Heriberto Romo Vargas
Expediente 69/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 32 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 27/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Heriberto Romo Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. SOLICITA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por José Pedro Luna García, autorizado del quejoso Heriberto Romo Vargas; atento a su contenido, dígase al ocursante que se esté a lo acordado en proveído de veinticinco de junio pasado, dictado dentro del juicio de amparo del cual emana la presente incidencia, mediante el cual se dejaron a disposición del promovente los billetes de depósito número N-826878 y N-830027, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valiosos por las sumas de $2,200.00 (dos mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), y $700.00 (setecientos pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente. Finalmente, en relación a la manifestación que realiza el ocursante en el sentido de que tiene autorización legal para recibir los billetes de depósito, comuníquese que no ha lugar a hacer la entrega de los mismos al autorizado del quejoso, toda vez que conforme a la quinta cláusula de las condiciones de pago contenidas al reverso de la cédula bancaria, debe ser el propio beneficiario de la orden de pago, quien firme el apartado relativo de la misma al momento de recibirla y en presencia del personal de este juzgado, pues se atribuiría al titular de este tribunal federal la responsabilidad que surgiera en caso de cobro indebido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Dva
- Principal
Por lista notifico a la parte quejosa, el siguiente auto: Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta de la cual se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2009. En consideración a lo anterior y toda vez que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en el juicio de amparo, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que existen medidas cautelares concedidas; en tal virtud, de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, por lo que deberán conservarse todas las determinaciones relativas a su otorgamiento o violación. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria. DEVOLUCIÓN DE BILLETES DE DEPÓSITO. Finalmente, dado que de la certificación de cuenta se desprende que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentran en resguardo los billetes de depósito número N-826878 y N-830027, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valiosos por las sumas de $2,200.00 (dos mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), y $700.00 (setecientos pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente, mismos que fueron exhibidos por la parte quejosa dentro de los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo en que se actúa. En tal virtud, por resultar innecesaria su retención, se deja a su disposición las cédulas bancarias descritas y se hace de su conocimiento que cuenta con el plazo de dos años para recogerlas o prescribirán a favor del Fisco Federal, como lo establece el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con el Secretario que autoriza y da fe Leonel López Pérez.- Doy fe.Dva
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil dieciocho. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de abril de la presente anualidad, en la que se sobreseyó en el presente juicio de control constitucional promovido por Heriberto Romo Vargas, por su propio derecho; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Morales Pardo, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3765/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO DE AMPARO V-69/2018, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-69/2018 promovido por el Heriberto Romo Vargas, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Primera de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no se le reconoció el carácter de tercero interesado a persona alguna. Asimismo, se hace constar que en proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por ampliada la demanda de amparo por lo que ve al citatorio de siete de febrero, emitido dentro de la carpeta de investigación 1007201803476, en contra del Agente Segundo del Ministerio del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Justicia de La Piedad, Michoacán, y su ejecución atribuida al Jefe de Grupo la Policía Ministerial de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán. Acto continuo, el Secretario da cuenta con el escrito signado por el autorizado del quejoso Heriberto Romo Vargas, registrado con el número 6200, el cual fue recibido en esta propia data. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; en torno al escrito signado por el autorizado del quejoso Heriberto Romo Vargas, a través del cual vierte diversas manifestaciones a guisa de alegatos, provéase lo conducente en la etapa procesal respectiva; asimismo. Secretario, dé cuenta con los informes justificados que obran en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: a) Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Primera de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán. b) Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Segunda de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán. c) Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Tercera de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán. d) Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Cuarta de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán. e) Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia; enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos la documental que el quejoso acompañó a su escrito de ampliación de demanda; asimismo, obra la diversa que el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Segunda de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán, remitió como sustento de su informe justificado, relativo a la referida ampliación, consistente en copia certificada de la carpeta de investigación 1007201803476; pruebas que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por desahogada dicha documental, y al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la parte promovente formuló los alegatos que a su parte corresponden en la presente instancia constitucional, a través del escrito con el que se da cuenta en la presente audiencia. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número V-69/2018, promovido por Heriberto Romo Vargas, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Primera de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, misma que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Heriberto Romo Vargas solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades que señaló en su escrito de demanda y los actos que precisó de la siguiente manera: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Lo son las siguientes: a) ORDENADORAS: Agentes del Ministerio Público Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, correspondientes a la Fiscalía Regional con sede en LA PIEDAD. b). EJECUTORAS: Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado o Policía Judicial del Estado, con asiento o residencia en la ciudad de LA PIEDAD, MICHOACÁN. IV.- ACTOS RECLAMADOS: a). A las autoridades señaladas en el inciso a), como responsables, les reclamo la ilegal e inconstitucional orden de detención que han librado en mi contra. b). A la segunda autoridad señalada como responsable, en el inciso b), le reclamo el pretender de forma ilegal ejecutar la orden de detención girada por los Agentes del Ministerio Públicos, en mi contra, fuera de todo procedimiento judicial y fuera de todo procedimiento de investigación". Actos que el quejoso consideró violatorios en su perjuicio los derechos humanos reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se registró la demanda como el expediente V-69/2018; este juzgado de distrito admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Luego de que las autoridades rindieran su informe justificado, se dio vista a la parte quejosa para ampliar la demanda, lo cual se hizo en los términos siguientes: "POR CUANTO SE REFIERE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: A. Señalo como autoridad ordenadora a la Agencia Segunda de Investigación o UNIDAD DE INVESTIGACIÓN OO, con sede en LA PIEDAD, correspondiente de la Fiscalía regional de La Piedad. B. Señalo como autoridad ejecutora al Jefe de la policía ministerial con sede en La Piedad, bajo el control de la Fiscalía Regional de La Piedad". Lo cual el promovente consideró violatorio en su perjuicio de los derechos humanos tutelados por los numerales 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, por auto de ocho de marzo pasado, se admitió a trámite dicha ampliación, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, se dio vista a la agente adscrita a este órgano jurisdiccional; asimismo, se señaló fecha y hora para el verificativo la audiencia de ley, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con ejecución material dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y la ampliación respectiva, se desprende que los actos reclamados a las responsables, consisten en: La orden de detención dictada en su contra, así como la materialización de dicha orden al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán, en cuanto ejecutora; y, Los citatorios de siete, trece y veintiuno, todos de febrero del año en curso, relativos a carpeta de investigación 1007201803476, del índice de la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigadora de la Fiscalía Regional de Justicia de La Piedad, Michoacán. CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis de los informes justificados rendidos por los Agentes Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Ministerio Público Investigador, así como por el Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de la Fiscalía Regional, todos residentes en La Piedad, Michoacán, se obtiene que fueron coincidentes en negar la existencia de la orden de detención dictada en contra de Heriberto Romo Vargas, así como su ejecución, respectivamente. Pese a lo manifestado por las autoridades responsables de referencia, la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, ni objetó la autenticidad de los informes mencionados. Por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez." Máxime, que ante la negativa de las autoridades responsables, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia de los actos reclamados; sin embargo, no se satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente: "Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez." QUINTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por otra parte, al rendir su respectivo informe justificado el agente Segundo del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Justicia de La Piedad, Michoacán, hizo del conocimiento que libró diversos citatorios para lograr la comparecencia del ahora quejoso; por ese motivo se le requirió al promovente para que ampliara su demanda; de ahí que tales citaciones debían tenerse como acto reclamado. Además, tal afirmación se vio corroborada con las constancias que dicho fiscal responsable acompañó a su informe; medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad ministerial en ejercicio de sus funciones. Por su parte, el Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de La Piedad, Michoacán, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse en razón de que el fiscal responsable en cuanto autoridad ordenadora, aceptó la existencia del acto reclamado, por tanto, en cualquier momento puede recibir la orden para su ejecución. Robustece lo anterior la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos". SEXTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente al fondo del asunto, como se dispone el artículo 62 de Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado consistente en la emisión de tres citatorios dentro de la carpeta de investigación 1007201803476, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. [.]" Ahora bien, de las constancias que obran agregadas en autos se desprende lo siguiente: 1. Ante Noé Godínez Arellano, Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Módulo II, de la Fiscalía Regional de Justicia de La Piedad, Michoacán, el veinticinco y veintisiete de enero de dos mil dieciocho, comparecieron Yolanda Romo Vargas y Yolanda Melode Cano Romo, respectivamente, a presentar formal denuncia o querella en contra del aquí quejoso Heriberto Romo Vargas, por la probable comisión del delito de lesiones en razón de parentesco o relación. 