Hugo Gurrola Esparza

Expediente 479/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
479/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
07/04/2015

Partes del expediente

  • Hugo Gurrola Esparza

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan el oficio y telegrama de cuenta, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12, con sede en Ocampo, Guanajuato; con su contenido, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales que remite la autoridad oficiante; sin perjuicio de relacionarlas y valorarlas en el periodo correspondiente dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Asimismo, con apoyo en el diverso numeral 9 de la Ley de la Materia en consulta, se tienen como Delegados de la autoridad responsable a los profesionistas que indica en los comunicados de cuenta. Finalmente, con el contenido del informe de cuenta y constancias que se adjuntan dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2358/2014; y, R E S U L T A N D O 1º. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, MANUEL VÁZQUEZ CASTRO, BERNARDO DE ÁVILA PÉREZ, IVÁN DE JESÚS GALLEGOS VÁZQUEZ, GUSTAVO PÉREZ ÁVILA, MANUEL DE JESÚS LEOS ORTÍZ, MANUEL LEOS LEOS, JOSÉ VÁZQUEZ CASTRO, MA. AUXILIO PÉREZ BEACHI, CARLOS PÉREZ ÁVILA, ISIDRO LEOS ESCAREÑO, MA. OFELIA RODRÍGUEZ PÉREZ, RAFAEL VÁZQUEZ CASTRO, MA. ISIDRA ESCAREÑO LEOS, J. JESÚS PÉREZ DE ÁVILA, ERNESTINA CALDERA ESCAREÑO, ALFREDO CARRILLO CASTRO, MANUEL PÉREZ BEACHI, JUAN MANUEL VÁZQUEZ CALDERA, JUAN VÁZQUEZ CASTRO, JOSÉ ANACLETO VÁZQUEZ ESCAREÑO, ALFREDO CARRILLO ESCAREÑO, REBECA OCHOA MARTEL, HIPÓLITO VÁZQUEZ ARANDA, JUANA LEOS SALAS, BERTA CASTRO LEOS, JOSÉ DE JESÚS VÁZQUEZ CASTRO Y MA. GUADALUPE DÉVORA ESCAREÑO, promovieron demanda de amparo indirecto solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas. "IV. ACTO RECLAMADO. .La Resolución dictada por el Gobernador Constitucional del Estado, de dieciocho de agosto de dos mil catorce, notificada el veintinueve de septiembre de ese propio año, dentro de los autos del expediente 51-10-49-54, relativo al procedimiento de Nulidad de Título del que correspondió conocer al C. Director de Fraccionamientos Rurales en el Estado de Zacatecas. Resolución en la que se determina de improcedente el mencionado procedimiento." Los promoventes del amparo señalaron como garantías vulneradas las contenidas en los artículos 1º, 8°, 14, 16, 17, 27 de la Constitución General de la República. 2º. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, registrándose bajo expediente 2358/2014, se procedió a desechar la misma por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se agotó el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. 3°. Inconforme con dicha determinación el veinticuatro de octubre de dos mil catorce el autorizado de los quejosos, interpuso el recurso de queja; motivo por el cual se remitió al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, así como copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del referido medio de impugnación. 4°. Mediante ejecutoria de nueve de febrero de dos mil quince, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, determinó que se debe dejar insubsistente la resolución de desechamiento de la demanda de garantías motivo de la queja planteada, y en su lugar se debe proveer lo que en derecho corresponda con relación a la admisión de la demanda de garantías. 5°. Por acuerdo del doce de febrero de dos mil quince, se admitió la demanda de garantías respecto de los actos reclamados del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas y Director de la Dirección de Fraccionamientos Rurales; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV y 107, de la Ley de Amparo vigente; 48 y 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de una autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en el sentido de analizar íntegramente la demanda y anexos, con criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de la lectura integral del libelo constitucional se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil catorce, dictada por el Gobernador Constitucional del Estado, dentro del expediente 51-10-49-54, que declaró la nulidad del Título 1273, expedido por el Ejecutivo del Estado el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, en favor de Tobías Tejeda Ortega. II.2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1 Certeza. Las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado y Secretario General de Gobierno, ambas con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama, sin embargo, la primera de las mencionadas refiere que emitió resolución el dieciocho de agosto de dos mil catorce, y no el quince de ese propio mes y año como lo mencionan los quejosos; por lo que se tienen por ciertos los actos que de ellas se reclaman. Resulta aplicable al respecto, la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con expediente 51-10-49-54, relativo al Procedimiento Administrativo de Nulidad de Título, que remitió el Gobernador Constitucional del Estado, en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación, ya que se trata de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones, y de la cual se advierte la existencia de la determinación reclamada. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. El estudio de la procedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, es de oficio y preferente al de la materia de fondo de la cuestión constitucional planteada, acorde a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 1995, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia.". El tercero interesado, por conducto de su autorizada, hace valer la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XIII, de la Ley de Amparo, argumentando que la parte quejosa consintió los actos que ahora reclama, en virtud de que suponiendo sin conceder que la autoridad responsable no les hubiese "exigido" a los quejosos la aportación de pruebas, dicha omisión debió haber sido recurrida mediante amparo directo y no mediante amparo indirecto. A lo cual debe decirse, que no se entrara a su estudio en este momento, toda vez que ello será materia del fondo del asunto. Al no existir diversa causal de improcedencia que atender, además de que tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa, se procede al estudio correspondiente. IV. Estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". IV.1. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. En el presente asunto, los impetrantes de garantías, reclaman la resolución de dieciocho de agosto de dos mil catorce, pronunciada por el Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, que resolvió el expediente 51-10-49-54, relativo al procedimiento administrativo de nulidad de título promovido por Manuel Vázquez Castro, como representante común de un grupo de campesinos del poblado Santa Anita, del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, respecto al título 1273, expedido por el Ejecutivo del Estado el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, a favor de Tobías Tejeda Ortega, relativo a la fracción A, del lote tres, que ampara la superficie de 455-43-16 hectáreas, de la zona de fraccionamiento Fresnillo; resolución que se consulta de la foja seiscientas cincuenta y cuatro a seiscientas cincuenta y siete, del expediente procedimiento administrativo de nulidad de título. Son esencialmente fundados los argumentos que vierten los impetrantes del amparo, relativos a la violación de las formalidades esenciales del procedimiento por parte de la autoridad responsable. Del análisis de las constancias que integran el presente juicio de garantías, relativas al expediente 51-10-49-54, del procedimiento administrativo de nulidad de título promovido por Manuel Vázquez Castro, como representante común de un grupo de campesinos del poblado Santa Anita, del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, respecto al título 1273, expedido por el Ejecutivo del Estado el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, a favor de Tobías Tejeda Ortega, se desprende lo siguiente: a). J. Cruz Díaz Balandrán, María de la Luz Escareño Castro, J. Jesús Díaz Blandrán, Rafael Vázquez Castro, José Vázquez Castro, J. Isabel Díaz Nava, J. Jesús Pérez de Ávila, Roberto Pérez de Ávila, Roberto Pérez de Ávila, Hipólito Pérez Torres, Gustavo Pérez de Ávila, Carlos Pérez de Ávila, Manuel Leos Leos, Manuel de Jesús Leos Ortiz, Javier Cortez Escareño, Isidro Leos Escareño, Antonio Carrillo Castro, Pablo Pérez Torres, Alfredo Carrillo Castro, José Escareño Leos, Juan José Escareño Castro, Gabriel Pérez Beachi, Pablo Rojas Nieto, Hipólito Vázquez Aranda, Manuel Vázquez Castro, Juan Vázquez Castro, Antonio Vázquez Castro, Francisco Castro Torres, Pablo Díaz Pérez, Abel Escareño Pérez, Darío Torres Nava, Alfonso Díaz Balandrán, Martín Rojas Nieto, Francisco Torres Rodríguez, J. Jesús Vázquez Castro, Hipólito Vázquez Escareño, Juan Manuel Vázquez Caldera, José Castro Ochoa, Bernardo Ávila Pérez, Fidel Gallegos Beachi, mediante escrito presentado en la Dirección de Fraccionamientos Rurales de Zacatecas, el diecisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, solicitaron la declaración de vacancia respecto al desistimiento de sus derechos por parte de Olimpia y Espacia Raquel Napsica Kusulas Tejeda, en su carácter de adjudicatarias del lote tres, zona de Fraccionamientos Rurales pertenecientes a la Ex hacienda de Rancho Grande, Fresnillo, Zacatecas, y nombran como representante común a Manuel Vázquez Castro. b). Manuel Vázquez Castro, en su carácter de representante común de un grupo de campesinos del poblado Santa Anita, del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, por escrito presentado ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales el seis de marzo de mil novecientos ochenta y siete, exhibió documentales a nombre propio y de sus representados. Posteriormente, rectificaron el apellido de Pablo Díaz Félix, por el correcto Pablo Díaz Pérez. c). Manuel Vázquez Castro, en su carácter de representante común de un grupo de campesinos del poblado Santa Anita, del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, promovieron procedimiento administrativo sobre nulidad del acuerdo de adjudicación a favor de Tobías Tejeda Mora, respecto a una porción del lote tres, consistente en cuatrocientos ochenta hectáreas aproximadamente, así como la nulidad respectiva del título expedido por el Ejecutivo del Estado, escrito de veinticuatro de julio de mil novecientos ochenta y siete. d). Manuel Vázquez Castro, en su carácter de representante común de un grupo de campesinos del poblado Santa Anita, del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, acudió ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado, el veintitrés de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, para pretender justificar que Tobías Tejeda Mora, se dedica a una actividad distinta de la agricultura. e). Manuel Vázquez Castro, en su carácter de representante común de un grupo de campesinos del poblado Santa Anita, del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, acudió ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado, el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y siete, a señalar que el nombre correcto del adjudicado del predio era Tobías Tejeda Mora y no Tobías Tejeda Ortega. f). En noviembre de mil novecientos noventa y uno, señalaron los promoventes que rectificaran a las personas que continuaban solicitando dicha adjudicación, porque algunos habían muerto, y otros habían abandonado tal población, quedando únicamente: Hipólito Vázquez Escareño, Manuel Vázquez Castro, Juan Vázquez Castro, José de Jesús Vázquez Castro, José Vázquez Castro, Rafael Vázquez Castro, J. Jesús Pérez de Ávila, Roberto Pérez de Ávila, Alfredo Carrillo Castro, Antonio Carrillo Castro, Manuel Pérez Beachi, Carlos Pérez de Ávila, Gustavo Pérez Ávila, Ma. Guadalupe Dévora Escareño, Rebeca Ochoa Martell, Juana Leos Salas, Ernestina Caldera Escareño, Ma. de la Luz Escareño Castro, Ma. Isidra Escareño Leos, Manuel de Jesús Leos Ortiz, Isidro Leos Escareño, Isidro Leos Rodríguez, Hipólito Pérez Torres, Darío Torres Nava, J. Cruz Díaz Balandran, Manuel Leos Leos, Hipólito Vázquez Aranda, Bernardo de Ávila Pérez y Fidel Gallegos Beachi. g). Seguidos los procedimientos respectivos, se publicaron edictos, se emplazó a Tobías Tejeda Mora, quien compareció al procedimiento de nulidad de título. h). Por acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil cuatro, la entonces Directora de Fraccionamientos Rurales del Estado determinó que vistos los expedientes 51-10-51 49-51 y 51-10-51, relativos a nulidad de título y adjudicación previa declaración de vacancia, promovidos por Manuel Vázquez Castro y otros, respecto al lote tres, de la zona de fraccionamientos Fresnillo, del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, motivo por el que remitió los autos al área de nulidades a efecto de continuar el procedimiento por sus etapas correspondientes y resolver lo relativo a la procedencia o improcedencia de tal nulidad, conforme a la ley vigente al inicio del procedimiento; y, hecho lo anterior, regresar los autos al departamento de Vacancia, para resolver lo relativo a tal petición (foja 241). i). Mediante resolución de ocho de junio de dos mil nueve, dentro del expediente 51-10-49-54, relativo al procedimiento administrativo de nulidad de título promovido por Manuel Vázquez Castro y otros, respecto al lote tres, de la zona de fraccionamientos Fresnillo, del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, respecto al título 1273, expedido por el Ejecutivo del Estado el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, a favor de Tobías Tejeda Ortega, amparado en la fracción A, del lote tres, con una superficie de 455-43-16 hectáreas de agostadero, en que determinó la Gobernadora del Estado, que la vía intentada fue la legalmente procedente, pero que los promoventes no acreditaron los extremos legales para la procedencia de la acción de nulidad; por ende, improcedente tal procedimiento (foja 403 a 406). j). El tres de mayo de dos mil diez, la Gobernadora Constitucional del Estado recibió oficio 7828, a través del cual el Juez Segundo de Distrito en el Estado, notificó la ejecutoria decretada por ese propio órgano jurisdiccional, cuyo número le correspondió el 73/2010, promovido por Manuel Vázquez Castro y otros, determinación en la que se ordenó la Reposición del Procedimiento Administrativo de Nulidad de Título identificado con el número 51-10-49-54 hasta el período probatorio, a fin de atender a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley Reglamentaria de la fracción XVII del artículo 27 Constitucional (foja 412). k). El once de enero de dos mil trece, el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado emitió un acuerdo, dando cumplimiento a la citada Ejecutoria, y en el mismo se requirió a las partes, para que en un término de diez días, ofrecieran las probanzas que acreditaran sus pretensiones (foja 461). l). En el cuaderno de pruebas se ofrecieron las siguientes: 1. Dictamen pericial, emitido por el perito ingeniero José de Jesús Olmos Rodríguez (foja 479 a 482). 