Humberto Alonso Jaquez Hinojos y Otros.
Expediente 770/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 770/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 09/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Humberto Alonso Jaquez Hinojos y Otros.
- Agente del Ministerio Público Titular de la Quinta Agencia del Ministerio de la Federación dependiente de la Procuraduría General de la República
- Zulema Venzor
- Humberto Alonso Jaquez Hinojos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de febrero de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 770/2015-III, promovido por *************** y ***************. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El once de noviembre de dos mil quince, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por ***************, ***************, en representación de *************** y ***************. Los quejosos demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Quinta Agencia del Ministerio de la Federación dependiente de la Procuraduría General de la República, Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Chihuahua, Subdelegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua, Titular de la Policía Federal Ministerial y/o Jefe Regional de la Policía Federal Ministerial y/o Jefe de la Unidad Administrativa de la Policía Federal Ministerial y/o Encargado de la Policía Federal Ministerial, Director o Encargado del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve, SubDirector del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve, Coordinador del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve, Comisionado del Órgano Administrativo y Desconcentrado de Readaptación Social para Adultos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con residencia en México, Distrito Federal, Titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario Federal, con residencia en México, Distrito Federal, Comisionado del Órgano Administrativo y Desconcentrado de Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal, Secretario de Gobernación Federal, Con residencia en México, Distrito Federal, Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal, Coordinador General de Centros Federales, con residencia en México, Distrito Federal, Jefe Regional de la Agencia Federal de Investigación, y Director Operativo de la Coordinación General de Centros Federales, con residencia en México, Distrito Federal, a quienes les atribuyeron los actos de traslado, incomunicación, tortura y malos tratos. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de doce de noviembre de dos mil quince, previa ratificación de la demanda de amparo únicamente respecto de la orden de traslado, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que los impetrantes del amparo reclamaron únicamente la orden de traslado decretada en su contra, cuenta habida que sólo respecto de ese acto se ratificó la demanda. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Subdelegado de Procedimientos Penales "A" de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal Chihuahua; Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Quinta Investigadora; Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República; Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte"; Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua; Director General de Procedimientos Constitucionales en representación del Secretario de Gobernación (foja 103 a 104); Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en ausencia de este el Director de Amparos y Derechos Humanos quien rinde por el Coordinador General de Prevención y Readaptación Social (foja 145 a 146); Director Operativo en la Coordinación General de Centros Federales (foja 160); y el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos y en ausencia de esta el Director de Amparos y Derechos Humanos quien rinde por el Coordinador General de Centros Federales (174 a 176), en su denominación correcta, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente la orden de traslado que les atribuyeron los accionantes del amparo, sin que estos último hayan aportado pruebas tendientes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que textualmente dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por otro lado, dado que el Titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario Federal, con residencia en México, Distrito Federal, omitió rendir su informe con justificación, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo, debería presumirse como cierto el acto que se le atribuye; sin embargo, esa presunción se desvirtúa en virtud de que de las constancias que obran en el sumario se advierte que la orden de traslado reclamada fue emitida por diversa autoridad responsable, esto es, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; de ahí que deba tenerse como inexistente el acto atribuido al Titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario Federal. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos y en ausencia de este el Director de Amparos y Derechos Humanos quien rinde por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de la orden de traslado que se le atribuyó y, al hacerlo, refirió que el diez de noviembre de dos mil quince, autorizó el ingreso de los aquí quejosos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, "Noroeste", y Centro Federal Femenil "Noroeste", mediante los oficios *************** y ***************, ambos de diez de noviembre de dos mil quince, respectivamente; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia de la orden de referencia, exclusivamente por dicha autoridad. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. En el caso, este órgano resolutor considera que las documentales remitidas por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal, actualizan la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de la materia, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] La cesación de efectos a que se refiere el supuesto transcrito, consiste en que el acto reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, haga que cese o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales y, por ello, haya dejado de lesionar los derechos del agraviado. En la especie, se actualiza la última de las hipótesis mencionadas, porque la orden de traslado que se tildó de inconstitucional dejó de existir, porque transcurrió el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales. Así se afirma, toda vez que al rendir sus informes con justificación, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal, remitió copia certificada de los oficios *************** y ***************, ambos de diez de noviembre de dos mil quince, mediante los que autorizó al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Quinta Investigadora de Juárez, Chihuahua, el ingreso de los aquí quejosos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, "Noroeste", y Centro Federal Femenil "Noroeste", mediante los oficios ambos de diez de noviembre de dos mil quince; sin embargo al calce de cada uno de esos comunicados, se estableció la siguiente leyenda: [.] No omito manifestar que la presente autorización sólo tendrá una vigencia de cinco días posteriores a la fecha de su emisión, la cual dejará de surtir efectos si transcurrido dicho lapso no ha(n) sido ingresado(s) a ese centro de reclusión. [.] A esa documentación, por ser pública, se le reconoce valor probatorio pleno, en términos de lo que disponen los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. De esta manera, se actualizó la citada causal de improcedencia, puesto que, como se advierte de autos, la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables, la emisión de una orden de traslado que fue dictada el diez de noviembre de dos mil quince, cuya vigencia exclusivamente fue cinco días contados a partir de esa data, sin que se realizará el traslado respecto, pues la misma autoridad responsable informó que los quejoso no fueron trasladados e ingresados a los Centros de reclusión a los que se les pretendía trasladar; en consecuencia, la orden de traslado reclamada y su ejecución cesaron en sus efectos, porque a la fecha transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, sin que se materializara en la persona de los impetrantes del amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento, en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 770/2015-III promovido por *************** y ***************, en los términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de nueve de febrero de dos mil dieciséis que dice: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de febrero de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 770/2015-III, promovido por *************** y ***************. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El once de noviembre de dos mil quince, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por ***************, ***************, en representación de *************** y ***************. Los quejosos demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Quinta Agencia del Ministerio de la Federación dependiente de la Procuraduría General de la República, Delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Chihuahua, Subdelegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua, Titular de la Policía Federal Ministerial y/o Jefe Regional de la Policía Federal Ministerial y/o Jefe de la Unidad Administrativa de la Policía Federal Ministerial y/o Encargado de la Policía Federal Ministerial, Director o Encargado del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve, SubDirector del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve, Coordinador del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve, Comisionado del Órgano Administrativo y Desconcentrado de Readaptación Social para Adultos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con residencia en México, Distrito Federal, Titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario Federal, con residencia en México, Distrito Federal, Comisionado del Órgano Administrativo y Desconcentrado de Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal, Secretario de Gobernación Federal, Con residencia en México, Distrito Federal, Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal, Coordinador General de Centros Federales, con residencia en México, Distrito Federal, Jefe Regional de la Agencia Federal de Investigación, y Director Operativo de la Coordinación General de Centros Federales, con residencia en México, Distrito Federal, a quienes les atribuyeron los actos de traslado, incomunicación, tortura y malos tratos. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de doce de noviembre de dos mil quince, previa ratificación de la demanda de amparo únicamente respecto de la orden de traslado, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que los impetrantes del amparo reclamaron únicamente la orden de traslado decretada en su contra, cuenta habida que sólo respecto de ese acto se ratificó la demanda. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Subdelegado de Procedimientos Penales "A" de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal Chihuahua; Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Quinta Investigadora; Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República; Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte"; Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua; Director General de Procedimientos Constitucionales en representación del Secretario de Gobernación (foja 103 a 104); Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en ausencia de este el Director de Amparos y Derechos Humanos quien rinde por el Coordinador General de Prevención y Readaptación Social (foja 145 a 146); Director Operativo en la Coordinación General de Centros Federales (foja 160); y el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos y en ausencia de esta el Director de Amparos y Derechos Humanos quien rinde por el Coordinador General de Centros Federales (174 a 176), en su denominación correcta, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente la orden de traslado que les atribuyeron los accionantes del amparo, sin que estos último hayan aportado pruebas tendientes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que textualmente dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por otro lado, dado que el Titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario Federal, con residencia en México, Distrito Federal, omitió rendir su informe con justificación, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo, debería presumirse como cierto el acto que se le atribuye; sin embargo, esa presunción se desvirtúa en virtud de que de las constancias que obran en el sumario se advierte que la orden de traslado reclamada fue emitida por diversa autoridad responsable, esto es, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; de ahí que deba tenerse como inexistente el acto atribuido al Titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario Federal. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos y en ausencia de este el Director de Amparos y Derechos Humanos quien rinde por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de la orden de traslado que se le atribuyó y, al hacerlo, refirió que el diez de noviembre de dos mil quince, autorizó el ingreso de los aquí quejosos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, "Noroeste", y Centro Federal Femenil "Noroeste", mediante los oficios *************** y ***************, ambos de diez de noviembre de dos mil quince, respectivamente; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia de la orden de referencia, exclusivamente por dicha autoridad. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. En el caso, este órgano resolutor considera que las documentales remitidas por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal, actualizan la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de la materia, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] La cesación de efectos a que se refiere el supuesto transcrito, consiste en que el acto reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, haga que cese o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales y, por ello, haya dejado de lesionar los derechos del agraviado. En la especie, se actualiza la última de las hipótesis mencionadas, porque la orden de traslado que se tildó de inconstitucional dejó de existir, porque transcurrió el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales. Así se afirma, toda vez que al rendir sus informes con justificación, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal, remitió copia certificada de los oficios *************** y ***************, ambos de diez de noviembre de dos mil quince, mediante los que autorizó al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Quinta Investigadora de Juárez, Chihuahua, el ingreso de los aquí quejosos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, "Noroeste", y Centro Federal Femenil "Noroeste", mediante los oficios ambos de diez de noviembre de dos mil quince; sin embargo al calce de cada uno de esos comunicados, se estableció la siguiente leyenda: [.] No omito manifestar que la presente autorización sólo tendrá una vigencia de cinco días posteriores a la fecha de su emisión, la cual dejará de surtir efectos si transcurrido dicho lapso no ha(n) sido ingresado(s) a ese centro de reclusión. [.] A esa documentación, por ser pública, se le reconoce valor probatorio pleno, en términos de lo que disponen los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. De esta manera, se actualizó la citada causal de improcedencia, puesto que, como se advierte de autos, la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables, la emisión de una orden de traslado que fue dictada el diez de noviembre de dos mil quince, cuya vigencia exclusivamente fue cinco días contados a partir de esa data, sin que se realizará el traslado respecto, pues la misma autoridad responsable informó que los quejoso no fueron trasladados e ingresados a los Centros de reclusión a los que se les pretendía trasladar; en consecuencia, la orden de traslado reclamada y su ejecución cesaron en sus efectos, porque a la fecha transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, sin que se materializara en la persona de los impetrantes del amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento, en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 770/2015-III promovido por *************** y ***************, en los términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Director de Amparos y Derechos Humanos en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos y Humanos quien rinde el informe requerido al Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones los que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ***************, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciséis de diciembre de dos mil quince, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.*lh
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Director de Amparos y Derechos Humanos en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos quien rinde por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal y anexo que acompaña; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones los que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **************, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciséis de diciembre de dos mil quince, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe. *lh
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