Hugo Antonio Arellano Ibarra

Expediente 855/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
855/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
29/07/2016

Partes del expediente

  • Hugo Antonio Arellano Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    En veintinueve de julio de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, --------------------------------------------------------------C E R T I F I C O:---------------------------Que del veintidós al veintiocho de julio del presente año, transcurrió el término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el catorce del presente mes y año, dentro del juicio de amparo 855/2016-3, promovido por HUGO ANTONIO ARELLANO IBARRA.- Doy fe. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de cinco días señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el catorce de julio de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por HUGO ANTONIO ARELLANO IBARRA; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En atención a lo anterior, en razón de que el auto de que se trata no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se desechó la demanda de amparo con que se formó el mismo; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico ó histórico, ni es de relevancia documental que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR DE LISTA A LAS PARTES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.

  2. Principal

    En catorce de julio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez con la demanda de amparo registrada con el folio 12934, y copias que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda de amparo promovida por HUGO ANTONIO ARELLANO IBARRA; contra actos del Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; que considera violatorios en perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución General de la República; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 855/2016-3 que por su orden le corresponde; y en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo genérico de quince días que para promover el juicio de amparo señala el numeral 17 de esa propia legislación, se computará: A). A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y B). A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del citado artículo 17, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Establecido lo anterior, se tiene que en el caso a estudio se actualiza la hipótesis que se indica en el inciso A), es decir, la que se refiere a que a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. En efecto, de la demanda de garantías se advierte que el promovente del amparo señala como actos reclamados: a) El auto de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, que le fue notificado personalmente el cuatro de abril de dos mil dieciséis, a través del cual se desecharon las pruebas confesional y de declaración de parte, a cargo de LUCÍA SAUCEDO DOMÍNGUEZ y AMALIA DELIA LAZALDE HERNÁNDEZ. b) El auto de seis de abril del año en curso, notificado por lista el once del mismo mes y año, en el cual no se dio trámite al recurso de revocación promovido contra el auto de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, al ser extemporáneo; y, c) El auto de seis de abril de dos mil dieciséis, notificado por lista de once siguiente, en el cual se le dice que no es claro, ni se menciona el agravio o perjuicio que le causan al quejoso las actuaciones que pretende nulificar. Conforme lo anterior, es evidente que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que ahora reclama, por lo que hace al acto precisado en el inciso a) desde cuatro de abril del presente año; y, respecto de los identificados con los incisos b) y c), desde el once de abril de los mismos. En ese contexto, partiendo de las indicadas fechas cuatro y once de abril de dos mil dieciséis, al doce de julio del año en curso, en que se presentó la demanda de garantías que ahora se atiende, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, según se advierte del sello de recepción respectivo que obra en dicho libelo, inconcuso resulta que transcurrió con exceso el término de quince días que para promover el juicio de garantías establece el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente; lo que pone de relieve que la parte quejosa consintió los actos que reclama; y, por ende, resulta extemporánea su promoción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 14, publicada en la página 11 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo los actos del orden común y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Sin que pase inadvertido acotar que en el presente asunto no se actualiza ninguna de las excepciones que establecen las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, las cuales consignan: [.] I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías. Por otra parte, téngase como autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Frausto Ornelas (1256059), quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por no acreditarse esa circunstancias se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos, en términos del diverso numeral 24 del cuerpo de leyes invocado Julio César Martínez Solís; y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Pedro Nolasco número 402, zona centro de esta ciudad. Por último, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza licenciado Juan García Trejo. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Vista la demanda de amparo promovida por HUGO ANTONIO ARELLANO IBARRA; contra actos del Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; que considera violatorios en perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución General de la República; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 855/2016-3 que por su orden le corresponde; y en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo genérico de quince días que para promover el juicio de amparo señala el numeral 17 de esa propia legislación, se computará: A). A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y B). A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del citado artículo 17, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Establecido lo anterior, se tiene que en el caso a estudio se actualiza la hipótesis que se indica en el inciso A), es decir, la que se refiere a que a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. En efecto, de la demanda de garantías se advierte que el promovente del amparo señala como actos reclamados: a) El auto de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, que le fue notificado personalmente el cuatro de abril de dos mil dieciséis, a través del cual se desecharon las pruebas confesional y de declaración de parte, a cargo de LUCÍA SAUCEDO DOMÍNGUEZ y AMALIA DELIA LAZALDE HERNÁNDEZ. b) El auto de seis de abril del año en curso, notificado por lista el once del mismo mes y año, en el cual no se dio trámite al recurso de revocación promovido contra el auto de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, al ser extemporáneo; y, c) El auto de seis de abril de dos mil dieciséis, notificado por lista de once siguiente, en el cual se le dice que no es claro, ni se menciona el agravio o perjuicio que le causan al quejoso las actuaciones que pretende nulificar. Conforme lo anterior, es evidente que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que ahora reclama, por lo que hace al acto precisado en el inciso a) desde cuatro de abril del presente año; y, respecto de los identificados con los incisos b) y c), desde el once de abril de los mismos. En ese contexto, partiendo de las indicadas fechas cuatro y once de abril de dos mil dieciséis, al doce de julio del año en curso, en que se presentó la demanda de garantías que ahora se atiende, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, según se advierte del sello de recepción respectivo que obra en dicho libelo, inconcuso resulta que transcurrió con exceso el término de quince días que para promover el juicio de garantías establece el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente; lo que pone de relieve que la parte quejosa consintió los actos que reclama; y, por ende, resulta extemporánea su promoción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 14, publicada en la página 11 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo los actos del orden común y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Sin que pase inadvertido acotar que en el presente asunto no se actualiza ninguna de las excepciones que establecen las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, las cuales consignan: [.] I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías. Por otra parte, téngase como autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Frausto Ornelas (1256059), quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por no acreditarse esa circunstancias se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos, en términos del diverso numeral 24 del cuerpo de leyes invocado Julio César Martínez Solís; y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Pedro Nolasco número 402, zona centro de esta ciudad. Por último, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico."

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