Hugo Luis Cornú Máynez

Expediente 1981/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1981/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/01/2023

Partes del expediente

  • Hugo Luis Cornú Máynez

Actuaciones

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Efectos de control. Se ordena agregar para efectos de control el oficio de cuenta, toda vez que el diez de enero de dos mil veintitrés, se suspendió el procedimiento por los motivos ahí indicados. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; cuatro de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que la totalidad de las partes han quedado notificadas del fallo constitucional dictado en el presente juicio de amparo, así como del proveído en que se tuvo a la parte quejosa interponiendo en su contra el recurso de revisión. Remisión de recurso de revisión. En consecuencia, y toda vez que los presentes autos se encuentran debidamente integrados, remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, a efecto de que substancie el recurso de mérito, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 89 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO:Estado de autos. Visto el estado el estado procesal que guardan los presentes autos y en especial de los informes justificados y sus constancias, en el que se advierte que las responsables realizaron manifestaciones con relación a las peticiones formuladas por el quejoso relativas al acto reclamado. Vista ampliación de demanda. Por tanto, a fin de no dejar al quejoso en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo, misma que deberá cumplir con los requisitos a que alude el artículo 108 de la ley de la materia. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se continuará con el trámite del juicio en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, se señalan las once horas con diez minutos del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, de ser necesario, podrá practicarse mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, sin menoscabo de que pueda llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, de conformidad con los artículos 5°, fracción II, 25 y 26, todos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por Hugo Luis Cornú Máynez, contra actos del Magistrado del Segundo Tribunal Distrital, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 1981/2022-V-B, que es el que le corresponde. En el caso tenemos que la parte promovente del juicio constitucional reclama bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: LA CONFIRMACIÓN DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, QUE EMITIÓ LA PRIMERA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO DEL TOCA PENAL 50/2018; LO ANTERIOR POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE RECLAMA TAMBIÉN UNA POSIBLE ORDEN DE APREHENSIÓN EN MI CONTRA POR CUALQUIERA DE LAS DOS AUTORIDADES RESPONSABLES, LO ANTERIOR POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, INCUMPLIENDO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Desechamiento. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Ahora bien, al examinar integralmente la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que el promovente reclama la emisión de las órdenes de aprehensión, presentación o comparecencia y detención emitidas en su contra, con motivo de la confirmación del auto de formal prisión dictado en los autos del toca 50/2018. En la especie, este juzgado advierte que la demanda de amparo es improcedente respecto del referido acto, ya que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud que se presentó previo a éste asunto, el diverso juicio de amparo 1921/2022-IVB, del cual conoce este juzgado federal, en los que el propio quejoso, señaló las mismas autoridades responsables y les reclamó el mismo acto, en el cual no se ha dictado la sentencia definitiva correspondiente. El precepto antes citado dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) X.- Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos." (lo subrayado es del juzgado) De lo anterior deriva lo que doctrinalmente se conoce como litispendencia (lirispendance), tomado del latín medieval litispendentia (formado con lis, proceso, y pendere, pender), figura procesal que se refiere al estado del pleito antes de su terminación, es decir, constituye el estado litigioso del asunto que se pone o intenta poner sub júdice; por lo cual, etimológicamente litispendencia significa la existencia de un pleito que todavía no se resuelve. Para la doctrina procesal la litispendencia supone que un litigio está en acto o en vida, está pendiente, circunstancia que cesará en el momento en que pase procesalmente a cosa juzgada. En ese contexto, los principios que se aplican a la litispendencia son los de la unidad del proceso del conocimiento y el de la economía procesal, y además, la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, tomando en consideración que la institución se configura cuando una controversia anterior se encuentra pendiente de resolución en el mismo juzgado o tribunal o en otro diferente, y en ambos conflictos existe una identidad de los elementos del litigio planteado en los dos procesos. Esta identidad se refiere a los sujetos, el objeto y la pretensión. Resumidas