Hernan Franco García

Expediente 897/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
897/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
02/12/2016

Partes del expediente

  • Hernan Franco García
  • Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta por medio del cual el quejoso solicita la devolución de los documentos originales anexados al escrito inicial de demanda, atento a lo anterior, estese a lo acordado en auto de veintisiete de septiembre de la presente anualidad donde se le concedió a la parte quejosa el plazo de noventa días para recoger tales constancias. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Yamín Dávalos Rosas, que da fe.

  2. Incidental

    Toluca, Estado de México; veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el auto que se dictó en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, por medio del cual causó ejecutoria la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de la presente anualidad, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por el quejoso Hernán Franco García, lo procedente es declarar sin materia este incidente de suspensión y dejar sin efecto las medidas decretadas en el mismo.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien podría causarle perjuicio, haya recurrido la resolución de treinta y uno de agosto pasado; por lo que con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86, de la Ley de Amparo, 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales subsecuentes; en consecuencia, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. En el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes, glósese únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009. Por otra parte, atendiendo a la certificación de cuenta, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración, pues se negó y concedió la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original del cuaderno de suspensión. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible y el original del incidente de suspensión es depurable, debiéndose conservar las resoluciones de concesión de la medida cautelar. f) El duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, glósese únicamente el original de dicho incidente. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca al local de este juzgado de Distrito a recoger el documento original que obra en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos, sin previo acuerdo, serán depurados junto con el expediente en que se actúa.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 897/2016, promovido por ********************, contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de ********************, Estado de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciséis, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE, ORDENADORA: - - - A).- EL JUEZ PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. CON DOMICILIO EN PRIVADA DE HÉCTOR GORDILLO SIN NÚMERO, BARRIO EL SALITRE, EN LA CIUDAD DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. - - - AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS; - - - B).- EL C. MINISTRO EJECUTOR O NOTIFICADOR ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. Cuyo domicilio es el mismo que el de la autoridad ordenadora, mencionada con anterioridad. - - - en su calidad de EJECUTORA. - - - C).- DIRECTOR DE SEGURIDAD MUNICIPAL DE TENANCINGO Y/O DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO con domicilio oficial bien conocido en el Edificio del H. Palacio Municipal del ayuntamiento de ********************, Ubicado en Calle Morelos número 101, Colonia Centro, ********************, Estado de México.". "IV.- ACTO RECLAMADO: Manifiesto a Usted Señor a Usted C. Juez de Distrito que el acto que en esta vía se reclama son TODOS LOS AUTOS, DECRETOS, CONSTANCIAS Y RESOLUCIONES Y EN SU CASO LA POSIBLE SENTENCIA O SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS DE DENTRO DEL EXPEDIENTE ******************** RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL RADICADO ANTE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE FUE INSTADO POR EL TERCERO PERJUDICADO EN CONTRA DE ******************** Y LA ORDEN DE EJECUTAR DICHOS ACTOS PROCESALES PARA MATERIALIZARSE SOBRE UN BIEN DEL QUE EL QUE SUSCRIBE SOY PROPIETARIO; Y CUYA EJECUCIÓN CORRE A CARGO DEL C. EJECUTOR Y/O NOTIFICADOR ADSCRITO AL JUZGADO QUE SEÑALO COMO AUTORIDAD ORDENADORA, PARA TRATAR DE DESPOSEERME Y CON ELLO PERJUDICARME EN MIS BIENES Y POSESIONES APARENTEMENTE POR EFECTO DE UN EMBARGO INDEBIDAMENTE TRABADO SOBRE MI INMUEBLE Y QUE SE DERIVA DE UN JUICIO EN EL QUE NO SOY PARTE, NI RESULTA ALGUNA OBLIGACIÓN A MI CARGO. RAZÓN MÁS QUE SUFICIENTE PARA PEDIR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR." SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este juzgado de Distrito, quien por auto de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, ordenó su registro bajo el número 897/2016 y se admitió a trámite; solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ordenó emplazar a la tercero interesada, lo cual aconteció el uno de julio del año en curso [folio 98]; y, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede (foja 112 de actuaciones); por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I y VIl, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos que tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial que ejerce este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Sobre el particular, cabe puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterio reiterado en relación a que el estudio de los actos reclamados por los gobernados que acuden a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, debe hacerse de manera integral y sistemática, es decir, se debe atender a la