2. Dictamen pericial, emitido por el perito ingeniero Antonio Quezada Gamez (foja 484 a 489). 3. Constancia, expedida por Delegado Municipal de la Colonia Santa Anita, Fresnillo, Zacatecas (foja 509). 4. Constancia expedida por el Juez Comunitario del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, en la que hace constar la validez de la constancia de la anterior autoridad (foja 510). 5. Documentales, consistentes en veintinueve constancias expedidas a nombre de Alberto Carrillo Rodríguez, Eliodoro Leos Ortíz, Ma. Isidra Escareño Leos, J. Jesús Vázquez Castro, Sergio Vázquez Caldera, Berta Castro Leos, José Anacleto Vázquez Escareño, J. Jesús Pérez de Ávila, Iván de Jesús Gallegos Vázquez, Alfredo Carrillo Escareño, José Vázquez Castro, Isidro Leos Escareño, Juan Daniel Vázquez Carrillo, Alfredo Carrillo Castro, Juan Vázquez Castro, Ma. Guadalupe Dévora Escareño, Juan Manuel Vázquez Caldera, Ma. Auxilio Pérez Beachi, Manuel de Jesús Leos Ortíz, , Manuel Pérez Beache, Sanjuana Fenelón Caldera, Rebeca Ochoa Martel, Ma. Ofelia Rodríguez Pérez, Bernardo de Ávila Pérez, Juana Leos, Carlos Pérez Ávila, Manuel Vázquez Castro, Rafael Vázquez Castro, Gustavo Pérez Ávila (fojas 511 a 539). 6. La instrumental de actuaciones, que consistió en todo lo actuado en el expediente, así como la presuncional. Por su parte, el tercero interesado Tobías Tejada Ortega ofreció diversos medios probatorios. m). El dieciocho de agosto de mil catorce, se emitió resolución en el expediente 51-10-49-54, respecto al título 1273, expedido por el Ejecutivo del Estado el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, a favor de Tobías Tejeda Ortega, apartado en la fracción A, del lote tres, con una superficie de 455-43-16 hectáreas de agostadero, en que determinó el Gobernador del Estado, que la vía intentada fue la legalmente procedente, pero que los promoventes no acreditaron los extremos legales para la procedencia de la acción de nulidad; por ende, improcedente tal procedimiento. (Resolución reclamada en el presente juicio de garantías) Ahora bien, la parte quejosa refiere como conceptos de violación esencialmente: En el primer motivo de inconformidad alega la parte quejosa, que la resolución reclamada viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 16 Constitucional, ya que la misma es incongruente, ante la falta de motivación y fundamentación, ya que no tiene argumentos suficientes que sostengan jurídicamente las afirmaciones que ella refiere, sin examinar las pruebas que se ofrecieron en el citado procedimiento. Además, que hay una indebida motivación, virtud a que las razones de la decisión administrativa, no tiene relación con la apreciación o valoración de los hechos que constituyen la litis, ni atienden los contenidos de los preceptos que se invocan en los agravios planteados. En el segundo concepto violatorio, la parte quejosa medularmente alega, que la responsable no atendió el derecho a la propiedad, el cual es un derecho fundamental tutelado tanto por el Derecho Internacional como por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su cuarto concepto de violación, los quejosos, refieren que la autoridad responsable fue omisa en señalar, cuáles fueron los medios de prueba que consideró para poder emitir la resolución combatida, ya que de la misma no se advierte algún requerimiento para exhibir pruebas y desvirtuar la afirmación del tercero interesado, al solicitar la titulación. En el quinto concepto violatorio, refieren los quejosos, que la autoridad responsable, violó sus derechos fundamentales, ya que en la resolución reclamada, acepta en forma clara y expresa que la posesión del inmueble a que se refiere el procedimiento administrativo, la tienen los accionantes antes de la titulación a favor del tercero interesado y, que la adjudicación del título no se dio en los términos de la ley. El destacado concepto violatorio refleja con claridad la causa de pedir, lo que a juicio de este resolutor es suficiente para emprender su estudio, en términos de la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo". Hecha la anterior precisión, como marco normativo conviene reproducir el contenido de los preceptos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, que disponen: "Art. 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." (.) "Art. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." (.) Las disposiciones constitucionales transcritas consagran las formalidades esenciales del procedimiento, que de manera genérica, se traducen en los requisitos siguientes: 1). La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2). La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3). La oportunidad de alegar; y 4). El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, es decir, que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, se obtenga una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, conforme a las pruebas ofrecidas por las partes. 5). Dicha resolución debe constar por escrito y estar debidamente fundada y motivada. Resultan aplicables al tema, las tesis siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.";y, "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Por su parte, los numerales 318 y 337 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, aplicado supletoriamente a la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado, establecen: "318.- El Juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia, debiendo, además, observar las reglas especiales que la ley fija. La valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por el enlace interior de las rendidas y las presunciones, forme una convicción que deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de prueba de las respuestas de las partes cuando las llame a su presencia para interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento durante el proceso." "337.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito y resolver todos los puntos que hayan sido objeto del debate. Cuando sean varios los puntos litigiosos, se hará la debida separación de cada uno de ellos. En la sentencia no podrá concederse a una parte lo que no haya pedido." Como se ve, el precepto legal reproducido en primer término consagra el principio de valoración de las pruebas que se hubieran ofrecido y admitido dentro de todo procedimiento judicial o administrativo. En tanto que el segundo de los numerales transcritos tutela los principios de congruencia y exhaustividad que deben revestir las resoluciones que dicten las autoridades en los asuntos sometidos a su potestad. Al respecto, conviene precisar que para fundar y motivar adecuada y suficientemente un acto que implique molestia en la esfera jurídica del gobernado, si se trata de una resolución que recae a un recurso, medio de impugnación ordinario o decisión final de un procedimiento, para cumplir con la garantía de seguridad jurídica de fundamentación y motivación, debe observarse el principio de congruencia, que impone a la autoridad administrativa o judicial que ejerce una función jurisdiccional material, las siguientes obligaciones: a). Resolver todas y solo las pretensiones del recurrente (principales y accesorios), que se hayan planteado en la litis (recurso) o bien en los actos procesales previstos en la ley aplicable, sin ocuparse de personas o cosas distintas, ni de más ni de menos lo pedido por el recurrente; y, b). Basarse solamente en los hechos aducidos en los escritos o actuaciones integrantes de la litis en el procedimiento administrativo o jurisdiccional. Así, se tiene que la incongruencia se presenta cuando la autoridad resolutora rebasa el contenido de las pretensiones del recurrente; no de respuesta completa o exhaustiva a dichas pretensiones; o bien, se excede en las facultades legales que puede ejercer oficiosamente. Además de lo anterior, cabe destacar que el principio de congruencia vincula a la autoridad resolutora en cuanto a las pretensiones, defensas o excepciones que se hagan valer, contra la decisión dictada y la obliga a decidir atendiendo a lo planteado por las partes. El principio de congruencia, en su esencia está referido a que las resoluciones deben ser congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis tal y como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por una parte de congruencia interna, entendida como aquella característica de que la resolución no contenga afirmaciones que se contradigan entre sí; y por otra de congruencia externa, que atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que la resolución no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en defensa, sino que solo se ocupe de las pretensiones de las partes, sin introducir alguna que no se hubiera reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el procedimiento de que se trate. Sobre éste tópico, es ilustrativa la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XI, Cuarta Parte, página 193, que informa: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa, y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó." Asimismo, es aplicable la tesis XXI.2o.12 K, consultable en la página 813, tomo VI, Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que consigna: "SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA.- El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia." Por su parte, el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en la contestación, y las demás pretensiones deducidas oportunamente en el juicio; así como las pruebas ofrecidas por las partes que hubieran sido admitidas, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. En conclusión, dicho principio radica en que quien resuelve, debe tomar en consideración todos los argumentos que se le exponen sin omitir el estudio de alguno de ellos y atendiendo a las pruebas ofrecidas y desahogadas, dictar la resolución correspondiente. Es aplicable al tema, el criterio siguiente: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo." En el presente asunto, debe convenirse en que la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, al emitir la determinación que en esta vía se combate, soslayó analizar y valorar todas la pruebas ofrecidas por las partes en el procedimiento administrativo de origen, contraviniendo con tal omisión los principios de valoración de las pruebas y de exhaustividad y, por ende, transgredió en perjuicio de la parte quejosa las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los precitados artículos 14 y 16 constitucionales, como enseguida se demostrará. Los argumentos expuestos por la responsable, para dictar la resolución reclamada fueron: a) El artículo 95, de la Ley Reglamentaria de la fracción XVII, del artículo 27 de la Constitución Federal, establece que habrá lugar a la declaración de nulidad respecto a títulos expedidos por el Ejecutivo del Estado, a instancia de parte o de oficio, en los casos siguientes: I. Cuando el título se hubiere expedido con base en documentos falsos II. Cuando el título se hubiere expedido a favor de quien suplantó al solicitante original; III. Cuando se haya expedido violando el orden de preferencia señalado en la ley; IV. Cuando el solicitante hubiere mentido en cuanto a su actividad habitual; V. En los demás casos señalados por la ley; b) Que los promoventes invocaron como causales de nulidad las previstas en las fracciones I y IV, aduciendo ser preferentes en la adjudicación y que Tobías Tejeda Ortega, no tenía como actividad preponderante la agricultura o la ganadería. Del expediente 51-10-49-51, relativo a la zona de Fraccionamiento de Fresnillo, Zacatecas, que corresponde a la declaración de vacancia de 455-43-16 hectáreas de agostadero a favor de Tobías Tejeda Ortega, exhibió constancia expedida por el Presidente Municipal de Fresnillo y de la Asociación Local Ganadera, para justificar que se dedica a la ganadería, lo que pretenden desvirtuar los promoventes, pero fueron omisos en señalar y probar cuál es el documento tildado de falso, señalar su defecto o la falsedad y probar lo alegado por ellos. Que no basta con señalar que Tobías Tejeda Ortega al solicitar la adjudicación mintió en cuanto a su actividad habitual, sino que era necesario precisar y desvirtuar los medios de prueba ofrecidos por éste en el procedimiento de adjudicación respectivo; lo que motiva a que no demuestre que el título que ampara a Tobías Tejeda Ortega, como adjudicatario de la fracción A, del lote tres, carezca de un vicio jurídico que implique su nulidad; por ende, firme y válido dicho título. Como se ve, los antecedentes narrados ponen de relieve que si bien el Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, fue omiso en relacionar todas las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro del procedimiento administrativo génesis de la resolución reclamada; sin embargo, en torno a ese tema únicamente se concretó a destacar la constancia expedida por el Presidente Municipal de Fresnillo y el Presidente de la Asociación Ganadera del mismo municipio, para señalar que Tobías Tejada Ortega se dedica a la ganadería, con la cual tuvo por colmado uno de los extremos exigidos por la ley. Ya que del expediente administrativo se advierte, se allegaron diversas pruebas ofrecidas por las partes, no obstante lo anterior, del examen de los elementos reseñados en esta parte considerativa, se concluye, tal y como lo aducen los peticionarios de garantías, el Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, omitió efectuar el estudio y valoración de la totalidad de las pruebas documentales que ofreció en el procedimiento administrativo natural, las cuales no relacionó en la resolución reclamada, pues, en efecto, el análisis de la resolución reclamada pone de relieve que dicha autoridad únicamente aludió a la constancia emitida por el Presidente Municipal de Fresnillo y el Presidente de la Asociación Ganadera del mismo municipio. Sin embargo, como lo hacen valer los garantes, dicha autoridad soslayó ponderar las pruebas documentales ofrecidas por su parte, como tampoco expuso argumentos mediante los cuales explicara las razones y motivos de tal omisión, es decir, omitió señalar en específico a qué pruebas se refería; qué se desprendía de ellas, y porqué no eran aptas y suficientes para acreditar el fin por el que se ofertaron, a pesar de que el artículo 318 del Código Procesal Civil del Estado, aplicado supletoriamente a la Ley de Fraccionamientos Rurales, imperativamente consigna que el Juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia, debiendo, además, observar