Herminio Raúl Torres Ramírez
Expediente 573/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 573/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/05/2023
Partes del expediente
- Herminio Raúl Torres Ramírez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio número 3444 la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, informó que el auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó el recurso de queja 392/2022, de su índice, quedó firme; por tanto, acúsese de recibo. Cúmplase.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Registro Vista la demanda que promueve ****, quienes se ostentan como apoderados legales de Herminio Raúl Torres Ramírez; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 573/2023. Desechamiento En primer término, deben analizarse las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, acorde a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61°, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 6° del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de la indebida aplicación de la ley. Por tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación. En ese tenor, es dable destacar que la demanda de amparo que nos ocupa fue promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual, es un sitio web a través del cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en estos; lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el mismo orden de ideas, el ordinal 3° de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece: "Artículo 3º. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Con relación a lo anterior, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que deroga el diverso 1/2015, en sus artículos 16 y 17, establece lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra" "Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal". Los artículos antes trascritos, señalan que la tramitación del amparo indirecto podrá realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. Asimismo, establecen que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Además, en los referidos preceptos se precisa como excepción de la obligación de contar con dicho registro, cuando se promuevan demandas en donde se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; y, que en tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. En ilación a lo anterior, se advierte que el escrito de cuenta no cumple con lo establecido en los citados preceptos legales invocados, pues no cuenta con la firma electrónica de los promoventes o en su caso, del directo quejoso, o bien, con la evidencia criptográfica de alguna firma electrónica de éstos; por lo cual, no se puede considerar que se manifieste la voluntad y consentimiento para instar a la justicia federal, y por ende, que a la persona que dicen representar le causen un agravio los actos reclamados. En efecto, el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien agravie la ley o el acto que se reclame y sólo podrá seguirse por el agraviado, por sí o a través de su representante legal o su defensor, de ahí que todo escrito presentado ante un procedimiento judicial debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da inicio al juicio, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercer cualquier derecho que le haya sido violado, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si ese escrito -demanda de amparo-no se suscribe, o bien, si ésta no se suscribiese con firma autógrafa o evidencia criptográfica de la firma electrónica, por quien resulta ser el directo quejoso, esto es, por la persona que se dice afectada del acto de autoridad, o quien actúen en su representación legal conforme a la propia legislación, debe entenderse que propiamente no existe agraviado y la demanda resultaría improcedente. Así, tratándose del juicio de amparo, resulta necesario que el titular del derecho que se dice violado con el acto de autoridad, sea quien promueva la demanda, o en su caso, por quien cuente con la facultad para ello acorde a la legislación respectiva, pues de esa manera se puede constatar su intención. Robustece lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 2019715, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril de 2019, tomo I, de rubro y texto siguientes: "Demanda de Amparo Indirecto presentada a través del Portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Procede Desecharla de plano cuando Carece de la Firma Electrónica del Quejoso. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Consecuentemente, cabe destacar que, en la contradicción de tesis 45/2018, de la que derivó la jurisprudencia previamente citada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arribó a la conclusión de que, si el ejercicio de la acción de amparo por escrito exige que la demanda sea suscrita -con firma autógrafa- directamente por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo, resulta válido concluir que la demanda de amparo presentada por vía electrónica, también requiere estar firmada electrónicamente por el propio quejoso o por quien legalmente lo represente, sin que pueda ser sustituida (la firma electrónica) ni siquiera por la de aquellos autorizados. Lo anterior, ya que, mientras no haya voluntad del quejoso para promover la demanda, no se satisface uno de los principios elementales del juicio de amparo, como es el demostrar el agravio contra el acto de autoridad por el que se acude al juicio constitucional ni tampoco puede presumirse que existe voluntad del quejoso de interponer la acción de amparo. Máxime, que el acto reclamado, no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, pues como se advierte, el directo quejoso no se encuentra imposibilitado (incomunicado o segregado, por ejemplo) para promover el juicio de amparo; lo cual, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, sería una excepción a la regla y permitiría a un tercero promover la demanda en favor del directo quejoso. Por lo anteriormente considerado y fundado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61°, fracción XXIII, en relación con el 6°, de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 113° del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida por Herminio Raúl Torres Ramírez, por conducto de Luis Gonzalo Botello Ortiz, Blanca Guadalupe Arizmendi Cardozo, Lizette Benítez Jaramillo y Daniela García Abarca, quienes se ostentan como sus apoderados legales. Resulta importante precisar que este juzgador no pasa inadvertida la circunstancia de que los peticionarios no acreditan la calidad de apoderados que ostentan (pues no acompañan documentos alguno para tal efecto); sin embargo, tal situación no representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, pues a nada práctico conduciría requerir a los promoventes para que satisficieran el requisito en cuestión, ya que en su caso, el desahogo de dicha prevención no conllevaría -de manera esencial- ninguna posibilidad de que este resolutor arribara a una convicción distinta de la precisada en este proveído, en razón de lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia aquí apuntada, de acuerdo con la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo. Y, por el contrario, postergar el pronunciamiento del resultado substancial que de cualquier modo recaerá al ocurso del directo solicitante de garantías, sólo acarrearía mayores perjuicios dilatorios al justiciable, en detrimento de lo que impone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Domicilio, acceso y notificaciones electrónicas Por otro lado, sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones vía electrónica el usuario "LUISB********************"; mismo que también se autoriza para la consulta del expediente electrónico, por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. Consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
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