Heriberto Legorreta Rojas y Otros.
Expediente 922/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Heriberto Legorreta Rojas y Otros.
- Heriberto Legorreta Rojas
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintidós. SE AGREGA OFICIO. Agréguese a los presentes autos el oficio número 538, suscrito por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, por medio del cual acusa recibo del diverso 1118, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito en esta entidad federativa, a través del cual se le comunicó que causó estado el auto que desechó de plano la demanda de amparo que originó este expediente y le fueron devueltos los autos de los cuadernos de primera y segunda instancia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.-
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de enero de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Heriberto Legorreta Rojas, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por el que SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO DEL ASUNTO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A SU LUGAR DE ORIGEN. En consideración a lo anterior y al oficio de cuenta 52 que suscribe el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, devuélvansele las constancias que remitió en apoyo de su informe justificado, consistentes las diligencias de jurisdicción voluntaria 379/2020 y el toca I-159/2021; solicitándole el acuse recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y forma Marbella Juárez García, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022 signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. SE RECIBEN CONSTANCIAS. Agréguese a los autos el oficio de cuenta 3807/2021 que suscribe el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, a través del cual remite el diverso 974 mediante el cual el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, remite diversas constancias relativa al toca I-259/2021. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Andrés Leyva Mercado, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO POR INCOMPETENCIA. Por recibido el oficio 3591/2021 que suscribe el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, a través del cual remite los autos originales del amparo directo civil 495/2021, promovido por Heriberto Legorreta Rojas, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el informe justificado rendido por dicha autoridad, expediente relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria 379/2020 y el toca I-159/2021, así como constancia de emplazamiento de la parte tercera interesada. Acúsese recibo. Ahora, como de las constancias que se reciben se advierte que mediante acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Heriberto Legorreta Rojas, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de catorce de julio de la presente anualidad, dictada en el toca I-159/2021, que confirmó la interlocutoria de veinticinco de mayo del año en curso, en la cual se declaró infundado el incidente de acumulación de autos en las diligencias de jurisdicción voluntaria 379/2020 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán; al considerar que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo; además, que el conocimiento del amparo compete al Juzgado de Distrito en esta ciudad, en turno. AVOCAMIENTO En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese recibo. AUTO DE RADICACIÓN. En consecuencia, fórmese expediente con el oficio de cuenta. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número IX-922/2021. SE ORDENA FORMAR TOMO DE PRUEBA. Con los expedientes relativos a las diligencias de jurisdicción voluntaria 379/2020 y el toca I-159/2021, que remite la superioridad, se ordena formar dos tomos de prueba, respetando su sello, folio y rúbrica, agregándoles únicamente carátula para su identificación. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita" Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Ahora, de la lectura integral de la demanda así como del toca I-159/2021, se advierte que los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido tienen su origen dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 379/2020, sobre rectificación de medidas, colindancias y superficie de inmueble, promovidas por Gabriel Legorreta Rojas. En dicho expediente, Esteban Legorreta Rojas, promovió incidente sobre acumulación de autos, el cual fue resuelto mediante interlocutoria de veinticinco de mayo del año en curso, en la cual se declaró infundada dicha incidencia. Inconformes con dicha determinación Esteban Legorreta Rojas y Heriberto Legorreta Rojas, interpusieron recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el cual se registró como toca I-159/2021. Dicho medio de impugnación fue resuelto mediante resolución de catorce de julio de la presente anualidad, en la que se confirmó la interlocutoria de veinticinco de mayo del año en curso, que declaró infundado el incidente de acumulación de autos en las diligencias de jurisdicción voluntaria 379/2020. Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. En la especie, el que aquí resuelve estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del numeral 107, y la diversa fracción I del artículo 1º, todos de la Ley de Amparo, interpretados estos dos últimos en sentido contrario, que respectivamente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". En efecto, la invocada disposición imperativa de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la constitución federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Por tal motivo, uno de los supuestos de improcedencia establecidos en la hipótesis genérica de la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia. Ahora, la fracción IV del citado precepto establece la procedencia del amparo indirecto contra tres tipos de actos a saber: I. Actos ejecutados fuera de juicio -entre ellos, medios preparatorios a juicio, interdictos, providencias precautorias o diligencias de jurisdicción voluntaria-; II. Ejecutados después de