Humberto Perez Miranda
Expediente 1074/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1074/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/12/2019
Partes del expediente
- Humberto Perez Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, en atención al requerimiento formulado el doce de diciembre de dos mil diecinueve, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio suscrito por la autoridad oficiante y con el anexo que adjunta, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibidas que en caso de omisión se resolverá lo conducente con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias de autos. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación de Marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca, Estado de México, lugar que señaló para oír y recibir notificaciones, y que se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese atento exhorto al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en turno, con el objeto de que en auxilio de las labores de este juzgado, incluso en días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de la materia, comisione a personal de actuaciones con el objeto de que se sirva notificar al quejoso Humberto Pérez Miranda, la presente determinación. Notifíquese.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; doce de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta mediante el cual la Magistrada Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, comunica que por auto de nueve de diciembre del año en curso, dejó insubsistente la ejecutoria de nueve de julio de dos mil diecinueve, en el toca de apelación número 108/2019; asimismo ordenó al juez del proceso dejara insubsistente la determinación de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho y ordenara la práctica de exámenes psicológicos y médicos pertinentes al imputado conforme al protocolo de Estambul, ello en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; y solicita la devolución de la causa penal 89/2006 en catorce tomos. En el entendido que una vez que el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, cuente con las constancias de que el juez de origen se pronunció en relación a la práctica de exámenes psicológicos y médicos pertinentes al imputado conforme al protocolo de Estambul, las remita a este órgano jurisdiccional, con la finalidad de acordar lo que en derecho proceda. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y téngase por hecho del conocimiento lo manifestado por la oficiante, estando en espera del cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. Por otra parte, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días de informe a este órgano jurisdiccional las gestiones hechas por el juez de origen en relación a lo solicitado en párrafos precedentes, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos artículos 238 y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, por cuanto hace a su petición de que le sea devuelta la causa penal 89/2006, dígase a la oficiante que se esté a lo ordenado en proveído de once de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; seis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa dentro del presente juicio de amparo no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia terminada de engrosar el quince de noviembre de dos mil diecinueve, por la cual se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, en el presente asunto. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En esa virtud, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos artículos 238 y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta signado por la Subdirectora Técnica y de Igualdad de Género del Instituto de la Defensoría Pública, del Estado de México, a través del cual designa a Ma. Dolores Ramos González, Jesús Velasco Rodríguez y/o Luceli del Carmen Mendoza Martínez, para que de manera conjunta o separada asesoren jurídicamente al quejoso en el presente juicio de amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el escrito de cuenta signado por Ma. Dolores Ramos González, mediante el cual acepta el cargo conferido, es decir, como defensora pública del quejoso Humberto Pérez Miranda; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones. En términos del artículo 28, fracción I, de la citada ley, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa del diverso 2º, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la oficiante en el escrito de mérito. En atención a lo anterior, se tiene como defensora pública del quejoso Humberto Pérez Miranda, a la licenciada Ma. Dolores Ramos González, para los efectos legales a que haya lugar, circunstancia que se hace del conocimiento de dicha representante por conducto de la Directora General del Instituto de la Defensoría Pública en el Estado de México; y, por cumplido el requerimiento de mérito y sin efectos el apercibimiento contenido en el citado auto. Asimismo, a efecto de que se le otorgue una defensa adecuada, las subsecuentes notificaciones deberán de ser practicadas por conducto de la defensora pública citada; en consecuencia, se levanta la reserva decretada en auto de treinta de septiembre del año en curso, y se comisiona al actuario judicial adscrito para que notifique la presente determinación y el auto citado al quejoso por conducto de Ma. Dolores Ramos González. Notifíquese.
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