Humberto Francisco Guerrero Rosales

Expediente 770/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
770/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
21/09/2017

Partes del expediente

  • Humberto Francisco Guerrero Rosales

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 50389/2017, signado por el Secretario Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa que insiste en declinar la competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *******. Asimismo, hace del conocimiento que remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, con el objeto de que se tramite el conflicto competencial suscitado entre ese órgano jurisdiccional y este juzgado. Lo anterior, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.aprh

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio ******* enviado por la Juez Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite la demanda de amparo promovida por *******, contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otras autoridades, al haber declarado la competencia a favor del Juzgado en Turno con sede en esta ciudad, mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, al considerar que el acto reclamado tiene ejecución en el territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo. Captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anótese en el Libro de Gobierno correspondiente de este juzgado como juicio de amparo *******. En atención a la naturaleza de los actos reclamados, el que suscribe no acepta la competencia declinada por la Juez Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Con el propósito de evidenciar el anterior aserto es conveniente precisar la competencia es la facultad que tienen las autoridades para conocer y decidir sobre determinados asuntos y materias que se someten a su conocimiento, la cual deriva de las disposiciones orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio. Por su parte, la jurisdicción es una institución de derecho que reviste a la autoridad de potestad legal para impartir justicia y, a su vez, es la potestad de que se hallan investidos los jueces para administrarla, la cual se clasifica en atención a razones territoriales, a la cuantía de los asuntos, a la materia misma de la controversia y al grado, lo cual origina la competencia de determinado tribunal para conocer de un negocio. Con relación a este tópico, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece- 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis de este precepto se deducen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica, se puntualizan en el orden siguiente- a- La primera está contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b- El segundo párrafo, más que una regla diversa, es un matiz de la contenida en el primer parágrafo, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, establece que cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, en cuya hipótesis el Juez que haya prevenido en el conocimiento, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c- En el último párrafo del precepto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En armonía con esas reglas, es necesario referir que uno de los rasgos que definen al juicio de amparo -que lo caracterizan como un medio de control constitucional- es su aptitud para proceder contra leyes, incluso, cuando no exista un acto de aplicación concreto. El fundamento de la división conceptual entre normas autoaplicativas y heteroaplicativas se encuentra en el requisito constitucional, contemplado en el artículo 107, fracción I, de que el amparo sólo procede a instancia de parte agraviada, pues se requiere que el acto reclamado genere una afectación a un interés legítimo o un interés jurídico. En efecto, la categoría conceptual que distingue ambos tipos de normas se ha utilizado para ordenar los efectos de las normas generales sobre la esfera de derechos de las personas- es decir, dicha distinción se estableció sobre la base del umbral de trascendencia de una norma a un derecho subjetivo -interés jurídico-. Por tanto, se estableció que algunas normas generan perjuicio desde su entrada en vigor, mientras que otras requieren de un acto de aplicación. El actual contenido del artículo 103, fracción I, constitucional establece que los Tribunales de la Federación resolverán, entre otras cuestiones, las controversias que se susciten por normas generales que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta manera, si las normas generales pueden combatirse en el juicio constitucional por vulnerar derechos humanos, la procedencia de la acción se condiciona a la existencia del principio de agravio. Así, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. El segundo párrafo de la fracción XIV de dicho artículo, que contiene como causa de improcedencia el consentimiento tácito, establece que no se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Así, el juicio de amparo procede contra normas generales que se estimen violatorias de los derechos humanos y-o garantías constitucionales cuando exista un principio de afectación, para lo cual en la ley se contemplan dos momentos posibles- a- por su sola entrada en vigor- y, b- cuando existe un acto de aplicación. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas, en función de las posibilidades de afectación de una norma general. En la Novena Época, el Pleno del Alto Tribunal del País continuó con la construcción de distinciones para diferenciar entre normas autoaplicativas y heteroaplicativas, e introdujo la noción de "individualización incondicionada"- así, en la jurisprudencia 55-97 se concluyó que dicho concepto es un referente objetivo entre ambos tipos de normas puesto que- "... permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada- así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana que lo sitúan dentro de la hipótesis legal ...-. En este orden de ideas, el concepto de distinción se basa en la noción de contenido normativo condicionado- Si se trata de un contenido normativo incondicionado, la norma es autoaplicativa- si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. En palabras del Pleno- "... cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada- en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.- En síntesis, la distinción entre normas autoaplicativas y heteroaplicativas, así como la diferencia de contenidos normativos condicionados y no condicionados, es una concepción formal que depende de la noción material de afectación que se adopte. Tanto el Tribunal Pleno como la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que una norma puede incluir distintos contenidos o efectos normativos, unos de los cuales sean autoaplicativos y otros heteroaplicativos, pudiendo la parte quejosa impugnar toda la regulación con motivo de la afectación autoaplicativa, sin necesidad de acreditar un acto de aplicación de la parte heteroaplicativa. Además, la Primera Sala del Alto Tribunal también ha señalado que, de manera excepcional, pueden encontrarse en el ordenamiento jurídico normas generales heteroaplicativas, identificables así por su estructura normativa interna, que no obstante, generan una afectación de tal gravedad para nuestra democracia constitucional, que pueden identificarse como autoaplicativas, por lo que debe tenerse por acreditado el interés legítimo para impugnarlas. El primero de este tipo de normas corresponde al de aquellas que son estigmatizadoras, es decir, aquellas que con independencia de que establezcan contenidos condicionados a un acto de aplicación, terminan por proyectar un mensaje discriminatorio contra ciertos sujetos, que resienten una afectación generada por la parte valorativa de la norma, al incluir criterios vedados por el artículo 1º de la Constitución General de la República. Un segundo tipo de normas en este supuesto, corresponde a aquellas que se erigen como barreras de acceso al debate público o que inhiben la propia deliberación pública, entendiendo que las condiciones normativas para la generación óptima de esta última se encuentran constitucionalmente protegidas, en tanto que son condiciones de existencia de un espacio público sin el cual un gobierno democrático de naturaleza deliberativa no sería posible. Apoya lo anterior, la tesis aislada 1a. CCLXXXIII-2014 -10a.-, aprobada por la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, de Julio de 2014, Tomo I, materia común, página 146, del siguiente tenor- INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. PERMITE IMPUGNAR LA PARTE VALORATIVA DE LAS NORMAS JURÍDICAS SIN NECESIDAD DE UN ACTO DE APLICACIÓN, CUANDO AQUÉLLAS RESULTEN ESTIGMATIZADORAS. Los significados son transmitidos en las acciones llevadas por las personas, al ser producto de una voluntad, de lo que no se exceptúa el Estado, como persona artificial representada en el ordenamiento jurídico. Así, las leyes no sólo regulan conductas, sino que también transmiten mensajes que dan coherencia a los contenidos normativos que establecen, ya que no regulan la conducta humana en un vacío de neutralidad, sino que lo hacen para transmitir una evaluación oficial sobre un estado de cosas, un juicio democrático sobre una cuestión de interés general. En este sentido, las leyes no sólo contienen una parte dispositiva, sino también una valorativa. Esta última es el producto de ciertas tesis sobre las que concurren las mayorías legislativas. Lo anterior es especialmente relevante considerar cuando se trata de estereotipos, pues la percepción social que hace sobrevivir un prejuicio contra un sector discriminado se sustenta en una compleja red de leyes y normas que regulan los intercambios de las personas para promocionar el rechazo a estos grupos, cuyo efecto es preservar un determinado mensaje oficial en la sociedad independientemente de la eficacia de determinados contenidos dispositivos de esa legislación. Luego, la discriminación no sólo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo vulnerable, sino también mediante aquellas normas que promocionan y ayudan a construir un significado social de exclusión o degradación, que si bien pueden no tener a los miembros de cierto grupo vulnerable como destinatarios, los efectos de su aplicación