Herminio Raúl Torres Ramírez
Expediente 393/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/04/2023
Partes del expediente
- Herminio Raúl Torres Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el ocurso de cuenta, por medio del cual ******************** en su carácter de apoderado legal del quejoso ********************, manifiesta su deseo de desistirse de la presente instancia constitucional. En ese tenor, tomando en consideración que los asuntos de esta naturaleza solo pueden seguirse a instancia de parte agraviada y ante la manifestación expresa del apoderado del directo quejoso, el cual cuenta con facultades para poder desistirse del presente juicio de amparo, tal como se estipuló en la carta poder de trece de marzo de la presente anualidad (foja 4), se le tiene por desistido del juicio constitucional en que se actúa de conformidad con el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, dado que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda válidamente desistirse el quejoso por sí o por conducto de quien cuente con poder suficiente para desistirse del mismo en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Por consiguiente, con tal desistimiento se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, y se sobresee en el presente juicio de amparo, en razón de que el quejoso por conducto de su apoderado expresó su voluntad del desistimiento del juicio. En tal virtud, al haberse consentido expresamente por el apoderado del quejoso el desistimiento del juicio, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado analógica y supletoriamente, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Sin que pase desapercibido que el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se haya dictado sentencia en el presente juicio; sin embargo, dado que la misma no ha sido recurrida por las partes, se acuerda en los términos planteados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.P.1 K (11a.), con número de registro 2024748, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 14, Junio de 2022, tomo VII, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE SOLICITÓ CON POSTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA Y LAS PARTES NO INTERPUSIERON EL RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL PLAZO LEGAL, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE AL RESPECTO [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 2/2021 (11a.)]. Hechos: El Juez de Distrito consideró que no se encontraba en condiciones de atender el desistimiento del juicio de amparo que solicitó el quejoso después del dictado de la sentencia, pues con dicha emisión se consumó su facultad para resolver y pronunciarse sobre el asunto, al haberse desahogado todas las etapas del procedimiento de amparo, sin poder regresar a ellas; motivo por el cual, remitió los autos junto con la manifestación de desistimiento al Tribunal Colegiado de Circuito para que procediera con base en su competencia. Como sustento a su aseveración invocó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 2/2021 (11a.). Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si las partes no interpusieron, dentro del plazo legal, el recurso de revisión contra la sentencia constitucional, el Juez de Distrito está facultado para pronunciarse sobre el desistimiento del juicio. Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 2/2021 (11a.), de título y subtítulo: "DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. UNA VEZ DICTADA LA SENTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ IMPOSIBILITADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE AQUÉL, POR LO QUE DEBE REMITIR LOS AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA QUE, DE SER PROCEDENTE, REVOQUE LA SENTENCIA Y DECRETE EL SOBRESEIMIENTO RESPECTIVO.", estableció que cuando el quejoso se desista del juicio de amparo después de emitida la sentencia, el juzgador federal se encuentra imposibilitado para dictar el sobreseimiento, pues aún se encuentra transcurriendo el plazo para la interposición del recurso de revisión y, en caso de que se interponga, únicamente deberá remitir al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, todas las constancias de autos, incluyendo el escrito de desistimiento y su ratificación, para que éste proceda conforme a su competencia. Sin embargo, si ese lapso feneció sin que las partes interpusieran el referido medio de impugnación, entonces corresponde al Juez de Distrito pronunciarse sobre la manifestación del quejoso, en el ámbito de su competencia, en virtud de que el Tribunal Colegiado de Circuito carecerá de jurisdicción sobre el asunto, al no colmarse el requisito de procedibilidad consistente en la interposición del recurso de revisión. Asimismo, no pasa inadvertido que el criterio antes citado establece que el juzgador de amparo únicamente puede pronunciarse respecto al desistimiento una vez que haya transcurrido el plazo para la interposición del recurso de revisión; empero, se precisa que quienes pueden interponer dicho medio de impugnación son los siguientes: El quejoso El tercero interesado, La autoridad responsable. En ese orden, en el presente asunto, el quejoso es quien se desiste del presente juicio por conducto de su apoderado, por lo que puede considerarse que no interpondrá recurso de revisión; de ahí que se tenga por actualizada la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora, respecto del tercero interesado, debe decirse que en el caso no existe, dada la naturaleza del acto reclamado. Finalmente, la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, al ser una autoridad jurisdiccional, carece de legitimación para recurrir la sentencia emitida en el presente juicio, en términos del artículo 87 párrafo segundo de la Ley de Amparo. Acotado lo anterior, se estima que ninguna de las partes se encuentran posibilitadas para interponer recurso de revisión, por lo que este órgano jurisdiccional se encuentra en condiciones de pronunciarse respecto del escrito de desistimiento que se atiende. Sirve de apoyo en lo conducente a lo anterior, la tesis 2a./J. 31/2021 (11a.), con número de registro 2023937, emitida por la Segunda Sala, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1533, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial.". Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso numeral 7.1.1 apartado 1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este asunto, es susceptible de depuración, ya que se otorgó el amparo solicitado.
