Humberto Magaña Jimenez
Expediente 684/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 684/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 03/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Humberto Magaña Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de diciembre de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en la que se NEGÓ el juicio de amparo promovido por HUMBERTO MAGAÑA JIMÉNEZ, sin que lo haya hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA DEVOLVER CUADERNO DE PRUEBAS Devuélvase al Juez responsable las documentales que acompañó a su informe justificado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VI-684/2019, promovido por Humberto Magaña Jiménez, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el trece de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Humberto Magaña Jiménez, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán. El promovente del amparo estimó violados los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de garantías, misma que quedó registrada bajo el número VI-684/2019; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó emplazar la parte tercero interesada; se designó representante especial de los menores involucrados y también se llamó a juicio a su tutora a fin de salvaguardar sus derechos; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, lo constituye: La audiencia preliminar celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dentro de los autos del juicio ordinario oral familiar número 78/2019, que sobre divorcio sin expresión de causa y otras prestaciones promovió el aquí quejoso frente a la tercero interesada Edith Fabiola Martínez Castillo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el juez responsable se advierte que es cierto el acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada de las constancias respectivas. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente del amparo, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Son infundados en una parte e inoperantes en otra los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, atento a las consideraciones que más adelante se expondrán. Cabe mencionar que si bien es cierto que en el presente juicio de amparo se ven involucrados dos menores de edad, por la naturaleza misma del acto reclamado, el cual refiere a la fijación de la pensión alimenticia decretada en favor de estos y a cargo del ahora quejoso, como su progenitor; igualmente cierto es que, después de analizar y ponderar los derechos controvertidos así como las constancias que integran el juicio de origen, el suscrito juzgador no advierte queja deficiente que suplir en favor de los menores de edad referidos, lo anterior, en plena observancia de lo que impone el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en sus conceptos de violación el aquí quejoso en esencia argumenta: 1. Que el monto de pensión alimenticia fijada por el juez es desproporcional en razón con sus ingresos, ya que los mismos corresponden al salario mínimo, por lo que fue ilegal que el juez responsable fijara como tal un monto equivalente a ese salario en razón de que no hay prueba alguna que acredite que su ingreso es superior, además de que la madre de los menores también está obligada a contribuir para los alimentos de los infantes y que se pasó por alto el señalamiento hecho en el convenio exhibido por el quejoso, en el que señaló que podía pagar por tal concepto la cantidad de $400.00 cuatrocientos pesos 00/100 M.N. semanales, además de que en el audiencia solicitó se incorporara a los menores a su familia, petición respecto de la cual el juez fue omiso en pronunciarse. 2. Que es ilegal la determinación de la convivencia abierta ya que la tercero interesada no le permite ver a sus menores hijos. 3. Que es incorrecta la determinación del juez responsable ya que la obligación del pago de la pensión alimenticia no puede trascender a otros familiares del acreedor. 4. Que la imposición de una garantía resulta ilegal, toda vez que en auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el juez responsable había aceptado la garantía propuesta por el quejoso en el convenio exhibido con su demanda, por lo que se estaría fijando una doble garantía, además de formularle el apercibimiento de embargo. Como se adelantó, el primero de los conceptos de violación reseñados resulta infundado en razón de que si bien es cierto que en la propuesta de convenio inserta en su demanda de divorcio el actor, aquí quejoso, señaló que no tiene un trabajo fijo, ya que labora como jornalero, y pese a ello el juez responsable fijó como monto de la pensión el equivalente a un salario mínimo, dicha determinación resulta correcta. Ello en razón de que como