Hugo César Ávila Aguilera

Expediente 657/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
657/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
02/08/2017

Partes del expediente

  • Hugo César Ávila Aguilera
  • Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Zacatecas

Actuaciones

  1. Principal

    El dos de agosto de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta al secretario encargado del despacho con un oficio registrado con folio 10393.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda el oficio y anexos de cuenta, signado por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite en vía de alcance, el escrito de Francisco Javier Aguilar Arteaga, en su carácter de tercero interesado dentro del juicio de amparo directo 749/2017, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual desahoga vista en relación a la demanda promovida por Hugo César Ávila Aguilera, así como el auto de once de julio del año en curso dictada por el juez citado. Lo anterior, en razón a que por acuerdo de once de julio de la presente anualidad se determinó desechar la demanda de amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de referencia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza. Doy fe. Karla

  2. Principal

    El término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del diecinueve al veinticinco de julio de dos mil diecisiete, sin contar el veintidós y veintitrés del mes y año en curso, por haber sido sábado y domingo; sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de once de julio del año que transcurre, dentro del juicio de amparo 657/2017. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha la secretaria da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos en particular de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de once de julio de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda de garantías promovida por ********************; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Megm

  3. Principal

    En once de julio de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la Juez con el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad; registrado con el folio 9499 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de julio de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite los autos del juicio de amparo directo 749/2017, del que se advierte que en resolución de siete de julio del año en curso, dicho órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia legal para resolver del juicio de amparo promovido por Hugo César Ávila Aguilera, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital y otra autoridad, por lo que lo ordenó remitir a este órgano jurisdiccional, al considerar que es el competente para conocer del asunto. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Este Juzgado asume el conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo correspondiente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 657/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley reglamentaria en consulta, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la ley fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." De la porción normativa que se transcribe se desprende que el amparo indirecto será procedente cuando sea promovido por personas terceras extrañas que se vean afectadas con los actos de autoridad emitidos dentro o fuera de juicio. Al respecto, cabe precisar que cuando de autos se desprenda que el quejoso que se ostenta tercero extraño por equiparación se hizo sabedor del juicio incoado en su contra y aún no se ha dictado la sentencia correspondiente, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así se desprende, por las razones que expone, de la parte conducente de la jurisprudencia 2a./J. 198/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1002 del Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Séptima Sección - Procedencia del amparo directo, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación del tenor siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." En efecto, la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial, o bien, exista certeza de que el promovente del amparo tuvo conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Así se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 729 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Por tanto, la sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, de la propia ley. Es aplicable, en la parte conducente, la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 93 del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Ahora, en el caso el quejoso reclama el emplazamiento al juicio especial de desahucio por falta de pago de rentas 65/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de la Capital, seguido en su contra. Aduciendo que la notificación para la citación al desahogo de la testimonial ofrecida por la parte actora a efecto de acreditar la existencia del contrato verbal de arrendamiento, así como el emplazamiento al citado juicio le fueron practicados de forma ilegal, lo que le impidió comparecer al desahogo de la citada prueba y a defender sus derechos. Al efecto, cabe precisar que de las constancias que integran el juicio civil de origen, se desprende que mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda promovida por Francisco Javier Aguilar Arteaga en su calidad de albacea de la sucesión a bienes de Martha Francisca Arteaga Ríos, contra Hugo Cesar Ávila Aguilera, dando origen al juicio de desahucio por falta de pago de rentas número 65/2017 (fojas 35 y 36 del tomo de pruebas). Posteriormente, el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, ante la imposibilidad de llevar a cabo las notificaciones al quejoso en los domicilios señalados para tal efecto, a petición de la parte actora, se ordenó notificar al demandado en el domicilio del inmueble objeto del arrendamiento, es decir, el ubicado en avenida Quebradilla, número trescientos quince, colonia Lomas de la Soledad, de esta ciudad de Zacatecas (foja 69 del tomo de pruebas). En cumplimiento a lo anterior, el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, se notificó en dicho inmueble el proveído de diecinueve de ese mes y año, por el que se fijó fecha y hora para el desahogo de la prueba de información testimonial ofrecida en autos (foja 72 del tomo de pruebas). El diez de mayo de la presente anualidad, sin encontrarse presente el demandado, aquí quejoso, se llevó a cabo el desahogo de la prueba testimonial (fojas 7676 y 77 del tomo de