Hugo Ignacio Rico Talavera
Expediente 300/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hugo Ignacio Rico Talavera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de nueve de febrero de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el amparo promovido por Hugo Ignacio Rico Talavera; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. ARCHIVO. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintidós. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 300/2021-VII, promovido por Hugo Ignacio Rico Talavera, contra actos que reclama de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, Hugo Ignacio Rico Talavera, promovió demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se precisa: "IV. ACTOS RECLAMADOS. La violación a mis derechos humanos de propiedad, posesiones o derechos y a la seguridad jurídica que tutelan los artículos 16 y 14 Constitucional. [.] La orden de embargo o congelación de mi cuenta bancaria." SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado de Distrito en el Estado, el que por auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitaron los informes justificados; se dio intervención al Ministerio Público, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado, consiste en: La emisión del oficio SIARA SFINMICHDI/2021/000008, de cinco de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la Dirección de Recaudación adscrita a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, por el cual se ordena la orden de congelamiento o embargo de la cuenta 60587912922, aperturada en Banco Santander (México), sociedad anónima, institución de Banca Múltiple, grupo Financiero Santander, en Zamora, Michoacán, y su ejecución; y, El ilegal emplazamiento practicado dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera instruido en contra del quejoso, el cual culminó con la emisión del oficio CE/1042/2015 de dieciocho de diciembre de dos mil quince, en el que se le determinó un crédito fiscal por $165,033.03 (ciento sesenta y cinco mil 33/100 pesos moneda nacional) TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración y la institución bancaria Santander, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, tal afirmación se vio corroborada con las documentales que el quejoso acompañó a su informe; medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable la tesis que dice: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, respecto del acto reclamado que se hace consistir en la emisión del oficio SIARA SFINMICHDI/2021/000008, de cinco de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la Dirección de Recaudación adscrita a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, por el cual se ordena la orden de congelamiento o embargo de la cuenta 60587912922, aperturada en Banco Santander (México), sociedad anónima, institución de Banca Múltiple, grupo Financiero Santander, en Zamora, Michoacán, no se analizarán los conceptos de violación, toda vez que respecto a dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción l del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el primer párrafo de la fracción l, del artículo 5 de la misma ley dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: l. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados vinculan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los anteriores preceptos legales se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando la norma general, acto u omisión que se reclame de la autoridad, no afecte el interés jurídico del quejoso. Tal interés ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en específico, que se concreta en forma particular y que otorga a su titular alguna facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio. Esto es, una ofensa, un daño o un agravio en los derechos o intereses del particular, que presuponen la existencia de un derecho legítimamente tutelado por la norma objetiva, el cual, al ser conculcado por la actuación de alguna autoridad, faculte a su titular para acudir ante los órganos de control constitucional y demandar el cese de esa obligación, a través del juicio de amparo, que se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 854, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en las páginas 582, Tomo VI, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, con número de registro 394810, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Además, para la procedencia del juicio de amparo, no sólo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que el mismo afecte algún derecho jurídicamente tutelado por la ley a favor del peticionario de amparo; esto es, que el acto de autoridad le irrogue perjuicio a su esfera jurídica y, por ende, la afectación a su interés jurídico, perjuicio o afectación que, además de ser actual, debe acreditarse plenamente, no presumirse. Ello de conformidad a lo dispuesto en el referido numeral, así como en la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, Núm. 82, Octubre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 206338, que señala: "INTERÉS JURÍDICO AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En relación con la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible a fojas 123, del Tomo 97-102 Primera Parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 232763, de rubro y texto siguientes: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos". Por otra parte, se precisa establecer que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de junio de dos mil once, en vigor a los ciento veinte días de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho, o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos tutelados por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo dispuesto en la Constitución Federal reformada evidencia con claridad que, al margen de la introducción del concepto de interés legítimo como elemento de la acción de amparo, se conserva la figura del interés jurídico y, por tanto, para la procedencia del amparo, se requiere su acreditación cuando quien lo promueve, aduce ser titular de un derecho que dice es afectado por el acto de autoridad que reclama. Las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos y juicio de amparo, publicadas en el mes de junio de dos mil once, modificaron algunos de los principios fundamentales del juicio de amparo, entre ellos, el relativo al interés jurídico del actor o quejoso como requisito indispensable para la procedencia de la acción. Lo anterior obliga a que los jueces federales, al resolver