Hugo Ibarra Acosta

Expediente 2243/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2243/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
18/01/2016

Partes del expediente

  • Hugo Ibarra Acosta

Actuaciones

  1. Principal

    En dieciocho de enero de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro CERTIFICO: Que transcurrió el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra del auto de seis de enero de dos mil dieciséis, en que se desechó la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo número 2243/2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Secretaria encargada del Despacho con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de seis de enero de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por Hugo Ibarra Acosta, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar del distrito judicial de la Capital, con sede en esta ciudad; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe *Jral

  2. Principal

    EN SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL LICENCIADO JUAN GARCÍA TREJO, SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, CERTIFICO: QUE EL TÉRMINO DE CINCO DIAS QUE LE FUE CONCEDIDO AL PROMOVENTE DEL AMPARO HUGO IBARRA ACOSTA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN FORMULADA EN AUTO DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, TRANSCURRIÓ DEL VEINTICUATRO AL TREINTA Y UNO DEL MES Y AÑO ANTES CITADO; LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA LEGAL. DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con el estado de los autos y con la certificación que antecede. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil quince, se ordenó formar y registrar el expediente en que se actúa, con motivo de la presentación de la demanda de garantías promovida por Hugo Ibarra Acosta, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad; asimismo, se requirió al promovente para que dentro del término de cinco días exhibiera dos copias de la demanda de amparo a fin de formar los cuadernos relativos al incidente de suspensión solicitado, sin que haya realizado manifestación alguna. Ahora bien, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, se está en presencia de una causa de improcedencia notoria y manifiesta prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, 34, 170, fracción I y 171, todos de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte los artículos 107, de la Ley de la Materia, en su fracción V, señala: Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; En tanto que los dispositivos 34, 170, fracción I y 171, consignan lo siguiente: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. .. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; ..." Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. .." Así es, de los preceptos transcritos se advierte que, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 fracción III, inciso a), constitucional y 170 de la Ley de Amparo vigente; pero, existe una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el juez de distrito, que señala el mismo artículo 107 fracción III, incisos b) y c), constitucional y que precisa el artículo 107 fracción V de su ley reglamentaria, entre ellas cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En esa medida, los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que solo se afecten derechos adjetivos o procesales. Con respecto a los actos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio que a continuación se transcribe: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Sobre ese mismo tema, en fecha posterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la siguiente jurisprudencia: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo con estas jurisprudencias, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando a consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse por el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate; como sería, por ejemplo, el embargo trabado en bienes de la quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera. En estos casos, puede acudirse sin demora al amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario, pues, como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por exclusión, conforme al criterio en análisis, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tenga como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien resultan intrascendentes si es que se dicta una sentencia favorable al afectado. Lo anterior, porque la razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Ahora bien, en términos generales, la distinción entre actos dentro de juicio que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto, se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; sin embargo, consideró que, aunque se trata de un criterio útil, no puede subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el amparo indirecto, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, lo cual debe determinarse objetivamente tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Precisado lo anterior, conviene poner de relieve que los actos reclamados en el presente juicio de garantías, consisten en la resolución interlocutoria de veinte de noviembre de dos mil quince, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintidós de septiembre de dos mil quince, dentro del Juicio Oral de Alimentos número 536/2015, promovido por Hugo Ibarra Acosta en representación de su menor hija Atziry Ibarra Hernández contra Iris Hernández Casillas, en el cual admitió de la parte demandada en el juicio natural medios de prueba y ordenó citar al quejoso a efecto de que comparezca al desahogo de las pruebas confesional y declaración de parte con los apercibimientos de ley en caso de incomparecencia. Lo anterior cobra relevancia en el caso, al ser donde se origina la actualización de las causales de improcedencia anticipadas, pues ello pone de manifiesto que no se está en presencia de un acto de imposible reparación que amerite la procedencia de la acción constitucional, en función a que la materia de la revocación se centró en cuestiones meramente procesales que no afectan de manera directa o inmediata algún derecho sustantivo del quejoso. En el mismo tenor, la determinación reclamada tampoco trae consigo consecuencias que afecten a las partes en grado predominante o superior, dado que, únicamente se abordó una cuestión procesal, como es, que la autoridad responsable en la resolución de veinte de noviembre de dos mil quince, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintidós de septiembre de dos mil quince, en el que la autoridad responsable admitió de la parte demandada en el juicio natural medios de prueba y ordenó citar al quejoso a efecto de que comparezca al desahogo de las pruebas confesional y declaración de parte con los apercibimientos de ley en caso de incomparecencia dentro del juicio oral de alimentos, siendo ésta la materia del medio de defensa que nos ocupa; empero, como se dijo, es improcedente el amparo porque las posibles violaciones que arguye el quejoso las puede plantear contra la decisión definitiva en caso de que le fuera adversa, pues bien puede ocurrir que ninguna huella dejen en su esfera jurídica por haber obtenido un fallo favorable. En tales condiciones, es dable colegir que no se está en presencia de actos que sean de imposible reparación, ya que para la configuración de la causal de improcedencia a que se alude, por regla general, se necesita que concurran circunstancias de gran trascendencia que impliquen una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión dependa la suerte de todo el juicio natural; lo que en el caso no sucede así, pues no debe perderse de vista que no se ha emitido la resolución que ponga fin al juicio. Por ende, debe decirse que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la determinación de veinte de noviembre de dos mil quince, en el cual la autoridad responsable resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintidós de septiembre de dos mil quince, dentro del Juicio Oral de Alimentos 536/2015, promovido por el quejoso Hugo Ibarra Acosta en representación de su menor hija Atziry Ibarra Hernández contra Iris Hernández Casillas, en el cual la autoridad responsable admitió de la parte demandada en el juicio natural medios de prueba y ordenó citar al quejoso a efecto de que comparezca al desahogo de las pruebas confesional y declaración de parte con los apercibimientos de ley en caso de incomparecencia dentro del juicio oral de alimentos; lo cierto es que esos actos no pueden revestir el carácter de imposible reparación, ni tampoco como una violación procesal que afecte en grado predominante o superior. Cabe indicar que no se desconoce que en el fondo de la resolución reclamada subyace una cuestión vinculada con el desahogo de pruebas; por lo que, como se dijo, en la especie el juicio constitucional es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis cuyo rubro y textos son. "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL. El acuerdo que desecha pruebas debe ser reclamado como violación procesal en amparo directo cuando exista sentencia definitiva en términos del artículo 159, fracciones III y XI, de la Ley de Amparo en materia civil, administrativa o laboral y del artículo 160, fracciones VI y XVII, de la propia ley en materia penal, por lo que si en su contra se interpone amparo indirecto ante Juez de Distrito, éste resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los preceptos citados y de los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la ley de la materia." "PRUEBAS. ADMISION ILEGAL A LA PARTE CONTRARIA DEL QUEJOSO. CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN EL AMPARO DIRECTO. La admisión ilegal de una prueba ofrecida por la contraparte del quejoso constituye una violación procesal por analogía reclamable en amparo directo, pues el perjuicio que se irroga a una litigante cuando se admite ilegalmente a su contrario una prueba, es similar a cuando no se le reciben pruebas que legalmente el quejoso haya ofrecido o no se le reciben conforme a la ley. Por lo que, con fundamento en el artículo 159 fracciones III y XI de la Ley de Amparo, debe hacerse su estudio como violación procesal reclamable en amparo directo." "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva." "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.- De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías promovida por HUGO IBARRA ACOSTA, por su propio derecho, en términos de lo dispuesto po el diverso arábigo 113 de la propia codificación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. L'JGT.

