Hugo Luis Cornú Maynez

Expediente 564/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
564/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
28/11/2018

Partes del expediente

  • Hugo Luis Cornú Maynez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Por recibido el oficio 660/2018, signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, que se agrega para los efectos legales correspondientes, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso..., en contra del trece de junio de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo que motivó el presente asunto; en tales condiciones, hágase de su conocimiento que al substanciar dicho recurso, el tribunal de alzada resolvió lo siguiente: "ÚNICO. SE CONFIRMA el acuerdo dictado el trece de junio de dos mil dieciocho, por la juez Primero de Distrito en la Laguna". En tal virtud, acúsese recibo de estilo a la superioridad y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal de acuerdo a sus particularidades es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal. Notifíquese; mediante oficio al Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad.

  2. Principal

    Agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio 8732, signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso, en contra del auto de trece de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio en que se actúa, al que le correspondió el número de queja penal 170/2018, del índice de dicha superioridad. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el escrito signado por el quejoso... mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de trece de junio de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo; por ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de la demanda de amparo y de lo actuado en este asunto, así como original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que la superioridad determine lo que en derecho proceda de conformidad con el numeral 103 de la ley de materia. En tales condiciones, de acuerdo a lo previsto por el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ríndase informe en el sentido de ser cierto que este órgano de control constitucional, emitió el proveído de trece de junio de dos mil dieciocho, sin embargo, se aclara que el mismo se pronunció apegado a derecho; como así se justifica atendiendo a los motivos y fundamentos plasmados en tal proveído, a lo que se remite en obvio de repetición. Notifíquese; mediante oficio al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad.

  4. Principal

    Se notifica por lista al promovente Vista la diligencia que antecede, en la cual... ratifica su escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el cuatro de junio de este año, mediante el cual aclara su escrito inicial de demanda en los términos precisados. En efecto, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Del primer precepto reproducido se advierte que, además de la causales de improcedencia consagradas en las fracciones I a la XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, pueden actualizarse aquellas que resulten de alguna disposición de la ley; y del segundo interpretado a contrario sensu, se obtiene que el amparo resulta improcedente contra actos en el juicio, que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe señalar que por regla general los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa e inmediata alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Es decir, son aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como pudiera ser el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el otorgamiento de alimentos provisionales, definitivos o su reducción, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos, no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. En cambio, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Así pues, no existirá ejecución irreparable cuando el acto reclamado, una vez que se produce, no afecte los derechos públicos subjetivos del gobernado sino que sólo incide en sus derechos adjetivos adquiridos en el proceso. Ahora bien, al examinar integralmente la demanda de amparo y su escrito de aclaración, aparece que el quejoso Hugo Luis Cornú Maynez, comparece en calidad de inculpado dentro de la causa penal 354/2017, del índice del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, y en el caso, reclama esencialmente los siguientes actos: El primer acto de aplicación del artículo 137 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Coahuila, materializado en la resolución de veinte de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal número 8/2018, por la cual el Magistrado responsable señaló fecha para la audiencia de vista en el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público adscrito al citado juzgado penal, contra la negativa de orden de aprehensión en contra del aludido quejoso; y Como consecuencia de lo anterior, se reclama la falta de emplazamiento al mencionado procedimiento de segunda instancia. En el caso, pues cuestión de método se procede a examinar la procedencia del aludido acto de aplicación, y al respecto, se tiene que es improcedente el juicio de amparo, ya que dicho acto no le causa un perjuicio de forma inmediata la parte quejosa, habida cuenta de que no constituye un acto dictado dentro del juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, ya que solamente produce efectos intraprocesales, cuyas dimensiones no son exorbitantes o que con su dictado se afecte a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, pues el hecho de que la responsable hubiese señalado fecha para la audiencia de vista dentro del mencionado recurso de apelación, sin haberlo notificado o llamado a dicho procedimiento, solo constituye una violación procesal dentro de la segunda instancia, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la resolución que deba recaer al mencionado recurso, en caso de serle favorable; de otro modo, el perjuicio solo se producirá en el momento en que se dicte la resolución respectiva y ésta resulte contraria a los intereses del quejoso en función de dicha violación. Así las cosas, la demanda de amparo se torna improcedente al reclamarse un acto de aplicación que atañe a violaciones procesales que no tienen una ejecución de imposible reparación, las cuales deben reclamarse al combatir la sentencia que decida el mencionado recurso de apelación, ya que contra dicha resolución si sería procedente el juicio de amparo indirecto, por haberse revocado en la negativa de orden de aprehensión objeto de apelación; consecuentemente, deviene inconcusa la actualización de la causal de improcedencia en estudio.

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