Hugo Said Morales Rodríguez
Expediente 586/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hugo Said Morales Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos encargada del despacho por ministerio de ley de la Sexta Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio 20085, con el que a su vez fueron remitidos los autos del toca I-107/2022, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que se negó la protección de la Justicia Federal el presente asunto, promovido por Hugo Said Morales Rodríguez; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de pruebas que la autoridad responsable adjuntó a su informe. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depurarse dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo X-586/2022, promovido por HUGO SAID MORALES RODRÍGUEZ, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el treinta de mayo de dos mil veintidós en el buzón judicial y turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, HUGO SAID MORALES RODRÍGUEZ, por propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en los términos siguientes: "IV.- Actos reclamados: la sentencia de fecha 19 de mayo del año 2022, que resuelve el Recurso de Apelación, dentro del toca número I-107/2022, dictada por el Magistrado de la Sexta Sala en Materia Civil de este Distrito Judicial." En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, precisó los preceptos constitucionales y legales que estimó vulnerados y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Previo cumplimiento por parte del quejoso a la prevención que le fue formulada en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en diverso de dieciséis de junio del año en cita, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto emitido por una autoridad en materia civil, circunscrita a la competencia mixta de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y escrito aclaratorio, se desprende que el acto reclamado por el promovente del amparo a la autoridad responsable, consiste en: La resolución pronunciada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós dentro del toca número I-107/2022, acumulado al diverso toca I-316/2021, que confirmó la interlocutoria de veintiocho de marzo de la misma anualidad, emitida por la Jueza Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dentro del incidente sobre providencia precautoria de retención de bienes, promovido dentro del juicio ejecutivo mercantil 809/2021 de su índice. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con las constancias que integran el toca I-107/2022, que remitió la autoridad responsable como sustento de su informe; a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Cobran aplicación las jurisprudencias emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal del país que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, se analizará la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita se advierte que no es necesario que alguna de las partes invoque la actualización de causales de improcedencia para que se agote su estudio; precisamente porque su análisis es de orden público. En el caso concreto, quien aquí resuelve no advierte causa de improcedencia legal, constitucional o jurisprudencial que pueda actualizarse, ni las partes hicieron valer alguna; en consecuencia, no existe imposibilidad para analizar la inconstitucionalidad planteada por la parte quejosa, respecto de los actos que aquí reclama. QUINTO. Antecedentes. Previo al análisis de fondo, se estima pertinente realizar una breve reseña de los antecedentes más relevantes del acto reclamado, para una mejor compresión de asunto: Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veintiuno, el aquí quejoso HUGO SAID MORALES RODRÍGUEZ y otro, por conducto de sus endosatarios en procuración, demandaron en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a Brandon Sahad Villalpando Aguilar, en cuanto a deudor principal, así como a Erik Chiapas o Erick Chiapas García y Patricia García Ramos en cuanto aval, el pago de la cantidad de 20'000.000.00 (veinte millones de pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, así como el pago de intereses moratorios y costas procesales. De la demanda correspondió conocer por razón de turno, al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, cuya titular, mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, admitió a trámite la demanda bajo el número 809/2021, en la vía propuesta; asimismo, comisionó a la actuaria de su adscripción a efecto de que emplazara a la parte demandada. Por escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el quejoso promovió incidente sobre providencia precautoria, consistente en la retención de bienes, cuentas genéricas de cheques, inversiones que en dinero en efectivo o depósito y ante cualquier institución de crédito fuesen propiedad del demandado. Asimismo, ofreció como medios de prueba, además del documento base de la acción, la testimonial a cargo de José Mauricet García Contreras y Neftalí Galileo González Rodríguez, así como el certificado negativo de propiedad expedido por el Registro Público de la Propiedad en el Estado, con el fin de acreditar que el demandado no cuenta con bienes inmuebles sujetos de embargo para garantizar el pago del adeudo. En auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite a incidencia planteada, ordenándose poner los autos a la vista de la Juez para el dictado de la interlocutoria correspondiente. El veintidós de octubre de dos mil veintiuno se dictó sentencia interlocutoria en la que se declaró procedente la providencia precautoria interpuesta; asimismo, tomando en cuenta el monto de lo demandado, la Juez natural fijó prudencialmente la cantidad de $2'000.000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional) como garantía para los posibles daños y perjuicios que el actor pudiera ocasionar al demandado con la medida cautelar otorgada. En contra de dicha resolución, el