Hugo Luis Cornu Maynez

Expediente 602/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
602/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2019

Partes del expediente

  • Hugo Luis Cornu Maynez

Actuaciones

  1. Principal

    Recurso de queja. Se ordena agregar a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña copia certificada de la resolución dictada con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte promovente, en contra del auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en este órgano jurisdiccional, el cual se resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. SE DECLARA INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por... en contra del acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Distrito en la Laguna, en el expediente Desechada 602/2019". Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, con sede en esta ciudad. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que sea notificada del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Apercibimiento. Para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a... de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  3. Principal

    Escrito. Se tiene por recibido el escrito signado por el promovente... en el cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo. Recurso de queja. En tales condiciones, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo. Remisión. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la ley en la materia, con relación al numeral 37, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase copia certificada de la demanda de amparo, así como del auto impugnado, original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad. Informe. Ríndase el informe en el sentido que es cierto el acto que se reclama. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL PROMOVENTE:Oficio. Por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual acompaña el original de la demanda de amparo promovida por José de Jesús Fernández Hernández, quien se ostenta como defensor del inculpado Hugo Luis Cornú Máynez; oficio de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dictado dentro del amparo directo penal 10/2019; y resolución de diez de mayo del año en curso, en la que el tribunal oficiante declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; por lo cual, declinó competencia en favor del Juzgado de Distrito en la Laguna en turno; así como la causa penal 354/2016, consistente en cinco tomos y el toca pena 50/2018. Acuerdo. En tales condiciones, con base en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado asume en la vía indirecta del conocimiento de la demanda de amparo promovida por José de Jesús Fernández Hernández, quien se ostenta como defensor del inculpado Hugo Luis Cornú Máynez; por lo que, acúsese recibo de estilo e infórmese esta situación al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, para todos los efectos legales a que haya lugar. Medida cautelar. De igual forma, debe decirse que la medida cautelar decretada por la autoridad responsable, en auxilio de la Justicia de la Unión, ha dejado de surtir efectos, a partir de que este órgano jurisdiccional asume el conocimiento del asunto, toda vez que tal determinación deberá estar a las reglas que rigen la vía indirecta para la tramitación del mismo; aunado a que la autoridad responsable no se encuentra facultada para proveer sobre la suspensión del acto reclamado en los juicio de amparo competencia de los jueces de distrito. De ahí que, la medida cautelar decretada por la responsable ha dejado de surtir sus efectos, y la responsable se encuentra en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por José de Jesús Fernández Hernández, quien se ostenta como defensor del inculpado Hugo Luis Cornú Máynez, contra actos del Magistrado del Segundo Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 602/2019-V-A. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, esencialmente, el auto de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, emitido en los autos del toca penal 50/2018, por el Magistrado del Segundo Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, en el cual no admitió la prueba documental ofrecida por la parte quejosa el once de octubre de dos mil dieciocho, así como la aprobación y expedición del decreto 303 que contiene el artículo 564 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y la inconstitucionalidad de ese numeral, con motivo de su aplicación en el proveído de referencia. En ese sentido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se trata. El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causal de improcedencia que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Una vez examinados los actos reclamados, se obtiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se determinan la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, de acuerdo al inciso b) de la fracción III del artículo 107 constitucional, o que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación (en términos del numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo), entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Para determinar si una violación es o no reclamable en amparo indirecto, lo que debe observarse es la exigencia a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Luego, el alcance de tales disposiciones, obliga a precisar que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Por lo que hace al concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la jurisprudencia P./J. 24/92, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, Agosto de 1992, página 11, con el epígrafe y sinopsis siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En el caso, debe señalarse que los actos reclamados consistentes en la emisión del auto de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, emitido en los autos del toca