Hugo Caldera Pérez

Expediente 1134/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1134/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
30/12/2015

Partes del expediente

  • Hugo Caldera Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    En treinta de diciembre de dos mil quince, el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del quince al veintinueve de diciembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el diez de diciembre de dos mil quince dentro del juicio de amparo número 1134/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el diez de diciembre de dos mil quince, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En atención a lo anterior, devuélvase al Juez Primero de Primera Instancia del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 327/2012 que en copia certificada que remitió en apoyo a su informe justificado. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, por lo que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo, se determina que el incidente de suspensión relativo, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en virtud, de que por una parte se negó al quejoso la suspensión definitiva; y, por otra se le concedió la medida cautelar solicitada; por lo que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la interlocutoria correspondiente; por tanto, agréguese el original del incidente de suspensión al juicio de amparo en que se actúa, y el duplicado guárdese por separado, para que atendiendo a la disposición legal antes aludida, una vez que transcurra el término de seis meses se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*

  2. Principal

    En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1134/2015, estando en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, asistido del licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas y Actuaria de su adscripción, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor; y por legalmente emplazados a los terceros interesados. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, se da cuenta con las documentales que remitió el Juez responsable como justificación de sus actos, consistentes en copias certificadas deducidas del juicio mercantil ejecutivo 327/2012 y tres cuadernillos relativos al mismo. Al respecto, el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza las pruebas antes relacionadas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el que el Secretario da cuenta con los formulados por la parte tercero interesada Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado, en su escrito con folio 21966 [f. 102-103], por lo que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus alegaciones. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1134/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. En escrito presentado el treinta de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, HUGO CALDERA PÉREZ, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas; y, Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas. "ACTOS RECLAMADOS. Lo constituye el auto de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil catorce (2014), mediante el cual, el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez autorizó la ampliación del embargo la cual fue notificada en fecha veinticuatro (24) del mes de junio del año dos mil quince (2015), en el juicio ejecutivo mercantil marcado con el número 327/2012 radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas. En contra del señor Timoteo Caldera Acosta. Tal acto me afecta porque se pretende ejecutar la citada ampliación de embargo en un domicilio que no es del destinatario de esa diligencia, sino que es el del suscrito y el cual nada tengo que ver en ese asunto." Preceptos constitucionales que se estiman vulnerados. El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados los contemplados en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en el sentido de analizar íntegramente la demanda y anexos, con criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en el auto de dieciocho de julio de dos mil catorce, en el que el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar en Jerez, Zacatecas, autorizó la ampliación de embargo en el juicio ejecutivo mercantil 327/2012. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II.2.3. Certeza. Es cierto el acto que se reclama al Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar en Jerez, Zacatecas y Actuaria de su adscripción, toda vez que así lo reconocieron expresamente en su informe justificado (f. 24). Además, la existencia del acto reclamado a la citada responsable se corrobora con las copias fotostáticas certificadas deducidas del juicio ejecutivo mercantil 327/2012, que remitió en apoyo a su comunicado; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión que debe analizarse de manera oficiosa, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo en vigor. Al respecto, es aplicable la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente asunto, este resolutor advierte de manera oficiosa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los preceptos transcritos se obtiene que uno de los principios que rigen el juicio de garantías es el de instancia de parte agraviada, es decir, que debe instarse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; luego, un gobernado puede promover un juicio de amparo, cuando el acto reclamado le cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos, ya sean personales o patrimoniales. Es aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto ." El interés jurídico se identifica con lo que se conoce como derecho subjetivo, el cual deriva de la norma objetiva y que supone la reunión de tres elementos, a saber: a). Un interés exclusivo, actual y directo; b). El reconocimiento y tutela de ese interés por la ley; y, c). Que la protección legal se resuelve a favor del titular de ese derecho otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad para que ésta realice la prestación debida. El interés exclusivo, actual y directo, debe ser personal, existir al momento de promover el juicio constitucional