actor, aquí quejoso interpuso recurso de apelación, el que por auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno fue admitido en ambos efectos. Del medio de impugnación interpuesto conoció la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien lo registró con el número de toca I-316/2021; asimismo, al dictar la resolución correspondiente el veintiséis de enero de dos mil veintidós, determinó revocar el fallo alzado, ordenando reponer el procedimiento hasta el dictado del auto por el que se admitió la incidencia planteada y, en su lugar, dictara otro en el que tomara en cuenta los medios de convicción ofrecidos por el incidentista y se pronunciara al respecto. En cumplimiento a la ejecutoria emitida por la Sala responsable, en auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós la Jueza natural tuvo al incidentista, hoy quejoso, ofertando los medios de convicción a que hizo mención en su escrito de incidencia, los cuales se desahogarían al momento de la celebración de la audiencia prevista en el artículo 1404 del Código de Comercio. El veintiuno de febrero de dos mil veintidós tuvo verificativo la audiencia en comento, en la que, virtud a la inasistencia de la parte incidentista, se declaró desierta la prueba testimonial ofertada, quedando los autos a la vista de la titular para el dictado de la interlocutoria. Mediante interlocutoria de veintiocho de marzo de dos mi veintidós, la Juez de origen resolvió el incidente en iguales términos que en diversa resolución de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, esto es, declaró procedente la providencia precautoria, fijando suma para garantizar los daños y prejuicios que el demandado pudiese resentir con motivo de la medida cautelar otorgada. En contra de la anterior determinación el incidentista interpuso recurso de apelación; el que mediante proveído de seis de abril de dos mil veintidós fue admitido en ambos efectos. Del medio de impugnación interpuesto conoció el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien lo registró con el número de toca I-107/2022; asimismo, al dictar la resolución correspondiente el diecinueve de mayo de dos mil veintidós confirmó la sentencia interlocutoria impugnada. La anterior determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. SEXTO. Estudio de fondo. Es innecesario transcribir el único concepto de violación planteado por el quejoso, en función a que quien que suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Ahora, de la lectura integral de la demanda se desprende que los argumentos planteados por el quejoso HUGO SAID MORALES RODRÍGUEZ en su único concepto de violación, el cual identifica como "Primero" son inoperantes. En efecto, en la resolución pronunciada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós dentro del toca I-107/2022, el Magistrado responsable determinó confirmar la sentencia interlocutoria recurrida bajo las consideraciones medulares siguientes: Que no hay duda de que la jueza al momento de fijar el monto de la garantía a que se refiere la fracción V, del artículo 1175 del Código de Comercio, debe tomar en cuenta tanto la información que se le haya proporcionado, así como cuidar que el monto sea accesible para el solicitante. Sin embargo, pese a que el aquí quejoso ofreció como medios de convicción dentro del incidente materia del recurso, además del pagaré base de la acción, un certificado negativo de propiedad, así como la testimonial a cargo de dos personas; lo cierto es que éste no exhibió el certificado negativo de propiedad; tampoco compareció a la audiencia celebrada el veintiuno de febrero de dos mil veintidós conforme al artículo 1404 del Código de Comercio, en la que habría de desahogarse la testimonial en mención, por lo que ésta se declaró desierta. De ahí que la jueza del conocimiento, expuso la sala, en uso de la facultad que le confiere el artículo 1175 del Código de Comercio, para determinar prudentemente el monto de la garantía relativa a los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida precautoria al deudor, únicamente haya tomado en cuenta el monto de lo reclamado en el pagaré accionario No asiste razón al recurrente en el sentido de que para fijar el monto de la garantía, la jueza debió tomar en cuenta que al incidentista no le ha sido posible el cobro del título accionario, así como saber si éste tenía la capacidad para cubrirlo. Lo anterior virtud a que partiendo de que el monto fijado es para garantizar los daños y perjuicios que se le puedan ocasionar al deudor con la medida precautoria para el caso de ser absuelto, no es dable tomar en cuenta supuestos en relación con su contrario y que, como lo indica el propio recurrente, no es posible saber si se dan o no; pero sí la información con la que hasta ese momento se contaba, esto és, el pagaré base de la acción. Máxime que otro de los requisitos a que se refiere el precepto en cita, consiste en expresar con precisión el valor de las prestaciones o de la cosa que se reclama (fracción II). No era procedente que la juzgadora tomara en consideración para fijar el monto de la garantía, la afectación del actor en el sentido de que, además de la falta de pago por parte del demandado, ahora tuviera que otorgar la garantía fijada, virtud a que el juicio no ha concluido, no existiendo por tanto fallo en ese sentido. Además, porque no se sabe si el demandado contará, ya sea de manera total o parcial, con fondos para cubrir el importe de lo que se le va a embargar; circunstancia que la ley no establece deba ser tomada en cuenta. Respecto a la anterior determinación, en su único concepto de violación la parte quejosa sostuvo: El Magistrado responsable indebidamente determinó que la Jueza de origen fijó la garantía de conformidad con los lineamientos establecidos en la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio, toda vez que si bien el monto lo debió establecer a su discreción, lo cierto es que para ello