Heriberto Lárraga Vega

Expediente 694/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
694/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Heriberto Lárraga Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos... los documentos exhibidos serán destruidos.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, donde se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, no fue recurrido dentro del plazo de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo Al no existir trámite pendiente que realizar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Relevancia El cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda que originó el presente asunto; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Anotaciones archivo Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-. Devolución de documento Ahora, toda vez que existen documentos exhibidos en el juicio de amparo, se ordena notificar personalmente al promovente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días hábiles, a recoger los documentos que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos, lo anterior en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Demanda de amparo e identificación de las partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto que reclama al Secretario General del Ayuntamiento de Coxcatlán en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, que considera violatorio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 694/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El artículo citado, refiere que se tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el peticionario señala como acto reclamado: -Omisión de emitir pronunciamiento respecto de un crédito para garantizarlo, ordenado dentro de los autos del juicio contencioso administrativo de nulidad 298/2022/3 del índice de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en el Estado de San Luis Potosí. Desechamiento Sobre el particular, de oficio se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del diverso 63 del mismo ordenamiento, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y, (.)". Lo anterior, tomando en consideración que la omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad; por lo que, cuando un gobernado realiza una solicitud ante una autoridad, incorpora a su esfera jurídica un derecho subjetivo, el cual, es violentado si la autoridad omite dar contestación a la solicitud realizada y dicha violación perdura en tanto dicha autoridad siga en ese estado omisivo. Por lo que, cuando se reclaman actos omisivos, la carga de la prueba se constituye, por regla general, en contra de las autoridades, quienes se encuentran obligadas a demostrar que no existe tal omisión y que han dado respuesta al derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional, en los términos establecidos en las legislaciones que prevean el caso concreto; pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, la autoridad está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. No obstante, sobre el tema en cuestión se precisa que para la existencia de la omisión, debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido; esto es, uno de los presupuestos para la existencia de un acto omisivo, es que exista una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe; y, que ante esa petición no haya recaído respuesta alguna. Por tanto, para demostrar que existe una omisión de dar una respuesta (con independencia del sentido en que esta se pudiera emitir) por parte de una autoridad, se requiere en primer término que se acredite que se realizaron los trámites conducentes; es decir, que de una manera previa el promovente de amparo demuestre que presentó ante la autoridad responsable el escrito del que exige su contestación, y que hubo omisión en dar respuesta por parte de la autoridad obligada a otorgarla. Asimismo, de los anexos que se acompañan a la demanda que aquí se provee, se advierte que las autoridades señaladas como responsables dieron contestación (el veintiséis de octubre de dos mil veintidós) a su escrito de veinte del mes pasado (petición); por lo que, atenta a las consideraciones antes apuntadas, se desprende que la aseveración de la parte quejosa, respecto de la omisión reclamada se estima es inexistente. Lo anterior, en virtud de que del ocurso que aquí se provee y de sus anexos, se advierte que contrario a lo afirmado, ya se habían acordado las promociones presentadas el veinte de octubre del año en curso, ante el Secretario General, Director de Giros Mercantiles y Tesorería Municipal, todos del Ayuntamiento de Coxcatlán, San Luis Potosí; de ahí que se advierta la inexistencia del acto reclamado, puesto que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio (tres de noviembre de dos mil veintidós), como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta Ciudad, el acto reclamado era ya inexistente, puesto que había recaído acuerdo a las peticiones del promovente (el veintiséis de octubre de dos mil veintidós). Por tal motivo, y en razón de que, por regla general la existencia del acto reclamado debe analizarse en atención a la fecha en que fue presentada la demanda de amparo, y no con posterioridad a ésta, pues de lo contrario la suscrita Juzgadora tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen al juicio en que se actúa; por tanto, se tiene que el acto aquí reclamado resulta inexistente, ya que las responsables no fueron omisas en atender los escritos en mención. En ese contexto, ante la inexistencia del acto reclamado y que además no se advierte que exista algún medio de convicción que acredite persista en su esfera jurídica la existencia de la omisión reclamada, de conformidad a lo previsto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se advierte que no puede ser materia de estudio. Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo promovida ***, en contra del acto reclamado al Secretario General del Ayuntamiento de Coxcatlán en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, por actualizarse la improcedencia prevista en la fracción XXIII, del citado artículo 61, en relación con la fracción IV, del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la legislación en cita. Domicilio Ahora, tomando en consideración que el solicitante de amparo, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado federal, lo que no es técnicamente posible; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este juzgado federal, aun las de carácter personal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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