Hernán Hernández Sánchez
Expediente 260/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/03/2023
Partes del expediente
- Hernán Hernández Sánchez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de marzo de dos mil veintitrés. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Intégrese el escrito signado por el quejoso Hernán Hernández Sánchez, por medio del cual desahoga la prevención formulada el veintitrés de febrero del año en curso, en ese sentido, ténganse por satisfecho el requerimiento formulado; y, déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. ACTO RECLAMADO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese tenor, del escrito de demanda se colige que la parte quejosa, reclama la determinación de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, por medio del cual el Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca Estado de México, ordena turnar los autos a la notificadora de su adscripción a efecto de requerir al demandado; aquí quejoso, el cumplimiento a la sentencia interlocutoria de veinte de diciembre de dos mil veintidós que resuelve el incidente de liquidación de pensiones vencidas, con el apercibimiento que de no hacerlo se despachará ejecución en su contra. DESECHAMIENTO En ese tenor, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; mismos que establecen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Ahora bien, acorde a la regla de procedencia contenida en el citado artículo 107 fracción IV de la legislación de la materia, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución, los cuales gozan de autonomía propia; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Igualmente, en los términos literales del citado precepto legal, el amparo en el procedimiento de ejecución de sentencia, procede contra la última resolución en dicho procedimiento. Es menester precisar que por última resolución se entiende, aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la resolución definitiva, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, esto con la finalidad evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución que se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal. Ahora bien, la Primera Sala sostuvo el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, no son considerados como la última resolución en el periodo de ejecución, lo que conlleva a que no puedan ser combatidos a través del juicio constitucional, pues tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, salvo que se afecten derechos sustantivos ajenos la cosa juzgada. Tal criterio se encuentra en la tesis P./J.108/2010, Novena Época, con número de registro 163152, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por su parte, la Primera Sala del alto tribunal consideró que si bien es cierto que los actos dictados posteriores a la emisión de la sentencia pero anteriores a la última resolución que pone fin al procedimiento de ejecución de la misma, tienden a tomar medidas para lograr el cumplimiento de la misma, asimismo, también fijan la pauta para la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Por ello, las determinaciones reclamadas deben ser consideradas como actos ejecutados después de concluido el juicio, o sea, como actos de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento. Por tanto, se pone de manifiesto que los actos que se reclaman en el presente sumario deben considerarse que se encuentran comprendidos como posteriores a la emisión de la sentencia pero anteriores a la última resolución que pone fin al procedimiento de ejecución de la misma. Por ende, si en el caso concreto se tiene que el acto reclamado consiste en la determinación de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, por medio del cual el Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca Estado de México, ordena turnar los autos a la notificadora de su adscripción a efecto de requerir al demandado; aquí quejoso, el cumplimiento a la sentencia interlocutoria de veinte de diciembre de dos mil veintidós que resuelve el incidente de liquidación de pensiones vencidas, con el apercibimiento que de no hacerlo se despachará ejecución en su contra, el cual se considera que no está de manera directa a ejecutar esa resolución principal, sino a preparar su ejecución y como ya se dijo tales actos tampoco constituyen la última resolución en la etapa de ejecución. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia Ia./J.28/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VXXXI, Mayo 2010, Novena Época, página 60, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Luego entonces, no ocurre en su favor algún motivo por el cual haga procedente el presente juicio de amparo, sino por el contrario, como ya se puntualizó, se actualiza la causa de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por ende, se desecha de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. ***
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda que promueve ******************** y/o Eduardo Velázquez Montes, por propio derecho, con fundamento en el artículo112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 260/2023-I-A. PREVENCIÓN Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierten inconsistencias en su contenido, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. Por tanto, previo a acordar lo conducente, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente del amparo para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación, y bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Aclare el nombre de la persona de quien promueve el presente juicio, pues del proemio de su demanda se advierte que lo hace ********************, sin embargo, del apartado correspondiente del nombre y domicilio del quejoso se advierte que lo hace******************** Precise el acto que por esta vía reclama, toda vez que del apartado correspondiente señala: "A) DE LA ORDENADORA.- LA ORDEN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. B) DE LA EJECUTORA.- EL CUMPLIMIENTO QUE PRETENDE DAR A DICHA ORDEN."; sin embargo, tal manifestación lo hace de manera muy general, sin tener certeza del acto que tilda de inconstitucional. Abunde bajo protesta de decir verdad de una manera suscinta, pormenorizada y cronológica los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, ello en razón de que hay inconsistencias en lo redactado, toda vez que del apartado de los hechos, refiere : "En fecha 16 de febrero del año 2022 me enteré por conducto de unos vecinos que una persona que dijo ser del JUZGADO OCTAVO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, persona que nunca se quiso identificar con el suscrito, que iba a cumplir una orden de un auto de fecha VEINTISIETE DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, emitida por el C. JUEZ OCTAVO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO relativa al INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, del expediente 701/2022."; ante éstas manifestaciones, resulta confuso ya que refiere como fecha en que se presentó personal del Juzgado responsable el dieciséis de febrero de dos mil veintidós y posteriormente menciona que se trató de ejecutar la orden de un auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, asimismo, resulta contradictorio su decir, toda vez que asevera enterarse por vecinos y a continuación aduce que el servidor público con el que se entrevistó, no quiso identificarse; aunado a que relata no estar notificado de actuaciones emitidas en el expediente 701/2022. Informe la etapa procesal que guarda el expediente ********************del índice del Juzgado Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Tal prevención tiene como propósito fijar correctamente la Litis. APERCIBIMIENTO. De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se apercibe al promovente del amparo que de no cumplir lo requerido en el plazo y forma indicados dentro del plazo que se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de mérito. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda, es decir las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Sin que haya lugar a tener como tal el correo electrónico proporcionado, en virtud de que dicho medio de comunicación no se encuentra contemplados dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a los previsto por la legislación en cita. AUTORIZADOS En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. EXHORTO A LAS PARTES Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Ivan Valdes Gómez, que da fe.
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