bien lo precisa el propio quejoso, en ese momento el juez no contaba con elementos objetivos que acreditaran el dicho del promovente, así como que tampoco está demostrado que perciba la cantidad correspondiente a dicho salario o una menor, por lo que ante tal circunstancia debía salvaguardar la integridad de los menores, por lo cual se estima correcta su determinación. En razón de que tal fijación se debe a la falta de prueba directa de los ingresos del deudor, además de que la fijación del monto debe ser acorde a las circunstancias particulares de cada caso, por lo que al no tenerse certeza sobre los ingresos del deudor, no resulta desproporcionada la condena al pago de un día de salario mínimo como pensión alimenticia, ya que tal suma representa una cantidad apenas suficiente para subsistir frente al costo de la vida, tan es así que por ello no se fijó tal monto en Unidades de Medida de Actualización. Además, aún en el caso de que el deudor, aquí quejoso percibiera el salario mínimo, ello no lo releva de la obligación de proporcionar los alimentos ni de garantizar su cumplimiento conforme a la ley, por lo que al no existir en el sumario medio de convicción alguno que evidencie a cuánto ascienden los ingresos del obligado a proporcionar alimentos, la autoridad responsable, actuando dentro de los límites de la lógica y la razón, tal como lo hizo, debe fijar discrecionalmente el monto de la pensión tomando como base, por lo menos un salario mínimo diario, ya que en esas condiciones es el que se considera suficiente para sufragar los gastos elementales que comprende el concepto de alimentos, aunado a ello de que se trata de solventar los gastos de dos menores de siete y nueve años, esto es, que están en edad de acudir a la escuela, circunstancia que por sí misma genera gastos de educación y manutención. Por otro lado, si bien es cierto que la madre también está obligada a proporcionar alimentos a los menores, ella cumple con su deber alimentario al tenerlos bajo su guarda y custodia y proporcionarles los cuidados necesarios para su subsistencia, por lo que se estima que ella colabora con la manutención de sus descendientes, ya que así lo ha venido haciendo a través de los cuidados que les brinda a los menores al tenerlos bajo su custodia y cubrir sus necesidades de habitación, limpieza del hogar, aseo diario personal, entre otros; por lo que no era necesario que el juez de origen hiciera una condena en su contra determinando un monto que deba de otorgar por pensión. De ahí que lo argumentado por el quejoso en ese sentido no es causa suficiente para relevarlo de su obligación o disminuir el monto de la pensión que se le fijó, ya que ella cumple con su obligación al tenerlos bajo su guarda y custodia. Sin que se estime que la autoridad responsable pasó por alto los señalamientos hechos por el quejoso en su propuesta de convenio en relación con la pensión que señaló podía proporcionar, ya que ante la falta de datos objetivos que corroboraran tales circunstancias es que el juez responsable fijó la pensión en los términos que lo hizo, además de que señaló que ello era a reserva de los datos que arrojara en su momento el desahogo de la prueba pericial en trabajo social, ello a fin de conocer la situación económica y el nivel de vida de ambos progenitores. Aunado a ello que tales manifestaciones estaban contenidas en la propuesta de convenio dirigida a la demandada a fin de que manifestara si aceptaba tales condiciones, siendo que al momento de dar contestación a la demanda de mérito ella misma señaló que los datos relativos a la actividad laboral e ingreso del quejoso no eran correctos, de ahí que el suscrito estima que el juez responsable actuó con apego a la legalidad, en razón de que al no contar con mayores elementos para evidenciar a cuánto ascienden los ingresos del obligado el juzgador estaba en aptitud de proveer oficiosamente sobre el desahogo de pruebas conducentes en caso de que las aportadas fueran insuficientes para colmar la finalidad perseguida, ello debido a que los alimentos son un asunto de orden público e interés social, de ahí que, se reitera, fijó tal cantidad a reserva de lo que quedara evidenciado después del desahogo de la pericial, de tal modo que incluso, el monto señalado sea susceptible de variación acorde a lo que quede demostrado en autos, por lo que se estima que en ningún momento se transgredieron los derechos del aquí quejoso y, por el contrario, se atendió al interés superior de los menores involucrados. Tan es así, que por ello fijó el monto de la pensión atendiendo al salario mínimo y no a la unidad de medida y actualización, ya que la unidad no es aplicable tratándose de la fijación de pensiones alimenticias, toda