2. Con motivo de las referidas denuncias, el veintisiete de enero de la presente anualidad, se dio inicio a la carpeta de investigación sin detenido, la cual quedó registrada con el número 1007201803476. 3. Posteriormente, el siete de febrero de dos mil dieciocho, el fiscal responsable giró un citatorio al promovente del amparo Heriberto Romo Vargas, a fin de que tuviera a bien presentarse ante dicha unidad de investigación el lunes doce del mes y año en cita, con motivo de la carpeta de investigación instruida en su contra y hacerle una entrevista, apercibido que de no comparecer, se le harían efectivas las medidas de apremio que en el mismo se especifican. 4. Toda vez que el citado no compareció a la fecha y hora fijada, el trece de febrero pasado, se emitió un diverso citatorio en los términos precisados en el párrafo antecedente, siendo que ahora se fijaron las dice horas del lunes dieciséis de febrero del año en curso. 5. Posteriormente, dada la incomparecencia del quejoso, por última ocasión, el agente responsable el veintiuno de febrero del año en curso, giró un nuevo citatorio, a fin de que el inculpado se presentara a las doce horas del veintiséis de febrero del presente año, quien formuló los mismos apercibimientos al citado. 6. Finalmente, a las once horas con veinte minutos del dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se presentó el imputado y aquí quejoso ante el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Segunda de la Fiscalía Regional de Justicia de la Piedad, Michoacán, debidamente acompañado de su defensor particular, quien fue ratificado como tal; se le hicieron saber sus derechos como imputado, los hechos que se le imputan, se le tomaron sus datos generales; y, se reservó su derecho de declarar por el momento. De lo anterior, se corrobora que la emisión de los citatorios de siete, trece y veintiuno, todos de febrero del año en curso, relativos a carpeta de investigación 1007201803476, quedaron consumados de modo irreparable, ello virtud a la circunstancia de que el quejoso se presentó ante el fiscal responsable el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, lo que evidencia que la finalidad del acto reclamado se ha consumado de modo irreparable, precisamente porque el ahora quejoso ya compareció ante la responsable; circunstancia que por sí misma implica la imposibilidad de pronunciarse al respecto. Es importante señalar que resulta jurídico decretar el sobreseimiento de mérito, toda vez que se atiende a la naturaleza y al efecto permanente que producen los controvertidos citatorios, los cuales constituyen actos de orden positivo ya ejecutado, en tanto materializó una situación de hecho que conllevó un cambio en la situación jurídica del amparista, de modo tal que la concesión del amparo carecería de efectos, ya que es jurídicamente imposible resolver sin afectar las nuevas situaciones que guardó y guarda el quejoso en virtud de la posterior comparecencia. De modo que los citatorios reclamados, así como sus consecuencias jurídicas, evidentemente no pueden ser restituidas o reparables mediante el juicio de control constitucional, en la medida en que se consumaron sus efectos materiales y, posterior a ello, la presentación de Heriberto Romo Vargas, no forma parte de la litis constitucional, por ello resulta jurídicamente imposible restituir al quejoso en el pleno goce del o los derechos fundamentales que se califiquen vulnerados restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada. Con base en lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia a estudio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional. Finalmente, cabe señalar que, en la especie, se estimó innecesario el llamado de persona alguna como tercera interesada, en atención a que su intervención no sería de trascendencia para el sentido del fallo, por los motivos expuestos en la presente resolución, aunado a que su llamamiento a juicio sólo retardaría el procedimiento dentro del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Sala de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2010477 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 59/2015 (10a.) Página: 841 REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN ESENCIAL QUE LA HACE PROCEDENTE, LA OMISIÓN DE NOTIFICAR AL MINISTERIO PÚBLICO QUE HAYA INTERVENIDO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL CUAL DERIVE EL ACTO RECLAMADO, SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, SIEMPRE QUE SU INTERVENCIÓN PUEDA TENER TRASCENDENCIA PARA EL SENTIDO DEL FALLO, PERO NO CUANDO TENGA QUE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la jurisprudencia 1a./J. 87/2012 (10a.), (1) emitida conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la omisión de notificar al Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal, sobre la presentación de la demanda en que se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que esté en posibilidad de formular alegatos, constituye una violación esencial a las reglas del procedimiento del juicio de amparo, en virtud de que su intervención podría influir en el sentido de la sentencia de amparo que deba dictarse. Dicho criterio continúa siendo aplicable, en términos del artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que no se opone a este último ordenamiento, sino que ha ampliado la participación del Ministerio Público que intervino en el proceso penal del que deriva el acto reclamado, al reconocerle el carácter de parte tercero interesada, como se advierte del contenido de los artículos 5o., 12, 115, 116 y 124 de la nueva ley. Contradicción de tesis 321/2014. Suscitada entre el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región. 27 de mayo de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de tres votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de garantías promovido por Heriberto Romo Vargas, por su propio derecho, en contra de los actos que reclamó de las autoridades responsables, en términos de los considerandos cuarto y sexto del presente fallo. Notifíquese. Así lo sentenció y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.
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