las reglas especiales que la ley fija; y que la valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por el enlace interior de las rendidas y las presunciones, forme una convicción que deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia. En el contexto anotado, inconcuso resulta que la falta de análisis y valoración de las pruebas ofrecidas por las partes en el procedimiento de origen, constituye vicios de la resolución impugnada que se traducen en violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, por transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento y legalidad, dada la falta de exhaustividad y motivación de la resolución impugnada, pues si los contendientes tuvieron la oportunidad de ofrecer pruebas, debieron ser valoradas de manera razonada por la autoridad resolutora, lo que no es posible realizar a este órgano de control constitucional, pues de hacerlo sustituiría indebidamente a la responsable, lo que pugna con la técnica que rige el juicio de garantías. Las consideraciones expuestas encuentran apoyo en los criterios siguientes: "PRUEBAS, FALTA DE VALORACION DE LAS. ES VIOLATORIO DE GARANTIAS. Si en el acto reclamado, la responsable dejó de valorar alguna de las pruebas rendidas por una de las partes, dicha omisión es violatoria del principio de valoración de las pruebas y de la garantía individual de audiencia, si con tales medios de convicción se pretendían acreditar los elementos de la acción o excepción deducidas en el pleito, por lo que, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dicte una nueva resolución subsanando la violación en que incurrió, valorando las cuyo estudio omitió." "PRUEBAS, LA FALTA DE ESTUDIO DE LAS, RESULTA VIOLATORIA DE GARANTÍAS. La omisión del examen, así como la falta de expresión de las razones por las cuales se otorga o niega convicción al material probatorio por el juzgador al momento de emitir una resolución, constituyen vicios que se traducen en violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, por transgredir el principio de legalidad, dada la falta de motivación de la resolución correspondiente, ya que las pruebas aportadas por la partes deben ser valoradas de manera razonada, al momento de dictarse la resolución." Aunado a lo anterior, el Gobernador Constitucional del Estado, no contempló lo establecido por artículo 98 de la Ley Reglamentaria de la fracción XVII del artículo 27 constitucional, aplicable al caso y año de inicio del procedimiento (1968), pues el requerimiento que realizó a las partes para el ofrecimiento de pruebas, fue incorrecto, pues en el mismo no mencionó los medios de convicción que la parte actora presentara para su desahogo, ya que las pruebas que ofreció fue en forma diferente y contraria a lo establecido en la ley aplicable. En efecto, como refieren los impetrantes del amparo, éstos intentaron un procedimiento de nulidad de título, que debe seguir el procedimiento establecido en el capítulo IX, de la Ley Reglamentaria de la fracción XVII del artículo 27 Constitucional, en especial los artículos 95, 96, 97 y 98, vigentes conforme al asunto planteado, -porque la ley de fraccionamientos rurales publicada el cuatro de enero de mil novecientos noventa y cinco, establece que a los asuntos iniciados con anterioridad, deberán continuar conforme a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de la fracción XVII del artículo 27 Constitucional-, que establecen: "ARTÍCULO 95.- Habrá lugar a la declaración de nulidad respecto de Títulos expedidos por el Ejecutivo del Estado a instancias de parte Interesada o de oficio, en los siguientes casos: I.- Cuando el Título se hubiera expedido con base en documentos falsos; II.- Cuando el Título se hubiere expedido a favor de quien suplantó al solicitante original; III.- Cuando se haya expedido violando el orden de preferencia señalado en la presente ley; IV.- cuando el solicitante hubiere mentido en cuanto a su actividad habitual; V.- En los demás casos que señale la Ley." "ARTÍCULO 96.- La nulidad a que se refiere el Artículo anterior podrá ser solicitada por cualquier persona que tenga conocimiento de la misma, mediante gestión escrita que dirija al Ejecutivo del Estado, quien la turnará para su trámite administrativo a la Dirección de Fraccionamientos. Ésta sólo podrá tramitar lo conducente cuando sea ratificada la solicitud en presencia del Director." "ARTÍCULO 97.- La solicitud de nulidad e instauración del procedimiento se publicará por una sola vez en extracto, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, señalando un término de quince días hábiles a quienes tengan interés en oponerse, para que lo hagan valer ante la Dirección." "ARTÍCULO 98.