asuntos en materia de estos nuevos derechos (de interés legítimo y colectivo) creados por el Constituyente Federal en la fracción I del artículo 107 de la Carta Magna, abandonen la idea tradicional de los límites impuestos para la defensa de los derechos del individuo, a fin de que la evolución jurídica de nuestras instituciones sea efectiva y de vanguardia. El interés legítimo, también denominado derecho debilitado o derecho imperfecto, consiste en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, siendo su presupuesto la existencia de normas que imponen una conducta obligatoria a la administración pública, sin que a dicha obligación le corresponda un derecho subjetivo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) consideró que atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones, para lo cual precisó los elementos constitutivos tanto del interés jurídico como los del interés legítimo. Así los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo, sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1598, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019456, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". (Lo resaltado es nuestro). Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se desprende que el quejoso reclama la emisión del oficio SIARA SFINMICHDI/2021/000008, de cinco de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la Dirección de Recaudación adscrita a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, por el cual se ordena la orden de congelamiento o embargo de la cuenta 60587912922, aperturada en Banco Santander (México), sociedad anónima, institución de Banca Múltiple, grupo Financiero Santander, en Zamora, Michoacán. En el caso concreto, el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó en su demanda que tiene aperturada la cuenta bancaria 60587912922, en Banco Santander (México), sociedad anónima, institución de Banca Múltiple, grupo Financiero Santander, por lo que refiere acudir al juicio de amparo como titular de dicha cuenta bancaria. Sin embargo, el quejoso fue omiso en exhibir documento alguno para acreditar la titularidad de esa cuenta bancaria, y que a la fecha está vigente; por ejemplo con la exhibición del contrato de apertura de cuenta bancaria que celebró con la institución de referencia. Por otra parte, si bien del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, se advierte que ordenó el congelamiento o embargo de la cuenta bancaria registrada a nombre del quejoso, dentro del procedimiento administrativo de ejecución de donde se deriva el acto reclamado; sin embargo, el quejoso no acreditó fehacientemente con documento alguno su interés jurídico ni legítimo en el presente juicio de amparo. Eso ya que como se adelantó, la comprobación del interés jurídico o legítimo tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio de amparo, por lo que debía acreditar fehacientemente ser titular de la cuenta bancaria 60587912922, de la institución crediticia Santander. En efecto, el peticionario del amparo debió exhibir algún elemento convictivo que corroborara lo anterior, por ejemplo, el contrato de cuenta corriente correspondiente a la apertura de dicha cuenta bancaria, ya sea en original o en copia certificada, para estar en posibilidad de advertir que el acuerdo de voluntades entre el accionante del amparo y la institución de crédito existe o se encontraba vigente al momento en que se ordenó la referida inmovilización, y así poder demostrar que el embargo e inmovilización de la cuenta bancaria reclamado le causa un agravio de manera personal y directo a un derecho subjetivo del que es titular. No pasa inadvertido que el quejoso haya ofrecido como medios de prueba las documentales consistentes en constancia de trabajo expedida por la empresa bebidas purificadas S. DE R.L. DE C.V., de la que se advierte que el salario que percibe con motivo de su trabajo en esa empresa se deposita en la cuenta bancaria 60587912922, de la institución bancaria Santander; constancia de estudio expedida por la institución educativa Colegio Don Bosco y acta de nacimiento de su menor hija de iniciales A. G. R. M.; y acta de matrimonio para demostrar su estado civil; ello, a fin de acreditar que tiene obligaciones alimentarias y educativas. Sin embargo, dichas documentales no son aptas para el fin pretendido, porque ninguna de ellas arroja que celebró contrato de cuenta corriente correspondiente a la apertura de dicha cuenta bancaria, y menos aún que se encuentre vigente. Lo anterior encuentra sustento en la tesis que dice: Registro digital: 169961 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: III.2o.A.167 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008, página 2296 Tipo: Aislada "ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO DICHA MEDIDA PRECAUTORIA, SE ACREDITA CON LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE CELEBRADOS ENTRE EL QUEJOSO Y LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE. Tratándose del aseguramiento de cuentas bancarias, la exhibición en el juicio de amparo de un cheque con un número de cuenta a nombre del quejoso, resulta insuficiente para demostrar -plena y fehacientemente- la titularidad de una cuenta bancaria y, por ende, el interés jurídico para reclamar mediante el juicio constitucional la mencionada medida cautelar. Lo anterior es así, porque el contrato de cuenta corriente de cheques firmado entre el peticionario de garantías y la institución de crédito correspondiente, es el documento idóneo para acreditar el referido interés jurídico, pues demuestra que la cuenta se encuentra vigente". En la inteligencia de que si el acto se encontraba nominalmente dirigido y el derecho subjetivo cuya protección pretende el quejoso es identificable y sólo le pertenece a él, éste se encontraba obligado a evidenciar su interés jurídico. A más de que la sola existencia y aceptación del acto reclamado por las responsables, es insuficiente para tener acreditado el interés jurídico, cuya carga de evidenciarlo recae en el quejoso. Apoya lo expuesto las tesis: Registro digital: 187777 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 1/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 15 Tipo: Jurisprudencia "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Registro digital: 229368 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Administrativa Tesis: I. 1o. A. J/3 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 923 Tipo: Jurisprudencia "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso". En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley, respecto de la inmovilización de la cuenta bancaria 60587912922, de la institución de crédito Santander; lo que se hace extensivo a su ejecución al no combatirse por vicios propios. En términos de lo expuesto, no basta que exista el acto de autoridad para que prospere el juicio de amparo, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el artículo 6 de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que es necesario, que se transgreda un derecho subjetivo en agravio del quejoso. Al respecto de cita la tesis que dice: Registro digital: 229368 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Administrativa Tesis: I. 1o. A. J/3 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 923 Tipo: Jurisprudencia "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso". Por otra parte, en relación con el diverso acto reclamado que se hace consistir en el ilegal emplazamiento practicado dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera instruido en contra del quejoso, el cual culminó con la emisión del oficio CE/1042/2015 de dieciocho de diciembre de dos mil quince, en el que se le determinó un crédito fiscal por $165,033.03 (ciento sesenta y cinco mil 33/100 pesos moneda nacional), se estima que también se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: Los citados artículos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en el que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o de su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, nicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" Para corroborar lo anunciado, se precisa que de las constancias remitidas como complemento al informe justificado rendido por el Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, se advirtió la existencia de diversas autoridades, a saber, Administradora de Rentas en Pátzcuaro, Michoacán y notificador y ejecutor adscrito a dicha dependencia. Con el contenido del anterior informe, se dio vista a las partes a fin de que se impusieran de su contenido; sin embargo, el quejoso fue omiso en ampliar la demanda respecto de dichas autoridades. Sin que fuera menester realizar notificación personal a fin de que el quejoso ampliara la demanda en el aspecto reiterado pues, incluso el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno presentó escrito donde se manifestó expresamente sabedor del contenido del informe rendido por el Secretario de Finanzas del Estado de Michoacán, donde amplió su demanda respecto de sus motivos de disenso. En esos términos, no obstante que se reclama el ilegal emplazamiento, no procede analizar el fondo del asunto, porque las autoridades a quienes les correspondió su emisión, no fueron designadas como autoridades responsables y, por ende, al no haber sido llamadas a juicio, es evidente que no estuvieron en posibilidad de exponer las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad de su acto; de tal manera, que no es jurídicamente factible analizarlo. Es aplicable al respecto la jurisprudencia que dice: Registro digital: 213345 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 3o. J/44 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 74, Febrero de 1994, página 67 Tipo: Jurisprudencia "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal. Por tanto, como el quejoso no señaló a aquéllas autoridades como responsables, éstas no fueron emplazadas a juicio, y se erige como autoridades inauditas, por lo que se impone SOBRESEER en el juicio con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo. Al respecto se cita la tesis que dice: Registro digital: 164185 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXXI.1 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 2199 Tipo: Aislada "ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento". Al decretarse el sobreseimiento no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Es orientador por no ser contrario a la actual Ley de Amparo, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. De ahí que sea innecesario analizar y pronunciarse sobre el resto de las causas de improcedencia propuestas, pues basta verificar la actualización de alguna. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Hugo Ignacio Rico Talavera, contra el acto reclamado a las autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el último considerando de esta determinación. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy nueve de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 300/2021 promovido por Hugo Ignacio Rico Talavera contra actos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio no le resulto el carácter de tercero interesado a persona alguna. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Jefe del Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Apoderado legal del Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito presentado en quince de junio de dos mil veintiuno; asimismo obran en autos las documentales que las autoridades señaladas como responsables, adjuntaron como sustento de su informe justificado y a su oficio de uno de diciembre de dos mil veintiuno, probanzas que fueron admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que hizo manifestaciones en esta vía la Agente de Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional y el quejoso Hugo Ignacio Rico Talavera, mediante pedimento y escrito presentados veintiocho de abril y veintiséis de mayo, ambos de dos mil veintiuno, respectivamente EL JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LICENCIADO OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MARBELLA JUÁREZ GARCÍA
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Morelia, Michoacán, tres de diciembre de dos mil veintiuno. CUMPLE REQUERIMIENTO. Vistos los oficios de cuenta signados por el Director de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través de los cuales cumple con el requerimiento hecho en auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, y al efecto remite las constancias que le fueron requeridas. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; las documentales que la autoridad responsable adjunta a sus oficios de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. SE INFORMA CAMBIO DE TITULAR Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Practíquese la notificación del presente proveído mediante lista y a las autoridades responsables por oficio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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