cuentas, se produce la litispendencia cuando una misma causa litigiosa se propone ante dos jueces diversos, o cuando la misma causa se presenta varias veces, ante el mismo juzgador. También se ha considerado que, la institución se produce con el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia firme. Cobra singular importancia la hipótesis de improcedencia de amparo, pues deviene de la necesidad de evitar la proliferación de juicios de amparo, en que la controversia gire en torno a la misma litis o causa. En la especie, el quejoso Hugo Luis Cornú Máynez, promovió este juicio de amparo 1981/IV-B, en los siguientes términos: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES A. C. LICENCIADO LUIS MARTIN GRANADOS SALINAS, MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL DISTRITAL, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA, DENTRO DEL TOCA PENAL 50/2018, CON DOMICILIO EL UBICADO EN VILLAS LA MERCED, 27296 EN TORREÓN, COAHUILA. B. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA CON DOMICILIO EL UBICADO EN BLVD. LUIS ECHEVERRíA, SAL TILLO 2000, 25115, LO ANTERIOR DENTRO DE LA CAUSA PENAL 472/2020-4T. IV.- ACTO RECLAMADO: LA CONFIRMACIÓN DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, QUE EMITIÓ LA PRIMERA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO DEL TOCA PENAL 50/2018; LO ANTERIOR POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE RECLAMA TAMBIÉN UNA POSIBLE ORDEN DE APREHENSIÓN EN MI CONTRA POR CUALQUIERA DE LAS DOS AUTORIDADES RESPONSABLES, LO ANTERIOR POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, INCUMPLIENDO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Asimismo, este órgano jurisdiccional, conoce el juicio de amparo 1921/2022-IVB, promovido por Hugo Luis Cornú Máynez, en los que señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES A. C. LICENCIADO LUIS MARTIN GRANADOS SALINAS, MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL DISTRITAL, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA, DENTRO DEL TOCA PENAL 50/2018, CON DOMICILIO EL UBICADO EN VILLAS LA MERCED, 27296 EN TORREÓN, COAHUILA. B. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA CON DOMICILIO EL UBICADO EN BLVD. LUIS ECHEVERRíA, SAL TILLO 2000, 25115, LO ANTERIOR DENTRO DE LA CAUSA PENAL 472/2020-4T. IV.- ACTO RECLAMADO: LA CONFIRMACIÓN DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, QUE EMITIÓ LA PRIMERA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO DEL TOCA PENAL 50/2018; LO ANTERIOR POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE RECLAMA TAMBIÉN UNA POSIBLE ORDEN DE APREHENSIÓN EN MI CONTRA POR CUALQUIERA DE LAS DOS AUTORIDADES RESPONSABLES, LO ANTERIOR POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, INCUMPLIENDO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." De las anteriores transcripciones, se observa que en el juicio de amparo, Hugo Luis Cornú Máynez (mismo quejoso), señaló como autoridades responsables a la Magistrado del Segundo Tribunal Distrital, con residencia en esta ciudad y Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal con residencia en Saltillo, Coahuila; (mismas autoridades responsables), a las que le reclamó la orden de aprehensión emitida en su contra con motivo de la confirmación del auto de formal prisión dictado en los autos del toca 50/2018, (mismo acto reclamado que en en dicho juicio de amparo 1921/2022-IVB) en el cual no se ha dictado sentencia definitiva. En ese orden de ideas, es inconcuso que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, en atención a que existe litispendencia entre el juicio de amparo 1921/2022-IVB y el presente asunto, ambos del índice de este propio juzgado, los cuales poseen identidad de los elementos del litigio, esto es, en los sujetos, el objeto y la pretensión, pues en ambos juicios se reclaman los mismos actos a las mismas autoridades. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió jurisprudencia resolviendo que esta causal de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, tomo II, página 3029, registro electrónico 2019187, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente". En tales consideraciones, es improcedente el juicio de amparo en que se actúa, al actualizarse la causal contenida en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de la propia ley y 103, fracción I, de la Constitución General de la República, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que pase inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA.". Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que la causales de improcedencia tienen una existencia justificada, las cuales, deben ser analizadas de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. ". Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************; toda vez que se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Correo electrónico y número celular. Por otro lado, téngase al compareciente señalando el correo electrónico y el número celular que proporciona; lo anterior, para que a través de dicho medio puedan entablarse comunicaciones no procesales, como forma especial y expedida de contacto durante la emergencia sanitaria, en los casos en que se estime necesario Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano