Humberto Fierro Muciño
Expediente 1965/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1965/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/03/2017
Partes del expediente
- Humberto Fierro Muciño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de marzo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes; háganse y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1965/2016-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Humberto Fierro Muciño, por conducto de su apoderada legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES. "a) H. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México. b) H. Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México." ACTOS RECLAMADOS. "La omisión de la Autoridad Responsable de turnar los autos del expediente al rubro citado al C. Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a efecto acordar lo conducente respecto a la audiencia de fecha 17 de octubre de 2016 de Conformidad con el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo." SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló como derechos humanos violados, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del amparo. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 1965/2016-I; y por auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo; asimismo, se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se señaló hora y día para la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Jugado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 51, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se reclama un acto omisivo de una autoridad del ámbito laboral que tiene su residencia dentro del límite territorial que le compete a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, tal como lo prevé el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo; realizando para tal efecto, un análisis conjunto de la demanda de garantías que atienda a lo que materialmente se pretende, tal y como lo ha dispuesto nuestro máximo Tribunal de la República. Es aplicable en este sentido, la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se deduce que el quejoso reclama la omisión de las autoridades responsables de pronunciarse respecto al incidente de incompetencia planteado por el demandado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades Junta Especial de Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México y el Presidente adscrito a la misma al rendir su informe justificado manifestaron que es cierto el acto que se les reclama (fojas 33 y 104); lo que se corrobora con las copias certificadas que adjuntaron a su informe, relativas al expediente laboral J1/108/2016, documental a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, en conformidad con lo dispuesto artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone la actualización del sobreseimiento si durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contendidas en el artículo 61 del cuerpo legal mencionado. No obstante la certeza del acto impugnado, el suscrito juzgador advierte que en la especie opera una causa de improcedencia de estudio oficioso y preferente al fondo del asunto, como es la prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (. . .)" La cesación de efectos del acto reclamado, de manera abstracta, consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, realizada de forma general por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Por ende, la razón justificatoria de la improcedencia de mérito, no es la paralización simple del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, el cual tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, Tomo IX, Materia Común, número de registro 193758, cuyos texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Si la autoridad responsable deja sin efectos el acto reclamado, de forma principal, al revocarlo, anularlo o declararlo sin materia, aunque puede ser también por cualquier determinación semejante. b) Al interponerse recurso ordinario contra el acto reclamado, pues la resolución nueva, substituye al acto impugnado en el juicio constitucional. Por su aplicación al caso se cita, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, publicada en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1998, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 196820, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Precisado lo anterior, el acto reclamado materia del presente considerando encuadra en el supuesto señalado en el inciso a), pues las autoridades Junta Especial de Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México y el Presidente adscrito a la misma, posteriormente a la presentación de la demanda realizaron diversas actuaciones de las que se advierte el auto de nueve de enero de dos mil diecisiete, en el que derivado de la reserva emitida en audiencia de uno de marzo del dos mil dieciséis, procedieron al estudio de los alegatos formulados en el incidente de incompetencia, así como las pruebas ofrecidas por las partes, y determinaron que carecían de competencia para conocer del juicio laboral J1/108/2016, por lo que correspondía al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje conocer de dicho juicio, en virtud de que el demandado es un organismo público descentralizado y dichas relaciones laborales se encuentran reguladas por la Ley Burocrática Estatal; ello en cumplimiento al artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo y el diverso artículo 1°de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Efectivamente, el acto reclamado en el presente asunto es: la omisión de las autoridades Junta Especial de Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México y el Presidente adscrito a la misma; de llevar a cabo el pronunciamiento relativo a la incidente de incompetencia planteado por el demandado. En ese tenor, de las constancias remitidas por dichas responsables como complemento a su informe justificado, se advierte que si bien, en la fecha de presentación de la demanda (veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis), éstas no habían resuelto el incidente de incompetencia planteado; también es cierto que, posteriormente realizaron el pronunciamiento relativo al incidente de incompetencia, en el que declinaron a favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Por consiguiente, es válido señalar que las autoridades responsables ya realizaron el pronunciamiento de competencia relativo al incidente planteado por el demandado, de ahí que haya cesado la afectación de los derechos fundamentales del quejoso. Lo detallado tiene relevancia singular, al considerar de forma primordial lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues para el caso de haberse concedido la protección constitucional, los efectos serían, que las autoridades responsables resolvieran el incidente de incompetencia planteado por el demandado empero, como ese pronunciamiento ya se realizó, es inconcuso que la omisión reclamada ha cesado, pues las violaciones que en determinado momento pudieron cometerse contra sus derechos fundamentales, fueron reparadas de forma por la propia responsable, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior sirve de apoyo, la tesis P.CL/97, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 197367, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo instado por Humberto Fierro Muciño, contra la omisión atribuida a la Junta Especial de Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México y otra autoridad, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Asimismo, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por el quejoso, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, visible en la página 707, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Es aplicable la tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, cuyo rubro es: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro es: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." Finalmente, no es óbice para el dictado de la presente resolución que el posible tercero interesado no haya sido emplazado, puesto que, el sentido de la misma, no le genera perjuicio alguno. Resulta aplicable la tesis publicada en la página 575, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211430, cuyos rubro y texto son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 119, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Humberto Fierro Muciño, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, y por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza y da fe.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio suscrito por el Director de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación por ausencia del Titular de Dicha Unidad y éste en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a través del cual, en cumplimiento al auto de veintisiete de diciembre pasado (fojas 312 a 313), informa las gestiones llevadas a cabo a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es decir dejó insubsistente el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/32474/2015 por el que autorizó el traslado del quejoso al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS Oaxaca" y emitió uno diverso donde ordena el reingreso de George Khoury Layon al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", el Almoloya de Juárez; y para acreditar dicha circunstancia remite las constancias respectivas. De igual forma, solicita una prórroga, toda vez que se encuentra realizando el estudio y logística para el traslado del reo, ya que por cuestiones de seguridad tanto del quejoso, como del personal de seguridad, se debe realizar un análisis previo a cualquier diligencia, para evitar una posible fuga, la actualización de presos o bien algún atentado en contra de las autoridades que intervienen en dicha comisión. En atención a ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, toda vez que por auto de doce de enero pasado se acordó promoción de similar contenido. Por otra parte, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de enero de dos mil diecisiete. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con los oficios signados por la Presidenta y representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, mediante los cuales rinde sus respectivos informes justificados, asimismo, remite un legajo de copias certificadas del expediente laboral J1/08/2016. Atento a lo anterior, se estima aplicable, la tesis publicada en la página 1081, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias". Ahora bien, con los oficios y la documental de referencia dése cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
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