Hermelindo Hernández Marín

Expediente 310/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
310/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/04/2019

Partes del expediente

  • Hermelindo Hernández Marín

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió en exceso el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, a efecto de que compareciera a este Juzgado Federal a recoger los documentos originales que exhibió en el presente sumario Constitucional, esto, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que en caso de no comparecer en el término fijado dichos documentos serían destruidos con el presente expediente. En consecuencia, toda vez que ha fenecido el plazo otorgado mediante el proveído de referencia, sin que la parte quejosa acudiera a este órgano jurisdiccional para los fines citados con antelación, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, los documentos exhibidos serán destruidos con el presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Hermelindo Hernández Marín y Blanca Estela Vázquez Álvarez, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Por otro lado, toda vez que existen documentos originales exhibidos en la demanda de amparo, se ordena notificar personalmente a la parte promovente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese, y personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo de amparo promovida por Hermelindo Hernández Marín y Blanca Estela Vázquez Álvarez, contra actos que reclaman del Juez y Actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con sede en Tamanzunchale, San Luis Potosí, por considerar violatorios en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 310/2018-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. ... ... ..Esencialmente, los citados criterios jurisprudenciales interpretan que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior, se tiene que los promoventes del amparo reclaman lo siguiente: ACTO RECLAMADO de la autoridad señalada como RESPONSABLE ORDENADORA, C. Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en Tamazunchale, San Luis Potosí, reclamamos el Temerario e Infundado Juicio Ejecutivo Mercantil Número 569/2018 instaurado en contra nuestra, y de la Autoridad señalada como EJECUTORA reclamamos la ilegal notificación y emplazamiento efectuado a los suscritos; por la LIC. PRISCILA NOELIA OEJDA PEREZ Actuaria Judicial Adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial; el día 01 de Agosto del 2018, así como el ilegal embargo trabado sobre bienes de nuestra propiedad, que más adelante se precisara. Entonces, se tiene que los impetrantes reclaman esencialmente el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 569/2018 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en Tamazunchale, San Luis Potosí, promovido por el endosatario en procuración de Caja Solidaria Kafen Tomin, Sociedad Civil de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en ejercicio de la acción cambiaria directa contra los quejosos, demandando el pago de la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N) como suerte principal y demás prestaciones, efectuado por la Actuaria adscrita al juzgado en cita el uno de agosto del año en curso, en el domicilio ubicado en Privada Jasmin, sin número del barrio la Libertad, municipio de Axtla Terrazas, San Luis Potosí; sin embargo, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, es así, que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. La fracción inserta regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativas o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. ... De lo anterior se desprende que el medio de control Constitucional es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los medios de defensa por medio de los cuales se pueda modificar, revocar o anular los actos reclamados; por ende, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. ...En el caso, resulta jurídicamente válido afirmar que los actos reclamados no constituye un acto con carácter definitivo; por ende, se afirma que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que los promoventes, en su carácter de demandados en el juicio ejecutivo mercantil de origen, no agotaron el medio ordinario de defensa previsto por la codificación adjetiva, en atención a lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque debe destacarse que los quejosos reclaman lo actuado en el juicio que a saber son como ya se mencionó: el emplazamiento al juicio de origen, practicado el uno de agosto del año que transcurre por la Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en Tamazunchale, San Luis Potosí, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 569/2018 del índice del Juzgado de su adscripción, en contra del que enderezan todos sus conceptos de violación. En consecuencia, se advierte que el medio ordinario que los amparistas debieron de promover antes de acudir al amparo se encuentra regulado en el artículo 1.390 Bis 6 del Código de Comercio vigente que dispone lo siguiente: Art 1,390 Bis 6. La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante ésta hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia definitiva. La del emplazamiento, por su parte, podrá reclamarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. Si la nulidad del emplazamiento se promueve hasta