y el bien que persigue, conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Asimismo, el agravio debe ser actual y directo, no indirecto ni eventual, por lo que el peticionario de garantías tiene la obligación de acreditar plenamente que el acto reclamado lesionó su esfera de derechos, a fin de que la autoridad que conozca el juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder o negar la protección de la Justicia Federal. En ese tenor, si las normas objetivas no se refieren a un derecho subjetivo del quejoso, éste carece de interés jurídico para impugnar el acto de autoridad señalado en su demanda de amparo. En este orden de ideas, para demostrar la afectación del interés jurídico en el juicio constitucional, se requiere que se precise el acto reclamado en la demanda de garantías; el informe justificado de la autoridad responsable y las pruebas que demuestren la existencia conjunta de varios elementos, como son: a). Una persona determinada (parte agraviada, persona física o moral quien ejerce la acción de amparo). b). Un derecho legítimo del agraviado; c). La precisión indudable de ese derecho (legitimación); d). Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e). La afectación del citado derecho, a través del acto autoritario (principio de agravio personal y directo). De lo anterior deriva que si no se demuestra el conjunto de los apuntados elementos, el promovente del amparo carecerá de interés jurídico para ejercer la acción de defensa de sus garantías constitucionales a través del juicio de amparo. En suma, el interés jurídico en esencia implica la legitimación de obrar, o bien, la legitimación activa y el perjuicio. Lo anterior es así, ya que desde el punto de vista del derecho, el interés jurídico no denota simplemente un elemento subjetivo que pueda revelar deseo, aspiración, finalidad o intención, sino que debe traducirse en una situación o hechos objetivos de los que pueda obtenerse un provecho o beneficio positivo, así, cuando esa situación o hecho objetivo está consignado o tutelado por la ley, se estará en presencia del multireferido interés jurídico. En consecuencia, se infiere que la legitimación para obrar, vinculada al interés jurídico, consiste en la identidad de la persona del quejoso con el gobernado (en sentido amplio) en cuyo favor la ley protege un derecho y, por tanto, no basta que considere existente la violación aducida, sino que es necesario que compruebe que dicha violación afecta un derecho legítimo protegido y que éste corresponde al peticionario que lo hace valer. Sirve de apoyo al tema la Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona ". Establecido lo anterior, precisado quedó en párrafos que anteceden, que en el presente asunto el promovente del amparo reclama el auto dictado el dieciocho de julio de dos mil catorce, por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar en Jerez, Zacatecas, en el que autorizó la ampliación de embargo en el juicio ejecutivo mercantil 327/2012, promovido por Jesús Sánchez González, en su carácter de endosatario en procuración de la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Timoteo Caldera Acosta; diligencia que habría de practicarse en el inmueble ubicado en Privada la Cantera número 8, de la ciudad de Jerez, Zacatecas, aduciendo esencialmente que detenta la posesión de un local comercial que ahí se encuentra, con motivo el contrato de arrendamiento que celebró con el mencionado en último término; por lo que todos los enseres, mercancías y muebles existentes en ese lugar son de su propiedad; ostentándose como tercero extraño al juicio mercantil ejecutivo del que emana el acto impugnado, por no ser parte en el mismo, por lo que considera que se vulneran en su perjuicio las garantías que tutela el artículo 14 constitucional. Como punto de partida, conviene acotar que tanto en el derecho positivo mexicano, como en diversos criterios jurisprudenciales, se ha establecido que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho; sin embargo, tal poder necesariamente debe tener una causa u origen que faculte al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, y entonces se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se está en presencia de una posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, comodatario, depositario, u otro título análogo. En ese sentido, cualquiera de las dos clases de posesión -originaria o derivada-, debe emerger de una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce, alguno o varios de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada; extremos que en el presente asunto no acreditó el quejoso, esto es, que le asista un derecho posesorio legal respecto del inmueble ubicado en Privada la Cantera número 8, de la ciudad de Jerez, Zacatecas. En efecto, con el fin de acreditar su interés jurídico, el peticionario de garantías exhibió con su libelo constitucional un contrato de arrendamiento en el que se asienta que fue celebrado el veintiséis de enero de dos mil quince, entre Timoteo Caldera Acosta (demandado en el juicio ejecutivo mercantil del que emana los actos reclamados, en su carácter de arrendador y el aquí quejoso HUGO CALDERA PÉREZ, en su calidad de arrendatario, respecto de un local comercial ubicado en Calle Privada de la Cantera número 8, Kilómetro 2, salida a Zacatecas, de la ciudad de Jerez, Zacatecas. Pues bien, en la especie se considera que el documento previamente relacionado resulta jurídicamente ineficaz para demostrar el derecho posesorio que el promovente del amparo afirma tener respecto del bien inmueble antes descrito, pues, para que dicho documento privado produzca efectos contra terceros, es necesario que sea de fecha cierta; rango que alcanzaría a partir del día en que se haya incorporado o inscrito en el Registro Público; desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, o bien, desde la muerte de alguno de los suscribientes del aludido contrato privado; requisitos que en el presente asunto no quedaron justificados. Luego, si en el caso concreto no se acreditaron los supuestos mencionados, en relación con el contrato de arrendamiento