- Principal
S e n t e n c i a Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 393/2023-IIA; y, .... En ese orden, como el Actuario responsable no observó el derecho humano que consagra el artículo 17 de la Carta Magna, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Actuario, como parte integrante del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, realice lo siguiente: De no haberlo hecho, a partir del día siguiente al que cause ejecutoria la presente resolución, emplace a la moral pública demandada al juicio laboral de origen. Sin que las actuaciones subsecuentes que deriven, sean objeto de análisis en el presente juicio. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, como lo estableció la Segunda Sala del más alto Tribunal del país, en la tesis 2a. CV/2013 (10a.). Finalmente, se hace hincapié que, como se dijo en el acta de audiencia que antecede, no obsta que a la fecha de la emisión de la presente sentencia transcurra el plazo que establece el artículo 117 de la ley de la materia, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado; en virtud a que atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el sentido de la sentencia no causará afectación a ninguna de aquéllas. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R e s u e l v e: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, contra el acto atribuido al Actuario, como parte Integrante del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, precisado en el considerando segundo de esta resolución y para los efectos establecidos en el similar último de esta resolución.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de abril de dos mil veintitrés. JUSTIFICADO Intégrese el oficio enviado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en Estado de México, a través del cual rinde su informe justificado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. PRUEBA Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba del oficiante la copia certificada del auto de siete de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ********************/2022, y dada su naturaleza por admitida y desahogada para dar cuenta con ella en la audiencia constitucional. TRANSFERIR AUDIENCIA En ese contexto, a efecto acatar el principio estatuido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la impartición de justicia pronta y expedita, la audiencia constitucional inicialmente prevista para las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veinticinco de abril de este año, se transfiere, para las diez horas con cuatro minutos del dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Sin que se estime que esta determinación transgreda derecho alguno a las partes, puesto que acto que en esta vía se combate es (dilación procesal). Como apoyo a lo anterior, por los razonamientos ahí contenidos y sin perjuicio de que los artículos a que alude son relativos a la Ley de Amparo abrogada, dado que su contenido no se contrapone con el texto vigente, se invoca la tesis I.5o.C.1 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados.".
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. DESAHOGO Y ADMISIÓN Visto el escrito de cuenta, por medio del cual Herminio Raúl Torres Ramírez a través de sus apoderados legales, desahoga la prevención realizada el diecisiete de los cursantes, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, admítase la demanda. INCIDENTE Por no haberse solicitado, no se tramita el incidente de suspensión. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Por otra parte, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5, fracción IV, de la ley reglamentaria, por lo que se deja a disposición copia de la demanda en la sección de actuaría. AUDIENCIA Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de la responsable mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Asimismo, tomando en cuenta que el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hace consistir en una violación al artículo 8º constitucional, merced a que se reclama la omisión de emplazar al demandado al juicio laboral ********************; en consecuencia, requiérase para que en el momento de rendir su informe justificado, en caso de ya haber emitido la determinación que se le reclama, la remita a este juzgado en copia certificada; o en su defecto al proveer el oficio que recaiga a esta, realice las gestiones necesarias a fin de acordar lo conducente respecto del acto que se combate, o en su defecto, manifieste la imposibilidad legal que tenga para ello y envíe dicha actuación a este juzgado en copia certificada, a fin de cumplir con el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional. En el entendido que podrá rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor de la justiciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional. Bajo apercibimiento que, de ser omisa en rendir el informe conforme a los lineamientos detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa a su titular de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato; en caso de no hacerlo se hará acreedora a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. DOMICILIO ACCESO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones vía electrónica el usuario ********************; mismo que también se autoriza para la consulta del expediente electrónico, por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo anterior, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. Tercero interesado Ahora bien, la parte quejosa señala como tercero interesado al ********************; sin embargo, se estima que si bien, le resulta tal carácter al ser contraparte en el expediente laboral ********************, del índice de la autoridad responsable, este juzgador estima no llamarlo al presente juicio. Ello, en razón de que debido a la naturaleza del acto aquí reclamado aún no ha sido emplazado a juicio, por tanto, no se encuentran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas la instrumental pública de actuaciones, y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Ahora, tocante a la documental que ofrece, resérvese proveer al respecto, hasta en tanto obren en autos.
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