mediante la regulación de la conducta de terceros sí les genera un daño de estigmatización por discriminación. Así, esta Primera Sala estima que junto a la afectación material o tradicional que puede generar la parte dispositiva de una norma, puede existir una afectación inmaterial que produce el mensaje transmitido por la norma, es decir, por su parte valorativa. En otras palabras, el estigma por discriminación puede ser una afectación expresiva generada directamente por una norma, la cual comúnmente se traduce en una serie de eventuales afectaciones materiales secundarias, con motivo de la puesta en práctica del contenido prescrito por la norma, como es la exclusión de beneficios o distribución inequitativa de cargas. Sin embargo, lo relevante es que independientemente de las partes heteroaplicativas que contenga la norma, si existe una afectación de estigmatización por discriminación generada directamente en su parte valorativa, se debe reconocer interés legítimo para impugnarla, sin esperar el acto de aplicación. Cabe precisar que este tipo de afectación no diluye el concepto de interés legítimo en interés simple, pues no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce una ley en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción dañina subjetiva del quejoso, es decir, la disidencia u oposición a la norma. La afectación por estigmatización es una afectación concreta y distinguible de la mera oposición o disidencia ideológica a una ley, generable por un mensaje tachado de discriminatorio por la utilización de una de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1o. constitucional, del cual el quejoso es destinatario por ser miembro de uno de los grupos vulnerables identificados mediante una de esas categorías. Así, la estigmatización por discriminación no sólo depende de las impresiones subjetivas del quejoso, sino de una evaluación impersonal y objetiva del juzgador, lo que se determina mediante la derivación de entendimientos colectivos compartidos, el contexto social en que se desenvuelve y la historia de los símbolos utilizados. En la especie, el promovente señaló como acto reclamado, esencialmente, la dictaminación, aprobación y expedición de la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veinticinco de mayo de dos mil once, en particular el artículo 81 y Capítulo II, correspondiente al Control Migratorio y la eventual posibilidad de que le sea practicada una revisión de carácter migratorio, por las autoridades encargadas de aplicar la norma. Para tal efecto, el quejoso se ostenta como tercero y no destinatario directo de la norma que impugna- en cuyo caso, es necesario que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural, situación que en la especie no acontece. Así se sostiene, cuenta habida que, en el capítulo de "antecedentes" de la demanda, el impetrante del amparo afirmó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente- -.- El día 09-26-2016, en el Estado de Chihuahua, agentes que presumo eran del Instituto Nacional de Migración, con base en criterios totalmente subjetivos y discriminatorios me abordaron con el fin de solicitarme que acreditara mi nacionalidad. Yo manifesté tener la nacionalidad mexicana- no obstante, dichas autoridades continuaron insistiendo en que mostrará el documento correspondiente que acreditara la misma. Debido a lo anterior, mostré el documento a las autoridades, quienes después de verlo cuidadosamente, me permitieron continuar mi viaje. He sido sujeto en diversas ocasiones a este tipo de revisiones cunado me traslado por vía terrestre en dicho Estado de la República. Por mi trabajo es necesario que constantemente me traslade por la misma ruta- sin embargo, temo que nuevamente las autoridades antes mencionadas obstruyan mi viaje para realizarme una revisión migratoria, pues esto viola mi derecho constitucional de libertad de tránsito. -.- En adición a ello, el propio promovente del amparo señaló enfáticamente, lo siguiente- -.- debe tomar en cuenta que este juicio no versa sobre el primer acto de aplicación que las autoridades migratorias ejecutaron en febrero de 2010, sino que con el presente escrito se pretende impugnar la parte valorativa de la Ley de Migración como norma autoaplicativa -.- De las anteriores transcripciones se deducen las siguientes premisas- El quejoso promueve el presente juicio de amparo contra una norma de carácter general. Es voluntad de la parte quejosa reclamar la ley por su sola entrada en vigor y no partir de un acto concreto de aplicación, el cual refiere es susceptible de acontecer en el futuro -tan es así que específica sin lugar a duda que la demanda no la promueve respecto de los actos ocurridos previamente-. El quejoso señala en forma clara y reiterativa que no es el destinatario de la norma, sino que sufre una afectación colateral, a la cual considera jurídicamente relevante. Finalmente, bajo la referida hipótesis de procedencia del juicio de amparo contra leyes, impugna la parte valorativa de la norma general que tilda de inconstitucional, por considerar que cuenta con interés legítimo para impugnarla. Sobre