vez que acorde al artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Federal, la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos, además de que esa propia disposición señala específicamente que el salario mínimo puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines acordes a su naturaleza y, en esa tesitura, la base o referencia para establecer una pensión alimenticia en los casos que así proceda, de ahí que haya sido correcta la determinación del juez responsable en relación fijar la pensión en base al salario mínimo y no a la unidad de medida y actualización. Asimismo, resulta infundado el argumento del quejoso en el sentido de que en la audiencia se solicitó que la incorporación de los menores al hogar del quejoso, toda vez que de autos no se advierte que el promovente haya elevado tal petición; y, aun cuando lo hubiere hecho, de autos se advierte que el juez de origen requería de mayores elementos para determinar tal circunstancia atendiendo al interés superior de los menores, pues no basta que uno de los padres solicite la incorporación de los menores al hogar, sino que se debe atender a las circunstancias particulares del caso y sobretodo privilegiar el bienestar de los infantes, para lo cual era necesario que el juzgador se llegara de mayores elementos de prueba a fin de determinar cuál hogar sería el idóneo para el desarrollo integral de los menores, tan es así que en la audiencia el titular decretó como pruebas para mejor proveer la prueba pericial en trabajo social y en psicología, mismas que serán tomadas en consideración en la etapa correspondiente, pues solo así el juez estaría en aptitud de determinar con mayor amplitud y conocimiento de las circunstancias particulares, lo que sea mejor para el bienestar de los infantes. Tan es así, que incluso durante la audiencia el juez de origen señaló que los alimentos se fijaban de manera provisional a reserva de lo que arrojara la prueba pericial en trabajo social, de ahí que incluso existen determinaciones como esa que están sujetas a las pruebas aportadas o que en su momento se desahoguen. De igual forma, resulta infundado el tercero de los conceptos de violación, en el que el quejoso señala que la obligación del pago de la pensión alimenticia no puede trascender a otros familiares, ello en razón de que la obligación alimenticia de los padres hacia sus hijos deriva directamente del ejercicio de la patria potestad; en cambio, la obligación a cargo de los ascendientes en segundo o ulterior grado no deriva de la patria potestad, sino de un principio de solidaridad familiar, basado en una expectativa de asistencia recíproca. Así, cuando la ley establece una prelación de deudores para satisfacer las necesidades de los acreedores alimentarios menores de edad, es en los progenitores en quienes recae dicha obligación, de acuerdo con sus posibilidades, y para que se actualice la obligación subsidiaria de otros familiares es preciso que: i) falten los progenitores y principales obligados; o, ii) se encuentren imposibilitados para proporcionar alimentos a sus menores hijos. Condiciones que son independientes entre sí, pues la primera alude a una inconcurrencia de las personas que de modo preferente tienen la obligación de suministrar alimentos, lo cual genera la imposibilidad fáctica de exigir su cumplimiento; esta condición puede configurarse con el fallecimiento, la desaparición o el desconocimiento del paradero de los padres. Por su parte, la segunda condición implica la concurrencia de los progenitores, pero existe una imposibilidad absoluta por parte del obligado a cubrir los alimentos, la cual no debe entenderse desde un aspecto meramente material, pues las dificultades económicas o materiales que puedan enfrentar los deudores alimentarios, acorde con el principio de proporcionalidad, si bien puede conducir a reducir el monto de los alimentos, no extingue la obligación, ya que la "imposibilidad" está vinculada a los sujetos de esa obligación; por tanto, puede actualizarse cuando los progenitores padezcan alguna enfermedad grave, se encuentren inhabilitados para el trabajo o enfrenten un obstáculo absoluto para satisfacer las necesidades de sus descendientes; de ahí que cuando se alude a la imposibilidad, debe entenderse como un impedimento absoluto y de gran entidad que imposibilite a los padres a cubrir los alimentos de sus hijos. Por tanto, es que la legislación local prevé la posibilidad de esa obligación subsidiaria que deriva, como ya se dijo, de un principio de solidaridad familiar, de ahí que resulte infundado el concepto de violación aducido por el quejoso, máxime que para que se actualice tal obligación es necesario que concurran las circunstancias que