concluido el juicio aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria -pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a preparar su ejecución, como lo es el incidente de liquidación de sentencia-; y, III. De ejecución de sentencia propiamente dichos -que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo-. En tales circunstancias, la interpretación en contrario del precepto normativo citado nos lleva a concluir que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que no se ubiquen en las tres fracciones antes enlistadas. Ahora, a fin de brindar claridad en torno a la causa de improcedencia en estudio, es conveniente señalar que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, permite al gobernado la posibilidad de impugnar todos aquellos actos que sean emitidos por autoridades jurisdiccionales en etapas procesales que se ubican fuera del juicio o después de que éste ha concluido. Sin embargo, la procedencia de dicho medio extraordinario de defensa se encuentra sujeto a reglas que derivan de los principios connaturales que rigen al juicio de amparo, y que dependen del contexto procesal en que surge el acto de autoridad [fuera de juicio o después de concluido éste, reglas que derivan de la interpretación constitucional que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo largo de las distintas etapas históricas del Semanario Judicial de la Federación. De manera particular, por lo que ve a los actos de autoridad que se ubican fuera de juicio, como ocurre en el presente caso, en que se impugna una resolución interlocutoria en la cual se declaró infundado un incidente de acumulación, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/94, consideró que tratándose de actos fuera de juicio que se dicten dentro de un procedimiento o trámite secuencial, el amparo sólo procederá contra la resolución que le ponga fin y, siempre que se afecten los intereses del particular quejoso, por lo cual es conveniente invocar el extracto siguiente: "(.) Lo anterior no significa, sin embargo, que el juicio de amparo indirecto deba entenderse procedente en contra de cualquiera de los actos dictados o ejecutados en el procedimiento en análisis, pues si bien es cierto que de la letra del artículo 114, fracción III, en cita, no aparece señalado expresamente algún requisito adicional de procedencia, también lo es que el sistema integral del juicio de amparo descansa sobre ciertos principios que no pueden ser desconocidos por este alto tribunal en su papel de intérprete final de las leyes. El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos fuera de juicio que se dicten o ejecuten dentro de un procedimiento o un trámite secuencial, así éste sea breve o sumarísimo, el juicio sólo resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, cuando de ella derive directamente la lesión de los intereses jurídicos del particular. Tal apreciación se desprende de las normas que acotan la procedencia del juicio de amparo en general, algunas de las cuales han quedado transcritas al inicio de este considerando y a las que conviene agregar la prevista en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, la cual dispone:----Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:- (...) II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.-En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia;'(.)-El examen minucioso de las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y de los artículos de la misma Ley que regulan el amparo directo (reglamentarios de la fracción III del artículo 107 constitucional copiada al inicio de este considerando), muestra que tratándose de procedimientos judiciales o administrativos, por regla general, sólo se admite la acción de amparo en contra de la resolución terminal, es decir, aquélla con la cual culmina la actuación desarrollada por la autoridad luego de una serie de actos ordenados en una secuencia formal. Tal principio rige en los actos viciados provenientes de autoridades administrativas (fracción II), pues si los mismos se dictan dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, deben reclamarse junto con la resolución que le ponga fin. De manera similar acontece con los actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados tanto dentro de juicio (fracción IV), como después de concluido éste (fracción III), pues, como antes se dijo, respecto de los primeros, rige la regla general de que las violaciones cometidas durante el curso del juicio son reclamables hasta que culmine el mismo con el fallo correspondiente, sea sentencia, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, y sólo por excepción se permite su impugnación por la trascendencia de sus efectos; y respecto de los segundos, tratándose de los actos de ejecución de sentencia y de remate, sólo son reclamables hasta la resolución final. Resulta entonces manifiesta la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial o administrativo, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado. Este principio, operante para los actos de las autoridades administrativas y de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados dentro de juicio y después de juicio, debe regir igualmente, por razones de congruencia y unidad, para los actos fuera de juicio, considerando que el legislador, de haber tenido presente este supuesto -inusual por lo demás, pues la mayoría de esos actos se producen fuera de todo procedimiento- habría adoptado la misma solución. Si de acuerdo con lo anterior, en el supuesto de los actos fuera de juicio que, sin embargo, provengan de un procedimiento así sea breve o sumarísimo, el juicio constitucional sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, cabe concluir que en la materia de la presente contradicción de tesis, la acción de amparo únicamente resulta procedente en contra de la resolución definitiva que autoriza o niega la venta de la prenda (.)". En esa línea de pensamiento, como es apreciable en el texto transcrito, si bien los actos dictados fuera o después de