penal 50/2018, en el cual, el magistrado responsable no admitió la prueba documental ofrecida por la parte quejosa, y como consecuencia, la aprobación y expedición del decreto 303 que contiene el artículo 564 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y la inconstitucionalidad de ese numeral, con motivo de su aplicación en el proveído de referencia, no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, para que sean considerados como actos de imposible reparación, pues en su caso, sólo producen efectos intraprocesales. Lo anterior es así, pues en los autos del toca penal 50/2018, aún no se dicta sentencia definitiva en segunda instancia respecto del recurso de apelación interpuesto por el representante social y la parte ofendida en la causa penal subyacente, relativo auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de del inculpado, aquí quejoso directo Hugo Luis Cornú Máynez, en cuanto a su probable responsabilidad en la comisión del delito de uso de documentos falsos y simulación de actos jurídicos, y por ende, resulta incuestionable que los efectos de la determinación reclamada, no se pueden traducir hacia el exterior del procedimiento del toca penal en los que se emitió esa determinación, sino sólo a su interior, al estimarse que esta situación únicamente implica base para la emisión del fallo en segunda instancia. Así, en todo caso, no será sino hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva que resuelva el recurso de apelación interpuesto en la causa penal de origen, cuando pudiera influir o no el sentido de la decisión de la autoridad judicial responsable y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia de segunda instancia es adversa a los intereses de la parte peticionaria del amparo. Por consiguiente, debido a que la emisión del proveído reclamado en esta vía constitucional, constituye una violación procesal intermedia, respecto de la cual, en términos del artículo 107, fracción V, no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto, sino que de resultar desfavorable a los intereses de la parte quejosa la sentencia respectiva que se pronuncie, debe hacer valer la cuestión como concepto de violación al hacer valer la transgresión en el juicio de amparo indirecto contra la mencionada resolución incidental. Además, la emisión del proveído reclamado sólo produce infracción a derechos adjetivos o procesales relativo a cuestiones atinentes a probanzas, lo cual puede ser reparado, como ya se refirió, si la parte quejosa obtiene una resolución favorable a sus intereses, o en su defecto, puede ser reclamable a través del juicio de amparo directo, en términos de lo previsto por el artículo 173, apartado A, fracción VII de la Ley de Amparo. Efectivamente, la no admisión de pruebas en el proceso penal, en segunda instancia, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatido en amparo directo, pues sólo producen efectos formales dentro del procedimiento, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con el fallo definitivo que llegue a pronunciarse en el juicio natural, si éste le es favorable. Máxime, que como ya se señaló, en caso de serle adversa dicha sentencia a sus intereses, estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, a través del juicio de amparo directo, en la que podrá hacer valer tal violación procesal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173, apartado A, fracción VII de la Ley de Amparo. De ahí que, al versar los actos reclamados sólo respecto de violaciones procesales, es de estimarse que el juicio de amparo interpuesto en su contra resulta improcedente; por lo que, con fundamento con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con relación al artículo 113 ya invocado, se desecha la demanda de amparo por su notoria improcedencia. Norma este criterio, la jurisprudencia P./J. 6/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Número 76, abril de 1994, página 13, que señala lo siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". Además, al impugnarse en la demanda de amparo la disposición normativa antes señalada, no a raíz de su sola vigencia, sino a consecuencia de actos concretos de aplicación de la norma, al desecharse la demanda por el referido acto de aplicación, ello abarca desde luego, la impugnación del artículo 564 del Código de Procedimiento Penales para el estado de Coahuila de Zaragoza, tildado de inconstitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 90, primera parte, página 49, que dispone lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA, Y CONTRA ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. SOBRESEIMIENTO. Si se impugna la constitucionalidad de una ley no a raíz de su sola vigencia, por afectar desde luego a la parte quejosa, sino a consecuencia de actos concretos de aplicación, y la sentencia sobresee el juicio respecto a todos los actos de aplicación de la ley, y en el recurso se combate únicamente la sentencia en cuanto negó el amparo respecto a la ley, no así en cuanto sobreseyó el juicio a propósito de los actos de aplicación, lo anterior tiene como consecuencia que deba revocarse la negativa del amparo y decretarse el sobreseimiento del juicio, también en relación a la ley que se reclama, porque si se impugnó su constitucionalidad por haberse producido actos de aplicación, y tocante a éstos se sobreseyó el juicio, y contra el sobreseimiento no se inconforma el recurrente, desaparecidos los actos de aplicación, el sobreseimiento debe pronunciarse también sobre la ley. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que la parte quejosa señala en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Autorizados. En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados a los profesionistas que menciona en su escrito de demanda. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. ...

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