para tal efecto se prevén. También resulta infundado el último de los conceptos de violación aducidos por el quejoso, pues contrario a lo que señala, la autoridad responsable en ningún momento determinó o se pronunció en torno a la aceptación del monto propuesto por el quejoso para garantizar el pago de la pensión, pues si bien en auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, requirió al quejoso para que exhibiera la garantía propuesta, ello fue para el caso de que su contraria aceptara los términos del convenio propuesto, no así porque estimara que esa cantidad fuera suficiente para el fin pretendido, pues no debe perderse de vista que el convenio inserto y los términos del mismo únicamente constituían una mera propuesta sujeta todavía a la aceptación total o parcial de su contraria. Máxime si se tiene en consideración que ese auto contenía un acuerdo de prevención, de tal forma que la demanda de divorcio aún no había sido admitida, por lo que no había posibilidad de que la autoridad se pronunciara en torno a la aceptación de la garantía, de ahí que no puede considerarse que exista una doble imposición, pues al no haber aceptado la contraria los términos de su convenio, el quejoso estaba en aptitud de solicitar la devolución de dicha cantidad para solventar la garantía fijada por la autoridad en la audiencia preliminar; o, en su defecto, únicamente depositar la diferencia y que se tomara en consideración la cantidad ya exhibida. Finalmente, es inoperante el concepto de violación en el que el quejoso aduce que fue incorrecto que el juez responsable determinara una convivencia abierta en razón de que la madre de los menores no le permite la convivencia, ello en razón de que tal circunstancia debe ser expuesta ante el juez responsable para que sea él, como rector del procedimiento, quien determine lo que en derecho corresponda en relación a si existe o no el desacato de la madre de los menores para permitir la convivencia, en su caso si se debe decretar algún apercibimiento o sanción, pues de lo contrario este órgano jurisdiccional está impedido legalmente para analizar circunstancias que no han sido expuestas ante el juez del proceso. De tal modo que, al resultar infundados en un aparte e inoperantes en otra los conceptos de violación expuestos, lo procedente es negar la protección constitucional al aquí quejoso. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA, NI PROTEGE a HUMBERTO MAGAÑA JIMÉNEZ, en contra del acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
EN ATENCION A LA RAZON ACTUARIAL DE ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, ASÍ COMO AL PROVEÍDO DE FECHA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VI-684/2019, promovido por Humberto Magaña Jiménez, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el trece de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Humberto Magaña Jiménez, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán. El promovente del amparo estimó violados los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de garantías, misma que quedó registrada bajo el número VI-684/2019; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó emplazar la parte tercero interesada; se designó representante especial de los menores involucrados y también se llamó a juicio a su tutora a fin de salvaguardar sus derechos; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, lo constituye: La audiencia preliminar celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dentro de los autos del juicio ordinario oral familiar número 78/2019, que sobre divorcio sin expresión de causa y otras prestaciones promovió el aquí quejoso frente a la tercero interesada Edith Fabiola Martínez Castillo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el juez responsable se advierte que es cierto el acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada de las constancias respectivas. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente del amparo, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Son infundados en una parte e inoperantes en otra los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, atento a las consideraciones que más adelante se expondrán. Cabe mencionar que si bien es cierto que en el presente juicio de amparo se ven involucrados dos menores de edad, por la naturaleza misma del acto reclamado, el cual refiere a la fijación de la pensión alimenticia decretada en favor de estos y a cargo del ahora quejoso, como su progenitor; igualmente cierto es que, después de analizar y ponderar los derechos controvertidos así como las constancias que integran el juicio de origen, el suscrito juzgador no advierte queja deficiente que suplir en favor de los menores de edad