pruebas). Posteriormente, mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, la parte actora solicitó que, al haber quedado probado con la testimonial desahogada la existencia del contrato de arrendamiento verbal base de la acción, se autorizara llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada y se le previniera para que dentro del término legal realizara la desocupación del inmueble arrendado, apercibiéndolo que de no hacerlo se procedería a su lanzamiento (foja 73 del cuaderno de pruebas). El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, atendiendo a las manifestaciones hechas por la parte actora, se ordenó dar cabal cumplimiento al proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete -por el que se admitió la demanda y se ordenó el emplazamiento al juicio- (foja 79 del tomo de pruebas). En cumplimiento a lo anterior, previo citatorio, mediante diligencia de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, a través de quien dijo ser empleada del demandado, se llevó a cabo su emplazamiento, en el domicilio ubicado avenida Quebradilla, número 315 y 317, colonia Lomas del Consuelo, de esta ciudad de Zacatecas (fojas 80 a 88 del tomo de pruebas). Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, el demandado dio contestación a la demanda instaurada en su contra, negando las prestaciones reclamadas y reconviniendo a la parte actora la prescripción positiva y ofreciendo los medios de prueba que estimó pertinentes para su defensa (fojas 89 a 103 del tomo de pruebas). Escrito que se reservó hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo en que se actúa (foja 129 del cuaderno probatorio). Ahora, de lo anterior destaca que el juicio principal se encuentra en etapa de contestación de demanda, es decir, no se ha dictado la sentencia correspondiente. De igual forma se advierte, que a la fecha el promovente del amparo compareció a dar contestación a la demanda instaurada en su contra y a ofrecer de su parte. Es decir, queda plenamente probado que el amparista tuvo conocimiento del juicio de desahucio seguido en su contra antes de que se resolviera en definitiva, tan es así que, se insiste, compareció a dar contestación a la demanda. Entonces, es claro que, aun cuando las notificaciones y emplazamiento se hubieran practicado ilegalmente, perdió su carácter de tercero extraño por equiparación al juicio al hacerse sabedor del juicio en su contra y haber comparecido a la controversia civil antes de sentencia. En ese contexto, es claro que el amparista está en aptitud de comparecer a defender sus derechos -tal como lo hizo al dar contestación a la demanda en su contra, ofrecer las pruebas que estimo pertinentes y reconvenir a la parte actora-, por tanto, promover el incidente de nulidad respectivo. Además que, se insiste al encontrarse el juicio en trámite es claro que el quejoso está en condiciones de defender sus derechos en éste. Sin que sea obstáculo para considerar lo anterior lo aducido por el amparista en el sentido de que el juicio de origen se tramitó como medios preparatorios a juicio en razón de que se desahogó una testimonial a efecto de acreditar la existencia de un contrato verbal de arrendamiento, puesto que, en su caso, dicha probanza y sus consecuencias pueden ser combatidas dentro del procedimiento al ser parte en éste. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del numeral 107 del mismo ordenamiento, aplicado en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Hugo Cesar Ávila Aguilera. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En otro aspecto, como lo solicita el impetrante de amparo, téngase como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado César Enrique López Luna, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Rito Eduardo Garza Rojas, Alejandro de Santiago Tallabas y Mariano Martínez Valles; y como domicilio para tal fin el ubicado en Avenida Quebradilla, número trescientos cinco, de la colonia Lomas de la Soledad, en esta ciudad. PRUEBAS. Con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental el juicio especial de desahucio 065/2017, promovido por Francisco Javier Aguilar Arteaga, remitidas por el Juez Primero del Ramo Civil de la Capital, con sede en esta ciudad, misma que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitida y desahogada, dada su voluminosidad, se ordena se guarde por separado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite los autos del juicio de amparo directo 749/2017, del que se advierte que en resolución de siete de julio del año en curso, dicho órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia legal para resolver del juicio de amparo promovido por Hugo César Ávila Aguilera, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital y otra autoridad, por lo que lo ordenó remitir a este órgano jurisdiccional, al considerar que es el competente para conocer del asunto. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Este Juzgado asume el conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo correspondiente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 657/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley reglamentaria en consulta, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la ley fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." De la porción normativa que se transcribe se desprende que el amparo indirecto será procedente cuando sea promovido por personas terceras extrañas que se vean afectadas con los actos de autoridad emitidos dentro o fuera de juicio. Al respecto, cabe precisar que cuando de autos se desprenda que el quejoso que se ostenta tercero extraño por equiparación se hizo sabedor del juicio incoado en su contra y aún no se ha dictado la sentencia correspondiente, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así se desprende, por las razones que expone, de la parte conducente de la jurisprudencia 2a./J. 198/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1002 del Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Séptima Sección - Procedencia del amparo directo, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación del tenor siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." En efecto, la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial, o bien, exista certeza de que el promovente del amparo tuvo conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Así se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 729 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Por tanto, la sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, de la propia ley. Es