totalidad de las manifestaciones que se viertan en la demanda de amparo, para que de esa forma se conozcan los actos que verdaderamente se reclamen y las características de éstos, así como la situación jurídica que guarda el quejoso con respecto a dichos actos. Apoya a lo anterior, las jurisprudencias 2ª./J. 55/98 y P./J.40/2000, emitidas por la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomos VIII y XI, agosto de mil novecientos noventa y ocho y abril de dos mil, páginas doscientos veintisiete y treinta y dos, respectivamente, cuyos rubros son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". Ahora, de la lectura y análisis íntegro de la demanda inicial de amparo, constancias remitidas por el Juez responsable y pruebas ofrecidas por el peticionario del amparo, se advierte que el quejoso aduce ser el propietario del bien inmueble respecto del cual se le pretende desposeer, por lo que es dable concluir que dicho solicitante de la tutela constitucional reclamó dichos actos, por propio derecho. Corolario de lo anterior, el peticionario de amparo, por propio derecho y en su carácter de tercero extraño, reclama: La falta de emplazamiento a juicio y todo lo actuado en el expediente ********************, relativo al juicio oral mercantil, promovido por ********************, en contra de ********************, en su carácter de deudor principal y ********************, en su calidad de aval, en cuya ejecución se le pretende desposeer del inmueble localizado en el ********************, Municipio de ********************, Estado de México, de las medidas y colindancias siguientes: al norte 11.52 metros y colinda con ********************; al sur 3.55 y 7.35 metros, con ******************** y ********************; al oriente 15.25 y 10.10 metros, con ********************; y al poniente 25.50 metros y colinda con ********************; lo cual se traduce en la entrega del citado bien raíz. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez y la Ejecutora, ambos adscritos al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de ********************, Estado de México (foja 19 y 90), al rendir sus respectivos informes con justificación, aceptaron su existencia; lo que se corrobora fehacientemente con las copias certificadas que remitió el Juez responsable, relativas al expediente ********************, relativo al juicio oral mercantil; constancias a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Por su parte, el Director General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de ********************, Estado de México, al rendir su informe justificado (foja 15); negó la existencia del acto que se le reclama; ******************** embargo, dicha negativa se ve desvirtuada, pues de las constancias adjuntadas por el Juez responsable (fojas 19 a 89 de autos), se advierte la existencia del apercibimiento para el embargo de un inmueble en la localidad de la que refiere ser originario; por tanto, resulta procedente tener por ciertos los actos reclamados a dicha autoridad. CUARTO. Para un mejor entendimiento del presente asunto, se precisan los antecedentes del acto reclamado, que se advierten de la lectura de las constancias que en copia certificada anexó el juez responsable, y que previamente han sido valoradas, a saber: 1. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil quince, ******************** demandó en la vía oral mercantil, de ********************, en su carácter de deudor principal y ********************, en su calidad de aval, las siguientes prestaciones: "a. El pago de la cantidad de $85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN), por concepto de suerte principal, derivado de la falta de pago de dos pagarés que se anexan a la presente como documentos fundatorios de la acción. b. El pago de los intereses moratorios causados y que se sigan generando en cuanto a la suerte principal, a razón del 10% mensual, siendo este el interés moratorio, conforme al artículo 174, segundo párrafo del Código de Comercio, desde la fecha de mora y hasta la total solución del presente juicio. c. El pago de los gastos y costas que se originen en el presente juicio, hasta su total solución." 2. Admitida que fuera la demanda, el catorce de diciembre de dos mil quince, se emplazó a la parte demandada por conducto de ********************, en el domicilio ubicado en ********************, ******************** número, ********************, ********************, Estado de México, diligencia en la cual se corrió traslado con las copias selladas y cotejadas exhibidas por la actora y se le previno para que dentro del plazo de nueve días acudiera al Juzgado de origen a dar contestación a la incoada en su contra, así como para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, bajo apercibimiento que en caso de omisión se realizarían las mismas en la lista y boletín del Juzgado aludido. 3. Seguida la secuela procesal y ante a la omisión de la parte demandada en dar contestación en tiempo y forma, esto es, seguido el juicio en rebeldía previa petición realizada por la actora, el cinco de abril de dos mil dieciséis, el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de ********************, Estado de México, en los autos del expediente ********************, relativo al juicio oral mercantil y en ejercicio de la acción causal, determinó: "PRIMERO.- Ha sido fundada la pretensión ejercitada por la actora ******************** al haber acreditado la acción cusal derivada de los préstamos personales en la forma planteada y no haber opuesto estas últimas defensas y excepciones, por lo que: SEGUNDO.- Se condena a ********************, en su carácter de deudora principal y ********************, en su calidad de aval, únicamente al pago de la cantidad de $85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100) por concepto de suerte principal, a favor de su contraria; lo que deberá hacer dentro del término de TRES DÍAS a partir de que la presente cause ejecutoria. TERCERO.- Se condena a ********************, en su carácter de deudora principal y ********************, en su calidad de aval, al pago de los intereses moratorios a razón del (3%) tres por ciento mensual, calculados desde que se constituyeron en mora y hasta el total pago del adeudo; previa liquidación en ejecución de sentencia. CUARTO.- En cado de que las demandadas no realicen el pago, continúese con el procedimiento vía de ejecución para hacer pago al acreedor. QUINTO.- Se condena a ******************** en su carácter de deudor principal y ********************, en su calidad de aval, en su calidad de deudora principal (sic) al pago de Costas Judiciales, mismas que deberán cubrir a su contraparte previa regulación correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (.)". 4. Luego, el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, previa petición de la parte actora, el juez de origen, por conducto de la ejecutora de su adscripción, ordenó requerir a la parte demandada ******************** y ********************, en el domicilio donde fueron emplazadas (********************, ******************** número, ********************, ********************, Estado de México), a efecto de que dentro del término de ocho días, dieran cumplimiento a lo que habían sido condenadas en el resolutivo segundo de la sentencia definitiva de cinco de abril de dos mil dieciséis. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, el suscrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el quejoso no acreditó tener la propiedad o posesión del inmueble localizado en el ********************, Municipio de ********************, Estado de México, de las medidas y colindancias siguientes: al norte 11.52 metros y colinda con ********************; al sur 3.55 y 7.35 metros, con ******************** y ********************; al oriente 15.25 y 10.10 metros, con ********************; y al poniente 25.50 metros y colinda con ********************, el cual indica, es objeto de la Litis en el juicio de origen. En atención a lo anterior, se procede a analizar la causal de improcedencia prevista en la facción XII, del numeral citado, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. [.].". Sobre el particular debe establecerse en primer lugar, que el juicio de amparo es un medio de control sobre la constitucionalidad de los actos de autoridad que, de conformidad con lo que previsto en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución General de la República, asimila el siguiente principio que rige a la acción constitucional: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada". La anterior disposición se reproduce en el artículo 6° de la Ley de Amparo, al establecer, en lo conducente lo siguiente: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.].". En efecto, conforme a la doctrina y la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés jurídico en el juicio de amparo constituye en realidad un derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad que tiene todo gobernado de acudir a la instancia constitucional, con el objeto de que se anule o se deje ******************** efecto un específico acto de autoridad que está afectando, de manera negativa, un derecho individualizado y legítimo del que dicho gobernado es titular, y que considera violatorio de alguna garantía consagrada y protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con lo anterior, se deben considerar presupuestos del interés jurídico en el juicio de amparo, los siguientes: a) Titularidad del derecho que se considera afectado por el acto de autoridad que se reclama. Esto significa que aun cuando quedara demostrada la existencia del acto de autoridad reclamado y que además tal acto está afectando un bien o un derecho, si la parte quejosa no demuestra que sea titular de ese bien o derecho (legitimación), entonces carecerá de interés jurídico para efectos del juicio de amparo. b) Que ese derecho, del que la parte quejosa es titular, se encuentre legítima e individualmente tutelado y reconocido por el orden jurídico. Esto cercena la posibilidad de que al juicio de amparo se acuda en defensa de intereses que no encuentran protección en la ley (posesión ilícita de cosas, bienes o personas). c) Que el acto reclamado ocasione un perjuicio real, actual y directo en el bien o derecho a la parte quejosa; esto implica que está descartada la posibilidad de reclamar en el juicio de amparo actos de los que pudiera derivar un perjuicio eventual, mediato, futuro o incierto en tal bien o derecho. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página trescientos sesenta y cuatro, tomo VI, segunda parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.". De esa manera, la noción de perjuicio para los efectos del juicio de amparo, supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por una ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa afectación. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. En el caso concreto, el quejoso ******************** reclama sustancialmente la privación y desposesión de un inmueble del que se dice poseedor, adquirido mediante cesión de derechos, de diecinueve de agosto de dos mil nueve, celebrada entre el peticionario del amparo, en su calidad de cesionario y ********************, como cedente, ante el Presidente, Secretario y Tesorero del Comité de Vigilancia del Comisariado del Ejido ********************, Municipio de ********************, Estado de México, documento que exhibió en el incidente de suspensión deducido del presente sumario, del cual se anexa copia certificada y se trae como hecho notorio al formar parte inherente del presente juicio, no obstante de tramitarse por cuerda separada. Circunstancia que se corrobora al tener a la vista los autos de la referida incidencia; y a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo que estatuyen los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por identidad de razón, sustenta el proceder, la tesis XXII. J/12 emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN." (S.J.F. y su Gaceta, 9a. Época, Tomo V, enero de 1997, pág. 295) Ahora bien, el peticionario de amparo, manifiesta que es el legítimo posesionario de un bien raíz, consistente en: - El inmueble localizado en el ********************, Municipio de ********************, Estado de México, de las medidas y colindancias siguientes: al norte 11.52 metros y colinda con ********************; al sur 3.55 y 7.35 metros, con ******************** y ********************; al oriente 15.25 y 10.10 metros, con ********************; y al poniente 25.50 metros y colinda con ********************. Inmueble del cual dice, en parte se le pretende desposeer ******************** que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, ******************** haber sido oído y vencido en juicio. En esa tesitura, corresponde al promovente la carga procesal de acreditar fehacientemente, no sólo la calidad de propietario con la que se ostenta en este juicio, ********************o también la identidad del bien cuya titularidad aduce, a efecto de acreditar su interés jurídico, y con ello estar en posibilidad de analizar la eventual trasgresión a un derecho subjetivo público que de poseedor o propietario le corresponda. En el caso, se actualiza la citada causal de improcedencia, dado que no existe demostrada la identidad del bien inmueble cuya desposesión argumenta el ahora quejoso, por los motivos que se proceden a exponer: De las manifestaciones vertidas en su escrito de demanda relacionadas con la totalidad de las constancias que allegó el quejoso al juicio de amparo en que se actúa, así como al incidente de suspensión deducido del mismo, se infiere que el inmueble que pretende defender en el ubicado en el ********************, Municipio de ********************, Estado de México, de las medidas y colindancias siguientes: al norte 11.52 metros y colinda con ********************; al sur 3.55 y 7.35 metros, con ******************** y ********************; al oriente 15.25 y 10.10 metros, con ********************; y al poniente 25.50 metros y colinda con ********************, ubicación que se encuentra descrita en la cesión de derechos que exhibió y de la cual ya se mencionó en líneas precedentes; No obstante, de la constancia de emplazamiento practicada por el fedatario adscrito al juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de ********************, Estado de México, se colige que la diligencia de mérito se efectuó en la ********************, ******************** número, ********************, en ********************, Estado de México, mismo en el cual, conforme al proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el expediente ********************, relativo al juicio oral mercantil del índice del Juzgado en cita, se ordenó el requerimiento a la parte demandada ******************** y ********************, a efecto de que dentro del término de ocho días, dieran cumplimiento a lo condenado en el resolutivo segundo de la sentencia definitiva de cinco de abril de dos mil dieciséis, esto es, en el inmueble en que fueron emplazadas. Como se aprecia, de acuerdo a las afirmaciones del quejoso, el inmueble objeto de los actos de autoridad que reclama, se encuentra en "El ********************, Municipio de ********************, Estado de México, de las medidas y colindancias siguientes: al norte 11.52 metros y colinda con ********************; al sur 3.55 y 7.35 metros, con ******************** y ********************; al oriente 15.25 y 10.10 metros, con ********************; y al poniente 25.50 metros y colinda con ********************"; en tanto que, el domicilio en el cual el personal del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de ********************, practicó la diligencia de emplazamiento, se encuentra localizado en la ********************, ******************** número, ********************, ********************, Estado de México, misma que fue atendida por la propia demandada ********************. Ahora, a fin de evidenciar la transgresión de que se duele y justificar la existencia a su favor de los derechos que dijo conculcados, el promovente del amparo, en autos del incidente de suspensión deducido del juicio de amparo en que se actúa, únicamente aportó al juicio como medio de convicción: La documental privada, consistente en la cesión de derechos, de diecinueve de agosto de dos mil nueve, celebrada entre el peticionario del amparo y la señora ********************, ante el Presidente, Secretario y Tesorero del Comité de Vigilancia del Comisariado del Ejido ********************, Municipio de ********************, Estado de México, en la cual se hace referencia al inmueble ubicado en el ********************, Municipio de ********************, Estado de México, de las medidas y colindancias siguientes: al norte 11.52 metros y colinda con ********************; al sur 3.55 y 7.35 metros, con ******************** y ********************; al oriente 15.25 y 10.10 metros, con ********************; y al poniente 25.50 metros y colinda con ********************. Sin embargo, tal probanza resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico por parte del quejoso, pues para determinar la identidad de un bien inmueble, resulta necesario acudir a la prueba pericial en materia de topografía. Al respecto debe decirse que la intervención de peritos tiene lugar siempre que en un procedimiento judicial se presenten ciertas cuestiones, cuya solución, para poder producir convencimiento en el ánimo del Juez, requiere el examen de conocimientos técnicos especiales. El Diccionario Jurídico Mexicano refiere que "recibe el nombre de peritaje el examen de personas, hechos u objetos, realizado por un experto en alguna ciencia, técnica o arte, con el objeto de ilustrar al Juez o Magistrado que conoce de una causa civil, criminal, mercantil o de trabajo, sobre cuestiones que por su naturaleza requieran de conocimientos especializados que sean del dominio cultural de tales expertos cuya opinión resulte necesaria en la resolución de una controversia jurídica. Medio de prueba mediante el cual una persona competente atraída al proceso, lleva a cabo una investigación respecto de alguna materia o asunto que forme parte de un juicio a efecto de que el tribunal que tenga conocimiento del mismo se encuentre en posibilidad de resolver sobre los propósitos perseguidos por las partes en conflicto, cuando carezca de elementos propios para hacer una justa evaluación de los hechos.". Así, se advierte que el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos, y mediante la cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. Atento a lo anterior, con base en lo dispuesto en el artículo 144 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el objeto de la prueba pericial es el auxilio en la administración de justicia, consistente en que un experto en determinada ciencia, técnica o arte, aporte al juzgador conocimientos propios de la materia de la que es experto, y de los que el juzgador carece, porque escapan al cúmulo de conocimientos que posee una persona de nivel cultural promedio; conocimientos que además, resultan esenciales para resolver determinada controversia. Ahora bien, en el artículo 211 del mismo ordenamiento legal, se dispone que la valoración de la prueba pericial quedara a la prudente apreciación del tribunal. Sin embargo, existen casos en los que resulta difícil para el juzgador, que generalmente carece de los conocimientos en que se basa un perito para elaborar su dictamen, determinar el alcance probatorio del mismo, sobre todo en aquellos casos en los que dos o más peritos, respecto de la misma cuestión, emiten opiniones diversas o incluso contradictorias. Al respecto, se ha considerado que, en caso de duda, un criterio útil para valorar la prueba pericial consiste en analizar el método y la fundamentación científica, artística o técnica que respaldan las opiniones de los peritos. En efecto, el alcance probatorio de una pericial, para demostrar los hechos sobre los que versa, no se obtiene normalmente, de las simples conclusiones expuestas por el perito, de manera gratuita y ******************** exponer sustento alguno, pues la prueba pericial no es un medio probatorio que se base en la simple autoridad del experto, ********************o en los conocimientos que éste puede aportar al juzgador. Por consiguiente, se estima trascendental, para efectos de la correcta valoración de la prueba, que además de exponer su opinión, primordialmente, el perito exponga y explique las premisas, reglas o fundamentos correspondientes a la ciencia, técnica o arte de que se trate, en las que se haya basado para analizar el punto concreto sobre el que expone su opinión, y que en dicha exposición, el perito explique la forma en que dichas premisas, aplicadas al punto concreto, conducen a la conclusión a la que arriba y que constituye el contenido de su opinión. En otras palabras, un dictamen pericial debidamente fundamentado es aquél en el cual, el perito expone su conclusión explicando expresamente el funcionamiento de las premisas científicas, artísticas o técnicas y su aplicación al caso, mediante el método científico, o bien, mediante un método que, en concepto del perito, sea el más adecuado a la ciencia, arte o técnica de que se trate, de todo lo cual tendrá que convencerse el juzgador. Únicamente de esta manera, la prueba pericial cumplirá cabalmente con su objetivo, que como se ha señalado, consiste en dotar al juzgador de los conocimientos científicos, técnicos o artísticos necesarios para resolver, y el dictamen pericial contendrá un razonamiento coherente que pueda aportar elementos que convenzan al juez. En cambio, si un dictamen pericial contiene premisas vagas e imprecisas, no serán suficientes para ilustrar de manera adecuada al Juez del conocimiento. Así, en la especie, dada la incertidumbre en cuanto a la ubicación del inmueble cuya titularidad aduce el quejoso y por consiguiente si éste ha sido o no materia de afectación por parte de los actos tildados de inconstitucionales, se insiste, era necesario que ante tal ambigüedad, se acudiera a la prueba pericial correspondiente, que en el caso, lo era la experticia en materia de topografía. En la especie, como se aprecia de autos, el quejoso no ofreció dicho medio de prueba, lo cual evidencia la imposibilidad para establecer la ubicación y colindancias del bien raíz que refiere como de su propiedad, y por ende, imposibilita a este Órgano de Control Constitucional para determinar si efectivamente tal bien inmueble está siendo afectado por los actos que de las autoridades se reclaman. De lo hasta aquí narrado, se advierte que existe incertidumbre jurídica respecto de la ubicación e identidad del inmueble al que se refiere la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y del cual manifestó ser titular. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicado en la página quinientos cincuenta y cinco, tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: "PROPIEDAD Y POSESIÓN DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACIÓN CUANDO SE RECLAMA PRIVACIÓN DE LA. Si la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña en el juicio natural, no aporta al juicio de garantías los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio ordinario del cual emana el acto reclamado, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación al interés jurídico de la quejosa.". En las apuntadas circunstancias, cabe sostener que el quejoso no justifica la afectación a los derechos de propiedad y de posesión que dijo tener respecto del inmueble mencionado en su escrito inicial de demanda, lo anterior en virtud de no haberse acreditado de manera fehaciente la identidad del bien raíz objeto del acto reclamado con aquél cuya titularidad dice tener. Por tanto, es de considerar que no se demostró el presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional, exigido por el artículo 6° de la Ley de Amparo, el que dispone que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Sobre el tema tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecisiete, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto establece: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". A mayor abundamiento, desde una segunda perspectiva se considera que el quejoso no sufre afectación en su esfera de derechos subjetivos, porque no es parte en el juicio de origen y no existe ningún proveído dirigido hacia su persona o bienes (incluyendo el inmueble cuya propiedad dice ostentar); menos algún acto de autoridad judicial que hubiere afectado tales derechos. En consecuencia, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 6°, aplicado a contrario sensu, por los razonamientos antes expuestos, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo en términos del precepto 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo; lo que impide analizar las cuestiones de fondo propuestas por el impetrante del amparo, tendentes a demostrar la violación, que aduce, de sus derechos. Apoya este razonamiento, la jurisprudencia II.3o.J/58, del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, página 57, Semanario Judicial de la Federación de Octubre de 1993, Octava Época, rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". Finalmente, es conveniente dejar definido que para su emisión se tomó como directriz el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir el amparo directo en revisión 3103/2012, el pasado veintiocho de noviembre de dos mil doce, en tanto que en la ejecutoria de que se trata, se sostuvo, en líneas generales, que incluso con la existencia de la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal, de junio de dos mil once, no es dable asumir que a través del juicio de amparo sea posible dolerse de cualquier acto o ley, ******************** que se verifiquen ciertos supuestos que permitan el inicio de un medio de defensa, como lo es el hecho de que la demanda de amparo se formule atendiendo a las formalidades procesales, las cuales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución; así, concluyó la Primera Sala, que estimar lo contrario significaría modificar el régimen establecido por la Constitución, respecto de los aspectos de procedencia del juicio de amparo, declarando procedente lo improcedente. De la ejecutoria en cuestión derivó la tesis 1ª LXXXIV/2013 (10ª), consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 890, que es del tenor siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, ******************** que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Asimismo, es aplicable a lo anteriormente expuesto la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, consultable en la página 906 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, materia Constitucional, registro 2004748, cuyo contenido es: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." En el mismo sentido, se tomó en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros), contra Perú, adujo: "Consideraciones de la Corte - - - 102. El artículo 1.1 de la Convención dispone: - - - 1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, ******************** discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. - - - 103. El artículo 2 de la Convención establece que: - - - Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. - - - 104. El artículo 8 de la Convención dispone que: - - - 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter. - - - 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: - - - a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o interprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; - - - b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; - - - c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; - - -d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; - - - e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el culpable no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; - - - f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; - - - g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; - - - h. derecho de recurrir de falo ante juez o tribunal superior. - - - 105. El artículo 25 de la Convención señala que: - - - 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. - - - 2. Los Estados se comprometen: - - - a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; - - - b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y - - - c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. - - - 106. La Corte ha sostenido que, según la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1) , todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1) 64. [64 Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 8, párr. 110; Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 127, y Caso Ximenes López, supra nota 9, párr. 175.] - - - 107. El Tribunal recuerda que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene por fin proporcionar al individuo medios de protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente frente al Estado. En la jurisdicción internacional las partes y la materia de la controversia son, por definición, distintas de las de la jurisdicción interna65. [65 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 365; Caso de la 'Masacre de Mapiripán', Sentencia del 15 de Septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 211, y Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 56.] Al establecer si el Estado es responsable internacionalmente por la alegada violación a los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, el aspecto sustancial de la controversia ante la Corte no es si en el ámbito interno no se emitieron sentencias o resoluciones administrativas, o si se aplicaron o no determinadas disposiciones de derecho interno, en relación con las violaciones que se alega fueron cometidas en perjuicio de las presuntas víctimas de los hechos, ********************o si los procesos internos permitieron que se les garantizara un verdadero acceso a la justicia, conforme a los estándares previstos en la Convención Americana, para determinar los derechos que estaban en controversia66. [66 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 65, párr 339; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 6, párr. 206, y Caso de la 'Masacre de Mapiripán', supra nota 65, párr. 211.] - - - [.] - - - 122. La Corte ha interpretado que los términos del artículo 25.1 de la Convención Americana implican la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales [. y] que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, ********************o también de aquéllos que esté reconocidos por la Constitución o por la ley. - - - 123. Asimismo, este Tribunal ha considerado que los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 [de la Convención] y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática. - - - 124. Además de cuestionar los fundamentos de la decisión del Tribunal Constitucional que declaró la improcedencia del amparo, la Comisión alegó, basándose en sus precedentes, que las presuntas víctimas tenían el derecho de que las autoridades judiciales entraran a resolver sobre el fondo del asunto. Por su parte, el Estado citó otros informes de fondo dictados por la Comisión Interamericana y alegó que aunque en esos otros casos los tribunales de justicia no llegaron a pronunciarse sobre el fondo del asunto por razones de procedimiento, aquélla no consideró que el Estado hubiese vulnerado el derecho a un recurso efectivo. - - - 125. En ese sentido, la Corte ha entendido que para que exista un recurso efectivo no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, ********************o que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No obstante, el hecho de que determinado recurso sea resuelto en contra de quien lo intenta, no conlleva necesariamente una violación del derecho a la protección judicial. - - - 126. La Corte considera que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estado deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto plateado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, ******************** que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. - - - [.] - - - 128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, ********************o también 'de convencionalidad' ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, ******************** considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones. - - - [.].". Como se ve en los parágrafos 126 y 128 del referido fallo, la Corte Interamericana reconoció que los Estados parte cumplen con establecer un recurso judicial efectivo, cuando el recurso interno está disponible para el interesado, ******************** embargo, esto no lleva a "considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, ******************** que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado". Asimismo, la Corte Interamericana dejó establecido que si bien los poderes judiciales de los Estados que ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos, están obligados no sólo a ejercer un control de constitucionalidad, ********************o también de convencionalidad ex-officio, "esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, ******************** considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones." Criterio que si bien emanó de un conflicto de índole laboral, lo cierto es que, por lo que hace a la verificación de los presupuestos formales de procedencia de los medios impugnativos internos de cada Estado, se erige en una tesis temática en materia común, jurídicamente apta para justificar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, precisamente que los tribunales internos no deben resolver invariablemente los asuntos en cuanto al fondo, cuando no se superen los requisitos internos de procedencia y/o indivisibilidad. Por consiguiente, queda demostrado que no se ignoró al sobreseer en el presente juicio, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de dos mil once. Por lo expuesto, fundado y motivado, se, RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 897/2016, promovido por ********************, por propio derecho, contra las autoridades responsables y por los actos que precisados quedaron en el resultando primero, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del licenciado Oscar Jesús Segundo Suárez, secretario que autoriza, firma y da fe, hoy treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en que las labores de este órgano de control constitucional permitieron su engrose. Doy fe. *Yvc

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