Hugo Luis Reyes Jimenez
Expediente 437/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 437/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Hugo Luis Reyes Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No lo solicitó. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de noviembre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano de esta ciudad, lo que se asienta únicamente para los efectos legales correspondientes, dado que el veintisiete de octubre del año en curso, se dictó sentencia definitiva en el presente juicio de amparo; en tales condiciones, se deja sin efectos el apercibimiento decretado por este juzgado. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Hugo Luis Reyes Jiménez solicitó el amparo protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "..IV. Norma General o Acto u omisión que de cada autoridad se reclama: --- De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables reclamo: tanto el procedimiento administrativo para la emisión, firma, aprobación, refrendo, promulgación y publicación, ejecución y aplicación del Decreto administrativo que crea la universidad 18 de Marzo de la Laguna, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Durango el 18 de marzo de 2021, vigente a la fecha". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 437/2021-V-A, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes; y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aunado a que el acto reclamado en este juicio, incumbe a la vía indirecta, y se reclama a una autoridad judicial, residente en el territorio donde este juzgado ejercerse jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa, es el siguiente: i. La emisión, aprobación, refrendo, promulgación, publicación, ejecución y aplicación del decreto administrativo que crea la Universidad 18 de Marzo de la Laguna, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Durango el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridades responsables Gobernador del Estado de Durango; Secretario de Educación; y Director General del Periódico Oficial del Estado de Durango, todas con residencia en Victoria de Durango, Durango, toda vez que al rendir su informe justificado, aceptaron el mismo; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Igualmente, se tiene como cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Secretario General de Gobierno, con residencia en Durango, Durango, no obstante de que negó el acto que se le reclama, sin embargo, su negativa se encuentra desvirtuada con la existencia del decreto administrativo que crea la Universidad 18 de Marzo de la Laguna, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Lo anterior es así, en tanto que el referido lineamiento se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Durango, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Ahora bien, con relación a la existencia del decreto tildado de inconstitucional, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, de rubro siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA". Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 260, de rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". En ese sentido, la existencia del acto reclamado no depende de los informes que rindan las responsables, en tanto que el derecho no es objeto de prueba. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis aislada VII.3o.C. 16 K, emitida en la Novena época, con registro 183353, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, septiembre de 2003, Materia(s), Común, página 1343, de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL RECLAMADO NO DEPENDE DE LOS INFORMES QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PUES EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA". CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues la emisión del decreto impugnado no causa perjuicio a la parte quejosa (falta de interés jurídico). Para demostrar lo anterior, resulta necesario citar el contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Por su parte, el artículo 5°, fracción I, de la citada ley, al que nos remite el numeral arriba transcrito, establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". Conforme a los artículos citados, existen dos reglas para acudir al juicio de amparo: a) El referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho [interés jurídico]; y, otra que, b) Se refiera a un interés legítimo individual o colectivo. En ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y/o Tratados Internacionales que el Estado es parte, con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directo (interés jurídico) o, a virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). En esta parte, conviene señalar que de la fracción I, del artículo 107, de la constitución federal, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control de los actos de autoridad que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que, como se anotó, reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, que la solicitud de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame. Ese principio, de instancia de parte agraviada, no es ajeno al amparo que se intente contra leyes, debido a que, para que la instancia resulte procedente, éstas deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera jurídica de la persona, que lo legitima para accionar el medio de control constitucional, sea, con motivo del inicio de la vigencia de la norma general o bien, del primer acto concreto en que ésta se aplique. De lo antes señalado se desprenden los dos supuestos que generan el interés jurídico, a saber: 1. La existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. 