Hugo Lorenzo Cuevas de la Rosa
Expediente 1643/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1643/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Hugo Lorenzo Cuevas de la Rosa
Actuaciones
- Principal
De la certificación puesta en esta fecha por la secretaría de este juzgado, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la propia ley, en contra del auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por... en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, al no existir actuación pendiente por realizar, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.
- Principal
Se notifica al quejoso. Vista la comparecencia del quejoso ******************** en la que ratifica la firma del escrito aclaratorio presentado el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este juzgado, advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del numeral transcrito se desprende, que el órgano jurisdiccional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto e indudable. En efecto, de la referida demanda de amparo aparece que respecto del acto reclamado por la quejosa se actualiza de manera manifiesta una causal de improcedencia, pues tal acto reclamado lo constituye: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- 1.- De la autoridad señalada como responsable ordenadora DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN URBANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO DE LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA, reclamo el no concluir la investigación ordenada dentro del procedimiento administrativo 05T/040-00/R, para proporcionar al quejoso los antecedentes de la autorización de la re lotificación aprobada mediante el oficio D1_0188-200 dentro del procedimiento administrativo antes citado, a nombre de los C. ********************los cuales se encuentran inscritos en el Registro Público de la Propiedad en esta Ciudad en la partida 5392, foja 184, libro 25-F, sección I de fecha 24 de marzo del 2000, que constituye el segundo asiento registral del mismo inmueble inscrito bajo la partida 2644, Folio 19, libro 33-C, sección I de fecha 8 de octubre de 1996 en los términos en que solicite a través de peticiones de fechas 16 y 29 de octubre del2018 que por escrito, de manera pacífica y en forma respetuosa presente ante dicha autoridad municipal y al día de hoy no me han sido proporcionados. Además reclamo las consecuencias de hecho y de derecho que pudieran derivarse del actuar ilegal, tanto de las responsables ordenadoras como ejecutoras. 2.- De las autoridades EJECUTORAS RESPONSABLES: A).- C. ADMINISTRADOR LOCAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE TORREÓN, COAHUILA, reclamo la negativa a dar cumplimiento al requerimiento de informar a la ordenadora responsable el fundamento legal que se utilizó para haber registrado la re lotificación del predio que se identifica como, lote número 11 de la manzana "m" con una superficie total de 2712.00 Metros cuadrados del fraccionamiento El Fresno en esta Ciudad con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 38.00 metros con Boulevard Independencia; AL SUR en 75 metros con lotes números 6, 7, 8, 9 y 10; AL ORIENTE en 60.61 metros con Canal San Antonio; AL PONIENTE en 48.00 metros con lote número 12., a petición de persona ajena al nudo propietario y la negativa de hacer llegar a la citada responsable ordenadora los antecedentes de la autorización de la re-lotificación aprobada mediante el oficio D1_0188-200 dentro del procedimiento administrativo expediente 05T/040-00/R a nombre de los C.C. ********************, ANGEL FERNANDEZ CORCUERA y MARIA ADELA FERNANDEZ CORCUERA, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad en esta Ciudad bajo la partida número 5392, foja 184, libro 25-F, sección I de fecha 24 de marzo del 2000, peticiones que le fueron requeridas por oficio número DGOTU/02028/18 de fecha 19 de octubre del 2018 recibido en esa misma fecha, signado por el C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN URBANA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO DE LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA, dado que, al día de hoy la citada responsable ejecutora ha sido omisa en proporcionar lo solicitado, y mantener coexistiendo dos registros del mismo predio bajo la partidas, número 2644, Folio 19, libro 33-C, sección I de fecha 8 de octubre de 1996 en la que aparece como titular registral ********************y la segunda bajo la partida 5392, foja 184, libro 25-F, sección I de fecha 24 de marzo del 2000 en la que aparece como titular registral ********************, con violación al artículo 7 de la Ley Reglamentaria del Registro Público del Estado de Coahuila. B).