referidos, lo anterior, en plena observancia de lo que impone el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en sus conceptos de violación el aquí quejoso en esencia argumenta: 1. Que el monto de pensión alimenticia fijada por el juez es desproporcional en razón con sus ingresos, ya que los mismos corresponden al salario mínimo, por lo que fue ilegal que el juez responsable fijara como tal un monto equivalente a ese salario en razón de que no hay prueba alguna que acredite que su ingreso es superior, además de que la madre de los menores también está obligada a contribuir para los alimentos de los infantes y que se pasó por alto el señalamiento hecho en el convenio exhibido por el quejoso, en el que señaló que podía pagar por tal concepto la cantidad de $400.00 cuatrocientos pesos 00/100 M.N. semanales, además de que en el audiencia solicitó se incorporara a los menores a su familia, petición respecto de la cual el juez fue omiso en pronunciarse. 2. Que es ilegal la determinación de la convivencia abierta ya que la tercero interesada no le permite ver a sus menores hijos. 3. Que es incorrecta la determinación del juez responsable ya que la obligación del pago de la pensión alimenticia no puede trascender a otros familiares del acreedor. 4. Que la imposición de una garantía resulta ilegal, toda vez que en auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el juez responsable había aceptado la garantía propuesta por el quejoso en el convenio exhibido con su demanda, por lo que se estaría fijando una doble garantía, además de formularle el apercibimiento de embargo. Como se adelantó, el primero de los conceptos de violación reseñados resulta infundado en razón de que si bien es cierto que en la propuesta de convenio inserta en su demanda de divorcio el actor, aquí quejoso, señaló que no tiene un trabajo fijo, ya que labora como jornalero, y pese a ello el juez responsable fijó como monto de la pensión el equivalente a un salario mínimo, dicha determinación resulta correcta. Ello en razón de que como bien lo precisa el propio quejoso, en ese momento el juez no contaba con elementos objetivos que acreditaran el dicho del promovente, así como que tampoco está demostrado que perciba la cantidad correspondiente a dicho salario o una menor, por lo que ante tal circunstancia debía salvaguardar la integridad de los menores, por lo cual se estima correcta su determinación. En razón de que tal fijación se debe a la falta de prueba directa de los ingresos del deudor, además de que la fijación del monto debe ser acorde a las circunstancias particulares de cada caso, por lo que al no tenerse certeza sobre los ingresos del deudor, no resulta desproporcionada la condena al pago de un día de salario mínimo como pensión alimenticia, ya que tal suma representa una cantidad apenas suficiente para subsistir frente al costo de la vida, tan es así que por ello no se fijó tal monto en Unidades de Medida de Actualización. Además, aún en el caso de que el deudor, aquí quejoso percibiera el salario mínimo, ello no lo releva de la obligación de proporcionar los alimentos ni de garantizar su cumplimiento conforme a la ley, por lo que al no existir en el sumario medio de convicción alguno que evidencie a cuánto ascienden los ingresos del obligado a proporcionar alimentos, la autoridad responsable, actuando dentro de los límites de la lógica y la razón, tal como lo hizo, debe fijar discrecionalmente el monto de la pensión tomando como base, por lo menos un salario mínimo diario, ya que en esas condiciones es el que se considera suficiente para sufragar los gastos elementales que comprende el concepto de alimentos, aunado a ello de que se trata de solventar los gastos de dos menores de siete y nueve años, esto es, que están en edad de acudir a la escuela, circunstancia que por sí misma genera gastos de educación y manutención. Por otro lado, si bien es cierto que la madre también está obligada a proporcionar alimentos a los menores, ella cumple con su deber alimentario al tenerlos bajo su guarda y custodia y proporcionarles los cuidados necesarios para su subsistencia, por lo que se estima que ella colabora con la manutención de sus descendientes, ya que así lo ha venido haciendo a través de los cuidados que les brinda a los menores al tenerlos bajo su custodia y cubrir sus necesidades de habitación, limpieza del hogar, aseo diario personal, entre otros; por lo que no era necesario que el juez de origen hiciera una condena en su contra determinando un monto que deba de otorgar por pensión. De ahí que lo argumentado por el quejoso en ese sentido no es causa suficiente para relevarlo de su obligación o disminuir el monto de la pensión que se le fijó, ya que ella