Hugo Luis Cornú Máynez

Expediente 10/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
10/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
04/03/2022

Partes del expediente

  • Hugo Luis Cornú Máynez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; cuatro de marzo de dos mil veintidós. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se certifica que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  2. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; cuatro de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causó ejecutoria la sentencia en el citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No se exhibió. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el incidente de suspensión original es susceptible de depuración y el duplicado destrucción, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Hugo Luis Cornú Máynez solicitó el amparo protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "IV. Acto reclamado: La confirmación del auto de formal prisión, que emitió la primera autoridad responsable dentro del toca penal 50/2018, lo anterior por falta de fundamentación y motivación. --- Derivado de lo anterior, se reclama también una posible orden de aprehensión en mi contra por cualquiera de las dos autoridades responsables, lo anterior por falta de fundamentación y motivación, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó al Juzgado Sexto de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, el cual, en auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, returnó el asunto a este juzgado federal, al actualizarse los supuestos del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales. Por lo que, en auto de cinco de enero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional asumió el conocimiento de la demanda, y la admitió a trámite; asimismo, se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 10/2022-V-A motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; y se solicitaron los informes justificados correspondientes; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. De conformidad con lo establecido en la circular SECNO/STCCNO/29/2022 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; por lo cual, se regresó al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, se reanudó el asunto y se señaló fecha para que tuviere verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII del Acuerdo General 3/2013, con relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, éstos fueron emitidos por autoridades con residencia en esta ciudad, lugar en el cual este juzgado federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: i. La resolución dictada en el toca penal 50/2018, por el Magistrado del Segundo Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, que revocó el auto de libertad por falta de elementos para procesar, emitido en la causa penal 354/2016, por la entonces Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, así como la orden de aprehensión emitida en su contra; y en vía de consecuencia, la ejecución efectuada por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Saltillo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Magistrado del Segundo Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad y Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Saltillo, al rendir sus informes justificados, negaron categóricamente la existencia del acto reclamado, consistente en la emisión de la orden de aprehensión dictada contra el quejoso, así como su ejecución material. Además, de una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con que cuenta este juzgado federal, relativo a las publicaciones en la red de intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, se observa la existencia del juicio de amparo 898/2019-V-A, promovido por Hugo Luis Cornú Máynez, del índice de este juzgado federal, respecto del cual, la autoridad responsable Magistrado del Segundo Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y con plenitud de jurisdicción, en los autos del toca penal 50/2018, mediante resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, confirmó el auto de libertad por falta de elementos para procesar, emitido en la causa penal 354/2016, por la entonces Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de uso de documento falso y simulación de actos jurídicos, previstos y sancionados en los artículos 297 y 235, fracción I del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Esa circunstancia constituye un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, pues la citada red es un medio electrónico parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar equipos de cómputo de los órganos jurisdiccionales del orden federal, que permite realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos ingresados al Poder Judicial de la Federación. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional invoca de oficio esa determinación publicada en la red intranet como medio que permite resolver el asunto en particular. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 10, que señala lo siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". En ese sentido, no obstante el conocimiento oportuno que de las constancias existentes en el sumario tuvo la parte peticionaria del amparo, no se advierte que hubiere rendido prueba alguna tendente a demostrar la existencia de los actos reclamados. De modo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, por lo que respecta a los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas con antelación. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 284, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Sexta Época, tomo VI, común, página 236, que señala lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Máxime, que por escrito presentado el catorce de enero de dos mil veintidós, el autorizado del quejoso Hugo Luis Cornú Máynez, hizo del conocimiento de este juzgado federal que en resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en los autos del toca penal 50/2018, el magistrado responsable confirmó el auto de libertad por falta de elementos para procesar, emitido en la causa penal 354/2016. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; tres de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante proveído de veintiuno de enero del presente año, se señalaron las diez horas del siete de febrero de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del juicio de amparo en que se actúa. Sin embargo, al considerar que ese día corresponde al primer lunes del mes de febrero, claro es que resulta inhábil por disposición oficial, ya que el artículo 9, fracción III del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, dispone que se consideran como días inhábiles los lunes por disposición del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo deje de laborarse. Es decir, la fracción II del aludido precepto legal en materia laboral, señala que es día de descanso obligatorio el primer lunes de febrero de cada año, en conmemoración del cinco de ese mes, cuyo supuesto se actualiza en el presente caso. Diferimiento. En esas condiciones, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional señalada, fijándose nuevamente para su celebración, las once horas con treinta minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese.

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