esas bases, quien resuelve concluye que en el presente asunto, adversamente a lo que refiere la autoridad declinante en el sentido de que los actos reclamados tratan de ejecutarse en el Estado de Chihuahua, el que resuelve considera que en el presente asunto no existe un acto concreto de aplicación que reclame el impetrante del amparo, antes bien, refiere la simple posibilidad de que en aplicación de las normas impugnadas, le sea realizada alguna inspección migratoria, lo cual es suficiente para que se estime actualizada la tercera de la hipótesis de competencia a que se refiere el artículo 37 de la Ley de la materia, conforme a la cual cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, será Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, que en la especie resulta ser la Juez Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Este Juzgado federal no soslaya que la norma impugnada tiene efectos positivos- sin embargo, éstos no se limitan al territorio donde este órgano ejerce jurisdicción como sostiene la Juez declinante, sino que también podrían materializarse en cualquier parte de la República Mexicana, en la medida que el propio quejoso señaló, bajo protesta de decir verdad, que -.por cuestiones personales debo transitar constantemente por el territorio nacional, principalmente por zonas en que ¬-a pesar de no ser lugares destinados al flujo migratorio- he sido coartado de mi libertad de tránsito para identificarme y acreditar mi nacionalidad mexicana...-. En ese sentido, la norma reclamada como autoaplicativa no tiene un ámbito territorial de validez que únicamente sea aplicable en el lugar donde este Juzgado ejerce jurisdicción, antes bien, la norma migratoria es aplicable en toda la república y, a partir de lo que narró el quejoso en su demanda, su eventual aplicación puede ocurrir en cualquier Estado de la Federación. Sobre estas bases, se actualiza la hipótesis de competencia establecida en el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que estatuye, en lo conducente, que cuando el acto reclamado pueda llegar a tener ejecución en más de un distrito, es competente el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda- por tanto, en el caso que se analiza, la competencia para conocer de la demanda de amparo corresponde a la Juez Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En las relacionadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, no acepta la competencia planteada y ordena devolver los autos al juzgado oficiante, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se integre. Se solicita atentamente a la Juez Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, gire sus instrucciones para acusar recibo de la recepción de los autos. En otro contexto, con relación a la solicitud expresa del quejoso y toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracción II y III de la Ley de Amparo se provee- 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta al quejoso para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularlas con su firma electrónica. 3. Se ordena practicar las notificaciones vía electrónica, incluso las de carácter personal, en términos de lo establecido en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo- por tanto, es innecesario librar exhorto para la notificación personal de este acuerdo. En ese sentido, refiérase que tal como lo dispone el precepto normativo invocado en líneas que anteceden, las partes que cuenten con Firma Electrónica están obligadas a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia de la consulta que se realice vía electrónica, en un plazo máximo de dos días a partir de que se hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Apercibido, que de no generar la constancia mencionada en los plazos señalados, este juzgado de Distrito tendrá por hecha la notificación correspondiente, de conformidad con lo establecido en el dispositivo legal en cita. Por lo que hace a su solicitud de autorización para la consulta vía internet del presente expediente, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte en el "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes", el registro del usuario "ferfernanda_pa"- instrúyase a la analista jurídico encargado del citado Sistema, a efecto de que autorice a dicho usuario, la consulta del presente juicio de amparo vía electrónica. Ahora, toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Pino 88, interior 1, Colonia Villa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, Código Postal 04000, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se le requiere para que, de estimarlo necesario, dentro de los tres días siguientes a su legal notificación, señale domicilio para oír y recibir notificación en esta ciudad. Con fundamento en los numerales 12 se le tiene autorizando en términos amplios a *******, ******* y *******, toda vez que se encontraron inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que indica. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos- prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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