exhibido por el promovente del amparo; por tanto, carece de eficacia legal para acreditar su interés jurídico, en razón de que se trata de un documento privado que sólo produce efectos entre las partes que lo suscribieron, pero no contra terceros, por adolecer de fecha cierta, al no haber sido presentado ante un funcionario público, lo que impide que en el caso concreto pueda atribuírsele valor probatorio, pues de hacerlo significaría reconocer la certeza de la fecha, lo que deviene inadmisible en las condiciones relatadas; máxime si se considera que la diligencia de ampliación de embargo que reclama, la cual se realizó el veinticuatro de junio del año en curso, se entendió en forma personal con el demando Timoteo Caldera Acosta; lo que constituye otro dato revelador de que el quejoso no detenta la posesión del inmueble que defiende. Sin que pase inadvertido señalar que el garante tampoco aportó elemento probatorio alguno para demostrar que en el interior del referido inmueble se encuentren enseres, mercancías y muebles de su propiedad; por lo que tampoco en relación con tales bienes acreditó la titularidad de ese derecho. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 237, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, Tomo IV, Parte SCJN, Sexta Época, del apéndice de 1995, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tiene fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes." De igual forma, tiene aplicación al tema la Jurisprudencia número 44/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades." En las relatadas condiciones, se arriba a la conclusión de que por tratarse de un documento privado el contrato de arrendamiento que adjuntó el promovente del amparo a su escrito inicial de demanda, carece de fecha cierta en los términos apuntados en el párrafo que antecede, por lo que, se reitera que se trata de un documento de carácter privado que sólo produce efectos entre las partes que lo suscriben, no así frente a terceros; por tanto, carece de eficacia probatoria para acreditar el interés jurídico a que a lude el artículo 6° de la Ley de Amparo vigente. En suma, no se advierte que con los actos que en esta instancia constitucional se impugnan se cause alguna afectación en la esfera jurídica de la peticionaria de garantías, en razón de que ningún elemento de prueba idóneo ofreció para acreditar que es titular del derecho de posesión que aduce tener respecto del local comercial que dice tener en arrendamiento; como tampoco acreditó ser propietario de enseres, mercancías y muebles que afirmó se encuentran en el interior de ese inmueble, pues, para justificar ese extremo no basta con la afirmación que en ese sentido vierte, dado que, como antes se dijo, el derecho susceptible ser defendido a través del juicio de garantías es la posesión jurídica, no así la pura detentación material de un bien. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Además de lo anterior, conviene acotar que el auto de dieciocho de julio de dos mil catorce en el que el juez responsable autorizó la diligencia de ampliación de embargo que reclama el garante, tampoco afecta los sus derechos, en razón de que dicho acto no se encuentra dirigido a su persona, sino en contra de Timoteo Caldera Acosta, quién figura como demandado en el juicio mercantil ejecutivo 327/2012, del que emanan los actos reclamados. En ese contexto, debe concluirse que el impetrante no demostró que los actos que impugna en esta instancia constitucional, incidan en su esfera jurídica para que pudiera deducir la acción de amparo. Sin que sea obstáculo para que se patentice la causa de improcedencia analizada, el hecho de que en el presente asunto se haya acreditado la existencia de los actos reclamados, pues no por ello puede considerase acreditado el interés jurídico de la parte quejosa para promover el presente juicio de garantías, pues de así admitirse, por una parte, equivaldría a darle alcances mayores a los que realmente tiene el informe justificado rendido por las autoridades responsables y que consisten en la existencia de los mencionados actos; y, por otra, la certeza de los actos reclamados no exime al quejoso de la obligación de demostrar que los mismos afectan su esfera jurídica; lo que en la especie no se demostró en esta instancia constitucional. Es ilustrativa al tema, la Jurisprudencia del rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4° de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste puede deparar a la persona en concreto". Asimismo, es aplicable el criterio que a la letra consigna: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La existencia del acto reclamado, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que se afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo, el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo ". En consecuencia, al actualizarse en el presente asunto la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 6º., de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en la fracción V del numeral 63 de esa propia legislación, procede sobreseer en este juicio de garantías, en aplicación a la Jurisprudencia 340, consultable en la página 288 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917 a 2000, que establece: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACION Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica.". En el entendido de que el sobreseimiento decretado se hace extensivo respecto de los actos de ejecución que se atribuyen a la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial Jerez, Zacatecas, al no impugnarse por vicios propios de legalidad, sino como consecuencia del acto que se reclaman a la citada autoridad judicial, señalada como responsable ordenadora. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Así, al haberse acreditado la causal de improcedencia analizada, ello impide el estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías 1134/2015, promovido por HUGO CALDERA PÉREZ, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos indicados en el considerando III de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza. DOY FE.

