Heriberto Bello Hernandez
Expediente 197/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 197/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Heriberto Bello Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
CITATORIO Y AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS LA DETERMINACIÓN DE VEINTISIETE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado y las autoridades responsables en la demanda que nos ocupa, tienen identidad con las señaladas y precisados el diverso juicio de amparo 196/2018-lV, siendo esto un hecho notorio para éste órgano de control constitucional, expediente que se tiene a la vista para su análisis, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismos que se hacen consistir en la resolución de veinte de abril de dos mil dieciocho, emitida en el toca civil 134/2018 del índice de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial dentro de los autos del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Martha Laura Briones Hernández, expediente número 1638/2016, aunque los promoventes del amparo son diversos, lo que faculta a quien esto juzga ordenar la acumulación de oficio. Bajo este tenor, al estar demostrado el requisito de identidad en cuanto a los conceptos referidos en los párrafos que anteceden, resulta procedente la acumulación ordenada, sin que en el caso particular deba observarse el trámite que previene el artículo 67 de la Ley de Amparo, pues éste sólo es aplicable a los casos en que la acumulación se esté tramitando a instancia de parte, más no en los casos en que se ordene oficiosamente por el Juez de amparo, en uso de la facultad que le confiere el artículo 66 del mismo ordenamiento. En efecto, en los casos en que la acumulación sea ordenada de oficio no existe necesidad de abrir y tramitar el incidente de acumulación respectivo, pues no se trata de una cuestión incidental, sino de una determinación de autoridad jurisdiccional que no requiere la tramitación de tal incidente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en la página 19, tomo l, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a septiembre de 2015, cuyo rubro y texto son: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, de oficio ordena acumular la demanda de amparo de cuenta registradas en el libro de gobierno bajo el número 197/2018-I, al 196/2018-IV, por ser el más antiguo atendiendo a la fecha y hora de su presentación en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado Séptimo de Distrito del Noveno Circuito. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (diez horas con cuarenta minutos del trece de agosto de dos mil dieciocho). Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado y las autoridades responsables en la demanda que nos ocupa, tienen identidad con las señaladas y precisados el diverso juicio de amparo 196/2018-lV, siendo esto un hecho notorio para éste órgano de control constitucional, expediente que se tiene a la vista para su análisis, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismos que se hacen consistir en la resolución de veinte de abril de dos mil dieciocho, emitida en el toca civil 134/2018 del índice de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial dentro de los autos del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Martha Laura Briones Hernández, expediente número 1638/2016, aunque los promoventes del amparo son diversos, lo que faculta a quien esto juzga ordenar la acumulación de oficio. Bajo este tenor, al estar demostrado el requisito de identidad en cuanto a los conceptos referidos en los párrafos que anteceden, resulta procedente la acumulación ordenada, sin que en el caso particular deba observarse el trámite que previene el artículo 67 de la Ley de Amparo, pues éste sólo es aplicable a los casos en que la acumulación se esté tramitando a instancia de parte, más no en los casos en que se ordene oficiosamente por el Juez de amparo, en uso de la facultad que le confiere el artículo 66 del mismo ordenamiento. En efecto, en los casos en que la acumulación sea ordenada de oficio no existe necesidad de abrir y tramitar el incidente de acumulación respectivo, pues no se trata de una cuestión incidental, sino de una determinación de autoridad jurisdiccional que no requiere la tramitación de tal incidente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en la página 19, tomo l, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a septiembre de 2015, cuyo rubro y texto son: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, de oficio ordena acumular la demanda de amparo de cuenta registradas en el libro de gobierno bajo el número 197/2018-I, al 196/2018-IV, por ser el más antiguo atendiendo a la fecha y hora de su presentación en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado Séptimo de Distrito del Noveno Circuito. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (diez horas con cuarenta minutos del trece de agosto de dos mil dieciocho). Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Secretario de acuerdos del Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial, encargado del despacho por ministerio de ley, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias solicitadas en auto de diecinueve de julio del año en curso (fojas 45 a 47); documentales que acompaña, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia respectiva. Por otra parte, para un mejor manejo del expediente, con las constancias exhibidas fórmese el anexo dos respetando folio, sello y rúbrica. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho (foja 43), se acordó el informe justificado rendido por el Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, y en dicho informe aduce remitirá copias certificadas del expediente natural 1638/2016, de su índice, sin que a la fecha lo haya efectuado, siendo las mismas necesarias para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el presente asunto. En tales condiciones, toda vez que este juzgador, estima necesario contar con la totalidad de las constancias para estar en aptitud de resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, gírese atento oficio al Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada del expediente natural 1638/2016, de su índice, apercibido que de no hacerlo dentro del término concedido, se le impondrá una multa por la cantidad de cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, concatenado con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su desahogo. Notifíquese.
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