Humberto Ríos Ruiz
Expediente 1981/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1981/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/02/2017
Partes del expediente
- Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos
- Humberto Ríos Ruiz
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de febrero de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual transcribe el auto de diecisiete de enero de dos mi diecisiete, del que se advierte la admisión del conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Segundo d Distrito y el Juzgado Décimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el cual fue registrado con el número CCC.-2/2017-13. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y estese en espera de la determinación que al respecto emita la Superioridad oficiante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite a este juzgado testimonio de la resolución pronunciada el cinco del presente mes y año en el recurso de queja 230/2016, de su índice, interpuesto por el quejoso Ángel García Lara, en contra del auto dictado el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, por este Juzgado de Distrito; por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente solicitado por el órgano colegiado en comento. En ese orden de ideas, de la resolución dictada por la superioridad se advierte que determinó declarar infundado el recurso de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Consecuentemente, lo procedente es continuar con el procedimiento en este juicio de amparo. Ahora, toda vez que por autos de veintinueve de septiembre y diecisiete de octubre, ambos de dos mil dieciséis, se reservó acordar lo conducente respecto a los informes justificados del Director de lo Contencioso en representación del Secretario de Energía, quien actúa por sí y en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Gerente de Asuntos Contenciosos en representación del Director General de la Comisión Federal de Electricidad; hasta en tanto se resolviera la queja en comento, toda vez que ya ocurrió lo anterior al efecto se provee: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes justificados de las autoridades citadas en el párrafo que antecede, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, sin perjuicio de hacer una nueva relación de ellos al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, atendiendo a lo establecido en los artículos 9° y 26, fracción II, de la ley de la materia, téngase por autorizados en su carácter de delegados a las personas que designan las responsables de mérito y por señalado el domicilio que indican para los efectos que precisan. Hágase del conocimiento de las partes que se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, hora y día disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través del cual comunica el auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo indirecto 1250/2016, de su índice estadístico, en el que determinó declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Humberto Ríos Ruíz, por propio derecho y en su carácter de Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, asimismo, remite el citado juicio de amparo. Atento a lo anterior, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1981/2016-I. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo este juzgado no acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo, en atención a las consideraciones siguientes: El Juez de Distrito declinante sustentó su incompetencia al ponderar: "(.) .este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión por razón de materia y territorio, en virtud de que, como ya se dijo, la ejecución del acto reclamado, consiste en el cobro de la multa la cual hará efectiva el Administrador Desconcentrado de Recaudación de México "1", del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en el Estado de México..." Este órgano de control constitucional no comparte el criterio que sustenta el homólogo, por lo siguiente: El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "ARTICULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El numeral transcrito prevé tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez en cuyo ámbito territorial deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La competencia por razón de territorio en materia de amparo se fija en atención a un criterio unitario, relativo a la naturaleza del acto que puede tener ejecución material o bien, tratarse de actos de naturaleza meramente declarativa. Esto es, para que un juzgador de amparo tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, que determina que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y para el caso que nos ocupa, al atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Sobre esta base, no es procedente que este juzgado se avoque al conocimiento de la demanda promovida por Humberto Ríos Ruíz, por propio derecho y en su carácter de Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, pues si bien es cierto que el quejoso señalo como autoridad que pretende ejecutar el acto reclamado al Administrador Desconcentrado de Recaudación con sede en México "1", lo cierto es que dicha ejecución y cobro de la multa impuesta al promovente que pretende realizar la autoridad, se hará en el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes, Sur, número 1971, plaza Inn, Torre Sur, Piso 8, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, en la ciudad de México; lo anterior se corrobora con el oficio 29-1-3-19515/2016 emitido por el Presidente de la Sala Regional Sur del Estado de México, en el que se advierte ordeno se girara oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación con sede en México "1", del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que comunique y realice las gestiones necesarias para el cobro de dicha multa, en el domicilio antes citado. Por tanto, se actualiza la hipótesis prevista en el párrafo segundo del numeral 37 de la Ley de Amparo, bajo la hipótesis relativa de que el juzgado de Distrito competente será aquél en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo el criterio que aparece publicado en la página 97 del Informe de 1972, Parte II, Materia Común, de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En consecuencia, este órgano de control constitucional no acepta la competencia que declinó en su favor el Juez Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Acorde con el artículo 48 de la Ley de Amparo, hágase de su conocimiento al Juez declinante para los efectos legales conducentes, devuélvase el asunto y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
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