerando. Así, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 660/2020-V, promovido por **********. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que no se cuenta con la información solicitada mediante oficio 8102/2022, de veintiuno de abril del año en curso, dirigido a la Jefa de División de Cirugía en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades Número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Torreón, Coahuila; lo cual resulta necesario para resolver el presente asunto. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia, y para su celebración se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós, para su celebración. De este modo, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. kod
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por la Titular de la División de Amparos Fiscales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del citado instituto, de su Director General y del diverso Director de Prestaciones Médicas del mismo; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. En el entendido, que el doce del actual se tuvo por recibido el informe justificado que rindió el Titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que refiere en su informe, así como proporcionando el correo electrónico institucional **********@imss.gob.mx, lo cual, también encuentra sustento en lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Ahora, respecto a la autorización que solicita, deberá estarse a lo acordado mediante proveído de catorce de marzo del año en curso, en el que se permitió el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las que tengan el carácter del reservada o confidencial, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. En otra tesitura, del informe que rindió la Jefa de División de Cirugía en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades Número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Torreón, Coahuila, contenido en el oficio 0509162153/J.D.J./107/2022 de treinta y uno de marzo pasado, se advierte la nota médica de la misma data, en la que se asentó que se fijó fecha quirúrgica para el diecinueve de abril de dos mil veintidós; atento a ello, gírese oficio a la autoridad en comento, a efecto de que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, informe si efectivamente se realizó dicho procedimiento en la humanidad de la quejosa **********, o en su defecto el tratamiento a seguir, apercibida que en caso de no pronunciarse al respecto, o no informar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización que asciende a la suma de cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional, acorde a lo establecido en los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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