cumple con su obligación al tenerlos bajo su guarda y custodia. Sin que se estime que la autoridad responsable pasó por alto los señalamientos hechos por el quejoso en su propuesta de convenio en relación con la pensión que señaló podía proporcionar, ya que ante la falta de datos objetivos que corroboraran tales circunstancias es que el juez responsable fijó la pensión en los términos que lo hizo, además de que señaló que ello era a reserva de los datos que arrojara en su momento el desahogo de la prueba pericial en trabajo social, ello a fin de conocer la situación económica y el nivel de vida de ambos progenitores. Aunado a ello que tales manifestaciones estaban contenidas en la propuesta de convenio dirigida a la demandada a fin de que manifestara si aceptaba tales condiciones, siendo que al momento de dar contestación a la demanda de mérito ella misma señaló que los datos relativos a la actividad laboral e ingreso del quejoso no eran correctos, de ahí que el suscrito estima que el juez responsable actuó con apego a la legalidad, en razón de que al no contar con mayores elementos para evidenciar a cuánto ascienden los ingresos del obligado el juzgador estaba en aptitud de proveer oficiosamente sobre el desahogo de pruebas conducentes en caso de que las aportadas fueran insuficientes para colmar la finalidad perseguida, ello debido a que los alimentos son un asunto de orden público e interés social, de ahí que, se reitera, fijó tal cantidad a reserva de lo que quedara evidenciado después del desahogo de la pericial, de tal modo que incluso, el monto señalado sea susceptible de variación acorde a lo que quede demostrado en autos, por lo que se estima que en ningún momento se transgredieron los derechos del aquí quejoso y, por el contrario, se atendió al interés superior de los menores involucrados. Tan es así, que por ello fijó el monto de la pensión atendiendo al salario mínimo y no a la unidad de medida y actualización, ya que la unidad no es aplicable tratándose de la fijación de pensiones alimenticias, toda vez que acorde al artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Federal, la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos, además de que esa propia disposición señala específicamente que el salario mínimo puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines acordes a su naturaleza y, en esa tesitura, la base o referencia para establecer una pensión alimenticia en los casos que así proceda, de ahí que haya sido correcta la determinación del juez responsable en relación fijar la pensión en base al salario mínimo y no a la unidad de medida y actualización. Asimismo, resulta infundado el argumento del quejoso en el sentido de que en la audiencia se solicitó que la incorporación de los menores al hogar del quejoso, toda vez que de autos no se advierte que el promovente haya elevado tal petición; y, aun cuando lo hubiere hecho, de autos se advierte que el juez de origen requería de mayores elementos para determinar tal circunstancia atendiendo al interés superior de los menores, pues no basta que uno de los padres solicite la incorporación de los menores al hogar, sino que se debe atender a las circunstancias particulares del caso y sobretodo privilegiar el bienestar de los infantes, para lo cual era necesario que el juzgador se llegara de mayores elementos de prueba a fin de determinar cuál hogar sería el idóneo para el desarrollo integral de los menores, tan es así que en la audiencia el titular decretó como pruebas para mejor proveer la prueba pericial en trabajo social y en psicología, mismas que serán tomadas en consideración en la etapa correspondiente, pues solo así el juez estaría en aptitud de determinar con mayor amplitud y conocimiento de las circunstancias particulares, lo que sea mejor para el bienestar de los infantes. Tan es así, que incluso durante la audiencia el juez de origen señaló que los alimentos se fijaban de manera provisional a reserva de lo que arrojara la prueba pericial en trabajo social, de ahí que incluso existen determinaciones como esa que están sujetas a las pruebas aportadas o que en su momento se desahoguen. De igual forma, resulta infundado el tercero de los conceptos de violación, en el que el quejoso señala que la obligación del pago de la pensión alimenticia no puede trascender a otros familiares, ello en razón de que la obligación alimenticia de los padres hacia sus hijos deriva directamente del ejercicio de la patria potestad; en cambio, la obligación a cargo de los ascendientes en segundo o ulterior grado no deriva de la patria potestad, sino de un principio de solidaridad familiar, basado en una expectativa de asistencia recíproca. Así, cuando la ley establece una prelación de deudores para satisfacer las necesidades de los acreedores alimentarios menores de edad, es en los progenitores en quienes recae dicha obligación, de acuerdo con sus posibilidades, y para que se actualice la obligación subsidiaria de otros familiares es preciso que: i) falten los progenitores y principales obligados; o, ii) se encuentren imposibilitados para proporcionar alimentos a sus menores hijos. Condiciones que son independientes entre sí, pues la primera alude a una inconcurrencia de las personas que de modo preferente tienen la obligación de suministrar alimentos, lo cual genera la imposibilidad fáctica de exigir su cumplimiento; esta condición puede configurarse con el fallecimiento, la desaparición o el desconocimiento del paradero de los padres. Por su parte, la segunda condición implica la concurrencia de los progenitores, pero existe una imposibilidad absoluta por parte del obligado a cubrir los alimentos, la cual no debe entenderse desde un aspecto meramente material, pues las dificultades económicas o materiales que puedan enfrentar los deudores alimentarios, acorde con el principio de proporcionalidad, si bien puede conducir a reducir el monto de los alimentos, no extingue la obligación, ya que la "imposibilidad" está vinculada a los sujetos de esa obligación; por tanto, puede actualizarse cuando los progenitores padezcan alguna enfermedad grave, se encuentren inhabilitados para el trabajo o enfrenten un obstáculo absoluto para satisfacer las necesidades de sus descendientes; de ahí que cuando se alude a la imposibilidad, debe entenderse como un impedimento absoluto y de gran entidad que imposibilite a los padres a cubrir los alimentos de sus hijos. Por tanto, es que la legislación local prevé la posibilidad de esa obligación subsidiaria que deriva, como ya se dijo, de un principio de solidaridad familiar, de ahí que resulte infundado el concepto de violación aducido por el quejoso, máxime que para que se actualice tal obligación es necesario que concurran las circunstancias que para tal efecto se prevén. También resulta infundado el último de los conceptos de violación aducidos por el quejoso, pues contrario a lo que señala, la autoridad responsable en ningún momento determinó o se pronunció en torno a la aceptación del monto propuesto por el quejoso para garantizar el pago de la pensión, pues si bien en auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, requirió al quejoso para que exhibiera la garantía propuesta, ello fue para el caso de que su contraria aceptara los términos del convenio propuesto, no así porque estimara que esa cantidad fuera suficiente para el fin pretendido, pues no debe perderse de vista que el convenio inserto y los términos del mismo únicamente constituían una mera propuesta sujeta todavía a la aceptación total o parcial de su contraria. Máxime si se tiene en consideración que ese auto contenía un acuerdo de prevención, de tal forma que la demanda de divorcio aún no había sido admitida, por lo que no había posibilidad de que la autoridad se pronunciara en torno a la aceptación de la garantía, de ahí que no puede considerarse que exista una doble imposición, pues al no haber aceptado la contraria los términos de su convenio, el quejoso estaba en aptitud de solicitar la devolución de dicha cantidad para solventar la garantía fijada por la autoridad en la audiencia preliminar; o, en su defecto, únicamente depositar la diferencia y que se tomara en consideración la cantidad ya exhibida. Finalmente, es inoperante el concepto de violación en el que el quejoso aduce que fue incorrecto que el juez responsable determinara una convivencia abierta en razón de que la madre de los menores no le permite la convivencia, ello en razón de que tal circunstancia debe ser expuesta ante el juez responsable para que sea él, como rector del procedimiento, quien determine lo que en derecho corresponda en relación a si existe o no el desacato de la madre de los menores para permitir la convivencia, en su caso si se debe decretar algún apercibimiento o sanción, pues de lo contrario este órgano jurisdiccional está impedido legalmente para analizar circunstancias que no han sido expuestas ante el juez del proceso. De tal modo que, al resultar infundados en un aparte e inoperantes en otra los conceptos de violación expuestos, lo procedente es negar la protección constitucional al aquí quejoso. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA, NI PROTEGE a HUMBERTO MAGAÑA JIMÉNEZ, en contra del acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de diecisiete de julio de los actuales, en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy FeJLL
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