Hugo Alberto Tijerín González

Expediente 375/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
375/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • Hugo Alberto Tijerín González

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 812/2019 El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con folio 6305 y anexo. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, remitido por la autoridad responsable Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su magistrado presidente y secretario,, por medio del cual informa, sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y adjunta la constancia que lo acredita. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo; para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. A.I Vicky En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    ....Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de febrero de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agregase a los autos el escrito mediante el cual se tiene al quejoso Hugo Alberto Tijerin González, cumpliendo el requerimiento formulado el nueve de febrero de dos mil veintidós, y de la cual se provee lo siguiente. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En el presente asunto, la parte quejosa reclama lo siguiente: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES." COMO ORDENADORA: LICENCIADO J. JESUS BAUTISTA CAPETILLO: MAGISTRADO PONENTE I DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL BUROCRATICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, (.) COMO EJECUTORA: JUZGADO LABORAL DE LA REGION CENTRO SUR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS (.) "IV.LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME:" DE LA ORDENADORA: Resolución interlocutoria de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente laboral número 304/2021, dentro de la cual se DECLARA INCOMPETENTE para conocer y resolver de la demanda laboral promovida por el suscrito en contra del organismo público descentralizado denominado SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SEDIF) y turna la competencia al Juzgado Laboral de la Región Centro Sur del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. DE LA EJECUTORA: La aceptación de la COMPETENCIA POR DECLINATORIA que dentro de la resolución interlocutoria de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente laboral número 304/2021, le hace la ahora autoridad responsable ordenadora para que conozca y resuelva una demanda laboral promovida por el suscrito en contra del organismo público descentralizado denominado SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SEDIF)." Luego, por auto de nueve de febrero actual, se previno a la parte quejosa para que, bajo protesta de decir verdad, precisara la fecha de resolución de la aceptación de competencia, en caso de existir, así como la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento de ella. Al respecto, el justiciable mediante el escrito de cuenta señaló lo siguiente: "No tengo información ni conocimiento de que la autoridad responsable ejecutora, JUZGADO LABORAL DE LA REGIÓN CENTRO SUR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, haya emitido resolución de aceptación de la competencia". En esas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que interpretado a contrario sensu, importa que si el acto reclamado no es de aquéllos cuyos efectos sean de ejecución irreparable, el juicio de amparo biinstancial es improcedente. Es importante establecer que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutelan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto o resolución definitiva. Precisado lo anterior, el acto reclamado en este juicio no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, según el concepto definido por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues la resolución combatida sólo sostuvo que la competencia del asunto laboral recae en el Juzgado Laboral de la Región Centro Sur del Poder Judicial del Estado De Zacatecas, tomando en cuenta que la parte demandada es un organismo descentralizado. Ello es así, pues aún no se define la autoridad que deberá conocer de la demanda laboral planteada, ya que por lo menos se requiere de otra resolución que en definitiva decida este aspecto; es decir, tal definición depende de que la autoridad en cuyo favor se declinó, asuma la competencia planteada, lo cual aún no ha sido del conocimiento de la parte quejosa, tal como lo sostiene al desahogar la prevención que le fue formulada. En efecto, la cuestión competencial por declinatoria inicia cuando una autoridad determina carecer de competencia para conocer de un asunto, y concluye, cuando la autoridad a cuyo favor se declinó, asume la competencia, pues será hasta ese momento que quedará establecido en forma definitiva cuál es la autoridad que debe conocer del asunto y tal cuestión podrá ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia. Por consiguiente, al no ser la resolución reclamada, aquella que en definitiva determina la competencia por declinatoria, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente. Es exactamente aplicable, la jurisprudencia P./J. 17/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2009721, Décima Época, Materia Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de contenido: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en estudio y no estar en el supuesto de procedencia del amparo conforme al artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, se desecha la demanda. Notifíquese; personalmente. ...