antes de la audiencia preliminar, se hará de manera escrita, con vista a la contraria por el término de tres días y se citará para audiencia especial, en la que se desahogarán las pruebas que en su caso se hayan admitido, y se dictará la sentencia correspondiente. Si se promueven pruebas, deberán ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que versen. Si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados incidentalmente, o si éstos son puramente de derecho, el tribunal deberá desecharlas. Igual regla se seguirá para la nulidad promovida en audiencia. La nulidad del emplazamiento que se promueva durante las audiencias preliminar o de juicio se realizará de manera oral y la parte contraria la contestará en igual forma y de no hacerlo se tendrá por precluído su derecho. Si se ofrecen pruebas y de ser procedente su admisión, el Juez ordenará su desahogo de ser posible en la misma audiencia o en su defecto, citará a las partes para audiencia especial. Desahogadas las pruebas admitidas o cuando las partes no ofrezcan pruebas, o las que propongan no se admitan, el juez escuchará los alegatos de las partes en el orden que determine y sin mayores trámites, dictará la resolución interlocutoria si fuera posible; en caso contrario, citará a las partes para dictarla también en audiencia, dentro del término de tres días." Así como el diverso artículo. 1,390 Bis 40 que establece lo siguiente: De los Incidentes. Art. 1,390 Bis 40. Los incidentes deberán promoverse oralmente en las audiencias y no las suspenderán. Se exceptúan los incidentes relativos a la impugnación de documento o de nulidad del emplazamiento, mismos que se substanciarán en la forma que más adelante se precisa. La parte contraria contestará oralmente en la audiencia y, de no hacerlo, se tendrá por precluído su derecho. Como de los textos se advierte, que los invocados numerales que prevén el incidente de nulidad de actuaciones como medio para combatir aquéllas que se estimen contrarias a derecho, como es el caso del emplazamiento y lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil de origen del que se duelen los amparistas. En ese contexto, se insiste teniendo en cuenta que el acto reclamado destacado lo hacen consistir en el emplazamiento de uno de agosto de dos mil dieciocho practicada por la Actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en Tamazunchale, San Luis Potosí, en el que se ordenó trabar el embargo de un bien mueble dentro de los autos del expediente 569/2018, resulta válido afirmar que esas actuaciones puede ser impugnadas mediante el incidente de nulidad respectivo, en la actuación subsecuente en la que intervengan los que promueven, ya que se encuentra expresamente regulado en la citada codificación. En ese sentido, y considerando que los promoventes como ya se mencionó son parte demandada en el juicio de origen, están en condiciones de acudir a defender sus derechos, en la vía referida con anterioridad; y por la fecha en que se realizó el emplazamiento, es obvio que aún no se resuelve el juicio mercantil de origen, lo cual se acredita con las documentales que anexaron los promoventes a su demanda, consistentes en las constancias de notificación y diligencias de emplazamiento y como consecuencia de éste el requerimiento de pago y embargo practicadas por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí el uno de agosto de dos mil dieciocho. En este orden de ideas, al no haberse hecho valer contra la notificación y el emplazamiento que se reclama el incidente de nulidad de actuaciones, es claro que no se satisface por la parte promovente el principio de definitividad que regula el juicio de amparo, que consiste en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previsto en la ley que regula la determinación impugnada, mediante el cual pudieron ser modificados o revocados; atento a lo cual, es incuestionable que los solicitantes de la protección de la justicia federal debieron agotar tal procedimiento antes de acudir a esta instancia constitucional, pues, ante la existencia del mismo pudieron haber logrado lo pretendido a través del juicio de Amparo. De ahí que, este Juzgador estime que los promoventes están obligados a agotar el aludido incidente de nulidad de actuaciones previo a interponer el presente juicio constitucional, en observancia al principio de definitividad, ya que a través de ese medio de defensa, la autoridad respectiva podría estar en aptitud de revocar, modificar o confirmar la actuación reclamada, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. ...En consecuencia, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara que operan las causales de improcedencia en estudio en relación con los actos reclamados, además de que se cuenta con todos los elementos para llegar a esa determinación; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Por otra parte, tomando en consideración que las quejosas, señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal, aun las de carácter personal. ...Asimismo, se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alfredo Hernández Herrera, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. En otro aspecto, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Hermelindo Hernández Marín. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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