- La Dirección substanciará el expediente administrativo exigiendo las pruebas que estime procedentes y propondrá al Ejecutivo del Estado la resolución que deba pronunciarse." De tales preceptos legales se advierte establecen los motivos para solicitar la nulidad de un título; que será a petición de parte; dirigido por escrito al titular del Ejecutivo, quien turnará la solicitud a la Dirección de Fraccionamientos Rurales, para su trámite administrativo, quien sólo procederá cuando ante ésta, sea debidamente ratificada la solicitud. Hecho lo anterior, ordenará la publicación por una sola vez en extracto, en el Periódico Oficial del Estado, señalando un término de quince días hábiles para que quienes tengan interés en oponerse, lo hagan valer ante tal Dirección. Esto es, dicha Dirección substanciará el expediente administrativo, exigiendo las pruebas que estime procedentes a las partes; y, propondrá al Ejecutivo del Estado la resolución respectiva. En la resolución reclamada, el Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, destacó que los promoventes de la nulidad del título, fueron omisos en señalar y probar cuál era el documento tildado de falso, porque no bastaba con que señalara que el titular del mismo Tobías Tejeda Ortega al solicitar la adjudicación había mentido en cuanto a su actividad habitual; sino que era necesario precisar y desvirtuar con medios de pruebas necesarios sus afirmaciones; lo que implicó la no procedencia de su acción de nulidad intentada. Ante tal pronunciamiento, el Gobernador responsable, soslayó la observancia de lo dispuesto por el artículo 98, de la Ley Reglamentaria de la fracción XVII del artículo 27 Constitucional, esto es, verificar si al integrar el procedimiento administrativo de nulidad, por parte de la Dirección de Fraccionamientos Rurales, se le exigieron a los promoventes las pruebas procedentes para justificar su pretensión, o en su caso, si éstos, a pesar de tales requerimientos, hicieron caso omiso a éstos; para entonces concluir, válidamente que no habían justificado los extremos de su acción intentada; lo anterior, implica violación a las formalidades esenciales del procedimiento administrativo de nulidad de título. En las relatadas condiciones, debe concluirse que la resolución emitida por el Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas el dieciocho de agosto de dos mil catorce, resulta violatoria en perjuicio de los quejosos, de las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, por lo que procede concederle el amparo y protección de la justicia federal que impetra, para el efecto de que la citada autoridad responsable deje insubsistente dicha determinación; y en su lugar, emita otra con plenitud de jurisdicción, en la que: a) Analice y valore las pruebas ofrecidas por las partes y admitidas en el procedimiento administrativo de nulidad de título 1273, conforme a las disposiciones previstas en la Ley Reglamentaria de la fracción XVII del artículo 27 Constitucional, restituyendo así a los agraviados en el pleno goce de sus garantías, conforme a lo dispuesto por el numeral 77, fracción I de la Ley de Amparo; b) Deberá en términos del artículo 98, de la Ley Reglamentaria de la fracción XVII del artículo 27 Constitucional exigir a la parte quejosa, las pruebas que estime procedentes. En el entendido de que, la actualización de los vicios de forma en el acto reclamado, excluye los de fondo, es por ello innecesario entrar al estudio de ese aspecto. Esto último encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 715, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 481 del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESAN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO EN CITA). Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado y tales conceptos de violación resultan fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto, que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo." Asimismo, en apoyo de lo anterior se invoca la Jurisprudencia 107, que aparece publicada en la página 85, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación de 1917-2000, del contenido literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.- Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MANUEL VÁZQUEZ CASTRO, BERNARDO DE ÁVILA PÉREZ, IVÁN DE JESÚS GALLEGOS VÁZQUEZ, GUSTAVO PÉREZ ÁVILA, MANUEL DE JESÚS LEOS ORTÍZ, MANUEL LEOS LEOS, JOSÉ VÁZQUEZ CASTRO, MA. AUXILIO PÉREZ BEACHI, CARLOS PÉREZ ÁVILA, ISIDRO LEOS ESCAREÑO, MA. OFELIA RODRÍGUEZ PÉREZ, RAFAEL VÁZQUEZ CASTRO, MA. ISIDRA ESCAREÑO LEOS, J. JESÚS PÉREZ DE ÁVILA, ERNESTINA CALDERA ESCAREÑO, ALFREDO CARRILLO CASTRO, MANUEL PÉREZ BEACHI, JUAN MANUEL VÁZQUEZ CALDERA, JUAN VÁZQUEZ CASTRO, JOSÉ ANACLETO VÁZQUEZ ESCAREÑO, ALFREDO CARRILLO ESCAREÑO, REBECA OCHOA MARTEL, HIPÓLITO VÁZQUEZ ARANDA, JUANA LEOS SALAS, BERTA CASTRO LEOS, JOSÉ DE JESÚS VÁZQUEZ CASTRO Y MA. GUADALUPE DÉVORA ESCAREÑO, respecto del acto reclamado al Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, por los motivos precisados en el considerando IV.1. de esta sentencia. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes.

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