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: ....Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de febrero de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agregase a los autos el escrito mediante el cual se tiene al quejoso Hugo Alberto Tijerin González, cumpliendo el requerimiento formulado el nueve de febrero de dos mil veintidós, y de la cual se provee lo siguiente. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En el presente asunto, la parte quejosa reclama lo siguiente: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES." COMO ORDENADORA: LICENCIADO J. JESUS BAUTISTA CAPETILLO: MAGISTRADO PONENTE I DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL BUROCRATICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, (.) COMO EJECUTORA: JUZGADO LABORAL DE LA REGION CENTRO SUR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS (.) "IV.LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME:" DE LA ORDENADORA: Resolución interlocutoria de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente laboral número 304/2021, dentro de la cual se DECLARA INCOMPETENTE para conocer y resolver de la demanda laboral promovida por el suscrito en contra del organismo público descentralizado denominado SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SEDIF) y turna la competencia al Juzgado Laboral de la Región Centro Sur del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. DE LA EJECUTORA: La aceptación de la COMPETENCIA POR DECLINATORIA que dentro de la resolución interlocutoria de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente laboral número 304/2021, le hace la ahora autoridad responsable ordenadora para que conozca y resuelva una demanda laboral promovida por el suscrito en contra del organismo público descentralizado denominado SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SEDIF)." Luego, por auto de nueve de febrero actual, se previno a la parte quejosa para que, bajo protesta de decir verdad, precisara la fecha de resolución de la aceptación de competencia, en caso de existir, así como la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento de ella. Al respecto, el justiciable mediante el escrito de cuenta señaló lo siguiente: "No tengo información ni conocimiento de que la autoridad responsable ejecutora, JUZGADO LABORAL DE LA REGIÓN CENTRO SUR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, haya emitido resolución de aceptación de la competencia". En esas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que interpretado a contrario sensu, importa que si el acto reclamado no es de aquéllos cuyos efectos sean de ejecución irreparable, el juicio de amparo biinstancial es improcedente. Es importante establecer que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutelan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto o resolución definitiva. Precisado lo anterior, el acto reclamado en este juicio no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, según el concepto definido por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues la resolución combatida sólo sostuvo que la competencia del asunto laboral recae en el Juzgado Laboral de la Región Centro Sur del Poder Judicial del Estado De Zacatecas, tomando en cuenta que la parte demandada es un organismo descentralizado. Ello es así, pues aún no se define la autoridad que deberá conocer de la demanda laboral planteada, ya que por lo menos se requiere de otra resolución que en definitiva decida este aspecto; es decir, tal definición depende de que la autoridad en cuyo favor se declinó, asuma la competencia planteada, lo cual aún no ha sido del conocimiento de la parte quejosa, tal como lo sostiene al desahogar la prevención que le fue formulada. En efecto, la cuestión competencial por declinatoria inicia cuando una autoridad determina carecer de competencia para conocer de un asunto, y concluye, cuando la autoridad a cuyo favor se declinó, asume la competencia, pues será hasta ese momento que quedará establecido en forma definitiva cuál es la autoridad que debe conocer del asunto y tal cuestión podrá ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia. Por consiguiente, al no ser la resolución reclamada, aquella que en definitiva determina la competencia por declinatoria, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente. Es exactamente aplicable, la jurisprudencia P./J. 17/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2009721, Décima Época, Materia Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de contenido: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en estudio y no estar en el supuesto de procedencia del amparo conforme al artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, se desecha la demanda. Notifíquese; personalmente. ...

  4. Principal

    Juicio de amparo 802/2021 El nueve de febrero de dos mil veintidós, la licenciada Angélica Bobadilla Larios, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que le fue concedido a la parte quejosa para que cumpliera con las prevenciones formuladas por auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, transcurrió del dieciocho al veintidós de octubre del año pasado, con exclusión de los días dieciséis y diecisiete de octubre de dicho año, por ser sábado y domingo. En la misma fecha se da cuenta con el estado de los autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de febrero de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el lapso concedido a la parte quejosa mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, para que diera cumplimiento a las prevenciones formuladas; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto y con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de derechos promovida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. Vicky En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diez de febrero de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

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