2. El agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Así, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a demandar el cese de esa violación. Al respecto, los artículos 17 y 61, fracciones XII y XIV, ambos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso (leyes autoaplicativas), es suficiente que la persona se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer y provoquen con ello la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el segundo supuesto (leyes heteroaplicativas), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar al particular los mandatos legales para que se produzca la actualización en su perjuicio de la hipótesis normativa; esto es, se condiciona la individualización de la norma, a un acto ajeno a la sola vigencia y, entonces, el plazo con el que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo en su contra, será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley de la materia. Luego, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula con lo dispuesto en los preceptos impugnados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Ahora, en el presente asunto, la parte quejosa acude al juicio constitucional a reclamar el Decreto administrativo que crea la Universidad 18 de Marzo de La Laguna, publicado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. A efecto de acreditar el interés jurídico para acudir a la presente instancia constitucional, se tiene en consideración que la parte quejosa ofreció como pruebas documentales las siguientes: 1. Copia certificada del formato único de personal. Probanza anterior, que cuenta con valor probatorio indiciario y pleno, respectivamente, de conformidad con los artículos 197, 202, 203 y 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, con las cuales se acredita, por una parte, que la parte quejosa labora en el instituto afecto a la fecha de la presentación de la demanda, puesto que la "división" contrató sus servicios profesionales en términos del mencionado contrato; y por otra parte, que el Decreto reclamado se publicó el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Sin embargo, no obstante lo anterior, con la emisión del decreto impugnado se desprende que no le genera afectación alguna que dé pauta a instar la presente instancia constitucional, ya que si bien con él se creó la Universidad 18 de Marzo de La Laguna, se abrogó el decreto por el que se creó la División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo y se dispuso que el Titular del Ejecutivo del Estado de Durango propondría al Congreso del Estado la abrogación de la Ley Orgánica del Instituto 18 de Marzo, en un término no mayor a treinta días, no menos cierto también es que en el artículo Séptimo Transitorio del decreto en cuestión se estableció el pleno respeto de los derechos adquiridos de los trabajadores. El numeral en comento, es del tenor siguiente: "SÉPTIMO. Los derechos adquiridos por los trabajadores de las escuelas secundaria y preparatoria y de la División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo, serán respetados siempre y cuando no contravengan la legislación aplicable, así mismo lo contenido en el convenio y reglamento." Respecto a lo anterior, si bien es cierto la referida porción normativa de tránsito refiere que los derechos serán respetados siempre y cuando no contravengan la legislación aplicable, también es verdad que ello se encuentra supeditado a la expedición del reglamento general y demás normatividad básica de la Universidad, la cual, el rector que en su caso sea designado deberá presentar los proyectos respectivos, en un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de su designación conforme al artículo décimo transitorio, que establece: "DÉCIMO. A partir de su designación, el rector de la Universidad deberá presentar al Consejo Universitario, en un plazo no mayor de 180 días, los proyectos de reglamento general y demás normatividad básica de la Universidad para su aprobación, expedición y aplicación." Incluso, se encuentra supeditado a la aprobación y establecimiento en su caso, del Reglamento respectivo por parte del Consejo Universitario, los lineamientos de Ingreso, Promoción y permanencia del personal Académico y Administrativo y los términos para celebración de los contratos colectivos de sus trabajadores que en su caso lleguen a expedirse. De lo anterior se concluye que, hasta el momento de la presentación de la demanda de amparo, el decreto impugnado no le depara perjuicio a la parte quejosa, pues sus derechos se encuentran protegidos por el referido artículo séptimo transitorio, y, no será hasta en tanto se emita el reglamento general y demás normatividad básica de la Universidad, en que se podrá determinar si existe una afectación en su esfera jurídica con la emisión de dicho decreto. Por tanto, al tratarse de un juicio de amparo indirecto contra leyes, la parte quejosa está obligada a demostrar fehacientemente que resintió una afectación a su interés jurídico, lo cual como se dijo no se acreditó en el caso a estudio, sin que baste que exista el acto de autoridad, pues es necesario justificar que dicho acto afecte la esfera de derechos subjetivos. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia número I. 1o. A. J/3, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 923, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de 30 procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso". Se invoca también, la jurisprudencia número 2ª./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa no acreditó el interés jurídico para reclamar el decreto de referencia, motivo por el cual es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, y tomando en consideración que el titular de este Juzgado se encuentra de gozando de una licencia, y el suscrito secretario encargado del Despacho por Ministerio de Ley, no está legalmente facultado para resolver en definitiva el presente juicio de amparo, por lo que a fin de evitar una posible reposición de procedimiento, procede diferir la audiencia respectiva. Diferimiento. Por tanto, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las trece horas del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma. Entrega de oficios. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega del oficio respectivo, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.
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