Hermelindo Hernández Marín

Expediente 441/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
441/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Hermelindo Hernández Marín

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 21 a 26), en que desechó la demanda promovida por ***, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por ***-promovente en el juicio de amparo en que se actúa-, por medio del cual, desahoga el requerimiento formulado en proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 13 a 16). Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En esa virtud, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación en los diversos 17 y 18, todos de la ley invocada. Dichos dispositivos legales estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días (.) "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por lo que toca a la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, señala que el consentimiento expreso implica la conducta que desarrolla el quejoso, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que le cause un agravio o perjuicio presente, lo que implica la manifestación de voluntad que entraña el consentimiento del acto reclamado, al no impugnarse dentro del término que puntualizan los ordinales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por regla general de quince días, el amparo se vuelve inadmisible. En la inteligencia de que el lapso referido se computará de la siguiente manera: a) Al día siguiente al en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al día siguiente en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al día siguiente en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Conforme a estas disposiciones, el juicio de amparo es improcedente si se promueve después de los quince días siguientes a que surta efectos la notificación del acto reclamado conforme a la ley que lo rige, como lo establece el artículo 18 de la Ley de Amparo. En ese contexto, atento al contenido del escrito inicial de demanda y el diverso aclaratorio de cuenta, se advierte que en la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado: Escrito de demanda "De la autoridad responsable RECLAMO el infundado REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO dictado dentro de Juicio Ejecutivo Mercantil Número 569/2018 de fecha 06 de mayo del 2019, notificado al suscrito el día 29 de octubre del 2019; donde se me requiere a fin de que dentro del término legal de 03 días haga entrega de los bienes muebles señalados mediante acta de requerimiento de pago de fecha 01 de Agosto del año 2018, apercibido para el caso de no hacerlo se procederá en términos de lo establecido por el numeral 467 del Código Federal de Procedimientos Civiles." Escrito aclaratorio que sí es mi deseo señalar como acto reclamado el Emplazamiento realizado dentro del Juicio ejecutivo Mercantil Número 569/2018, del índice del Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí. Precisando que el suscrito tuve conocimiento de tal diligencia el día 18 de agosto del año 2018,(sic) Por otro lado manifiesto que si es mi deseo señalar como autoridad responsable al actuario adscrito al Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí: Señalando como acto reclamado el Emplazamiento e ilegal embargo realizado dentro del Juicio ejecutivo Mercantil Número 569/2018, esto es así por que (sic) sus actos violan en perjuicio del suscrito las garantías, de Legalidad y Derechos Humanos , Seguridad Jurídica y Audiencia consagradas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el emplazamiento por su naturaleza y trascendencia debe ser cuidadosamente hecho, y los vicios del mismo deben ser tomados en cuenta ineludiblemente por la autoridad Federal, por que (sic) su ILEGALIDAD implica una extrema gravedad por las consecuencias que puede acarrear a quien en forma defectuosa fue llamado a juicio, o bien, no lo fue, por ello la falta de emplazamiento o su realización en forma contraria a las disposiciones legales aplicables, constituye una de las violaciones procésales de mayor magnitud y de carácter más grave, que imposibilita al demandado poder defenderse y en este caso se notificó, emplazo y embargo, en un domicilio que no es el mío, tal y como se ha señalado en el escrito inicial de Amparo." Ahora, la parte que demanda el amparo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la diligencia de emplazamiento y embargo realizada dentro del juicio ejecutivo mercantil número 569/2018, del índice del Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Tamazunchale, el dieciocho de agosto de dos mil dieciocho e incluso reconoce, que contra dicho acto promovió un juicio de amparo, que en su oportunidad fue desechado. Al respecto debe decirse que la existencia del juicio de amparo que menciona el quejoso, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en tanto que de la consulta del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el juicio de amparo radicado bajo el número 310/2018 (no 569/2018, como erróneamente se señaló en el escrito aclaratorio) del índice de este juzgado federal, fue promovido por el aquí quejoso en contrato de la diligencia de emplazamiento y embargo antes indicada, el que fue desechado mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, mismo que causó estado el treinta y uno de agosto de dicho año, ordenándose su archivo definitivo por auto de quince de abril del mismo año. Cabe mencionar que la demanda de amparo que dio origen al juicio en comento fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, el veinte de agosto de dos mil dieciocho, y en ésta el aquí quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la diligencia de emplazamiento y embargo el dieciocho de agosto de dos mil dieciocho. En ese contexto, si el quejoso reconoce expresamente que tuvo conocimiento desde el dieciocho de agosto de dos mil dieciocho de la existencia del juicio ejecutivo mercantil 569/2018 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí e incluso que presentó demanda de amparo en contra de dicho acto ostentándose como tercero extraño a juicio, y en el presente asunto, combate nuevamente actos derivados del juicio mercantil en mención, aludiendo la misma calidad, procede computar el plazo de quince días previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo a partir de la data de referencia. Así, si el quejoso tuvo conocimiento del juicio ejecutivo mercantil 569/2018, el dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, el plazo citado transcurrió del día hábil siguiente, esto es, del veinte de agosto al siete de septiembre de dos mil dieciocho, sin contar el veinticinco y veintiséis de agosto, uno y dos de septiembre, todos del año dos mil dieciocho por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, si la presente demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, resulta evidente que la promoción del juicio de amparo es extemporánea. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el que en el presente caso el promovente impugne también el acuerdo de seis de mayo de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 569/2018, por el que se le requiere la entrega de los bienes embargados en la diligencia de emplazamiento de uno de agosto de dos mil diecinueve, puesto que de sus manifestaciones se advierte que lo hace aludiendo a los defectos que a su decir tiene esta última, es decir en su calidad de tercero extraño, y en ese entendido, es claro que su derecho a ejercer la acción de amparo como tal surgió a partir de que tuvo conocimiento del juicio natural, y no se regenera por cada acto posterior, puesto que no se trata de actos autónomos, y como tal, la aludida calidad solo le confiere una oportunidad para promover el juicio de amparo y defender sus derechos que son materia de un juicio en el que no es parte. Es menester destacar que la parte promovente de amparo no se encuentra dentro de algún caso de excepción al plazo de quince días a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales para la presentación de su demanda, en tanto que el acto que reclama no se ubica en alguna de esas hipótesis. En conclusión, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la transcrita fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; por lo que se desecha la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese y personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve *** en contra de actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 441/2019-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, y V, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se requiere al promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve, con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes y bajo protesta de decir verdad: Manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado el emplazamiento realizado dentro del juicio ejecutivo mercantil 569/2018, del índice del Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí. Lo anterior, toda vez que, si bien en el capítulo correspondiente señala como tal el requerimiento y apercibimiento de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, en la que se le requiere la entrega de los bienes muebles que le fueron embargado el uno de agosto de dos mil dieciocho, del contenido de la demanda de amparo, específicamente en los antecedentes del acto reclamado y en los conceptos de violación, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se le emplazó y embargó en un domicilio que no es el suyo. En el entendido, que de señalar como acto reclamado la referida diligencia, deberá precisar la fecha en que tuvo conocimiento de ésta, e indicar si es su deseo señalar como autoridad responsable al actuario adscrito al Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, formulando, en su caso los conceptos de violación que estime pertinentes; adjuntando a efecto de correr traslado a dicha autoridad, la copia correspondiente del escrito aclaratorio, no así del escrito de demanda, en tanto que exhibió seis copias del mismo, por lo que en caso de ser requerida son suficientes para tal efecto. Precise la etapa en la que se encuentra el referido juicio ejecutivo mercantil 569/2018, esto es, si se encuentra en cumplimiento a una sentencia o en etapa de remate. Si ha promovido diversos juicios de amparo respecto del juicio ejecutivo mercantil 569/2018, de la autoridad que señala como responsable y ante qué órganos jurisdiccionales los ha presentado. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 12/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 687, con número de registro 2006096, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE RECLAME LA NOTIFICACIÓN O EL EMPLAZAMIENTO PRACTICADO POR EL ACTUARIO Y EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR A ÉSTE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL ESCRITO RELATIVO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE ACLARE DICHA OMISIÓN, ANTES DE ACORDAR SOBRE SU ADMISIÓN. Del artículo 116, en relación con los numerales 145 a 147 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que cuando de la lectura integral de la demanda relativa, el juez de distrito advierta que el acto reclamado consiste en la notificación o el emplazamiento practicado por el actuario, y no se le señale como autoridad responsable en el escrito referido, aquél deberá prevenir al quejoso para que -dentro del término de tres días- aclare si desea designarlo como tal, previamente a la admisión de la demanda, con el fin de garantizar el inicio y la conducción adecuada del proceso. Así, una vez que el promovente desahogue la prevención en la que indique si desea o no señalar como autoridad responsable al actuario ejecutor, u omita desahogar dicha prevención dentro del término referido, el juez estará en aptitud de dictar el auto de admisión, con base en la totalidad de los elementos que tenga a su alcance o, en su caso, tener o no como autoridad responsable a dicho funcionario; pero tal prevención deberá realizarse previo a la admisión de la demanda, toda vez que de los artículos 146 y 147 de referencia, no se advierte que el juzgador esté autorizado a que en el propio auto admisorio pueda prevenir para que se subsane una irregularidad como ésta." Por otra parte, resulta aplicable la tesis I.4o.C. 26 K sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO.- Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." Ahora, en virtud de que se trata de datos indispensables para proveer respecto de la demanda planteada, se apercibe al solicitante del amparo que de no cumplir con lo indicado en los incisos a, b y c dentro del término legal concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la misma. Ahora, tomando en consideración que el quejoso, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal, aun las de carácter personal. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, del tenor literal siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Asimismo, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alfredo Hernández Herrera, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese personalmente al promovente.

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