aplicable, en la parte conducente, la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 93 del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Ahora, en el caso el quejoso reclama el emplazamiento al juicio especial de desahucio por falta de pago de rentas 65/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de la Capital, seguido en su contra. Aduciendo que la notificación para la citación al desahogo de la testimonial ofrecida por la parte actora a efecto de acreditar la existencia del contrato verbal de arrendamiento, así como el emplazamiento al citado juicio le fueron practicados de forma ilegal, lo que le impidió comparecer al desahogo de la citada prueba y a defender sus derechos. Al efecto, cabe precisar que de las constancias que integran el juicio civil de origen, se desprende que mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda promovida por Francisco Javier Aguilar Arteaga en su calidad de albacea de la sucesión a bienes de Martha Francisca Arteaga Ríos, contra Hugo Cesar Ávila Aguilera, dando origen al juicio de desahucio por falta de pago de rentas número 65/2017 (fojas 35 y 36 del tomo de pruebas). Posteriormente, el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, ante la imposibilidad de llevar a cabo las notificaciones al quejoso en los domicilios señalados para tal efecto, a petición de la parte actora, se ordenó notificar al demandado en el domicilio del inmueble objeto del arrendamiento, es decir, el ubicado en avenida Quebradilla, número trescientos quince, colonia Lomas de la Soledad, de esta ciudad de Zacatecas (foja 69 del tomo de pruebas). En cumplimiento a lo anterior, el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, se notificó en dicho inmueble el proveído de diecinueve de ese mes y año, por el que se fijó fecha y hora para el desahogo de la prueba de información testimonial ofrecida en autos (foja 72 del tomo de pruebas). El diez de mayo de la presente anualidad, sin encontrarse presente el demandado, aquí quejoso, se llevó a cabo el desahogo de la prueba testimonial (fojas 7676 y 77 del tomo de pruebas). Posteriormente, mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, la parte actora solicitó que, al haber quedado probado con la testimonial desahogada la existencia del contrato de arrendamiento verbal base de la acción, se autorizara llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada y se le previniera para que dentro del término legal realizara la desocupación del inmueble arrendado, apercibiéndolo que de no hacerlo se procedería a su lanzamiento (foja 73 del cuaderno de pruebas). El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, atendiendo a las manifestaciones hechas por la parte actora, se ordenó dar cabal cumplimiento al proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete -por el que se admitió la demanda y se ordenó el emplazamiento al juicio- (foja 79 del tomo de pruebas). En cumplimiento a lo anterior, previo citatorio, mediante diligencia de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, a través de quien dijo ser empleada del demandado, se llevó a cabo su emplazamiento, en el domicilio ubicado avenida Quebradilla, número 315 y 317, colonia Lomas del Consuelo, de esta ciudad de Zacatecas (fojas 80 a 88 del tomo de pruebas). Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, el demandado dio contestación a la demanda instaurada en su contra, negando las prestaciones reclamadas y reconviniendo a la parte actora la prescripción positiva y ofreciendo los medios de prueba que estimó pertinentes para su defensa (fojas 89 a 103 del tomo de pruebas). Escrito que se reservó hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo en que se actúa (foja 129 del cuaderno probatorio). Ahora, de lo anterior destaca que el juicio principal se encuentra en etapa de contestación de demanda, es decir, no se ha dictado la sentencia correspondiente. De igual forma se advierte, que a la fecha el promovente del amparo compareció a dar contestación a la demanda instaurada en su contra y a ofrecer de su parte. Es decir, queda plenamente probado que el amparista tuvo conocimiento del juicio de desahucio seguido en su contra antes de que se resolviera en definitiva, tan es así que, se insiste, compareció a dar contestación a la demanda. Entonces, es claro que, aun cuando las notificaciones y emplazamiento se hubieran practicado ilegalmente, perdió su carácter de tercero extraño por equiparación al juicio al hacerse sabedor del juicio en su contra y haber comparecido a la controversia civil antes de sentencia. En ese contexto, es claro que el amparista está en aptitud de comparecer a defender sus derechos -tal como lo hizo al dar contestación a la demanda en su contra, ofrecer las pruebas que estimo pertinentes y reconvenir a la parte actora-, por tanto, promover el incidente de nulidad respectivo. Además que, se insiste al encontrarse el juicio en trámite es claro que el quejoso está en condiciones de defender sus derechos en éste. Sin que sea obstáculo para considerar lo anterior lo aducido por el amparista en el sentido de que el juicio de origen se tramitó como medios preparatorios a juicio en razón de que se desahogó una testimonial a efecto de acreditar la existencia de un contrato verbal de arrendamiento, puesto que, en su caso, dicha probanza y sus consecuencias pueden ser combatidas dentro del procedimiento al ser parte en éste. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del numeral 107 del mismo ordenamiento, aplicado en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Hugo Cesar Ávila Aguilera. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En otro aspecto, como lo solicita el impetrante de amparo, téngase como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado César Enrique López Luna, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Rito Eduardo Garza Rojas, Alejandro de Santiago Tallabas y Mariano Martínez Valles; y como domicilio para tal fin el ubicado en Avenida Quebradilla, número trescientos cinco, de la colonia Lomas de la Soledad, en esta ciudad. PRUEBAS. Con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental el juicio especial de desahucio 065/2017, promovido por Francisco Javier Aguilar Arteaga, remitidas por el Juez Primero del Ramo Civil de la Capital, con sede en esta ciudad, misma que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitida y desahogada, dada su voluminosidad, se ordena se guarde por separado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce."

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