- C. DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO EN EL ESTADO DE COAHUILA, reclamo la negativa de hacer llegar a la responsable ordenadora los antecedentes de la re-lotificación a nombre de los C. ********************, ANGEL FERNANDEZ CORCUERA y MARIA ADELA FERNANDEZ CORCUERA, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad en esta Ciudad en la partida 5392, foja 184, libro 25-F, sección I de fecha 24 de marzo del 2000, y que le fuera requerida por oficio número DGOTU/JUR/2213/2018 de fecha 6 de noviembre del 2018 recibido el día 16 de noviembre del 2018, signado por el DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN URBANA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO DE LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA, y al día de hoy ha sido omisa en proporcionar los antecedentes solicitados, permitiendo que coexistan dos registros del mismo predio bajo las partidas, número 2644, Folio 19, libro 33-C, sección I de fecha 8 de octubre de 1996 en la que aparece como titular registral ********************y la segunda bajo la partida 5392, foja 184, libro 25-F, sección I de fecha 24 de marzo del 2000, en la que aparece como titular registral ******************** en el REGISTRO PUBLICO DE TORREON, COAHUILA, con violación al artículo 7 de la Ley Reglamentaria del Registro Público del Estado de Coahuila. Además reclamo las consecuencias de hecho y de derecho que pudieran derivarse del actuar ilegal, tanto de las responsables ordenadoras como ejecutoras". Desprendiéndose de lo anterior, así como del contenido íntegro de la demanda, deriva que el quejoso, en el caso, reclama esencialmente la negativa a dar cumplimiento al requerimiento de informar a la ordenadora responsable el fundamento legal que se utilizó para haber registrado la re lotificación a nombre de ********************, así como la negativa de dar cumplimiento al requerimiento de informar a la ordenadora responsable el fundamento legal que utilizó para haber registrado la re lotificación del predio que se identifica como lote número 11 de la manzana "m" con una superficie total de 2712.00 Metros cuadrados del fraccionamiento El Fresno en esta Ciudad con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 38.00 metros con Boulevard Independencia; AL SUR en 75 metros con lotes números 6, 7, 8, 9 y 10; AL ORIENTE en 60.61 metros con Canal San Antonio; AL PONIENTE en 48.00 metros con lote número 12. En ese contexto, se estima que la omisión o negativa de hacer llegar a la responsable ordenadora los antecedentes de la re-lotificación a nombre de ********************, no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En ese sentido, este juzgado determina que las omisiones atribuidas a las autoridades responsables, no pueden considerarse como un acto de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues dichas omisiones únicamente dilatan la continuación del procedimiento, lo cual constituye un acto omisivo de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, las consecuencias de dicha omisión (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, por lo que, deberá atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respecto. Por tanto, como el quejoso refiere una afectación cometida dentro del procedimiento ordinario, en atención a que las autoridades responsables no procuran la celeridad del juicio, ello se rige por los artículos 14 y 17 de la Carta Magna, así como en los plazos y términos desarrollados en la norma secundaria, razón por la cual, si el reclamo acaecía dentro del mencionado procedimiento administrativo, no se cumple el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión de un derecho sustantivo o que hubiera dejado sin defensa al quejoso, dado que no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en que se encuentra el particular, por lo que tenía el carácter de adjetivo y debía atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respecto. Cabe citar al respecto la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 478, que dice lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada". De igual manera se cita la jurisprudencia 1a./J. 7/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 480, que dice lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, número de registro electrónico 2011580, de contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Así las cosas al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, motivo por el cual se desecha la demanda de amparo por improcedente, de conformidad con el diverso numeral 113 de la ley en la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, de contenido literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable también, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo V, página 608, mayo de 1997, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
Se notifica al quejoso. Téngase por recibido el escrito presentado por Hugo Lorenzo Cuevas de la Rosa, ahora bien, se advierte que la firma que aparece al calce del mismo, resulta notoriamente distinta de la que obra asentada en el escrito de demanda, a fin de acordar lo que en derecho corresponda, se le requiere, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal, con documento oficial que lo identifique, a ratificar la firma que calza el ocurso de cuenta. En la inteligencia de que de no comparecer dentro del término concedido para tal efecto, no se le dará curso a la promoción de mérito. Notifíquese personalmente al quejoso Hugo Lorenzo Cuevas de la Rosa.
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