era necesario que atendiera al prudente arbitrio y no fijar una desproporcionada y excesiva como lo hizo. Lo anterior es así porque del último párrafo de la disposición legal en cita se desprende que el monto de la garantía debe tener como base la información que se proporcione, debiendo cuidar que ésta sea asequible para el solicitante. Sin embargo, al margen de la discrecionalidad con que la jueza puede actuar prudentemente, el porcentaje del monto de la deuda reclamada en el documento base de la acción no puede constituir una información válida que armonice con la asequibilidad de la garantía, puesto que dicho actuar se debe regir por lo que sea justo atendiendo a las circunstancias puestas a su consideración, además de que no le ha sido posible cobrar el crédito. Siendo que, en el caso, el único dato conocido sobre el monto de la suerte principal no se acerca en justicia al establecimiento de una providencia precautoria, que busca que se pueda hacer efectiva y exigir en contra del demandado una condena. Aplicar un porcentaje atendiendo al monto que se debe, es un parámetro que no se acerca a la justicia, ya que independientemente de que exista o no dato sobre la capacidad del actor para otorgar la garantía, aquella que se fija sobre el crédito es alejada a lo justo. No se ponderó qué monto puede ser asequible para garantizar los daños y perjuicios que se ocasionarían al deudor en caso de resultar absuelto de las prestaciones demandadas, dado que no existe certeza de que las cuentas puedan ser aseguradas y que el monto de lo reclamado salió del patrimonio de los actores para ingresar al del deudor, quien se presume no ha cumplido con su obligación de pago. Del análisis comparativo de lo expuesto en la sentencia y lo alegado por el quejoso en su único concepto de violación se advierte la inoperancia de este último, toda vez que a través de los planteamientos que lo integran, no se combaten de manera frontal y directa todas las consideraciones con base en las cuales se confirmó la resolución recurrida. Se considera de esta manera, toda vez que como quedó de manifiesto, el quejoso medularmente y de manera reiterada se duele del hecho de que para fijar la garantía respectiva se hubiera tomado en cuenta el monto reclamado, lo que a su consideración resulta alejado de lo justo, es desproporcionado y excesivo. Argumento que constituye una afirmación genérica, ya que no combate las consideraciones expuestas por la Sala para resolver. Ello en virtud de que no controvierte lo razonado por la responsable en el sentido de que: Respecto de los diversos medios de prueba que anunció a través de su escrito de incidencia, el certificado negativo de propiedad expedido por el Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado no fue exhibido; en tanto que los dos testimonios fueron declarados desiertos al no haber comparecido al desahogo de la audiencia prevista en el artículo 1404 del Código de Comercio, al no haber comparecido a su desahogo; No es factible tomar en cuenta aspectos tales como que no ha podido cobrar el crédito, saber si tiene o no el actor capacidad para cubrir el monto de la garantía o si el reo tiene o no fondos suficientes para solventar el embargo sobre lo reclamado. Ello porque no era dable estimar aspectos sobre su contrario; o que no se sabe si se darán o no; a más de que el juicio no ha concluido con un fallo condenatorio, ni la ley establece que los aspectos que aduce el actor deban tomarse en cuenta; y, Antes bien, sí debía considerarse la información que había hasta ese momento; incluso, porque el artículo 1175, fracción II, del Código de Comercio, prevé como requisito de la providencia el que se exprese el valor de las prestaciones reclamadas. Luego, el quejoso tampoco expone argumento alguno para poner de manifiesto que las consideraciones adoptadas por el Magistrado responsable para confirmar la resolución materia del recurso resultan contrarias a derecho. En consecuencia, al no combatirse de manera efectiva las consideraciones de la sentencia reclamada, éstas deben subsistir para seguir rigiendo en sus términos. Cobra puntual aplicación por identidad jurídica esencial, la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida." Así como la diversa emitida por la propia otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, por similitud, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación Esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo". Dada la inoperancia actualizada, no se está en aptitud de establecer la aplicabilidad o inaplicabilidad de los criterios invocados por la parte promovente, pues de ello no se aprecia que puedan superar las razones por las que se actualizó. Máxime que el juicio natural emana de una controversia en materia mercantil, que se rige bajo el principio de estricto derecho. En esas circunstancias, al resultar ineficaces los argumentos planteados por el quejoso en su único concepto de violación y no existir motivo para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo solicitado. No se soslaya que el Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, a través de su pedimento presentado el trece de julio de dos mil veintidós rindió los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones, no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación; por lo que resulta innecesario pronunciarse en torno a esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por otro lado, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a HUGO SAID MORALES RODRÍGUEZ, por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.-
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo X-586/2022, promovido por HUGO SAID MORALES RODRÍGUEZ, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; y... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a HUGO SAID MORALES RODRÍGUEZ, por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.-
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