  3. Principal

    En dieciséis de diciembre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con un escrito con registro 24846 y copias que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de diciembre de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito firmado por el quejoso Jaime Manuel Esquivel Hurtado, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil quince; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, párrafos primero y tercero, y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación. Ahora bien, una vez que se encuentre debidamente integrado el juicio de garantías en que se actúa, remítase este expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, junto con el escrito original de expresión agravios y la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado; así como el duplicado de la causa penal 18/2013, que en su oportunidad remitió la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, en apoyo a su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 116/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 306, tomo XX, Septiembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios".. Por último, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza.- DOY FE. Ajc.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Vista la demanda de amparo promovida por HUGO IBARRA ACOSTA, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad; por considerar que transgreden sus garantías consagradas en los artículos 4, 8, 14 y 16. Fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 2243/2015; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a la letra dicen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda.". Con apoyo en el precepto legal invocado, se determina requerir al promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, exhiba dos copias más de su demanda de garantías, ya que únicamente acompaña tres y deben ser cuatro a saber, una para cada una de la autoridad señalada responsable; otra para cada la tercero interesada, otra para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, que también es parte en el juicio de amparo; y dos más para formar los cuadernos relativos al incidente de suspensión que se solicita. Se apercibe al peticionario de garantías, que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se proveerá lo conducente respecto de la demanda de garantías planteada, y en caso de que se admita por el momento no se tramitará incidente de suspensión. Es aplicable al respecto, por las razones que la informan la Jurisprudencia número 2ª./J.86/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Epoca, consultable en la página 245, Tomo XVI, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE.- El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público.". Por otra parte, se tienen como autorizados de la parte quejosa para recibir notificaciones, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a los licenciados Sonia Iveth Flores Rayas (8793361) y Arturo Flores Torres (3356546) quienes cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para tal efecto el ubicado en Calle Juan de Tolosa número 104-B, centro de esta ciudad. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico."

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