Hugo Humberto Ibarra Cardona

Expediente 466/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
466/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
04/07/2019

Partes del expediente

  • Juan Francisco Ibarra Cardona
  • Hugo Humberto Ibarra Cardona

Actuaciones

  1. Principal

    El cuatro de julio de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del veintisiete de junio al tres del mes y año en curso, con exclusión de los días veintinueve y treinta de junio del presente año por ser inhábiles, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del referido acuerdo, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.

  2. Principal

    El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: que el término de cinco días que le fue concedido al promovente para que aclarara su demanda de amparo, transcurrió del diecisiete al veintiuno de junio del año en curso, lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el lapso concedido a la parte quejosa mediante proveído de doce de junio del presente año, para que diera cumplimiento a las prevenciones formuladas; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto y con fundamento en el penúltimo párrafo del mencionado numeral 114 de la ley de la materia en consulta, se tiene por no presentada la demanda de derechos promovida. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    CUENTA. El doce de junio de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Hugo Humberto y Juan Francisco Ibarra Cardona, registrada con el número de folio 8107, con seis copias de ésta y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de junio de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo promovida por Hugo Humberto y Juan Francisco Ibarra Cardona, contra actos del Juez Primero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital y otra autoridad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 466/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;" Por su parte, el numeral 108, fracciones IV y V de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" De los preceptos transcritos se desprende que será motivo de prevención que la demanda de amparo indirecto no cumpla con los requisitos que para tal efecto prevé la Ley de Amparo, que exista alguna irregularidad en la demanda. Al respecto, el artículo 108 de la citada ley establece como requisitos entre otros, la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, así como que se narren los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual se deberá realizar bajo protesta de decir verdad. Al respecto, debe precisarse que de la lectura integral que se realiza a la demanda, que los actos que se reclaman consisten en el remate de bienes inmuebles, así como la posible ejecución del mismo, atribuidos al juez Primero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital y de la Central de notificadores adscritos al Tribunal Superior de justicia del estado de Zacatecas. Ahora bien, de los antecedentes de la demanda de derechos, se advierte que los quejosos refieren que el veintiuno del mes de mayo del año dos mil diecinueve llegó a su domicilio particular un señor de nombre Juan Antonio Ramos Rodríguez, que dijo ser ingeniero valuador de bienes inmuebles, manifestándoles que el motivo de su visita a sus domicilios lo era con la finalidad hacer un avalúo de sus casas, debido a que el Juez Primero de Ramo Mercantil ordenó se evaluaran, a fin de ser rematadas sus casas, y así poder liquidar un adeudo que se tiene con la Financiera Rural de Zacatecas. Luego, los quejosos en el capítulo de antecedentes refieren que desconocen el estado procesal del procedimiento mercantil, pero que desde un principio se les notificaron diversas actuaciones, ya que reiteran que en todo momento han estado al pendiente de los diversos actos procesales. Sin embargo, refieren que ahora los están dejando en estado de indefensión; además de que se les está vulnerando su garantía de audiencia, al no haber sido debidamente notificados del remate. De lo anteriormente se advierte que existe incertidumbre sobre si los quejosos comparecieron o no al juicio de origen. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere a la parte promovente para qué dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Precisen con claridad si comparecieron o no al juicio de origen. Manifieste de manera clara y precisa el número correcto del expediente del que emanan los actos que en esta instancia constitucional reclaman a las autoridades señaladas como responsables, toda vez de que fueron omisos en señalar el número del juicio de origen, lo anterior, a fin de establecer la litis constitucional en el presente juicio. Asimismo, con apoyo en el numeral 110, de la Ley de Amparo, se requiere a los promoventes para que exhiban a su escrito aclaratorio en original y seis copias para correr traslado a las partes, a saber: dos para cada una de las autoridad responsables, dos para el incidente de suspensión, una más parte la parte tercero interesada y otra, para darle intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien también es parte en el presente juicio. Se hace del conocimiento de los quejosos que son ellos quienes deben de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en párrafos que anteceden en razón de que éstas deben ser cumplidas por los propios promoventes del amparo, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promueve el juicio, además porque es quien sufre la afectación con los actos de autoridad y, por tanto, quien puede precisar los actos que reclama, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Hugo Humberto Ibarra Cardona, sin perjuicio de que si es su deseo señalar a diversa persona los promoventes puedan designarlo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Sin que haya a tener por señalado como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, toda vez que no constituyen un domicilio propiamente; por ende, hasta en tanto no se haga señalamiento al respecto, se determina que el presente proveído, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, se practiquen a la parte quejosa por medio de lista que se fija y publica en los estrados de este Tribunal Federal, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.

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