  3. Principal

    En trece de noviembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de noviembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en acta de veintisiete de agosto de dos mil quince, quedó legalmente emplazado a juicio constitucional el tercero interesado Timoteo Caldera Acosta, sin que a la fecha haya comparecido a señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en esa virtud, se hace efectivo en su contra el apercibimiento decretado en el acuerdo de diez de agosto del año en curso, por lo que las notificaciones que tengan el carácter de personales, practíquensele por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo en vigor, hasta en tanto se haga la designación respectiva. Por otra parte, y toda vez que de autos se advierte que en auto de trece de julio de dos mil quince, se tuvo a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar y Actuaria de su adscripción, ambos del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, por rindiendo su informe justificado; en esa virtud, a fin de no dejar en estado de indefensión a los terceros interesados Timoteo Caldera Acosta, y Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, sociedad anónima de capital variable, con su contenido y constancias que integran el juicio mercantil ejecutivo 327/2012 y dos cuadernillos relativos, de donde derivan los actos reclamados, se ordena darles vista, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE ANTICIPADAMENTE la celebración de la audiencia constitucional que estaba señalada para las once horas del dieciocho de noviembre del año en curso, y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO QUE TRANSCURRE para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a la persona moral quejosa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, sociedad anónima de capital variable, mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE 13 D ENOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "En trece de noviembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de noviembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en acta de veintisiete de agosto de dos mil quince, quedó legalmente emplazado a juicio constitucional el tercero interesado Timoteo Caldera Acosta, sin que a la fecha haya comparecido a señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en esa virtud, se hace efectivo en su contra el apercibimiento decretado en el acuerdo de diez de agosto del año en curso, por lo que las notificaciones que tengan el carácter de personales, practíquensele por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo en vigor, hasta en tanto se haga la designación respectiva. Por otra parte, y toda vez que de autos se advierte que en auto de trece de julio de dos mil quince, se tuvo a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar y Actuaria de su adscripción, ambos del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, por rindiendo su informe justificado; en esa virtud, a fin de no dejar en estado de indefensión a los terceros interesados Timoteo Caldera Acosta, y Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, sociedad anónima de capital variable, con su contenido y constancias que integran el juicio mercantil ejecutivo 327/2012 y dos cuadernillos relativos, de donde derivan los actos reclamados, se ordena darles vista, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE ANTICIPADAMENTE la celebración de la audiencia constitucional que estaba señalada para las once horas del dieciocho de noviembre del año en curso, y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO QUE TRANSCURRE para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a la persona moral quejosa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, sociedad anónima de capital variable, mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*

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