Humberto Ortiz Arzaluz

Expediente 813/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
813/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
06/08/2019

Partes del expediente

  • Humberto Ortiz Arzaluz

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de dos de julio de dos mil diecinueve, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Javier Morán García en representación de Humberto Ortiz Arzaluz, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente asunto es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin embargo se concedió la suspensión de plano del acto reclamado (punto vigésimo primero, fracción III, segundo y cuarto). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente para conocimiento de la parte quejosa. Ahora, la certificación referida evidencia que la parte quejosa no desahogó los requerimientos insertos en auto de veintitrés de junio pasado; por tanto, se tiene por precluido su derecho para hacerlo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 21/2002, visible en la página 314 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2002, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio". Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento respectivo y en términos del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda intentada por Javier Morán García en representación de Humberto Ortiz Arzaluz, contra actos del Oficial Calificador o Conciliador del Municipio de Toluca, Estado de México; en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, glósese a los autos el oficio suscrito por el Oficial Calificador Especializado en Alcoholímetro del Municipio de Toluca, Estado de México; a través del cual en cumplimiento al proveído dictado el veintitrés de junio del año en curso, remite copia certificada del Libro de la Oficialía Calificadora Especializada en Alcoholímetro, donde asentó la salida del quejoso Humberto Ortiz Arzaluz, de dicha dependencia; en consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento hecho a la autoridad oficiante y sin efectos el apercibimiento con el que se conminó. Notifíquese.

  3. Principal

    iv) Toluca, Estado de México; veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos la diligencia de notificación practicada por el Actuario de la adscripción, en la cual se desprende que el quejoso Humberto Ortiz Arzaluz ratificó la demanda promovida en su representación por Javier Morán García. A dicha diligencia se le otorga valor probatorio pleno en conformidad con lo establecido en los ordinales 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular por similitud jurídica se invoca la jurisprudencia publicada con el número 573, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyos rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Morán García. Se reserva proveer sobre su admisión o desechamiento, hasta en tanto, se dé cumplimiento a los puntos de prevención formulados el veintitrés de junio de este año, o bien, fenezca el plazo otorgado en dicha determinación. Por otro lado, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Oficial Calificador del Primer Turno de la Oficialía Especializada en Alcoholímetro, a través del cual rinde informe de cumplimiento a la suspensión de plano, concedida al quejoso en proveído de veintitrés de junio pasado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 126 de la ley de amparo dese vista a la parte agraviada con el informe de cuenta. Ahora, del informe de cuenta se advierte que la autoridad responsable puso en inmediata libertad al solicitante del amparo Humberto Ortiz Arzaluz; sin embargo no se adjuntaron las constancias que avalen su dicho, las cuales este juzgado de Distrito considera indispensables para resolver el presente juicio de amparo. Por ende, con fundamento en el párrafo tercero del numeral 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Oficial Calificador del Primer Turno del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, envíe copias certificadas de las constancias en donde se advierta la libertad del quejoso Humberto Ortiz Arzaluz. En lo conducente se invoca, la tesis visible en la página 309, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Se apercibe a dicha autoridad que en caso de no cumplir con dicho requerimiento se le impondrá una multa por el importe de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    iii) Toluca, Estado de México; veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Por recibido el escrito signado por el quejoso Sergio Tomás Chávez, a través del cual solicita la devolución de los documentos que exhibió como prueba en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, previa copia simple que se deje en autos, devuélvanse al promovente los documentos solicitados, de lo que deberá dejarse constancia de recibo de quien con identificación oficial vigente se presente para su recepción; y ténganse por autorizadas a las personas que designa para tal fin. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Rojas Moreno que autoriza, firma y da fe.

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