concluidos el juicio representan una hipótesis de procedencia para el amparo indirecto, lo cierto es que cuando dichos actos tengan un procedimiento o trámite secuencial, deben atenderse a la regla general de procedencia del juicio de derechos humanos, a saber, que sólo procede contra la resolución que ponga fin al procedimiento de que se trate siempre y cuando esta cause una lesión a algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Sobre la procedencia del juicio de amparo contra los actos surgidos fuera de juicio, resulta aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad". La hipótesis de procedencia antes citada deriva de una regla general que, a su vez, deriva del origen connatural del juicio de amparo, el cual se concibe como un medio extraordinario de defensa que, por regla general, tiene la categoría de instancia terminal y, por ello, su procedencia se encuentra supeditada a que se haga valer contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, "por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda" Lo anterior, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/94 citada en líneas precedentes y que se reiteró en la diversa ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 2015/2009, donde realizó una interpretación de las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido corresponde a las fracciones IV y V, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, y que se refieren a la hipótesis de procedencia del juicio de derechos humanos contra actos jurisdiccionales emitidos fuera de juicio o después de concluido; consideraciones que se transcriben a continuación: [.] "Paralelamente, el amparo se sigue admitiendo contra actos emitidos por autoridades distintas a las judiciales, lo cual es connatural a su originaria concepción. En esta materia, y ante el surgimiento de los procedimientos administrativos, no resulta extraño que se establezca para ellos una regla análoga a la creada para el amparo directo, que hoy se consagra en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo: el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. Analizado de esta manera, es sencillo desentrañar el sentido de la fracción III del precepto en comento, que reglamenta lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. Si los actos emanados de un Juez, dentro de juicio, son susceptibles de análisis constitucional a través del amparo, con mayor razón lo son los actos que el Juez emita fuera de juicio, o después de concluido el mismo. Si se trata de un acto aislado, resulta casi reiterativa la norma, pues lo único que distingue a dichos actos de cualquier otro acto de autoridad, es que son emitidos por una autoridad judicial. El problema surge, una vez más, tratándose de una concatenación de actos, que configuran un procedimiento, pues en esos casos, cobrará aplicación nuevamente una regla análoga a la concebida para el amparo directo, según la cual, únicamente debe señalarse como acto reclamado la última resolución y, por su conducto, vía conceptos de violación, podrá plantearse la inconstitucionalidad de actos intermedios, siempre que hayan dejado indefenso al impetrante. Sin embargo, ante la posibilidad de que existan actos dentro de juicio, que afecten garantías individuales de tal manera, que de esperar a que concluya el juicio, la violación constitucional no podrá repararse, se admitió el juicio de amparo contra actos dictados dentro de juicio, esto es, señalándose dichos actos como reclamados, sin esperar a la última resolución; pero únicamente como regla de excepción, y siempre que el acto tuviera una ejecución de imposible reparación. Este amparo se plantea ya no ante un Tribunal Colegiado de Circuito, sino ante un Juez de Distrito, esto es, se trata de un juicio de amparo biinstancial o indirecto." [.] Así en el caso particular, la resolución interlocutoria que confirmó lo infundado del incidente de acumulación, no constituye una resolución que ponga fin a las diligencias de jurisdicción voluntaria, sino que se trata de un acto intermedio de naturaleza procesal o adjetiva que no vulnera derechos sustantivos de las partes, por lo que atendiendo a la regla general de procedencia del juicio de amparo, no es impugnable a través del juicio de garantías. Lo anterior se explica dado que el acto reclamado en comento no afecta algún derecho sustantivo de la parte quejosa, reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, propiedad, posesión, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; lo cual lleva a concluir que el acto reclamado en este juicio no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción IV, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, y con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No es inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en que se funda este desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera este juicio; sin embargo, tratándose de casos como éste, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que indica: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así también, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a Luis Miguel Núñez Granados, Raymundo Pérez Colín y Martín Pérez Salazar, como autorizados de la parte quejosa, con las amplias facultades que otorga el artículo 12 de la ley de la materia, en virtud que sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que Bertín Alonso Mojica y Jesús Alberto García Martínez, únicamente estarán autorizados para recibir notificaciones e imponerse de autos, en término de la parte final del segundo párrafo del citado numeral, el primero de los nombrados, por no contar con cédula profesional registrada en el mencionado sistema, y el segundo de ellos, por así haberlo manifestado expresamente el quejoso. SE EXHORTA A LAS PARTES En atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 22, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Andrés Leyva Mercado, secretario que autoriza. Doy fe.
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