Hugo Said Morales Rodríguez
Expediente 460/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hugo Said Morales Rodríguez
- Juz Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil en esta ciudad y Otros.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de amparo promovida por Hugo Said Morales Rodríguez, sin que se hubiese recurrido. CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. ARCHIVO. Por otro lado, como de autos se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm
- Principal
Morelia, Michoacán, once de junio de dos mil veintiuno. DESIGNA AUTORIZADO Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Hugo Said Morales Rodríguez, atento a su contenido se tiene designando como autorizado a Víctor Manuel Blancas Origel, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no habérselas conferido expresamente, por lo que se le autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, imponerse de autos y recoger documentos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Svm
- Principal
MEDIANTE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO:O Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintiuno. CUMPLE PREVENCIÓN Visto el escrito de cuenta signado por Hugo Said Morales Rodríguez, a través del cual cumple con la prevención que se le hizo mediante acuerdo de veinticuatro de mayo del año en curso, por lo que a continuación se ordena proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de mérito. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Establecido lo anterior, se procede a realizar el análisis de la demanda de amparo generadora del expediente en que se actúa. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el diverso artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma deviene improcedente por cuanto a que en relación al acto reclamado consistente en la resolución de treinta de abril de dos mil veinte, dictada dentro del recurso de revocación que se hizo valer en contra del auto de fecha veinte de abril de dos mil veintiuno, relativo al juicio ejecutivo mercantil número 16/2021, del índice del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, 171 y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En tanto, el precepto 107, fracción V, de la ley de la Materia, dispone: "El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Por su parte, artículo 171, de la ley en cita, determina: Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo..". Finalmente, en el numeral 172, fracción XII, de la invocada ley, se establece: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:. XII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.;" De los artículos de la Ley de Amparo transcritos, se conoce que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como lo es la resolución dictada por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, de treinta de abril de dos mil veintiuno, que resuelve el recurso de revocación promovido en el juicio ejecutivo mercantil 16/2021, declarando improcedente el recurso de revocación en contra del auto de veinte de abril del año en curso, en el que se determinó improcedente señalar día y hora hábil a fin de que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia incidental relativa al incidente de medida precautoria instada por el actor aquí quejoso, dado que no habían transcurrido el término de tres días concedido a la parte demandada, que por constituir una violación al procedimiento sólo puede reclamarse mediante el recurso de apelación en contra la resolución interlocutoria que resuelva dicho incidente de conformidad con el artículo 1,383 del Código de Comercio y posteriormente en amparo indirecto. Para evidenciar la actualización de la causal invocada, es importante resaltar que, como se ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, autónomo con sus características procesales como demanda, contestación, etapa probatoria y de alegatos, y como consecuencia, al igual que en un juicio, dentro de un incidente no puede promoverse el amparo en contra de cualquier resolución, sino únicamente contra aquellas que la propia Ley de la Materia y criterios jurisprudenciales establecen. También cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada tanto la demanda generadora del presente expediente, como los preceptos legales invocados, se arriba a la conclusión de que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado consistente en la resolución dictada por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, de treinta de abril de dos mil veintiuno, que resuelve el recurso de revocación promovido en el juicio ejecutivo mercantil 16/2021, declarando improcedente el recurso de revocación en contra del auto de veinte de abril del año en curso, en el que se determinó improcedente señalar día y hora hábil a fin de que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia incidental relativa al incidente de medida precautoria instada por el actor aquí quejoso, dado que no habían transcurrido el término de tres días concedido a la parte demandada, dado que no es un acto de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, virtud a que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), sino únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable en el incidente de providencia precautoria tramitado en el juicio ejecutivo mercantil 16/2021, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. Ilustra lo anterior, en contrario sensu la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2016136 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: PC.I.C. J/59 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 51, Febrero de 2018, Tomo II, página 1040 Tipo: Jurisprudencia EMBARGO. LA RESOLUCIÓN QUE LO DEJA INSUBSISTENTE ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE RESPECTO DEL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, tienen ejecución de imposible reparación los actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por otro lado, el derecho de acceso a la jurisdicción se ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así, la resolución que deja insubsistente el embargo en un juicio ejecutivo mercantil es un acto de ejecución irreparable, respecto del cual procede el juicio de amparo indirecto, pues se afectan los derechos patrimoniales del quejoso, entendiendo al embargo como una extensión del derecho del crédito, y éste como un objeto que forma parte del patrimonio del acreedor, además, porque tal medida precautoria tiene como fin efectivizar la sentencia que resuelva el juicio ejecutivo mercantil, esto es, una de las tres prerrogativas que integran el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional reconocido por el artículo 17 constitucional. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 15/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 12 de diciembre de 2017. Unanimidad de catorce votos de los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas, Alejandro Villagómez Gordillo, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Leonel Castillo González, Walter Arellano Hobelsberger, Fernando Alberto Casasola Mendoza, Ismael Hernández Flores, Abraham Sergio Marcos Valdés, Víctor Hugo Díaz Arellano, Irma Rodríguez Franco, Gonzalo Arredondo Jiménez, Daniel Horacio Escudero Contreras, Benito Alva Zenteno y Gonzalo Hernández Cervantes. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretarios: Alfredo Díaz Melo, Alejandra Flores Ramos, Vianney Rodríguez Arce y Ana Paola Surdez López. Criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 247/2015, el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la queja 107/2013, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 150/2014, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la queja 158/2017. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 76/2019 de la Primera Sala de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 74/2019 (10a.) de título y subtítulo: "EMBARGO PRACTICADO EN UN JUICIO EJECUTIVO. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LO DEJA INSUBSISTENTE CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE QUE AFECTA MATERIALMENTE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL EJECUTANTE Y, POR ENDE, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Esta tesis se publicó el viernes 02 de febrero de 2018 a las 10:04 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 06 de febrero de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Ahora, la sola determinación de la responsable en el sentido de declarar improcedente el recurso de revocación confirmando el auto de veinte de abril del año en curso, en el que se determinó improcedente señalar día y hora hábil a fin de que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia incidental relativa al incidente de medida precautoria instada por el actor aquí quejoso, dado que no habían transcurrido el término de tres días concedido a la parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 16/2021, no determina el sentido en que habrá de dictarse la interlocutoria correspondiente, pues aún falta la valoración que la autoridad responsable otorgue en su conjunto a los medios de prueba ofrecidos, admitidos y desahogados en ese incidente. En el último de los casos, de ser contrario a sus intereses la resolución que se llegue a pronunciar en el incidente de medida precautoria derivado del juicio ejecutivo mercantil 16/2021, del que dimana el acto reclamado, como se dijo, la parte aquí amparista podrá impugnar dicha interlocutoria, mediante el recurso de apelación y posteriormente mediante el amparo indirecto. Lo anterior, sin que obste que el artículo 172 de la Ley de Amparo no contempla específicamente como violación al procedimiento el desechamiento de un recurso dentro de un incidente de medida precautoria derivado de un juicio ejecutivo mercantil, ya que dicho precepto contiene un catálogo meramente ilustrativo, pues en su última fracción (XII) se refiere a violaciones análogas a las enunciadas en las anteriores; razón por la cual, se actualiza en la especie, la causa de improcedencia antes invocada. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, 171 y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Se invoca en lo particular, la jurisprudencia que dice: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 163233 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: IX.1o. J/22 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 2859 Tipo: Jurisprudencia AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. Es improcedente el juicio de amparo en sus dos vías (directa o indirecta) para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. En consecuencia, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación, salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. Amparo en revisión 144/96. Manuel Ramírez Ochoa. 13 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Guillermo Salazar Trejo. Amparo en revisión 166/99. Zeta Cero Arquitectos, S.A. de C.V. 17 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Francisco Miguel Hernández Galindo. Amparo en revisión (improcedencia) 493/2005. María del Pilar López Soto. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos L. Chowell Zepeda. Secretario: Gerardo Abud Mendoza. Amparo en revisión (improcedencia) 427/2006. José Edgardo Pescina Gámez y otra. 7 de diciembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos L. Chowell Zepeda. Secretario: Francisco Miguel Hernández Galindo. Amparo en revisión 314/2010. **********. 5 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos L. Chowell Zepeda. Secretario: Francisco Miguel Hernández Galindo. Asimismo, el criterio sostenido por el mismo Primer Tribunal Colegido del Noveno Circuito, , que dice: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 201865 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: IX.1o.11 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996, página 370 Tipo: Aislada AMPARO, JUICIO DE. ES IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE UN INCIDENTE. No es procedente el juicio de amparo en ninguna de sus dos vías (directa o indirecta), para reclamar la resolución recaída a un recurso de revocación, dentro de la secuela procesal de un incidente, porque tal no constituye una resolución definitiva, en tanto que no decide todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aun falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. Para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes, la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que se plantea éste y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. El juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia que se pronuncie en un juicio, sino únicamente contra aquellas que reúnan una cualidad básica; que sean definidas por una propia resolución final y que contra ellas no proceda o no esté pendiente de resolución, un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar esa resolución; salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable, en los términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. Amparo en revisión 144/96. Manuel Ramírez Ochoa. 13 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Guillermo Salazar Trejo. Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia IX.1o. J/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 2859, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE." Finalmente en un aspecto general resulta aplicable al respecto, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia por contradicción número P./J. 24/92, visible a fojas 11, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 205651 Instancia: Pleno Octava Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 24/92 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 56, Agosto de 1992, página 11 Tipo: Jurisprudencia EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla. El Tribunal en Pleno en su sesión privada celebrada el miércoles diecinueve de agosto en curso, por unanimidad de diecinueve votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 24/1992, la tesis de jurisprudencia que antecede. Ausentes: Carlos de Silva Nava y José Antonio Llanos Duarte. México, D. F., a 20 de agosto de 1992. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 244, página 164. Los criterios invocados en esta resolución se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema del mismo; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SE DESECHA DEMANDA Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por HUGO SAID MORALES RODR{IGUEZ, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- HUGO MELCHOR NIETO y Otros.347/2022
- HUGO MELCHOR NIETO y Otros.303/2022
- Hugo Mendoza Sánchez856/2017
- Hugo Quiñones Estrada1127/2017
- Hugo Reyes Posadas771/2022
- Hugo Said Morales Rodríguez586/2022
- Humberto Cortes Bucio36/2018
- Humberto Fuerte Mandujano681/2020
- Humberto Gallardo Salmerón754/2018
- Humberto López Mendoza1036/2023
- Humberto Magaña Jimenez684/2019
- Humberto Martínez Caballero476/2022